La legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, lanzó fuertes cuestionamientos contra el proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo impulsado por el Gobierno provincial y advirtió que los recursos estimados representarían apenas $11.600 mensuales por docente, antes de descuentos, cifra que podría reducirse a unos $7.000 de bolsillo. Sostuvo que la iniciativa no resuelve el conflicto salarial, compromete ingresos futuros que todavía no están garantizados y cuestionó el acuerdo político entre FORJA y el PJ para avanzar con su tratamiento. Confirmó que su bloque no acompañó el dictamen y buscará quitarle el trámite de urgencia en la sesión especial del lunes. Además, reclamó discutir el financiamiento educativo junto con el Presupuesto 2027, advirtió sobre la situación de las finanzas provinciales y se refirió a la reorganización de La Libertad Avanza de cara al próximo año electoral.
Río Grande.– La legisladora provincial Natalia Gracianía, representante de La Libertad Avanza, expresó un contundente rechazo al proyecto de ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo presentado por el Ejecutivo fueguino, al considerar que los recursos previstos resultan insuficientes para responder al reclamo salarial docente y que buena parte de las fuentes de financiamiento contempladas dependen de ingresos futuros cuya concreción no está asegurada.
En diálogo con Radio Provincia, la parlamentaria analizó el debate desarrollado en comisiones legislativas, donde participaron funcionarios del Ministerio de Economía y de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), y sostuvo que “resulta indispensable transparentar los números reales de la iniciativa antes de avanzar con su aprobación”.
En ese sentido, cuestionó que “se pretenda presentar el proyecto como una solución al conflicto educativo cuando, según sus cálculos, el impacto salarial sería mínimo”.
“Esta ley que presenta el Ejecutivo llega después de 46 días de paro, 46 días de paro y este es el resultado”, manifestó, al advertir que el financiamiento previsto no permitiría una recomposición significativa de los haberes docentes.
“El impacto real sería de 11.600 pesos mensuales por docente”
Uno de los principales cuestionamientos de Gracianía estuvo centrado en la distribución de los fondos contemplados en el proyecto y su impacto concreto sobre los salarios.
La legisladora explicó que “durante la reunión de comisión, se analizaron modificaciones a las fuentes de financiamiento originalmente propuestas, aunque consideró que los cambios introducidos no resultaron significativos”.
Según detalló, la distribución prevista establece un “40% de los recursos para salarios docentes, otro 40% para infraestructura educativa y el 20% restante para equipamiento, aunque posteriormente se incorporó la posibilidad de flexibilizar esos porcentajes de acuerdo con las necesidades”.
A partir de las estimaciones de recaudación presentadas, Gracianía sostuvo que “al distribuir los fondos destinados a salarios entre aproximadamente 9.000 docentes y considerar los doce meses del año más el sueldo anual complementario, el resultado sería de unos $11.600 mensuales por trabajador, antes de las deducciones correspondientes”, afirmó.
Incluso advirtió que “si se destina un 40% a salarios, el impacto no se va a sentir, porque van a terminar cobrando 7.000 pesos más, si le aplicamos las deducciones, si le aplicamos los descuentos”, sostuvo.
“Si van a vender como que esta ley que ayer obtuvo dictamen es una solución para la situación del reclamo del salario docente, esto no es verdad. Partamos de esa base”, enfatizó.
Si bien reconoció que “la discusión salarial corresponde al ámbito paritario”, remarcó que el “proyecto incorpora expresamente una asignación de fondos para mejorar los haberes y que, por lo tanto, corresponde evaluar su alcance real”.
Recursos futuros sin garantías y cinco presupuestos comprometidos
Otro de los aspectos cuestionados por Gracianía fue la incorporación de fuentes de financiamiento que, según explicó, todavía no permiten establecer una estimación concreta de recaudación.
La legisladora mencionó particularmente el artículo 6 del proyecto, que contempla distintos mecanismos para integrar el fondo educativo.
Entre ellos, señaló el “inciso referido a destinar hasta un 10% de los recursos generados como consecuencia de incrementos tributarios previstos en el Presupuesto 2027”, dijo, al tiempo que agregó que “el presupuesto 2027 lo empezamos a tratar esta semana que viene, y no hay seguridad de que tengan los números suficientes como para que los aumentos de impuestos que existen dentro del presupuesto presentado por el Ejecutivo puedan realmente tener un acompañamiento”, explicó.
También cuestionó la previsión de incorporar un porcentaje de los remanentes distribuibles de utilidades de las empresas estatales provinciales y al respecto sostuvo que “todavía las empresas del Estado provincial no han generado ningún tipo de utilidades, entonces no pueden estimar cuánto sería esto”, señaló.
Gracianía advirtió que “el problema no radica solamente en la incertidumbre sobre esos recursos, sino también en que el proyecto comprometería ingresos provinciales de los próximos cinco ejercicios presupuestarios”.
“Es una ley que compromete los próximos cinco presupuestos”, afirmó, al considerar que se están asignando anticipadamente fondos que la provincia todavía no ha generado.
En esa línea, sostuvo que la propuesta “genera una expectativa que no es real” y que debería ser sometida a una discusión más profunda antes de establecer obligaciones financieras de largo plazo.
Rechazo al trámite de urgencia y sesión especial del lunes
La legisladora confirmó que La Libertad Avanza no acompañó el dictamen emitido en comisión y reiteró que “su bloque buscará quitarle el trámite de urgencia al proyecto durante la sesión especial convocada para este lunes 2 de noviembre, a las 14 horas”.
Recordó que “en una sesión anterior distintos bloques intentaron retirar ese procedimiento, aunque no consiguieron los votos necesarios para poder quitarle el tratamiento de urgencia”, explicó.
Gracianía sostuvo que “la urgencia impuesta por el Ejecutivo condiciona los tiempos del debate y dificulta un análisis integral de las consecuencias presupuestarias de la iniciativa, nos corrieron por todos lados para que tomemos decisiones apresuradas, y la verdad es que estas decisiones se tienen que tomar en conjunto con el análisis del presupuesto”, cuestionó.
Asimismo, precisó que la convocatoria especial tiene como único asunto el expediente 519/26, correspondiente al proyecto de financiamiento educativo, y que su bloque acompañó el pedido de sesión precisamente para intentar retirar el trámite urgente.
En relación con el dictamen obtenido en comisión, señaló que “fue acompañado por sectores de FORJA y del PJ, mientras que La Libertad Avanza decidió no firmarlo”.
“No hay de dónde sacar fondos nuevos en Tierra del Fuego”
Al profundizar sobre las dificultades económicas de la provincia, Gracianía sostuvo que “el problema estructural es la falta de recursos disponibles para financiar nuevas obligaciones, los recursos estatales están absolutamente comprometidos, los recursos públicos de Tierra del Fuego están absolutamente comprometidos”, aseguró.
Desde su perspectiva, las alternativas presentadas por el Gobierno terminan concentrándose en “incrementos tributarios o en la eliminación de beneficios fiscales previamente otorgados”.
En ese sentido, mencionó las modificaciones impositivas contempladas para determinadas actividades y empresas, entre ellas el BTF y Terra Ignis, como ejemplos de los mecanismos utilizados para ampliar la recaudación.
La legisladora atribuyó estas dificultades a la “administración de los recursos provinciales” y sostuvo que “el Gobierno enfrenta problemas para cumplir sus compromisos corrientes”.
También hizo referencia a los adelantos de coparticipación nacional que recibe la provincia y los vinculó con las “necesidades financieras para afrontar el pago de salarios estatales”.
Cuestionamientos a FORJA y al PJ por acelerar el tratamiento
La parlamentaria también dirigió sus críticas hacia la mayoría legislativa conformada por FORJA y el Partido Justicialista, a la que responsabilizó políticamente por impulsar un tratamiento separado del Presupuesto 2027 y en este marco dijo que “quienes están forzando que esto se trate de manera separada del presupuesto, evidentemente son las mayorías que tienen que ver hoy por hoy con la alianza de FORJA y el PJ”, expresó.
En ese marco, cuestionó que se pretenda avanzar con una iniciativa que, a su entender, “no cuenta con información suficiente sobre su verdadero impacto económico”.
También consideró que “el Poder Legislativo no debería limitarse a convalidar un entendimiento alcanzado entre el Gobierno provincial y el gremio docente SUTEF”, sostuvo, al tiempo que afirmó que “la Cámara no participó de ese acuerdo” y rechazó que “se le impongan plazos que impidan examinar sus consecuencias”.
Pidió discutir educación, salud y seguridad dentro del Presupuesto 2027
Gracianía insistió en que el financiamiento educativo no puede analizarse de manera aislada del conjunto de las necesidades del Estado provincial.
Recordó que “el tratamiento del Presupuesto 2027 comenzará el 4 de noviembre y consideró que esa discusión constituye el ámbito adecuado para evaluar prioridades, recursos disponibles y compromisos futuros”.
Además, advirtió que “establecer mecanismos específicos para un sector podría generar diferencias respecto de otros trabajadores estatales que también enfrentan demandas salariales, creo que también hay situaciones de necesidades en el área de la salud y la seguridad”, expresó.
En consecuencia, sostuvo que “la distribución de los recursos públicos debe abordarse de manera integral, evitando que cada sector sea analizado independientemente del resto de las obligaciones provinciales, estamos tratando como si fueran compartimientos estancos estas situaciones, y esto no es saludable”, afirmó.
“Los números no mienten, si uno los revisa”
La legisladora insistió en que la propuesta no constituye, en los términos actualmente planteados, una solución suficiente para el conflicto salarial docente y advirtió que “comprometer recursos futuros sin estimaciones precisas podría generar nuevas dificultades presupuestarias”.
“Se tiene que transparentar y se tiene que aclarar bien qué es lo que se está tratando”, concluyó, al reclamar que el debate parlamentario se desarrolle con información completa y una evaluación responsable de sus consecuencias económicas para Tierra del Fuego.
