La ministra de Salud de la provincia explicó que Tierra del Fuego ya cobra desde 2020 las prestaciones a extranjeros no residentes y que la medida tiene una incidencia económica mínima tanto en Ushuaia como en Río Grande. Aclaró que las urgencias se atienden siempre y que las situaciones excepcionales son evaluadas socialmente. Frente al debate por el Presupuesto nacional y un eventual nuevo ajuste, advirtió que el sistema sanitario “no” tiene margen para seguir recortando y puso el foco en el financiamiento de las personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas y no cuentan con obra social. Reveló que Nación aporta apenas 600 pesos por paciente a través de Incluir Salud y sostuvo que las provincias reclaman desde hace más de dos años una actualización. “Es imposible el ajuste del presupuesto”, afirmó, y reclamó al Congreso nacional repensar integralmente el sistema de salud y optimizar los recursos entre los sectores público, privado y de obras sociales.
Río Grande.- La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judith Di Giglio, puso en perspectiva el debate generado en torno al decreto nacional que establece nuevas condiciones para la atención sanitaria de extranjeros no residentes y aseguró que, en el caso particular de la provincia, la medida no representa un cambio sustancial ni constituye una solución al problema de financiamiento que atraviesa el sistema sanitario.
En una entrevista concedida a FM La Isla, la funcionaria explicó que “Tierra del Fuego ya aplica desde el inicio de la actual gestión un esquema de cobro por las prestaciones brindadas a extranjeros que no son residentes, en el marco de la legislación provincial y del régimen de autogestión hospitalaria”.
Por ese motivo, sostuvo que “el impacto de las nuevas disposiciones nacionales es limitado y que, particularmente en la provincia, el flujo de extranjeros que requiere atención sanitaria representa una situación marginal frente a las necesidades estructurales que enfrenta el sistema”.
“Nosotros, al menos desde el inicio de la gestión en el 2020, cobramos a los extranjeros. Es una práctica habitual que se realiza en los hospitales”, explicó.
Di Giglio recordó que “los hospitales de la provincia adhirieron a la Ley de Autogestión Hospitalaria de la década del 90, que permite recuperar fondos provenientes de las obras sociales y administrar esos recursos. A esto sumó la legislación provincial de financiamiento hospitalario, la Ley 1004, que también contempla el cobro de determinadas prestaciones”.
En ese marco, diferenció la situación de los extranjeros no residentes de la de quienes tienen residencia en el país al explicar que “la Constitución garantiza el acceso a la salud a los residentes, mientras que, cuando una persona posee una obra social, es esa cobertura la que debe afrontar las prestaciones correspondientes, en el caso de quienes no tienen obra social, explicó, interviene el sistema público”.
Un impacto económico “mínimo” en Tierra del Fuego
La ministra fue categórica al ser consultada sobre si el cobro a extranjeros no residentes puede significar un alivio relevante para las cuentas provinciales y al respecto dijo que “en nuestra provincia, no”, respondió.
Di Giglio señaló que la situación de Tierra del Fuego es diferente a la de otras jurisdicciones del país, especialmente aquellas que “tienen fronteras terrestres con países limítrofes y reciben un flujo mucho mayor de personas que cruzan exclusivamente para acceder al sistema sanitario”.
En el caso fueguino, explicó, la particularidad está dada fundamentalmente por el “turismo, en Ushuaia, quienes llegan por avión o a través de cruceros suelen contar con seguros de salud o asistencia al viajero”, afirmó.
Explicó que “cuando el visitante no cuenta con cobertura, se procede al cobro de la atención correspondiente, aunque reconoció que existen casos puntuales en los que recuperar esos recursos resulta más complejo”.
Como ejemplo mencionó a personas provenientes de Porvenir, Chile, que pueden ingresar a la provincia para visitar familiares o por otras razones y eventualmente sufrir algún problema de salud. En esos casos, la “atención se brinda y luego puede resultar más difícil concretar el cobro si la persona no tiene seguro ni recursos suficientes”.
Pero Di Giglio remarcó que “se trata de situaciones excepcionales, son situaciones muy particulares, estamos hablando de excepciones a la regla”, señaló.
La situación tampoco representa, según explicó, un fenómeno de magnitud en Río Grande. Ante la consulta específica sobre extranjeros no residentes que concurran al hospital para realizar tratamientos regulares, la ministra descartó que “exista una demanda significativa”, explicó.
Según su descripción, lo que puede suceder es que “una persona se encuentre en la ciudad visitando a un familiar o de paseo y, ante una eventualidad, necesite asistencia médica, pero no existe un flujo habitual de extranjeros que lleguen a Río Grande exclusivamente para someterse a tratamientos”, afirmó.
Y volvió a remarcar la conclusión económica al señalar que el fenómeno “no genera ningún tipo de impacto” significativo en las cuentas sanitarias provinciales.
Las urgencias se atienden siempre
Uno de los puntos centrales de la explicación de Di Giglio fue la atención de las urgencias. Frente a la posibilidad de que las nuevas disposiciones generen dudas respecto de qué ocurre cuando un extranjero no residente llega a un hospital con una situación crítica, la ministra fue clara al sostener que “la emergencia no queda condicionada por la capacidad de pago”, afirmó.
“El otro día sucede, un paciente tuvo un infarto en un crucero. Primero se atiende el paciente, luego se le cobra”, explicó.
Los “grises” de quienes están tramitando la residencia
La ministra también explicó que existen situaciones intermedias que requieren una evaluación particular. Puso como ejemplo a una familia de nacionalidad boliviana que reside desde hace algunos meses en Ushuaia, pero todavía no completó el trámite de residencia.
Se trata, según describió, de una “situación habitual debido a la importante comunidad boliviana que reside en la ciudad”.
El problema administrativo aparece cuando una “persona todavía no tiene formalmente la residencia, pero ya inició los trámites para obtenerla y probablemente se convierta en residente en poco tiempo”.
Di Giglio remarcó que “no se refería a la persona como un problema desde el punto de vista sanitario o social, sino exclusivamente desde el aspecto administrativo que implica determinar quién debe hacerse cargo de la prestación”.
En esos casos, explicó, se realiza un “estudio y una entrevista social y la provincia termina garantizando la atención cuando corresponde”.
Una vez obtenida la residencia, aunque la persona no se encuentre nacionalizada, pasa a tener la condición de residente y, por lo tanto, queda alcanzada por las garantías de acceso a la salud previstas para quienes residen en el país.
La experiencia de los grandes hospitales bonaerenses
Para dimensionar la diferencia entre Tierra del Fuego y otras jurisdicciones, Di Giglio recordó su propia experiencia como estudiante en la ciudad de La Plata, alrededor del año 2000.
Según relató, en los “grandes hospitales de la provincia de Buenos Aires y de la Nación existía entonces una situación muy diferente a la que actualmente observa en Tierra del Fuego, era terrible”, recordó.
La ministra explicó que “en aquellos hospitales era frecuente recibir ciudadanos de países limítrofes que viajaban a la Argentina específicamente para acceder a tratamientos que no podían obtener en sus países de origen”.
Mencionó especialmente tratamientos oncológicos y recordó la “gran cantidad de personas que llegaban a los hospitales bonaerenses buscando atención, era increíble la cantidad de personas que venían exclusivamente a intentar recibir un tratamiento que en su país no podían recibir”, señaló.
Para Di Giglio, esa realidad está fuertemente vinculada con la “situación económica de cada país y puede variar año a año”, pero aclaró que la “ubicación geográfica de Tierra del Fuego y la menor cantidad de pasos fronterizos hacen que ese fenómeno no tenga en la provincia una dimensión comparable”.
Por eso volvió a relativizar el impacto del decreto nacional en las cuentas sanitarias fueguinas al sostener que “el cobro a extranjeros” tiene, según su evaluación, una incidencia mínima en Ushuaia y prácticamente nula en Río Grande.
El verdadero problema: el financiamiento nacional
Superado el debate sobre los extranjeros, la ministra ubicó el principal problema en otro lugar como es el financiamiento nacional del sistema de salud.
Consultada sobre un eventual nuevo ajuste presupuestario y sobre cuánto margen queda para continuar reduciendo gastos después de los recortes en medicamentos, tratamientos, personal y designaciones, Di Giglio fue contundente al sostener que “no”.
La ministra contó que el tema fue uno de los principales puntos de discusión de la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), realizada el día anterior a la entrevista.
Según explicó, todas las “provincias plantearon su preocupación por el funcionamiento de un programa destinado a personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas y no cuentan con obra social”.
Se trata del programa que anteriormente se conocía como Profe y que actualmente se denomina Incluir Salud, vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad.
La situación que describió Di Giglio expone, según sus palabras, una de las principales dificultades del actual esquema de financiamiento.
1.500 personas sin obra social y una “cápita” de 600 pesos
La ministra explicó que existen personas con discapacidad que no pueden trabajar y que pueden acceder a distintos tipos de prestaciones según dónde tramiten su beneficio.
En Tierra del Fuego existe la “RUPE, una pensión provincial por discapacidad que, al ser otorgada, permite acceder a la obra social provincial, siempre que se cumplan los requisitos de residencia establecidos”.
Pero existe otra situación cuando una persona obtiene una “pensión no contributiva nacional por discapacidad”.
En esos casos, según explicó Di Giglio, la “persona no cuenta con una obra social. La atención sanitaria queda entonces a cargo de las provincias, mientras que Nación debería realizar un aporte mediante el programa Incluir Salud”.
La dimensión del problema aparece al analizar cuánto dinero aporta Nación por cada persona, que según, manifestó es de “600 pesos por persona”, afirmó la ministra.
Di Giglio explicó que “ese monto corresponde al aporte nacional por cada paciente con una pensión no contributiva y sin obra social”.
En Tierra del Fuego, según precisó, son alrededor de “1.500 las personas que se encuentran en esa situación”.
Se trata además de personas que, por las características de sus discapacidades, presentan “necesidades sanitarias que pueden implicar costos elevados y que, justamente, no tienen capacidad laboral para generar ingresos suficientes”.
La pensión no contributiva que reciben, agregó, es además de un “monto muy reducido, equivalente aproximadamente al 80% de una jubilación mínima”, según recordó.
“Hace más de dos años” que las provincias reclaman
Di Giglio sostuvo que las provincias vienen reclamando desde hace más de “dos años una actualización de la denominada cápita de Incluir Salud”.
“Las provincias, obviamente, solicitamos desde hace ya más de 2 años el aumento de esta cápita”, señaló.
Y explicó que la respuesta oficial fue que “hasta el año próximo no se puede evaluar este aumento” debido a la falta de presupuesto nacional.
Para la ministra, el panorama resulta todavía más preocupante si el “Presupuesto nacional para el próximo año contempla una reducción de recursos destinados a la salud”, advirtió.
Por eso, Di Giglio sostuvo que el “sistema no puede continuar siendo abordado únicamente desde la lógica del ajuste, es imposible el ajuste del presupuesto si hay muchas cosas para evaluar”, afirmó.
Reclamo por una reforma integral del sistema sanitario
La ministra planteó que la discusión debería exceder el debate puntual por una partida presupuestaria o por un programa determinado y en su opinión, el “Congreso nacional debería avanzar en una revisión integral del sistema de salud y de su esquema de financiamiento, las cámaras de diputados y senadores, de repensar el sistema de salud en conjunto, el financiamiento del sistema de salud”, sostuvo.
La propuesta, según explicó, debería incluir a los distintos actores que intervienen en el sistema, sea, “en conjunto con el sector público, con los tres sectores públicos, privados de obras sociales, y ver de qué manera se mejora, se optimizan los recursos financieros”, afirmó.
La discusión adquiere mayor relevancia, según explicó, porque la Agencia Nacional de Discapacidad fue “intervenida y pasó a depender del Ministerio de Salud de la Nación, es un tema que debe ocuparse el Ministerio de Salud de la Nación”, señaló.
Por esa razón, el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad fue uno de los principales temas abordados en la reunión del COFESA.
Más información sanitaria y nuevas enfermedades de notificación obligatoria
Durante la entrevista, Di Giglio también repasó otros temas tratados en el Consejo Federal de Salud y destacó una modificación que comenzará a implementarse desde esta semana: la incorporación del accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca entre las enfermedades de notificación obligatoria.
La ministra explicó que “el sistema de notificación permite generar información epidemiológica y estadística para que las autoridades sanitarias puedan tomar decisiones a partir de datos concretos”.
Recordó que “ese mecanismo se hizo especialmente conocido durante la pandemia de COVID-19 y que funciona de manera similar con otras enfermedades”, explicó.
A partir de ahora, determinadas enfermedades crónicas también comenzarán a formar parte de ese “esquema de seguimiento”.
La implementación requiere además inversión en sistemas y mecanismos de registro que permitan incorporar las nuevas patologías dentro de las enfermedades de notificación obligatoria.
Vacunación y normalización de la distribución
Otro de los temas abordados durante el COFESA fue la situación de las coberturas de vacunación, para lo cual, Di Giglio señaló que “la vacunación continúa siendo una de las prioridades dentro de la agenda sanitaria nacional y destacó que la distribución de vacunas comenzó a normalizarse”.
La ministra sostuvo que “el seguimiento de las coberturas resulta fundamental para evaluar el estado sanitario de la población y anticipar posibles problemas epidemiológicos”.
De esta manera, mientras el debate público se concentra en el cobro de la atención a extranjeros no residentes, Di Giglio intentó desplazar el eje hacia lo que considera el problema central del sistema: un esquema de financiamiento que, según planteó, requiere una revisión profunda.
