El senador de Juntos por el Cambio sostuvo que un decreto “no puede ir por encima de una ley” y recordó que los decretos del ex presidente Macri que otorgaron más coparticipación a la ciudad de Buenos Aires fueron ratificados por el pacto fiscal de 2017 y por el Congreso de la Nación. Confió en que la justicia actúe, dado que está decidido llevar el caso a la Corte Suprema. Apuntó contra el respaldo del gobernador Melella a la medida, y le advirtió que tanto la ciudad autónoma como Tierra del Fuego “están en un subrégimen especial dentro de la coparticipación federal, que se puso a través de un decreto”, y así como ahora el presidente Alberto Fernández procedió a esta quita podría hacerlo con la provincia. “No hay que hacer como las focas, que aplauden sin saber lo que hacen, y hay que analizar la situación”, le recomendó al gobernador fueguino.
Río Grande.- El senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco fue consultado por FM La Isla sobre el conflicto de la policía bonaerense y la solución que encontró el presidente Alberto Fernández, al otorgar el 1% de la coparticipación de la ciudad autónoma de Buenos Aires a la provincia gobernada por Axel Kicillof.
Respecto de la comunicación oficial de la UCR y de Juntos por el Cambio por el reclamo de la provincia de Buenos Aires, dijo que “la postura del interbloque de Senadores y del presidente del interbloque de la Cámara de Diputados fue más que clara. Si bien el reclamo puede ser legítimo, la forma y la participación rodeando la quinta presidencial con móviles policiales y con agentes armados, no era el mecanismo”.
“El camino del reclamo es a través del diálogo. Puede haber opiniones individuales que no coinciden con esto, pero la palabra oficial de Juntos por el Cambio y de la UCR es la misma. Se reconoce el legítimo reclamo pero la metodología no es la adecuada en un sistema democrático”, expresó.
“En definitiva quien financia el conflicto no es el gobierno nacional sino la ciudad de Buenos Aires. El conflicto se debería haber dado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero ante esta actitud de rodear la quinta presidencial, se nacionalizó. La solución no surgió del gobierno nacional sino de un descuento de recursos que le corresponden a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son transferidos a la provincia”, sostuvo.
Se le recordó que esos recursos también fueron otorgados por decreto de Macri, y respondió que “se hace un relato que no es cierto. Si bien el aumento de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires en el gobierno anterior fue a través de un decreto, también fueron dados por decreto mayores recursos y la actualización del fondo del conurbano de la provincia de Buenos Aires, que significaron miles y miles de millones. Parece que algunos se han olvidado. Esos decretos y ese acuerdo del fondo del conurbano fueron ratificados por el pacto fiscal de 2017, con una adenda en 2018, aprobado por el Congreso de la Nación y por cada una de las Legislaturas provinciales, salvo San Luis”.
“Ese decreto ya tiene fuerza de ley y un decreto no puede modificar una ley. Seguramente va a ser uno de los motivos por los cuales la ciudad de Buenos Aires va a recurrir a la Corte Suprema”, sentenció.
El apoyo de Melella
Asimismo, dijo estar “sorprendido por el respaldo de 19 gobernadores a la medida del gobierno nacional, y yo haría algunas advertencias a algunos gobernadores que firman alegremente. No olvidemos que la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego están en un subrégimen especial dentro de la coparticipación federal. Se puso a través de un decreto, porque cuando se sancionó la ley de coparticipación en 1988 ni Tierra del Fuego era provincia ni Buenos Aires era ciudad autónoma. Tierra del Fuego adhiere alegremente y puede correr el riesgo de que en forma ilegítima, como sucedió con la ciudad de Buenos Aires, en lugar de recibir el 0.7 de coparticipación, como estamos recibiendo, se regrese al 0.312, fijado por decreto. Puede ser que el día de mañana el presidente se levante y diga que Tierra el Fuego está en la misma situación que Buenos Aires y que en lugar de recibir el 0.7 pasemos a que nos descuenten el 0.3122”, advirtió.
“Muchas veces no hay que hacer como las focas, que aplauden sin saber lo que hacen, y hay que analizar la situación”, le recomendó a Melella.
“Este es un decreto común, no un DNU, y va en contra del pacto fiscal de 2017, que fue aprobado por el Congreso y ratificado por la mayoría de las Legislaturas, por lo cual un decreto no puede modificar una ley. Eso seguramente será una discusión judicial”, reiteró.
“Lo que más me preocupa es que un gobierno que llama permanentemente al diálogo, que ha trabajado en conjunto con la ciudad autónoma, permita que se entere por un whatsapp el jefe de gobierno de que le van a descontar 35 mil millones de pesos, que es el 50% del presupuesto de salud de la ciudad autónoma. El presidente es muy afecto a mostrar cuadritos y decía que la ciudad autónoma tiene un poco más de 3 millones de habitantes y la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones. Se olvidó de un detalle: que la ciudad de Buenos Aires durante el día tiene 7 millones, en tiempos normales, porque hay casi 4 millones de personas que van a diario. Se olvidaron de que muchos habitantes sobre todo del conurbano se atienden por temas de salud en la ciudad de Buenos Aires, reciben educación en la ciudad de Buenos Aires, y hay que hacer una lectura más amplia”, pidió.
“Lo que más molesta es que hablen de diálogo si después, cuando conviene van al diálogo y cuando no conviene no se mantiene ese diálogo. Los intendentes del conurbano de nuestro espacio político fueron invitados a una reunión, y quedaron como estatuas cuando escucharon que una de las medidas era sacarle el 1% de coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto no muestra voluntad de diálogo, al contrario, los dejaron pegados con este tipo de medidas. El diálogo hay que decirlo y hay que practicarlo”, fustigó.
Una grieta cada vez más grande
También planteó la imposibilidad de avanzar por una grieta que “cada vez se hace más grande”: “Más allá de las diferencias marcadas en esta maldita grieta, que cada día es más grande, hay muchas coincidencias y lo veo en el Senado de la Nación, porque hablo con senadores del Frente de Todos, y en las conversaciones en privado hay voluntad de trabajar en conjunto. Inclusive hay temas que tienen que ver con situaciones críticas donde hay coincidencia. Una fue la situación del turismo, la negociación de la deuda, la ampliación presupuestaria que le votaron a favor y después algunos dicen que la votaron en contra”, mencionó.
“Donde no hay coincidencias es cuando se está revolviendo el tacho de la basura, tanto de un lado como del otro. Hay algunos que tiran la soga y producen este fanatismo, tanto de un lado como del otro, y habría que encerrarlos en cada punta de la Plaza de Mayo para que se digan todo lo que quieran. Aquellos que pensamos que este país hay que sacarlo adelante privilegiando las coincidencias en lugar de las diferencias tenemos que poder trabajar en conjunto. Muchas veces da bronca cuando hay tironeos tanto de un lado como del otro, porque acá hay responsabilidades compartidas. Los monitos en el medio tenemos que acomodarnos”, manifestó.
“Para tener una nueva ley de coparticipación federal, que hay que hacer de una buena vez por todas, hay que tener una serenidad que por los tironeos de un sector y de otro no se da. Desde el ’94 a la fecha han pasado unos cuantos años, es una manda constitucional y tienen que estar de acuerdo las 24 jurisdicciones. Así es inviable, y no hay altura para decir ‘dejémonos de joder si somos de River o de Boca, o vendidos de un lado o del otro’, y tiremos alguna vez por la camiseta de Argentina. Pero es imposible, porque hay extremistas de los dos lados y eso impide buscar un camino común”, cuestionó.
“Nadie dice que todos pensemos igual, pero hay que trabajar en las coincidencias. Hay una grieta que no la van a poder saldar, que es la grieta moral. Algunos no coincidimos con lo que hicieron otros. Cuando es una grieta moral no la vamos a juntar nunca, pero dejemos de lado eso y busquemos las coincidencias. Lo que se plantea como una grieta política esencialmente es una grieta moral, no es política. Yo nunca voy a estar de acuerdo con que se hayan llevado los recursos del Estado que se llevaron, y otros pensarán otra cosa. Esa es la grieta que nunca vamos a saldar. Se va a saldar cuando dejemos que la justicia funcione, y si mañana dice que todos los que pensamos que pasó, no pasó, bueno, no pasó. Alguien lo tiene que saldar, y no son ni los de una punta ni los de la otra”, aseguró.
BIM 5 monumento histórico
Por otra parte se lo consultó sobre la controversia que surgió a partir del proyecto que presentó para declarar al BIM 5 como monumento histórico. “Yo soy autor del proyecto y he hablado con quienes cuestionan la presentación de este proyecto, que no es monumento histórico sino sitio histórico. Les expliqué que, cuando la Legislatura sacó por unanimidad en el mes de mayo una resolución pidiéndonos a los diputados y los senadores tratar de impulsar esta iniciativa, yo no escuché ninguna voz que se opusiera. Una cosa es el accionar que puedan haber tenido algunos integrantes del Batallón de Infantería, y la justicia deberá probar si esto es así o no. Yo separo a las malas actitudes o los malos hechos, y a algunos integrantes del BIM 5, de la institución. Bajo esa óptica, yo me pregunto cuál fue el criterio de la ex presidente y ahora vicepresidente para declarar a la ESMA como monumento histórico nacional, y miren que pasaron cosas ahí. Sin embargo se lo nombró monumento histórico”, señaló.
Se le recordó que en ese momento Cristina Fernández lo planteó como museo de la memoria, no como un reconocimiento al edificio. “Yo lo que estoy haciendo es un reconocimiento al edificio. Yo estoy declarando sitio histórico al BIM 5, y hay un montón de vecinos de Río Grande que estaban levantando firmas para que esto sea así. Esto no es negar la actitud de algunos que formaron parte del Batallón y hoy son cuestionados. Nadie puede negar la importancia que tuvo para el desarrollo de la ciudad”, defendió.
Respecto de si este proyecto no le quita al municipio la posibilidad de acceder a las tierras, aclaró que “el proyecto nuestro tiene un plano de las instalaciones, que son la plaza de armas y los edificios que la rodean, no es toda la tierra del BIM 5, sino el casco histórico. Esto no impide el desarrollo inmobiliario ni nada de eso que vi en una nota publicada en varios medios por la comisión de derechos humanos de Río Grande. Lo que ellos dicen no se condice con el proyecto presentado”.
“Esto está en comisión, está la presentación hecha por la gente de derechos humanos, y también la presentación a favor de excombatientes de Malvinas. Será analizado por la comisión del Senado y, en caso de ser aprobado, va a ser girado a la Cámara de Diputados. El diputado Frigerio está trabajando en un proyecto idéntico al nuestro, porque lo hicimos juntos. Se escucharán todas las voces, pero una cosa es el sitio histórico del edificio, y otra cosa es declarar históricos a quienes formaron parte del batallón”, reiteró.
Hackeo a Migraciones
Por último dio a conocer un pedido de informes que presentó ayer sobre el hackeo a la Dirección Nacional de Migraciones. “Quiero conocer qué ha sucedido con esto. Preguntamos qué medidas preventivas se tomaron, porque esto se dio en distinta delegaciones de Migraciones del país, qué planes tienen a futuro para resguardar este tipo de datos en caso de que suceda algo parecido. Más que nada queremos saber cuáles son las medidas de prevención para futuros casos”, explicó.
“El pedido de rescate no se pagó, por lo que uno va siguiendo por los medios, y por eso se publicaron algunas informaciones que están encriptadas, en idioma ruso, y hay que bajarlas con un programa especial. Tampoco es de fácil acceso esa información. Mi hijo es uno de los autores de esta investigación periodística y por eso tenemos estas inquietudes para plantear”, concluyó Blanco.
