Así lo exigió el pastor Héctor Pauli en la manifestación del sábado pasado donde más de 500 personas se movilizaron para reclamar la apertura de templos en Río Grande. En la movilización en el Cono de Sombra, Pauli expresó que “nos sentimos discriminados por el Gobierno provincial”.

Se trata del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos Automáticos de la República Argentina. Aseguran que lo hacen respondiendo al “descontento por parte de los trabajadores, en primer lugar con el empleador Autosur y en segundo lugar con el sindicato que hoy ostenta la potestad de defenderlos, que es SMATA”.

Distintos sectores se acercaron ayer hasta la planta de Ambassador Fueguina, para acompañar a los trabajadores en su reclamo. Hay expectativas por las gestiones y las decisiones que podría tomar el gobernador Gustavo Melella en las próximas horas. Los trabajadores dijeron que posiblemente “entre mañana (por hoy) y el miércoles vamos a tener novedades”.

Juan Carrizo, secretario General de AMET Tierra del Fuego, volvió a reclamar la modificación de la Ley de Paritarias para el sector docente de la provincia, manifestando que “necesitamos el tratamiento urgente de modificación de la ley que impide que los sindicatos docentes, con personería gremial y afiliados del sector, estén todos sentados en la misma mesa”. Por la actual norma es el sindicato con mayor representación en el sector, en este caso el SUTEF, quien negocia las condiciones laborales para las y los docentes.

La respuesta es sí. Es posible efectuar una Interrupción Legal del Embarazo, a través de la labor que llevan adelante las socorristas en Tierra del Fuego. Esta organización transfeminista trabaja de manera articulada con los Conusltorios ILE, donde se desempeñan profesionales de la salud, que garantizan la realización de las recetas para efectuar un aborto medicamentoso, pero también, garantizan que se puedan realizar controles post-aborto. Si las personas que desean acceder a una Interrupción no poseen obra social, el Estado garantiza que puedan acceder a los medicamentos. “Poder acceder a la medicación en el consultorio, es un gran avance para nuestro territorio”.