El diputado nacional Héctor Stefani aclaró que no se van a eliminar todos los fideicomisos, sino aquellos que no puedan demostrar adónde fue el dinero. Planteó las dificultades para acceder a la información, particularmente sobre el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, y dijo que son varios los fideicomisos que afectan a la provincia. Entre ellos mencionó el FAMPF y el Fideicomiso Austral como afectación directa, y los fideicomisos de alcance nacional como el Fondo de Infraestructura de Transporte de Energía Eléctrica, el Fondo de Subsidio para Gas Envasado y el Fondo Nacional de Transporte. Espera que “se destape la caja de Pandora” para poder saber qué se hizo con los fondos públicos e identificar a los responsables.
Río Grande.- El diputado nacional Héctor Stefani se refirió por Radio Provincia a la revisión del gobierno nacional de todos los fideicomisos y aseguró que no está previsto eliminar todos, sino aquellos en los que no se sepa cuál fue el destino del dinero público.
“En principio van a revisar los fideicomisos uno por uno. Es una figura que creció mucho, y es una forma de organización de parte del dinero público, que funcionó en algún momento pero crecieron en forma exponencial en el 2015. Para esa fecha había 15 y en 2023 llegamos a 30 fideicomisos. Desde el punto de vista del presupuesto nacional, eso es parte de la caja que no controla el Tesoro nacional y es un problema financiero para el gobierno”, sostuvo.
“El tema es quién controla a los fideicomisos. Muchos están anclados en el Banco Nación, otros en el BICE, otros en el Banco Hipotecario, pero la verdad el control que hay sobre los fondos es muy escaso. Yo comparto plenamente lo que se propuso el gobierno nacional, que es revisar fondo por fondo y ver qué se hizo con ese dinero público. Yo todavía no me pude hacer de la información de qué hizo el Estado con el fondo de ampliación de la matriz productiva, y soy diputado nacional. No sabemos dónde están los 100 millones de dólares, qué obras se hicieron, a quiénes dieron préstamos. Obviamente hay que tener un control mucho más efectivo y estoy totalmente de acuerdo con que hay que revisarlos”, enfatizó.
“Si no hay control y no se sabe qué pasa, obviamente ese dinero puede ser parte del sistema de corrupción. Yo participé de uno cuando era diputado en el 2017, que fue el Fideicomiso Austral. Son fondos que le corresponden a la provincia, en base al acuerdo que se hizo en el gobierno de Néstor Kirchner. Eran recursos coparticipables con la provincia y hubo dos presidentes que, sin tocar la coparticipación federal, modificaron la ley. El primero fue Menem, porque en principio la ley de coparticipación federal decía que, de todos los fondos que recaudaba la Nación, el 50% iba para la Nación y el otro 50% se distribuía a las provincias de acuerdo a unos índices. El primero que modificó ese sistema de coparticipación fue Menem, que con la crisis del ’89 le mandó a la provincia dos gastos, la educación y la salud, pero no transfirió los recursos que correspondían, así que ese 50 y 50 era mentiroso. Después vino Néstor Kirchner y hubo un montón de recursos que incorporó a la Nación sin que sean coparticipables. Uno de ello tiene que ver con los hidrocarburos off shore, y se acordó generar un Fideicomiso Austral donde parte de los recursos se iban a este Fideicomiso para volcarse en obras para la provincia”, recordó.
“Entre 2017 y 2019 se hicieron obras por 700 millones de pesos, que era una cantidad importante en ese momento, y una de las obras más importantes para Río Grande fue la planta potabilizadora. En Ushuaia se hizo la planta potabilizadora del Pipo y se puso en marcha el sistema de impulsión cloacal. Había un acumulado de 4.300 millones de pesos que el gobernador Melella nunca puso en marcha ni reclamó, siendo que era dinero que le correspondía a la provincia. El gobernador terminó firmando con Alberto Fernández un nuevo acuerdo para la provincia, que sólo iba a recibir el 20% en lugar del 50% como le correspondía. Ahí perdimos un montón de millones de pesos para obras, así que estoy totalmente de acuerdo con transparentar los fideicomisos y ver en qué se terminó gastando la plata de todos los argentinos”, sentenció.
Impacto en Tierra del Fuego
Respecto de los fideicomisos que tienen incidencia directa en la provincia, dijo que son varios, además del FAMPF y el Fideicomiso Austral. “Hay otros dos fideicomisos que son importantes para la provincia, uno es de energía eléctrica, y se va a hacer una auditoría porque es un fondo importante. Obviamente vamos a estar atrás de eso porque es información que me interesa sobremanera. Hasta ahora no hemos podido acceder a algo que es público y se refiere a lo que gasta el Estado en cualquiera de sus estamentos. Son 29 fideicomisos en total, el Fideicomiso Austral es uno, el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva es otro, el Fondo de Infraestructura de Transporte de Energía Eléctrica es otro, hay algunos fondos nacionales que nos afectan a nosotros, como el Fondo de Subsidio para Gas Envasado y el Fondo Nacional de Transporte. Son varios los fondos que tienen influencia sobre Tierra del Fuego. El más importante de todos del punto de vista social es el gas licuado, otro importante es el de infraestructura de transporte de la energía eléctrica. Ahí hubo fondos que se destinaron para obras en la provincia y no sabemos qué se hizo con esos fondos”, afirmó.
“Yo quiero que se destape esta caja de Pandora, porque el cáncer de este país es la corrupción. Es importante que se investigue y que los responsables de no haber utilizado los fondos de manera eficiente sean detectados”, instó.
Del punto de vista legal, no todos podrían ser eliminados por decreto. “Hay fideicomisos que se crearon por ley, por ejemplo el subsidio del consumo de gas residencial licuado. Hay otros que se crearon por DNU, como el de seguridad aeroportuaria. Otros se crearon por decretos, como el fondo para la reconstrucción de empresas. También hay fideicomisos que se crearon por resoluciones, como el fondo para la infraestructura del transporte eléctrico. Hay un despelote (sic) de fideicomisos y de fondos, y el Estado nacional dice que va a investigar uno por uno. Si no pueden explicar dónde están esos fondos, obviamente los van a eliminar y se harán las denuncias que corresponden a los responsables de cometer un delito”, aseveró.
Relación con las provincias
Por otra parte se lo consultó sobre la difícil relación entre el gobierno nacional y las provincias, y aclaró que aquella que hagan “los deberes” tendrán un trato diferencial. “Nosotros tenemos un problema grave en la Argentina, porque vivimos en un país que dice ser federal pero es unitario y centralista. Hace 30 años tenemos pendiente generar un nuevo sistema de coparticipación federal y es una manda constitucional. Esa es la solución, porque la Nación debe tener el 70% de todos los recursos que se reciben, y el 30% se distribuye entre las provincias. La Patagonia provee el 95% de la energía que se consume y se tiene que dar una discusión política muy importante. Los gobernadores tienen que pelear por sus recursos, pero también tienen que hacer los deberes. Cuando van a pelear porque necesitan más recursos y les muestran en qué gastaron, no lo pueden explicar y estamos en un problema”, dijo.
“Los gobernadores que gasten los fondos públicos como corresponde, que hayan hecho las obras que corresponden y puedan demostrar cero corrupción, obviamente van a tener un trato diferencial y van a tener los recursos que necesitan. Ahora, los que los dilapidan y no pueden mostrar qué hicieron con los recursos públicos, a esos les va a costar un poco más”, concluyó.
