El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, respondió a la denuncia penal presentada por el presidente del Concejo Deliberante, Matías Rodríguez, por una presunta retención indebida de fondos y vinculó la presentación judicial con una estrategia política de cara a las elecciones de 2027. Aseguró que el Municipio transfiere recursos al cuerpo legislativo en función de los fondos de coparticipación que efectivamente recibe y remarcó que el Concejo tiene autonomía para administrar ese dinero. Además, reveló que, pocos días antes de la denuncia, el Ejecutivo había participado de una mesa para intentar incorporar la deuda del Concejo con OSEF a una propuesta de cancelación impulsada por el propio Municipio. Pese al enfrentamiento, afirmó que seguirá abierto al diálogo institucional.
Río Grande.- El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, salió al cruce de la denuncia penal presentada por el presidente del Concejo Deliberante, Matías Rodríguez, rechazó que el Ejecutivo municipal sea responsable de la situación financiera que atraviesa el cuerpo legislativo y sostuvo que la presentación judicial responde a una “maniobra de desgaste político” con la mirada puesta en las elecciones de 2027.
En diálogo con el programa ‘Costo Político’ por Radio Provincia, Harrington cuestionó especialmente el momento en que Rodríguez decidió avanzar ante la Justicia, dado que, según explicó, “apenas días antes representantes del Municipio y del Concejo habían participado de una mesa conjunta para buscar una alternativa que permitiera resolver las obligaciones pendientes con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”.
“La verdad que ya no me sorprende nada, digamos, en términos de prácticas políticas”, expresó el jefe comunal, aunque reconoció que “sí le llamó la atención el contexto en el que apareció la denuncia”.
Según relató, pocos días antes se había desarrollado una reunión para analizar la posibilidad de incorporar al Concejo Deliberante dentro de la propuesta que el Municipio de Tolhuin había presentado ante OSEF para cancelar su propia deuda.
La alternativa municipal contemplaba la realización de una obra como mecanismo de compensación y, ante la posibilidad de que quedara un saldo favorable, la intención era utilizar ese margen para colaborar con el pasivo del cuerpo deliberativo.
“Nosotros proponemos una obra para saldar nuestra deuda y, como queda saldo a favor, o quedaría saldo a favor, incorporar al Concejo Deliberante para que pueda, de alguna manera, cumplir con los aportes de OSEF”, explicó Harrington.
La reunión, según detalló, se desarrolló en el ámbito de Casa de Gobierno y había sido convocada por OSEF. Para el intendente, se había alcanzado una instancia en la que “aparecía una posible vía de solución al problema, por eso remarcó que la posterior presentación judicial lo sorprendió”.
“Estuvieron juntos, él reconoció que los recortes nacionales, esto dicho en esa mesa de reunión, que me lo transmitió nuestra secretaria de Gobierno, y que estaba dispuesto y demás, y 48 horas, 72 horas después, me da con esta noticia de la denuncia”, señaló.
Harrington rechazó la deuda que le atribuye Rodríguez
Uno de los puntos centrales del conflicto está relacionado con los fondos que, según Rodríguez, el Municipio debería haber transferido al Concejo Deliberante y cuya falta habría generado dificultades para afrontar aportes y contribuciones previsionales y de obra social.
Harrington evitó reconocer como válida la cifra atribuida por el presidente del cuerpo legislativo y sostuvo que “debería conocerse en detalle cómo fue calculada, yo no puedo decir cuáles son o justificar cuáles son los argumentos que Rodríguez tiene para decir, o para que el presidente del Concejo diga, que yo le debo tanta plata”, afirmó.
El intendente explicó que “el Municipio viene transfiriendo recursos al Concejo de acuerdo con un porcentaje vinculado directamente a los fondos de coparticipación que ingresan a las arcas municipales”.
“Nosotros aproximadamente estamos girando 611 millones, números así, porque eso va fluctuando en función de los recursos que nosotros recibimos de coparticipación”, indicó.
Harrington remarcó además que, una vez realizada la transferencia, el “Ejecutivo no interviene en la administración de esos recursos”.
Según explicó, el Concejo Deliberante de Tolhuin posee “autonomía administrativa y es su presidencia la que determina el destino de los fondos recibidos”.
“¿Qué paga el Concejo Deliberante con esos recursos? Es plena facultad del Concejo Deliberante, porque tiene su propia administración. Ellos reciben los fondos y después las órdenes de a quién le paga las establece el presidente del Concejo. No es una facultad que tenga otorgada yo”, enfatizó.
El jefe comunal diferenció el sistema vigente en Tolhuin del utilizado en otros municipios, donde determinadas erogaciones del cuerpo legislativo son liquidadas directamente por el Ejecutivo.
“Acá recibe los fondos y el Concejo distribuye su sistema de pago”, resumió.
Por lo tanto, sostuvo que “las decisiones respecto de pagos a proveedores, alquileres, publicidad, asesores, contratos especiales u otras obligaciones corresponden exclusivamente al propio cuerpo deliberativo”.
El “efecto dominó” de la coparticipación
Harrington también explicó que “el conflicto financiero debe analizarse dentro de un escenario más amplio, atravesado por demoras y fluctuaciones en los recursos que llegan desde Nación a la Provincia y posteriormente desde el Gobierno provincial a los municipios”.
Ante la consulta sobre atrasos que rondarían los 3.000 millones de pesos entre Provincia y Tolhuin, el intendente evitó hablar de una deuda consolidada y prefirió definir la situación como “atrasos, puede ir fluctuando más, fluctuando menos, pero básicamente hay giros que se van haciendo”, explicó.
Precisó que el “Municipio suele recibir una o dos liquidaciones mensuales de coparticipación y que los montos dependen de la recaudación y de los recursos que efectivamente van ingresando”.
“Nosotros generalmente recibimos una o dos veces al mes liquidación de coparticipación y es en función de lo que se recauda, lo que coparticipa Nación y todo lo demás. Nosotros vamos recibiendo de esa partida y liquidamos en función de eso también”, detalló.
De esta manera, planteó una suerte de efecto en cadena: si disminuyen o se retrasan los recursos que recibe el Municipio, también se modifica el volumen o el ritmo de las transferencias posteriores.
No obstante, Harrington aseguró que “cuando el Concejo atravesó situaciones puntuales de necesidad financiera, el Ejecutivo llegó a adelantar o complementar recursos”.
Como ejemplo recordó una situación ocurrida durante una presidencia circunstancial del concejal Muñoz y al respecto dijo que “el mes pasado, por ejemplo, que estuvo el concejal Muñoz en la presidencia, se liquidaron los primeros días del mes y me dice: ‘Me faltan, por decirte un número, 15 millones de pesos para terminar de pagar proveedores o terminar de pagar tal cosa’. En ese caso se comunicó con la Secretaría de Hacienda y le giraron más recursos porque tenía complicaciones y obligaciones”, relató.
“Siempre me senté a dialogar”
Más allá de la judicialización del conflicto, Harrington aseguró que mantiene su disposición a volver a sentarse con los integrantes del Concejo Deliberante para encontrar una salida institucional.
El intendente sostuvo que “su conducta a lo largo de la gestión demuestra que respondió a las convocatorias del cuerpo cada vez que fue requerido, por lo cual, los hechos demuestran que el Concejo, cada vez que me convocó para resolver un problema, para discutir una ordenanza o para ver algún tema en particular, siempre me hice presente”, afirmó.
Y agregó que “me hice presente en convocatorias públicas y me hice presente en convocatorias privadas. Siempre, siempre me senté a dialogar”.
Harrington afirmó que esa predisposición continuará pese a la denuncia judicial y remarcó que las alternativas para afrontar las deudas acumuladas fueron impulsadas desde el propio equipo municipal.
“Este acumulativo de deudas y buscarle los dispositivos de pago son alternativas que nosotros generamos desde nuestro equipo de gestión y de trabajo, y donde siempre los hemos incluido”, señaló.
Sin embargo, marcó una diferencia entre el conjunto del Concejo y la actitud que atribuyó específicamente a su presidente al señalar que “yo puedo invitar al Concejo un montón de veces. El Concejo no quiere participar, no participa y tiene su decisión y su autonomía”, expresó.
A continuación, lanzó una de sus críticas políticas más fuertes contra Rodríguez al sostener que “el único acá que tiene la responsabilidad de haber quemado los puentes de diálogo fue Matías Rodríguez”, afirmó.
Para Harrington, la presentación judicial tiene una lectura electoral y no puede separarse de la disputa política que comienza a perfilarse hacia 2027 al considerar que “después de esta actitud, que sin dudas tiene mirada al 2027, que tiene un propósito electoral y todo lo demás, fue exclusivamente Matías Rodríguez”, sostuvo.
También aclaró que “no extiende esa acusación al resto de los concejales, yo no puedo decir que hay otro concejal que arroja esta manera”, indicó.
“Hemos dado alternativas para que el Concejo pueda asumir sus deudas”
Harrington insistió en que el Ejecutivo no se desentendió de los problemas financieros del cuerpo legislativo y aseguró que ya existieron anteriores mecanismos mediante los cuales el Municipio terminó afrontando compromisos acumulados por el Concejo.
“Hemos dado alternativas para que el Concejo Deliberante pueda asumir sus deudas”, afirmó.
Incluso sostuvo que, de concretarse la nueva alternativa que estaba en discusión, sería el “tercer convenio de pago en el que el Municipio intervendría para resolver obligaciones del cuerpo, este sería, en caso de que se dé, el tercer convenio de pago que el Municipio afrontaría de deudas del Concejo”, aseguró.
A partir de ese antecedente, Harrington cuestionó la administración financiera del cuerpo deliberativo y planteó que “existe una dinámica repetida de acumulación de obligaciones, es una práctica de parte del Concejo acumular deudas y después que se pague, a través de convenios, el Municipio”, sostuvo.
Para el intendente, si “Rodríguez pretendía discutir las transferencias o encontrar una solución a los compromisos pendientes, tenía herramientas institucionales para convocarlo directamente, si hubiera tenido voluntad de diálogo, no tenía más que convocar, como ha hecho o han hecho el Concejo en otras oportunidades”, manifestó.
Volvió entonces sobre la reunión realizada pocos días antes de la denuncia y dijo que “hace escasos días atrás, el Municipio participó de una mesa convocada para solucionarle el tema de deuda también al Concejo Deliberante”.
Una denuncia que puede tensionar la negociación con OSEF
La presentación judicial aparece, de acuerdo con la explicación del intendente, en medio de un proceso de negociación que buscaba precisamente encontrar una salida para las obligaciones con OSEF.
Ese contexto es uno de los puntos que Harrington utilizó para cuestionar la decisión de Rodríguez: mientras el Ejecutivo buscaba incluir al Concejo dentro de un esquema de solución, el presidente del cuerpo avanzó por la vía penal.
Para el mandatario tolhuinense, esa secuencia dificulta interpretar la denuncia exclusivamente como una búsqueda de solución administrativa o financiera.
“Lo único que me queda por decir es que esto es parte de una maniobra de desgaste político que se está dando en vísperas del 2027 o de las elecciones del 2027”, afirmó.
“No le veo otra explicación razonable, coherente o que haya buscado el diálogo”, agregó.
Harrington también cuestionó haberse enterado de la existencia de la denuncia a través de los medios de comunicación antes que mediante una comunicación formal de la Justicia.
“Yo me entero de la denuncia primero por medios de comunicación como los de ustedes que de la propia Justicia”, señaló.
Por eso insistió que “lo resumo quizás más a una maniobra política propia de estos tiempos que de querer buscar una solución”.
“Lleva 2.000 millones de pesos recibidos”
En otro tramo de la entrevista, Harrington introdujo un dato que consideró relevante para contextualizar la discusión presupuestaria.
Aseguró que “el Concejo Deliberante de Tolhuin se encuentra entre los cuerpos legislativos municipales que reciben un porcentaje elevado de los recursos coparticipables” y afirmó que “durante el año ya recibió alrededor de 2.000 millones de pesos”.
“El Concejo Deliberante de Tolhuin es uno de los concejos deliberantes que, en porcentaje de recurso coparticipable, es uno de los que más altos recursos recibe”, sostuvo.
Y precisó que “hasta la fecha lleva 2.000 millones de pesos recibidos en concepto de transferencias por coparticipación”.
Sobre esa base, volvió a cargar contra Rodríguez y vinculó su conducta con una estrategia de posicionamiento político.
“Creo que, sinceramente, no hay voluntad de diálogo de parte del presidente del Concejo y está buscando, de alguna manera, hacer esta clase de maniobras políticas y judiciales para, no sé, instalarse como candidato o instalarse como oposición, que es lo que viene siendo ya de un tiempo a esta parte”, afirmó.
Harrington: “Cuando pasan estas cosas, uno tiene que dar explicaciones”
Pese a la dureza de sus cuestionamientos, Harrington ratificó que seguirá disponible para discutir institucionalmente con el Concejo y aseguró que no modificará su actitud frente a las convocatorias que puedan producirse.
Al finalizar la entrevista, defendió además su decisión de responder públicamente a la denuncia y dar su versión sobre el conflicto.
“Creo que es una responsabilidad que debo asumir, porque, así como me gusta salir a anunciar cuestiones de gestión o datos importantes de gestión y utilizamos los medios de comunicación para esa difusión, cuando pasan estas cosas uno tiene que dar explicaciones”, manifestó.
“La verdad que no me caracterizo nunca por esconderme”, concluyó.
La disputa abre así un nuevo frente institucional en Tolhuin. Mientras Rodríguez llevó a la Justicia su planteo por los fondos que considera adeudados al Concejo, Harrington sostiene que las transferencias están atadas a los recursos efectivamente recibidos por el Municipio, que el cuerpo posee autonomía para definir cómo administra el dinero y que su gestión incluso impulsó alternativas para atender las obligaciones acumuladas. En medio de esa discusión aparece ahora el componente político: para el intendente, la denuncia no puede desvincularse de la carrera hacia 2027, aunque aseguró que la confrontación no cerrará su disposición a continuar dialogando.
