El legislador Federico Greve (FORJA) defendió el proyecto de financiamiento educativo y aseguró que busca establecer una política de Estado para elevar progresivamente la inversión desde el 4,5% hasta el 7,8% del Producto Bruto Geográfico en cinco años. Negó que se trate de una ley tarifaria y sostuvo que las fuentes de recursos propuestas, entre ellas Camuzzi, Banco Tierra del Fuego y las ganancias de empresas estatales, pueden modificarse durante el debate. También admitió que deben revisarse horas cátedra, licencias, reemplazos y otros aspectos de la gestión educativa, aunque remarcó que esos ajustes no resolverán por sí solos los problemas del sistema.
Río Grande.- El legislador provincial Federico Greve (FORJA) defendió el proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Ejecutivo y aseguró que la iniciativa no plantea una suba general de impuestos, sino un esquema de “convergencia” para incrementar progresivamente los recursos destinados al sistema educativo durante los próximos cinco años.
En diálogo con FM del Pueblo, Greve buscó despejar las críticas surgidas durante el tratamiento legislativo. “Acá no hay ningún aumento de impuestos, eso es clarísimo”, afirmó, y diferenció la iniciativa de una ley tarifaria.
El objetivo, explicó, es “llevar la inversión educativa desde el 4,5% hasta el 7,8% del Producto Bruto Geográfico provincial en cinco años, estableciendo una meta de largo plazo”.
“Lo que se discute en esta ley es una política de Estado de acá a cinco años”, sostuvo y agregó que “se define que el 4,5% del Producto Bruto Geográfico sea para educación y llegar al 7,8 en cinco años. Esto es una proyección de decisión, una decisión política”.
Una meta que no reemplaza el presupuesto educativo
Greve aclaró que el nuevo esquema no sustituirá los recursos que actualmente aporta el Tesoro provincial. Según explicó, alrededor del 26% del presupuesto fueguino se destina a educación, mientras que la nueva herramienta toma como referencia el peso de la inversión sobre el Producto Bruto Geográfico.
“Esto no reemplaza lo que hace el Tesoro de Educación”, señaló.
El financiamiento habitual seguirá sosteniendo salarios, mantenimiento y funcionamiento del sistema, mientras que la ley pretende establecer un sendero adicional de crecimiento de los recursos.
El legislador sostuvo que el objetivo del Gobierno es contar con “una educación fuerte, un salario digno, escuelas en condiciones”, contemplando tanto a docentes y estudiantes como a las familias.
Camuzzi y el Banco, los puntos más discutidos
Entre las fuentes de financiamiento que generaron mayores cuestionamientos aparecen Camuzzi y el Banco Tierra del Fuego.
El proyecto contempla un 3% de Ingresos Brutos para Camuzzi y otro 3% para el Banco provincial. Las objeciones apuntan a que esos costos podrían terminar trasladándose a las tarifas de gas o a las tasas bancarias.
Greve sostuvo que “esos efectos todavía no fueron confirmados por las entidades involucradas y consideró necesario discutirlos durante el tratamiento legislativo”.
En ese sentido, dejó en claro que “las fuentes previstas no son inamovibles”.
“No buscamos con esto una imposición de que sean esas las herramientas”, afirmó. “Bueno, no es esa herramienta, busquemos otra”, planteó, y sostuvo que, si durante el debate aparece “una idea superadora”, puede incorporarse al proyecto.
Entre otras posibilidades mencionó actividades vinculadas con el hidrógeno verde, la economía del conocimiento y las empresas estatales.
En este último caso, precisó que “la propuesta apunta a destinar a educación el 10% de las ganancias, y no de la facturación, de aquellas compañías públicas que obtengan resultados positivos”.
Municipios y otras alternativas también entran en la discusión
Otro punto cuestionado es la afectación de una porción de Ingresos Brutos que podría impactar sobre recursos municipales.
Greve estimó que “representaría alrededor de 50 millones de pesos anuales para Río Grande y una cifra similar para Ushuaia”.
El legislador insistió en que también ese “mecanismo puede revisarse, me parece que es importante sentarnos y discutir este tipo de cuestiones”, afirmó.
Para Greve, si una fuente genera “dificultades puede buscarse otra, siempre que se preserve el objetivo central de aumentar progresivamente la inversión educativa”.
Horas cátedra: Greve admite que hay que revisar el sistema
El legislador también respondió a los cuestionamientos por las horas cátedra y explicó que “el límite existente desde 2024 rondaba 1,25 millones de horas y que en el nuevo presupuesto fue reducido a aproximadamente 1,02 millones, es decir, unas 200 mil menos”.
Greve reconoció que “debe analizarse cómo se utilizan y distribuyen, hay que hacer una revisión del uso de las horas cátedra y cómo están asignadas”, afirmó, y consideró que el “Ministerio de Educación debe explicar dónde se destinan esos recursos”.
Sin embargo, rechazó que “una reducción de horas cátedra pueda resolver por sí misma el problema financiero”.
Según indicó, representan aproximadamente “5.000 millones de pesos mensuales, frente a un presupuesto educativo anual cercano a los 400.000 millones”.
“¿Sacamos las horas cátedra y resolvemos el problema de la educación? Sería mucho más sencillo, pero me parece que esa no es la solución tampoco”, sostuvo.
Licencias, reemplazos y mayor control
Greve también admitió que deben profundizarse los controles sobre licencias y reemplazos docentes, particularmente cuando se producen sucesivas sustituciones por carpetas médicas.
“Todo eso es parte del control y parte de alguna auditoría interna que hay que empezar a hacer, o se está haciendo, dentro del Ministerio, pero hay que agudizarla”, señaló.
A su vez, remarcó que “la continuidad de los estudiantes en las aulas es fundamental no solamente desde el punto de vista educativo, sino también para la organización cotidiana de las familias”.
“Romper esa ecuación de que los chicos estén en el aula rompe la organización familiar”, afirmó.
“No es la solución de todos los problemas”
Greve reconoció finalmente que “la ley no resolverá por sí sola todas las dificultades que atraviesa la educación fueguina, ¿Esta ley es la solución de todos los problemas de la educación? No, claramente que no. ¿Es la resolución de todos los problemas de infraestructura de las escuelas? No, tampoco”, admitió.
Sin embargo, sostuvo que representa “un principio de solución” dentro de una planificación de cinco años.
La postura del legislador apunta así a separar la meta de las herramientas: llevar progresivamente la inversión educativa al 7,8% del Producto Bruto Geográfico constituye el objetivo central, mientras que las fuentes concretas para financiar ese crecimiento pueden discutirse, modificarse y consensuarse durante el tratamiento legislativo.
En paralelo, Greve reconoció que “el aumento de recursos deberá ir acompañado por mejoras en la gestión, revisión de horas cátedra, mayores controles sobre licencias y reemplazos y una discusión sobre la eficiencia del gasto, para que el incremento del financiamiento pueda sostenerse en el tiempo y traducirse en mejoras concretas para el sistema educativo”.
