“Hay un ‘megapase’ de funcionarios políticos a la planta permanente”

La vicegobernadora electa dijo que en lo que va del año “ya llevamos contabilizados 450 según el boletín oficial”, y dio a conocer ejemplos que no responden a necesidades de cada área. Hay nombramientos en salud de un licenciado en relaciones exteriores, varios expedientes del IPV para atender mesa de entradas, y preocupan las redeterminaciones de precios, que podrían estar sobrevaluadas. Consideró fundamental la auditoría prevista por el gobernador electo Gustavo Melella y adelantó que se recurrirá al mecanismo del juicio de residencia. Las reformas a la ley de creación del Laboratorio del Fin del Mundo no tendrán tratamiento de urgencia y deberán debatirse en comisión, ante “una investigación del Tribunal de Cuentas” por presuntas irregularidades. También lamentó el retaceo de información del área de Obras Públicas, Hidrocarburos, y particularmente el tratamiento recibido desde la DPOSS, que le exigió “ir personalmente” a buscar datos requeridos hace más de un mes, y no fueron entregados en su totalidad.

Río Grande.- La legisladora Mónica Urquiza, vicegobernadora electa, expuso su preocupación ante la falta de información de parte del gobierno en la transición, al punto que ya estarían resignados a no recibirla y a comenzar a trabajar en la elaboración del presupuesto cuando asuman el gobierno y puedan acceder al detalle de cada área.

Por Radio Provincia dijo que fue el tema de debate no sólo de su sector sino del propio oficialismo, dado que los legisladores del FPV tampoco cuentan con datos básicos como la ejecución del presupuesto reconducido, y en algunos casos los están reclamando públicamente. En la reunión de la comisión de presupuesto de este miércoles se acordó citar a los funcionarios a dar explicaciones, ante “el hecho de no poder hacernos de la información”.

Ante esta reticencia del gobierno saliente, “se nos hace muy difícil elaborar un proyecto propio porque no nos podemos hacer de la información, además el domingo se definió el proceso electoral y esto influye en las medidas que se van a tomar, en el nuevo presupuesto nacional, la variación del dólar, y todo está relacionado con nuestro presupuesto. Las circunstancias nos terminan llevando al presupuesto reconducido, teniendo en cuenta los plazos”, dijo.

Asimismo, dio a conocer que “el legislador Blanco aseguró que había conversado con funcionarios de este gobierno y dijeron que no iban a venir a la Legislatura a tratar el presupuesto. No obstante esto, el resto de los legisladores pidieron que se los cite para por lo menos tener información. Los legisladores que han sido reelectos también pretenden tener información”, remarcó.

Puntualmente la legisladora Andrea Freites hizo un reclamo público de información a su propio gobierno “en nombre de los cuatro legisladores reelectos”. Urquiza dijo que “fue esto lo que se conversó y lo que manifestaron tanto la legisladora Freites, como la legisladora Martínez, para que se cite principalmente al Ministro de Economía, al ministro jefe de gabinete como ministro político, al Ministro de Obras Públicas, porque es una cartera muy importante, y también a los integrantes de la AREF”, detalló de la reunión agendada para el 12 de noviembre.

Urquiza recordó que este tipo de invitaciones son parte de la rutina y no debería generar inconvenientes: “Cuando uno analiza el presupuesto del próximo año, lo primero que hacen los funcionarios es dar explicaciones de lo que han hecho durante el presente ejercicio. Esas explicaciones le corresponden a los funcionarios que están actualmente y a esto se apunta. Es lo que pretenden los propios legisladores que fueron reelectos”, reiteró.

 

El destrato de la DPOSS

 

Consultada sobre la información pedida a la DPOSS, que en principio se la negó porque no había fijado domicilio para que le enviaran la respuesta, la legisladora lamentó el destrato recibido. “Recibí una notificación donde me decían que estaba la información a disposición en Obras Sanitarias. Allá fui, me presenté, me entregaron parte de la información de las notas que ya llevaban 30 días hábiles. No está la documentación completa y, de la última nota que tiene 20 días hábiles, lo único que me pasaron por mail fue un stock de los reactivos. Nosotros pedíamos el stock de reactivos, el consumo mensual, hasta cuándo tenemos reactivos. Se han solicitado cuestiones que tienen que ver con la gestión. Como le dije al abogado que me atendió, la información la necesitamos para trabajar. Hasta hoy no han enviado la información y no tuve nuevas noticias”, dijo.

“La verdad es lamentable, porque después algunos se llenan la boca hablando de transparencia, pero cuando lo tienen que demostrar no lo hacen. Lo que yo pedí fue el stock de insumos, de materiales electromecánicos, de materiales de laboratorio, del personal, la facturación, las deudas que se tienen”, detalló.

“Con respecto a Obras Públicas, pedí los expedientes, las redeterminaciones, que son muy importantes. Hay obras que cuestan dos y tres veces más del momento en que se contrataron. Por ejemplo, la planta elevadora de líquidos cloacales que se está por comenzar a construir en la margen sur tenía un presupuesto de 307 millones, y eso es con un endeudamiento. Hoy cuesta casi 600 millones de pesos. Esto por supuesto tiene que ver con cómo se incrementan todos los costos. Se necesitan tener todos estos datos incluso para ver cómo se va a pagar. Se están pagando redeterminaciones de obras que están en ejecución, pero todos estos datos no los hemos podido tener. Tampoco las contrataciones que tiene la DPOSS, porque hay profesionales contratados y queremos saber hasta cuándo se los contrató, para qué se lo hizo y qué están haciendo”, reclamó.

“Esto no lo hemos podido obtener, primero me respondieron que son más de mil expedientes y que les diga qué parte quiero del expediente. Después terminaron siendo muchos menos. Uno continúa trabajando, porque tenemos la responsabilidad a partir del 17 de diciembre y ya estamos a un paso. También en Obras Sanitarias me respondieron que tienen una página web donde está toda la información. Pero uno necesita información más detallada. Hay datos que no están en esa página, donde figuran las obras que concluyó este gobierno y otras que están en ejecución. Uno se va haciendo de algunos datos, pero se necesita la información suscripta por ellos, y no está. Están violando la ley de acceso a la información pública”, acusó.

“Yo tuve que ir a buscar la información –agregó la legisladora como dato insólito de las exigencias de la DPOSS-. Llevaron una cédula de notificación a la Legislatura y el notificador manifestó que tiene que ir la legisladora en persona a buscar la información. También me habían respondido que yo tengo el resorte para hacer un pedido de informes a través de la Cámara, cuando todos sabemos que en estos tres años y medio no han respondido un solo pedido de informes”, fustigó.

“Uno no pretende poner palos en la rueda ni que se pongan a trabajar para algo que no tiene un fin. El fin de esto es poder hacer los análisis correspondientes para quienes se hagan cargo de la DPOSS, en este caso. Lo mismo ocurre en otras áreas. En este caso se resisten a dar información, y lo mismo ocurre con el Ministro de Obras Públicas, que no nos ha proporcionado ningún tipo de información. Sí lo hizo el Ministro de Economía, porque esta semana nos llegó información sobre el movimiento de la cuenta en dólares, la Tesorera envío información también y el propio ministro Gorbacz respondió un pedido que le hice sobre las RUPE”, aclaró.

“Pero no tuvimos respuesta en cuestiones neurálgicas, como la obra pública, la Secretaría de Hidrocarburos, donde pedimos expedientes sobre concesiones y a la fecha no respondieron ni solicitaron prórroga”, sostuvo.

 

Corredor del Beagle

 

Con respecto a una de las obras más controversiales del actual gobierno, como la ruta costera, se le preguntó sobre los rumores de una redeterminación de precios, y dijo que pidieron esa información pero no la pudieron obtener. “Del análisis de la cuenta y la información que tenemos de Tesorería, uno puede ir definiendo los montos que se han pagado en cada obra, pero no contamos con el avance, los certificados que se han pagado, los que se han  redeterminado. Eso es imposible definirlo solamente con la información financiera”, planteó.

“Cuando se hizo el recorte de fondos específicos para obras, como el fondo de la soja, ya estaban en ejecución algunas obras financiadas con estos recursos. La Legislatura dispuso determinados montos del endeudamiento por la colocación de bonos, para poder continuar avanzando. Por otro lado, también se autorizó utilizar esos fondos para hacer frente a redeterminaciones, incluso de obras financiadas por el Fondo Fiduciario o de Recursos Hídricos. Esta obra, que es la planta de Bahía Golondrina, la está llevando adelante Gancedo y tiene redeterminaciones. Hoy está costando prácticamente el doble y tiene que ver con la realidad económica”.

“Cuando nos dicen que está toda la plata para las obras, no es real, porque las obras tienen un presupuesto oficial y a su vez determinaciones, y habrá que ver de dónde se van a pagar. Por ejemplo, en la obra de Bahía Golondrina, la nación no reconoce las redeterminaciones, y se están pagando con recursos del endeudamiento de los 200 millones de dólares”, alertó.

“Por otro lado tenemos un llamado a licitación para los gasoductos, que es una obra importante financiada por el Fideicomiso. El Ministro de Obras Públicas manifestó el año pasado que quedaba pendiente porque no tenían los recursos. Vino el Fiscal de Estado a la Legislatura y dijo que lo que no había enviado la nación del Fideicomiso Austral no lo podíamos reclamar. El gobierno nacional en el presupuesto 2019 no contempló recursos y sin embargo están haciendo un llamado a licitación. Si bien existe un compromiso del presidente electo de renovar el Fideicomiso Austral, hasta que no esté todo en los papeles, no se puede llevar adelante”, sentenció la legisladora.

 

Reencontrándonos

 

También se le preguntó sobre las declaraciones de Stella Lavenia, presidente de la asociación Reencontrándonos, quien planteó inconvenientes a partir de los primeros meses de 2020 porque en diciembre finaliza el convenio por el cual reciben un subsidio del gobierno para pagar los sueldos del personal, por lo cual habían elevado un proyecto para establecerlo por ley. “En comisión se habló de este tema y yo solicité a los legisladores que esto quedara pendiente para el análisis de la nueva gestión. Este es un tema de salud pública muy importante que la gestión actual no lo llevó adelante. Por supuesto nuestra gestión tiene una visión totalmente distinta. La señora Lavenia ya ha tenido un primer encuentro con funcionarios del próximo gobierno y yo ya me he ocupado de que la llamen y tengan las reuniones para poder ponerse de acuerdo”, informó.

“Ella plantea que percibe un subsidio del gobierno de la provincia para pagar sueldos y el convenio lo tiene hasta fin de año. Por supuesto esto se va a charlar, pero no podemos hablar de una ley de financiamiento sin establecer antes las políticas públicas que se van a llevar adelante con respecto a adicciones, salud mental y demás. Por supuesto se va a trabajar en coordinación con los distintos actores, pero de una manera distinta”, manifestó.

“La situación va a ser atendida rápidamente por los funcionarios que van a trabajar en el equipo de salud, pero sancionar una ley para financiar a Reencontrándonos no es la solución, sino que tenemos que trabajar coordinadamente. Hasta hoy tienen subsidios del gobierno y de la municipalidad, y son cuestiones inmediatas que hay que resolver al otro día de la asunción. No obstante hasta fin de año tienen garantizados los subsidios”, dijo.

 

Convenios del IPV con gremios

 

Otro punto abordado fue la operatoria del IPV de ahorro previo para la entrega de terrenos en lugares donde estaba prevista la construcción de viviendas, entre los cuales hay beneficiarios de distintos sindicatos y organizaciones. “Estamos en conocimiento y se están suscribiendo estos convenios, con un pago a cuenta para la infraestructura de los terrenos, porque teóricamente el IPV no tendría fondos para construir viviendas. Esto forma parte también de todo lo que están haciendo a último momento. Tenemos copia incluso de toda la documentación y está denunciado en la Fiscalía por los propios empleados del IPV”, dijo Urquiza.

 

Convocatoria declamativa

 

En cuanto a las manifestaciones de la gobernadora Bertone el pasado domingo, cuando dijo que le encantaría reunirse con Melella, consideró que “la convocatoria debería haber sido el día que terminaron las elecciones provinciales. La gobernadora estuvo en campaña hasta el día domingo y uno lamenta el tiempo que hemos perdido. Las acciones que lleva adelante este gobierno no se condicen con las declaraciones públicas de la gobernadora”, observó.

Marcó diferencias con Arcando, dado que como futura presidente del Poder Legislativo está avanzando en el traspaso. “Con el vicegobernador Arcando estamos teniendo reuniones e incluso estoy trabajando con el secretario administrativo actual y el contador de la Legislatura. Estamos organizando todo lo referido al cambio a mitad de diciembre, cuando se renueva la Cámara”, indicó.

“Hemos tenido reuniones con algunos legisladores electos y más adelante nos reuniremos para organizar el día de la jura. Por supuesto habrá reuniones previas a asumir, para acordar las leyes que se van a tener que ir sancionando, como por ejemplo la ley de ministerios. Durante la mañana jurarán los legisladores y asumirá la nueva Legislatura, que ese mismo día va a sesionar para aprobar la nueva ley de ministerios. Después se hará la jura del gobernador, la vicegobernadora y los funcionarios que van a ser designados por la nueva ley de ministerios. Es lo mismo que hicimos cuando asumió esta gestión, porque aprobamos la ley de ministerios y después asumieron los funcionarios, en cuestión de horas”, repasó.

 

Juicios de residencia

 

Ante las dudas que cada vez se hacen más certeras sobre posibles irregularidades de la gestión, se le preguntó si habrá juicios de residencia. “Por supuesto se van a llevar adelante y la normativa está vigente. Desde ya se van a llevar adelante”, confirmó.

“Eso se va a definir luego de la investigación y la auditoría prevista por el gobernador electo Gustavo Melella. Esto es necesario y es lo que sostenemos, más allá de los datos que uno pueda tener. Los funcionarios que ingresen tienen que gestionar y avanzar, pero también necesitamos que se revise y que sea alguien externo, para que sea lo más claro posible. Esto es fundamental”, remarcó.

 

Gabinete mixto

 

Por otra parte, se le preguntó sobre la participación de referentes del MPF en el gabinete de Melella. “Uno viene trabajando con equipos que están conformados por gente de FORJA, del MPF y de otros partidos políticos y organizaciones que forman parte del frente. La definición de los nombres y, si algún afiliado del MPF formará parte, se sabrá después. Nosotros no estamos repartiendo el gobierno entre las distintas fuerzas. Vamos a llevar una gestión en equipo, donde participen las distintas áreas con las mejores personas y profesionales de ambos sectores, y por supuesto también vamos a formar parte. Tampoco necesariamente puede ser un ministro y se puede colaborar desde áreas intermedias”, señaló.

 

Megapase político

 

Uno de los puntos centrales de la entrevista tuvo relación con los ingresos a planta y Urquiza directamente denunció un “megapase de funcionarios”. “Nosotros lo venimos manifestando y hay ingresos en toda la administración. Vamos llevando el control, incluso con los propios boletines oficiales, y vamos a tomar decisiones porque hay áreas donde realmente no son necesarias y hay que ver las justificaciones. Hay un Megapase de funcionarios políticos a la planta permanente de la administración, prácticamente en todos lados, y todas estas plantas se van a rever”, aseveró.

“Uno se hace de datos de los boletines oficiales, como las designaciones que vamos controlando a diario. Llevamos contabilizadas unas 450 sólo de un año para atrás. Para tener estabilidad necesitan un año y un día, y se va a analizar todo por supuesto. Por ejemplo, de todas estas designaciones, hay 9 en salud pública y ninguno es médico. Nos hablan de la cláusula de fin de mandato y de las limitaciones que tienen, pero son solamente para algunas cosas. Hemos escuchado sobre limitaciones para comprar productos para potabilizar el agua, pero se continúa designando gente sin un fundamento. Uno no va a objetar la designación de un médico, pero han designado en salud un licenciado en relaciones internacionales”, ejemplificó.

“Yo tengo 17 fotocopias del IPV con designaciones y está fundamentado en las reglas de fin de mandato. Dicen que es primordial contar con alguien en mesa de entradas”, indicó de esos fundamentos para tomar personal en la retirada.

“Hay áreas que tienen conflicto porque están excedidos en cantidad de gente y no tienen dónde sentarla a trabajar”, agregó.

En cuanto a los planes PEL, donde existe un pedido de ATE de pase a planta, dijo que “vamos a trabajar para generar empleo privado. La administración pública tiene necesidad de profesionales en salud y necesitamos incorporar médicos. Tenemos que capacitar a la gente y en la Legislatura presentamos un proyecto con Pablo Villegas, que nunca se trató, para capacitar a la gente en el ámbito privado. Además era una forma de colaborar con el privado, que hoy está teniendo un peso muy importante con el costo laboral”, expresó, en desacuerdo con este traspaso.

 

Laboratorio sin urgencia

 

Finalmente informó que se acordó con los legisladores fijar fecha de sesión “para quitarle el tratamiento de urgencia a la modificación de la ley de creación del Laboratorio del Fin del Mundo. Eso está acordado con todos los legisladores”, afirmó Urquiza.

“El proyecto va a ser girado a comisión y no va a quedar aprobado de hecho, porque hay una investigación en el Tribunal de Cuentas y se analizará en la comisión correspondiente, donde se darán las explicaciones”, concluyó.

 

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