“Los trabajadores deben tener una asignación muy superior por el aporte que se hace”

El legislador del bloque UCR-Cambiemos planteó como argumento central para cobrar las asignaciones familiares diferenciales en la provincia, el aporte también diferencial que realizan tanto empleados como empleadores. Sostuvo que de allí proviene la fuente principal de financiamiento de este ítem y confía en que el gobierno central entienda que corresponde respetar este derecho.

Río Grande.- El legislador Oscar Rubinos (UCR-Cambiemos), planteó por Radio Nacional Ushuaia la necesidad de “continuar con el pago de las asignaciones que se realizan”, con el argumento del aporte diferencial que hacen empleados y trabajadores.

Por un lado destacó que “hubo un incremento del 100% en los últimos dos años a través de seis aumentos, porque la asignación que paga Nación tiene movilidad y cada tres meses hay una actualización. Ese beneficio que se consiguió en los últimos años es la posibilidad de un aumento automático y no lo deberíamos perder”.

Además, marcó “una diferencia en Tierra del Fuego con respecto a otras regiones, porque una de las fuentes primordiales de financiamiento de las asignaciones familiares son las contribuciones patronales y los aportes de los trabajadores a través de las llamadas cargas sociales que pagan las empresas, donde parte le retienen al trabajador y parte lo aportan. Debido a que en Tierra del Fuego está la zona, las cargas sociales se pagan teniendo en cuenta esa zona, sea al 100%, al 80%, al 30% según la actividad. Un trabajador en Tierra del Fuego en promedio paga un 60% más de cargas sociales, y lo mismo ocurre con el empleador. Teniendo en cuenta que la fuente de financiamiento de las asignaciones viene de los aportes y contribuciones, si logramos que este ítem se tenga en cuenta, los trabajadores de Tierra del Fuego deben tener una asignación muy superior a la de otros lugares, por el aporte que se hace”, sostuvo.

“Este es un condimento más a tener en cuenta para la resolución de este inconveniente. Cuando hablamos de que la Municipalidad de Ushuaia paga 992 pesos, en realidad paga la asignación completa, porque paga 496 de salario familiar, más la radicación”, que sería el equivalente a la zona.
Sin embargo, si bien los conceptos están diferenciados en el municipio, no evitó la crítica a la gestión Vuoto por la falta de actualización de los valores. Recordó que el último ajuste fue en agosto de 2015 porque “desde noviembre de 2015 hasta julio de 2018 la asignación es exactamente la misma, mientras Nación aumentó un 100%, con una actualización automática sin que sea moneda de cambio, porque no hay una paritaria como puede pasar en la Municipalidad. Desde hace dos años y ocho meses no hay actualización en la Municipalidad de Ushuaia”, cuestionó.

La secretaria Legal y Técnica Victoria Vuoto había manifestado que “heredaron” este retraso que hoy tienen, de la gestión Sciurano: “La verdad que no es así, porque durante la gestión Sciurano las asignaciones eran parte de las negociaciones y quedaba plasmado en los acuerdos salariales. En ese momento había dos paritarias anuales, y en estos dos años y medio hubo dos paritarias en las cuales el intendente no participa, porque uno de los aumentos fue por decreto.

Es cierto que siempre costó llegar a lo que pagaba Nación, pero hasta 2015 estábamos en un 70%. La Nación estaba pagando 1.600 pesos a mediados de 2015 y la Municipalidad de Ushuaia pagaba 992 pesos y había quedado cerca. Hoy son 992 contra 3.400 pesos”, comparó.

“El achatamiento se da desde que empieza la gestión Vuoto. Además, siempre el empleado municipal había tenido aumentos similares a la inflación y al aumento de cualquier empleado privado. En 2016, cuando se dio el aumento por decreto, la inflación fue de más del 30% y todos los empleados privados tuvieron aumentos de entre el 35 y el 40%, salvo la Municipalidad, que tuvo un aumento del 16%.Este año incrementaron un 15% el salario y el aumento de coparticipación nacional para la provincia, que va también a la municipalidad, fue del 46% en el primer semestre”, remarcó.

Defensa ante Nación

El legislador expuso la preocupación por los trabajadores que puedan verse afectados y dijo que “por eso fuimos a Buenos Aires a defenderlo, porque aunque pierdan 800 pesos de los 3.400 pesos de las asignaciones, esto les afecta a ellos y además no se vuelcan en la calle. En este momento hay que tener en cuenta esto”.

También dio a conocer que en la reunión del jueves pasado con los funcionarios nacionales, planteó que el Municipio de Ushuaia incumple el pacto fiscal. “Yo le he enviado un mensaje como corresponde al ministro Labroca, avisándole que habían planteado una intimación, y hasta ahora no tengo otra novedad. Seguramente se generarán algunas reuniones luego de esta semana, que es muy compleja. La semana que viene seguro continuaremos con las reuniones”, barajó.

Respecto del discurso crítico hacia el gobierno nacional en la marcha del martes, además de las críticas al gobierno provincial por avalar las políticas del macrismo, según se expresó desde sectores sindicales, evaluó que “más allá del condimento político que pueda tener algún discurso, hay que prestar atención a estos mensajes. Nosotros vivimos acá, yo voy a seguir viviendo acá y nos vamos a seguir ocupando de cada punto en que podamos hacerlo. En el tema de la industria hay que seguir trabajando de la misma forma que en la última reunión, con representantes gremiales, con la gobernadora, con las empresas, que han reconocido el cumplimiento de Nación en cada uno de los puntos y la apertura a discutir nuevas alternativas. Esa es la forma de trabajar. Luego si en un acto dicen que hay cinco mil personas menos, no es lo que dijo la autoridad máxima de la UOM después de la reunión con Dante Sica. También hay que seguir atendiendo el tema de las obras y seguramente nos reuniremos en los próximos días con la gente de gobierno para ver de qué forma garantizamos que las obras continúen, tanto las que tienen financiamiento de Nación como las que tienen financiamiento de la provincia”, adelantó.

“Yo destaco la actitud del intendente de Río Grande ante la obra de la planta potabilizadora, que era importantísima y era necesario que no se corte. Ante el retraso de fondos del gobierno nacional hubo un aporte de la Municipalidad, sabiendo que en algún momento van a llegar. Esa misma actitud tenemos que tener de parte de la provincia. Si es necesario que en la Legislatura tratemos algún tema con respecto a los fondos de los bonos o cualquier herramienta para sostener esas obras, tenemos que tratarlo también, para seguir garantizándolas y que la gente tenga tranquilidad”, concluyó.

Martínez Allende y una “marcha extemporánea”

La visión de la legisladora Liliana Martínez Allende no fue contemplativa como la de su par Oscar Rubinos sino que, por el contrario, calificó de “extemporánea” la marcha del martes, ante un decreto suspendido.

Por FM Centro, reconoció que “los trabajadores tienen la posibilidad de reaccionar frente a este decreto, que evidentemente los va a afectar”, pero cuestionó que la marcha fuera “alimentada por los intendentes”.

“El intendente de Ushuaia paga 992 pesos de asignación familiar, contra 3.500 que paga la Nación. Ha ido a Buenos Aires a juntarse con los diputados, con la FAM para traer un apoyo, y no puede ser. Está muy bien que apoyemos y yo también apoyo a los trabajadores, pero hay que ser justos y no estar arengando. Es más, le dieron permiso a los trabajadores de la Municipalidad de Ushuaia para que vayan a la movilización de Río Grande, sabiendo que ese decreto se ha suspendido, que va a haber un trabajo desde la ANSES para presentar una propuesta alternativa. Para mí es totalmente extemporáneo”, sostuvo.

Además, cuestionó a “la Cámara de Comercio de Río Grande, que emitió un comunicado donde le decía a sus asociados que le permitieran a sus empleados participar de la marcha. Sinceramente hay una escalada de voluntades en contra de cualquier medida que toma el gobierno nacional, que es notoria. Esto da bronca, porque estamos en una situación muy difícil y, lejos de ponernos hombro con hombro para sacar nuestro país adelante, hay gente que ya está de campaña”, fustigó.

“Si el decreto está suspendido, no arenguemos a que la gente haga una marcha, por el contrario, tenemos que ver de qué manera vamos a ir adelante. No digo que los trabajadores no se manifiesten, sino que me preocupa que sean arengados por quienes hoy están a cargo de los Ejecutivos y alientan a que se hagan este tipo de marchas”, señaló.

Destacó que, ante el planteo realizado en Nación, “el presidente tomó la decisión de ir para atrás con el decreto y hacer un trabajo conjunto con las provincias patagónicas para solucionar este problema, sin perjudicar a los que menos tienen”, pidiendo que la gente entienda que el ajuste se tiene que hacer por algún lado.

“Algo debemos hacer para equilibrar nuestras cuentas, debemos dejar de vivir de prestado y empezar a vivir con lo nuestro, generar nuestros propios recursos, y la Nación nos convoca a trabajar en conjunto para reacomodarnos a los números y poder funcionar como Estado. El Estado nacional debe mantener un diálogo constante con las provincias para ver cómo salimos adelante. Los gobernadores y los intendentes, desde el lugar institucional que les toca, deben sentarse en la mesa y trabajar para que el próximo presupuesto contenga algunas reducciones, porque es lo que necesitamos hacer”, sentenció.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que se toquen las asignaciones familiares ni las jubilaciones, pero tenemos que ver de qué manera vamos a hacer la reducción que se necesita hacer, sin perjudicar a los que menos tienen”, dijo.

Por último, cargó contra las “trampas” que se le hacen a ANSES para cobrar asignaciones familiares cuando no corresponden. “Nos pasa muchas veces que se pagan ítems en negro en los sueldos y entonces no llegan al tope de ANSES para pagar las asignaciones. Por un acuerdo entre la patronal y el obrero, dicen que cobran un monto determinado, para cobrar los 3.500 pesos por hijo, y pagan otro monto por separado para no llegar al tope. Esto es hacer trampa y hay que revisar todo, porque el Estado no tiene para dilapidar”, concluyó.

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