En medio de la cuarentena obligatoria, los jardines maternales e iniciales de Río Grande expusieron la crítica situación que los encuentra al borde de la quiebra. El sector solicita ayuda a las autoridades locales y del Estado provincial debido a que no pueden afrontar pagos de alquileres, el ingreso de apróximadante 20 empleadas, entre otros costos de mantenimiento.

Previo a la pandemia, que se declaró efectivamente en Tierra del Fuego el 16 de marzo pasado, poco se había hablado de las acciones vinculadas en relación a la adhesión y cumplimiento a la Ley Micaela, que rige bajo el Nro. 27.499. ¿En qué consiste la Ley Micaela? La misma, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde el SADOP se refirieron a los temas que preocupan a los docentes del sector privado. Hablaron sobre el pago de salarios, las sumas otorgadas al sector como paliativo, la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo. Recordaron que “las clases nunca se suspendieron” y aseguraron que las tareas se multiplicaron para los trabajadores de la educación. En ese sentido expresaron: “nos preocupa mucho la salud física, la salud mental, la economía y todas las condiciones en las que se encuentra cada hogar”.