El vicejefe de gabinete reseñó su paso por la comisión de seguridad de la Legislatura y planteó las dificultades del gobierno para cumplir con las pautas de la ley de emergencia, por la baja de la coparticipación. Respondió al diputado Santiago Pauli, que habló de “despilfarro y desinterés” del gobierno en materia de seguridad, y le reprochó que sea “socialista” en Río Grande y “de derecha” en Buenos Aires. Llamó al intendente Martín Pérez a deponer sus “apetencias”, como encabezar un proyecto de provincia, para en su lugar “reconstruir” el espacio nacional y popular de cara al 2027. Aseguró que el gobierno sigue confiado en concretar la reforma constitucional en 2026, luego de que salga el fallo del Superior Tribunal.
Río Grande. – El vicejefe de gabinete Jorge Canals reseñó por FM Origen su paso el pasado viernes por la comisión de seguridad y argumentó que no se ha podido cumplir con las pautas de la ley de emergencia por la baja de la coparticipación.
En principio destacó la mirada de los legisladores, “que ayuda a encontrar soluciones. El puntapié inicial de la ley de emergencia radica en un proyecto presentado por el legislador Pablo Villegas en 2023, y a partir de ahí se empezó a dar una discusión que terminó con la aprobación de la ley en diciembre pasado”, dijo.
“La emergencia en seguridad se debe a que no ha habido inversiones desde la creación de la unidad de detención de la ciudad de Río Grande. Se ha planteado un endurecimiento de penas, hay un crecimiento sostenido de presos en la unidad de detención. Penas que antes se resolvían en una segunda o tercera instancia hoy se resuelven en la primera instancia y la persona va directamente a la unidad de detención. Ese crecimiento sostenido ha colapsado tanto la alcaidía de Ushuaia como la unidad de detención de Río Grande, y eso amerita una emergencia”, explicó.
“La ley tiene tres fuentes de financiamiento, una es el tesoro provincial, por cuatro mil millones de pesos, otra es la autorización de endeudamiento de diez mil millones, y hay una tercera instancia que es la articulación público-privada. Tenemos la ley de emergencia que autoriza lo público y privado y también tenemos la ley de iniciativa privada, con la que venimos trabajando para encontrar soluciones”, resumió de las herramientas a disposición del gobierno.
Ante la falta de respuesta a los medidos de informe, el funcionario presentó documentación por escrito. “Los legisladores querían saber qué acciones se llevaron adelante, dado que la ley exige que se presente un plan integral de las inversiones. Nosotros pedimos disculpas por no haber cumplimentado esto a los 30 días, que es el plazo por ley, y fuimos a exponer la realidad de lo que está pasando económicamente. Cuando se habló del financiamiento del tesoro de cuatro mil millones de pesos, nunca pensamos en que la coparticipación bajara diez mil millones y que la recaudación interna disminuyera seis mil millones en el primer trimestre”, manifestó.
“Muchas de las acciones que pensábamos llevar adelante no se pudieron hacer en estos cuatro meses y uno espera que esto se modifique. La proyección de abril no es buena pero no creo que sea tan mala como marzo, porque llegaron 43 mil millones cuando estaban proyectados 47 mil”, subrayó.
“Se llevó adelante la primera licitación, que es la ampliación del anexo IV y se empezó a ejecutar la semana pasada. Son 270 millones aproximadamente y eso va a descomprimir algo en Ushuaia”, aseguró.
“Estamos en el proceso interno para sacar un endeudamiento de 7.500 millones, que pueden ser letras de tesorería, un bono o diferentes herramientas de corto plazo. Tiene que ser aprobado por el Ministerio de Economía y estamos expectantes de eso, porque el año pasado no logramos destrabar el endeudamiento. Esperamos que este año se apruebe, porque ante la baja de recursos de coparticipación y de recaudación propia, no hay muchas alternativas”, advirtió.
Afirmó que “hay diálogo con el Ministerio de Seguridad, pero no es el ministerio que termina autorizando las letras y estamos trabajando para conseguir el endeudamiento, que obviamente no va a ser la solución definitiva”.
Con esos fondos, de conseguirse, se buscarán resolver “cuestiones de corto plazo que permitan brindar mayor seguridad, como la situación del servicio penitenciario y la mejora de la seguridad en las tres ciudades, y la celeridad en el accionar a la policía de la provincia con sistematizaciones, un esquema de video vigilancia acorde y la incorporación de más cámaras”, detalló.
También expuso la deuda del gobierno nacional en materia de seguridad. “Nosotros tenemos 16 presos federales y hay que costear todo el gasto que significa, alimentos, medicamentos, salarios, lugares que no sobran, y no hemos recibido ni un peso en los últimos tres años. Eso corresponde a la nación y, en caso de pagar, pagarían 120 mil pesos por preso, cuando el costo mínimo es de un millón cuatrocientos, porque ahí está el salario de los penitenciarios, la salud, los medicamentos, la alimentación. Hoy tampoco se reciben esos 120 mil pesos y es un reclamo de todas las jurisdicciones. El número es irrisorio y no se paga”, criticó.
Fuga de detenidos
Mediante un informe escrito, Canals expuso las acciones vinculadas con la fuga de detenidos en marzo. “Hoy hay dos acciones concretas, la primera es la investigación que viene llevando adelante el Dr. Vidal desde la justicia sobre toda la situación de la fuga, y están los sumarios internos. Se separó del cargo a los dos jefes de guardia y a los dos responsables del monitoreo. Yo confío en el servicio penitenciario, al igual que en la policía de la provincia, por la calidad humana de quienes desarrollan estas actividades. Quedó en evidencia que en este caso hubo negligencia, pero no puedo decir que todo el servicio penitenciario es negligente”, aclaró.
“Estamos implementando algo que no había en Ushuaia, porque en la unidad de detención de Río Grande tenemos un sistema de monitoreo dual, dentro de la unidad y fuera de la unidad. Ahora estamos por implementar un sistema dual en Ushuaia”, adelantó.
Pauli con doble discurso
Con respecto a la publicación del diputado Santiago Pauli en la red social X, donde habla del “despilfarro, desinterés, policías mal pagos y sin equipamiento”, en el gobierno de Gustavo Melella, le respondió sobre su doble vara. “Nosotros reconocemos que a la policía de la provincia le falta mayor inversión en móviles y en todas las áreas, pero es muy llamativo lo que genera un avión. Acá (el diputado) parece socialista, peleando por el salario de quien se le cruce, con tal de que sea en contra del gobierno de la provincia; y cuando llega a Buenos Aires vota en contra de las jubilaciones. Yo le digo al diputado que en la provincia de Tierra del Fuego estamos cerrando un aumento salarial para el primer cuatrimestre de un 12%. Si quiere reclamar o hablar, que hable de la Policía Federal, que ha tenido solamente un aumento salarial del 5%. Históricamente los sueldos de la Federal estaban por encima de los sueldos de la provincia, y esto no ocurre a partir de abril”, subrayó.
“El diputado plantea de una manera mentirosa que dimos un aumento del 1%. Que se quede tranquilo, que es una decisión política del gobernador acompañar los salarios de la policía de la provincia, de los trabajadores de la educación, de los trabajadores de la salud. El diputado cuando tiene que hablar de recortes, aplaude, pero son los que milita el gobierno nacional. Después viene y me plantea una crítica con información que no sé de dónde la saca, porque en febrero dimos un aumento del 3%. O no está leyendo toda la película, o no sé qué pasa en el vuelo de Buenos Aires a Río Grande. Algo debe cambiar en la matriz de pensamiento, porque acá tiene una mirada más socialista y en Buenos Aires tiene una mirada de derecha”, contrastó.
Reforma en 2026
También se refirió a la reforma constitucional y confió en que pueda concretarse en 2026. “Yo tengo todas las expectativas, uno confía en la justicia y seguramente en los próximos meses habrá una definición. Santa Fe es un claro ejemplo de la posibilidad de pensar una provincia a futuro, que es lo que votaron los santafesinos el domingo. Es necesario debatir la Constitución actual porque internet no existía y podemos pensar un nuevo sistema electoral. Malvinas no está de manera real y concreta dentro de la Constitución. Hay cuestiones neurálgicas para pensar una provincia a futuro”, manifestó.
“No hay que tenerle miedo a la discusión. Esta no es la Constitución de Melella, sino la posibilidad de pensar en un proyecto de provincia para 30 ó 40 años. Tenerle miedo a eso es una locura. Lo que queda por delante es esperar la decisión del Superior Tribunal y estoy convencido de que le va a dar la posibilidad a los vecinos de Tierra del Fuego de votar el año próximo”, avizoró.
Las “apetencias” de Martín Pérez
Finalmente cuestionó las aspiraciones del intendente Martín Pérez, quien encabezaría un proyecto de provincia y, de reformarse la carta magna, competiría con Gustavo Melella. “El gobernador dijo que no hay mayores discrepancias con los municipios. A veces hay diálogo más cercano, otras veces no, pero no están en las antípodas. Obviamente hay miradas diferentes y la reforma de la Constitución nos ha puesto en lugares contrapuestos. Pudo haber faltado algún tipo de charla para despejar dudas y creo que alguien que tiene ganas de gobernar la provincia no puede limitarse a no reformar la Constitución, porque después va a ser la herramienta que va a necesitar para poder transformar la provincia”, planteó.
“La política no se puede quedar en una discusión tan chiquita. No creo que estemos en las antípodas, porque tenemos una misma mirada de país. Hay cuestiones que han enfriado las relaciones, pero no hay nada que no se pueda resolver y el gobernador tiene diálogo. Quienes están en un mismo espacio con una misma mirada, tienen que tener mayor amplitud y reconstruir el andamiaje que les permitió estar en los espacios en que están. Quienes comparten una misma mirada tienen que dejar de lado las apetencias y sentarse en una mesa”, le recomendó al intendente Pérez.
No obstante consideró que “las relaciones no están rotas. Hace mucho no se escucha a un intendente reclamar por la coparticipación, y hay una demora de cuatro días. Históricamente hubo 60 ó 90 días”, concluyó.
