La trabajadora del intervenido puerto de Ushuaia, Valeria Barría, expresó la renovada esperanza del personal tras el fallo judicial que obligó a permitir las inspecciones ambientales en la terminal marítima. Durante su contacto con “Desde las Bases”, cuestionó con dureza el accionar de las autoridades nacionales de la ANPyN por obstruir fiscalizaciones e impedir el ingreso a los trabajadores y al Tribunal de Cuentas. Asimismo, repudió la postura neutral y escasa de empatía de las cámaras empresariales, remarcando la necesidad urgente de unir fuerzas con todos los sectores fueguinos para recuperar la soberanía sobre la caja y la administración del puerto provincial. También se refirió a la postura que vienen teniendo los diferentes referentes políticos y dijo que siguen esperando el pronunciamiento del intendente Walter Vuoto.
Ushuaia – Una bocanada de esperanza volvió a recorrer los muelles de la capital fueguina a partir del reciente pronunciamiento emitido por el juez Sergio Pepe. Respecto del impacto que generó la medida judicial orientada a destrabar el control ambiental en la terminal marítima, la trabajadora portuaria Valeria Barría puso en valor el fallo adoptado por el magistrado a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1 en subrogancia del Juzgado N.º 2. Sus expresiones reflejaron el alivio colectivo al observar que el estamento judicial dio respuesta a un reclamo medular para la provincia, permitiendo que el personal especializado de la Secretaría de Ambiente pudiera ingresar a concretar sus tareas habituales de inspección luego de cuatro intentos frustrados por la negativa de las autoridades nacionales de la ANPyN.
Consultada sobre la recurrente práctica de obstrucción que sufrieron diversos organismos provinciales a lo largo de este período de intervención, la representante de los trabajadores detalló las maniobras llevadas adelante por la gestión nacional para bloquear el acceso al predio. “Como nos ha ocurrido a nosotros los trabajadores y a las autoridades portuarias, al presidente, vicepresidente, los trabajadores, e incluso la gobernación, como siempre lo venimos diciendo, no dejan ingresar a nadie”, denunció con firmeza al repasar los sucesivos episodios donde se impidió el libre ejercicio de las facultades territoriales.
La inquietud del sector laboral también apuntó al rol preventivo y al monitoreo de los recursos que le pertenecen a la jurisdicción provincial. Al abordar el caso de las auditorías sobre el patrimonio estatal y la interrupción de los procedimientos de fiscalización, Barría advirtió sobre el alcance de las restricciones impuestas dentro de la terminal. “Incluso hasta la gente del Tribunal de Cuentas que ha tratado de ingresar para poder hacer los controles, sobre los bienes que tiene el puerto, también han sido impedidos”, remarcó al exponer las irregularidades institucionales con las que convivieron a diario.
La difusión de un pronunciamiento conjunto firmado por cámaras de comercio, hoteleras y turísticas generó un profundo malestar entre las familias portuarias. Al ser requerida su postura sobre el contenido de dicho escrito y la falta de acompañamiento patronal en el reclamo de fondo, la referente gremial lamentó la posición expresada por las entidades empresarias y recordó los constantes intentos de diálogo promovidos desde las bases que fueron sistemáticamente ignorados.
“La única reflexión que podemos hacer sobre eso es que es muy lamentable que las cámaras tanto de comercio y de turismo larguen este tipo de publicaciones cuando los trabajadores, hace varios meses, venimos invitándolos”, recriminó la agente al fundamentar la responsabilidad compartida que le cabe a la comunidad fueguina. Acusó además a la conducción nacional de llegar al territorio con intenciones perjudiciales para los intereses locales. “Está a la luz que ellos no vinieron a hacer nada bueno en el puerto de Ushuaia, solamente a llevarse la caja del puerto, armar licitaciones con sobre precios escandalosas, a avasallar los derechos de los trabajadores, las competencias de las autoridades portuarias, las competencias que tiene la provincia de Tierra del Fuego, que es propietario”, aseveró con contundencia.
Al evaluar las responsabilidades políticas de la crisis y el señalamiento indirecto que vertieron los sectores corporativos hacia las medidas de protesta, Barría rechazó de plano que la controversia sea atribuible a la acción de las familias trabajadoras. “Me parece que las cámaras están de alguna manera u otra, volviendo a poner en foco que la culpa es de los trabajadores, y no somos nosotros los culpables de que esta intervención haya sido manejada de esta manera”, cruzó al delimitar el origen real del conflicto.
Para la trabajadora, el destinatario legítimo del reclamo no debe ser el eslabón más vulnerable de la cadena productiva. “Creo que el reclamo ellos se lo tienen que hacer a ANPyN. Porque si acá hay alguien que tiene que levantarse e irse, es ANPyN”, enfatizó al marcar la imperiosa necesidad de que el organismo nacional cese su injerencia en la estructura portuaria provincial.
La falta de compromiso de las cúpulas empresariales con la sustentabilidad económica del circuito local mereció un apartado especial durante el diálogo periodístico. Respecto de la pasividad demostrada por las instituciones del sector privado frente a la pérdida de soberanía sobre los recursos locales, la entrevistada calificó la actitud corporativa de ser totalmente ajena a la realidad social que atraviesa a los habitantes de la isla.
“Están teniendo una posición totalmente neutral, cero empática para los ciudadanos. Primero para los trabajadores, que somos parte de la provincia de Tierra del Fuego, y somos ciudadanos que también estamos dentro del circuito económico de las actividades que ellos generan”, cuestionó con severidad al desarmar la estrategia mercantilista que desatiende la problemática de fondo.
Finalmente, al indagar sobre los pasos a seguir para destrabar el escenario de parálisis y sobre a quiénes corresponde encabezar la defensa integral de la terminal marítima, la representante instó a conformar un frente común de todos los actores sociales y representaciones institucionales. Rechazó que se intente instalar la disputa como un mero contrapunto entre administraciones gubernamentales e hizo un llamado amplio a la convergencia colectiva.
“Ellos deberían salir a defender el puerto como todos nosotros, y no correr el tema de discusión”, reclamó en alusión a las maniobras distributivas del conflicto. Concluyó fijando una hoja de ruta ciudadana frente al futuro de la provincia: “Tiran como que esto es un problema político de gobierno nacional y provincial, pero la solución la tenemos que tratar de buscar entre todos los actores. Los trabajadores, las cámaras, el poder legislativo, el poder judicial, los gobernantes, los futuros candidatos a los estamentos estatales que se van a empezar a disputar el próximo año, todos tenemos la responsabilidad de defender el puerto”, advirtió.
Del sector político y las medidas de protesta
El conflicto trascendió las fronteras provinciales y nacionales, logrando un fuerte respaldo internacional que visibiliza la gravedad de la situación institucional. En un primer momento hubo una convocatoria frente a la Corte Suprema con gremios como APDFA, SUTAP y CTA, además de compañeros que viajaron a Buenos Aires a manifestarse. Estas organizaciones están nucleadas en la International Dockworkers Council (IDC), una entidad global que agrupa a los trabajadores portuarios.
Refiriéndose a las expresiones manifestadas desde la IDC, Barría mencionó que “Las declaraciones de Jordi, el referente internacional, fueron muy concretas. Esto ya tomó un plano internacional y hoy están acompañando a los 140 trabajadores que luchamos desde el 21 de enero contra lo que consideramos una usurpación y un robo del puerto de Ushuaia. Se solidarizan con nosotros y reclaman que el puerto vuelva a la provincia con sus respectivos recursos. Es ilógico que figuras con tanta relevancia mundial se pronuncien tan firmemente, mientras las cámaras locales solo atinan a culpar a los empleados que defendemos un patrimonio de todos los fueguinos”.
Sobre los pronunciamientos de políticos locales, dijo la referente y trabajadora del puerto que “A raíz de los últimos acontecimientos y fallos judiciales, el arco político comenzó a fijar posiciones, marcando marcadas diferencias entre los distintos mandatarios municipales y provinciales. Empezamos a notar pronunciamientos como el del gobernador Gustavo Melella, quien vuelve a sostener que el puerto tiene que ser manejado por la provincia a través del fallo que conocimos el otro día, sumado al respaldo del intendente de Río Grande. Sin embargo, seguimos esperando a que el intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto, se manifieste y ponga palabras sobre la situación”.
“Hasta el momento, Walter Vuoto no se ha pronunciado sobre el conflicto del puerto ubicado en su propia ciudad ni sobre la situación de los trabajadores, y tampoco hemos tenido ningún tipo de acercamiento por parte de los dirigentes de su espacio político”, remarcó.
Finalmente señaló que las protestas y las medidas de fuerza gremiales continuarán firmemente en la calle durante la temporada turística, sosteniendo el reclamo histórico de soberanía portuaria. “Nosotros lo venimos sosteniendo desde hace nueve meses, a pesar de que en algún momento intentaron malintencionar nuestros mensajes hablando de supuestas amenazas de cortes. La lucha va a seguir en la calle, con los trabajadores y con todas las organizaciones que nos quieran acompañar, porque es responsabilidad de todos que el puerto vuelva a la provincia”.
“Ya se empieza a notar en el puerto de Ushuaia la confluencia de buques turísticos, y nosotros nos vamos a seguir organizando y manifestando en los accesos porque sabemos que nuestra lucha es válida. Estuvimos desde el día uno advirtiendo que esta intervención no venía a hacer nada bueno, sino exclusivamente a llevarse los recursos de toda la provincia”, concluyó Valeria Barría.
