El legislador del MPF Pablo Villegas expuso su preocupación por la crítica situación del sistema de salud fueguino, señalando la millonaria deuda de la OSEF con prestadores públicos y privados. Reclamó transparencia en la administración de Terra Ignis, cuestionó que la síndica designada por la Legislatura no pueda acceder a la información, y exigió explicaciones por el manejo del convenio con YPF y el futuro de 500 trabajadores. También criticó el gasto mensual de 40 millones de pesos en alquiler de la Legislatura, pidió activar el Consejo de Planificación previsto en la Constitución y denunció la falta de respuestas ante la emergencia en infraestructura escolar y seguridad. “Hay que aprovechar esta crisis como una oportunidad para debatir soluciones de fondo, con transparencia y responsabilidad política”, sostuvo.
Río Grande. – El legislador del MPF Pablo Villegas dialogó con Radio Provincia sobre la reunión de comisión realizada el viernes pasado en la ciudad de Río Grande y consideró que “fue muy enriquecedor tener la opinión de los principales efectores privados del sistema de salud. Era importante tener información directa de cuáles son las deudas que tiene OSEF y es notable la diferencia de realidades entre lo que pasa con la clínica en Ushuaia y con el CEMEP. El Dr. De Bello calificó de promiscuas algunas asociaciones entre el sector público y el privado porque, cuando no se establecen reglas del juego claras, termina perdiendo el sector público. El Dr. De Bello advirtió que una cosa es trabajar de manera complementaria y otra cosa es asociarse sin reglas claras, que genera más perjuicios que beneficios. Son dos posiciones distintas y me resultó muy llamativo y enriquecedor”, opinó sobre el aporte del titular del CEMEP.
“Desde el CEMEP hablaron de una deuda de OSEF de 2.400 millones de pesos más 1.200 millones que se incorporan ahora, y dejaron en claro que nunca adoptarían la posición de cortar los servicios, porque el 60% de las prestaciones del CEMEP está direccionado a afiliados de la obra social. Esta situación no se ha dado en Ushuaia y desde el CEMEP no hay un reclamo por diferencias en el sistema de cálculo de las prestaciones médicas. En cambio, con la clínica San Jorge hay un reclamo de 4.200 millones”, comparó.
Deudas con los hospitales
Por otra parte, propició herramientas para los hospitales. “Soy un convencido de que de nada nos va a servir oxigenar o fortalecer económicamente a la OSEF, si en forma simultánea no lo hacemos con los hospitales públicos. Nosotros presentamos un proyecto de ley hace dos años para reconocer a los directores de los hospitales públicos la atribución de ejecutar las deudas de las prepagas y las obras sociales. Por la información que se me acercó, esa deuda es superior a los 8.000 millones de pesos entre ambos hospitales. Es una cifra millonaria y es necesario fortalecer el sistema de autogestión de los hospitales y dotarlos de herramientas para la autogestión, con la posibilidad de que vayan a la justicia para cobrar esas deudas. Hoy ese rol está en manos de las autoridades políticas del Ministerio de Salud y por la burocracia de un ministerio se demora la ejecución”, sostuvo.
“Venimos en una decadencia en la calidad y cantidad de prestaciones de los hospitales públicos, que no ha sido casualidad. No es culpa de los trabajadores ni de los profesionales de los hospitales, sino de las políticas de quienes han tenido a cargo la conducción de los ministerios de salud durante los últimos veinte años, y eso hay que revertirlo”, subrayó.
“Más de la mitad de los clientes que tienen los efectores privados de Ushuaia y Río Grande son de la OSEF, pero a la vez la obra social es la que más debe a los hospitales públicos. Tenemos que poner atención a la calidad de las prestaciones de los hospitales, porque la OSEF tiene 58 mil afiliados, pero los hospitales, según datos de la ministra de salud, atienden a 62 mil personas sin obra social. Esto quiere decir que más del 50% de los fueguinos requieren la asistencia de salud del Estado, ya sea a través de la obra social o del hospital. El resto de los fueguinos que están afiliados a otras obras sociales también son atendidos por los hospitales públicos y así surge de la deuda que tienen con los hospitales. Por eso tenemos que fortalecer económicamente a la OSEF pero también a los hospitales públicos. Si no, se resuelve de manera muy parcial el problema del sistema de salud”, manifestó.
Bajos salarios
El legislador tuvo en cuenta “un dato que surge de las reuniones que vamos teniendo. El problema que tiene la OSEF está anclado a la depresión de los salarios de los empleados. El único ingreso de la obra social son los aportes del trabajador y del Estado. No es que los porcentajes sean bajos ni que están alejados de otras provincias, sino que los sueldos están muy deprimidos. Ahí hay un problema de compleja resolución que está en cabeza del Ejecutivo provincial, que tiene la responsabilidad de acordar las pautas salariales”, dijo.
“Si los ingresos a la OSEF están dados por los sueldos y el aumento de sueldos es complejo de resolver, hay que pensar en otras fuentes de financiamiento extraordinarias, en función de esta coyuntura. Yo propuse que ese recurso que se afectaba a la obra social también contemplara el pago a los hospitales públicos, porque vamos a fortalecer a la OSEF para que pague las deudas con los efectores privados y vamos a dejar a los hospitales públicos en bancarrota. Cuando se trate la ley, se tiene que dejar muy en claro que se incorporan herramientas financieras de carácter extraordinario y con esos recursos también la OSEF tiene que cancelar en un plazo de 30 ó 60 días la gran deuda que tiene con los hospitales”, expresó.
El despilfarro
Consultado por la implementación del artículo 75 de la Constitución Provincial, la cual plantea la creación de un Consejo de Planificación para mejorar la eficiencia de la Obra Social del Estado Fueguino y ante una inminente reunión con las autoridades de la obra social, Villegas apuntó contra la administración. “Hay situaciones de gestión de la obra social que no se pueden mantener al margen. Los legisladores estamos buscando la forma de fortalecer la obra social, y a contramano un empleado para en un hotel cinco estrellas para hacer un curso de capacitación. Se gasta dinero que no se tiene y la austeridad empieza por casa. Estas situaciones y otras que han sido denunciadas en los últimos días, le quita legitimidad al debate”, aseguró.
“Yo quiero dejar en claro que a los funcionarios de la OSEF los designa el gobernador, no la Legislatura. La Legislatura estableció con la Ley 2.071 un sistema de gobierno de la obra social, que nosotros votamos en contra, y actualmente está gerenciada por representantes del gobernador y de los trabajadores. Uno trata de aportar con la mejor buena voluntad, pero cada uno tiene su marco de responsabilidad y se hace muy difícil para un legislador hacerse responsable de los desmanejos de los funcionarios”, señaló sobre las limitaciones en su rol.
“Poner en funcionamiento el Consejo de Planificación que prevé la Constitución Provincial es una decisión política que no recae en un legislador, sino en el Poder Ejecutivo. Duele la decadencia del sistema cuando los vecinos no pueden atenderse. Yo viví el funcionamiento de los hospitales en la década del ’90, cuando contábamos con una calidad de servicios excepcional. Recuperar eso requiere un trabajo a mediano y largo plazo, y creo que es posible aprovechar este momento de crisis como una oportunidad para debatir, buscar herramientas y poner en agenda los problemas de la OSEF. Al mismo tiempo, debemos trabajar en paralelo para mejorar nuestros hospitales públicos”, manifestó Villegas
Emergencia en seguridad
El legislador también se refirió a la reunión de comisión de seguridad, en la que el gobierno se excusó de cumplir con la ley de emergencia por falta de fondos. “Desde hace varios años vengo planteando la grave situación del sistema de seguridad de la provincia. En virtud de un proyecto del MPF presentado el año pasado se logró una herramienta de carácter extraordinario, que es la emergencia de seguridad. Se habilitó al gobierno a disponer 4.000 millones de pesos del tesoro y a tomar un empréstito de 10.000 millones para mejorar la infraestructura, para construir la comisaría de Tolhuin, para comprar patrulleros, y lamentablemente a la fecha no se hizo nada”, cuestionó.
“Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro Tita, acerca de que el problema radica en que el gobierno nacional no autoriza el endeudamiento, porque en 2024 dejaron de utilizarse más de 500 millones de pesos del área de seguridad. En el mes de enero, por la resolución 59 de la tesorería de la provincia, los declararon de libre disponibilidad. Si hubieran usado esos 500 millones en 2024, se hubieran mejorado algunas mínimas condiciones en el sistema de seguridad. Hoy se rasgan las vestiduras diciendo que bajó la coparticipación, pero no se puede soslayar que hace seis años gobierna Melella y los problemas de seguridad están desde el inicio de la gestión. Durante estos seis años ni siquiera se ha comprado un patrullero”, advirtió.
“Se podría haber hecho mucho y no se hizo por decisiones políticas y quienes tienen que dar las explicaciones son los que están en el Ejecutivo provincial. La realidad indica que hay un aumento del 20% por año en la cantidad de detenidos y hay que tener la decisión política para resolver estos problemas”, reclamó.
Terra Ignis y la síndica
En este sentido, pidió a la presidente de la comisión 3 que cite a las autoridades de Terra Ignis, ante la negativa a dar información oficial que requiere la síndica, además de conocer por qué está paralizado el CA12 y las gestiones que se están realizando para hacerse cargo de las áreas que deja YPF. “Esto lo planteó el legislador Löffler en la última sesión, particularmente relacionado con una nota presentada por la síndica de Terra Ignis SA. Hay un conflicto porque no se le entrega la información y se la desconoce como síndica. El legislador dijo en la sesión que es necesario que este tema se resuelva en el ámbito legislativo, porque ninguna sociedad anónima puede impedir el funcionamiento de un síndico designado por un poder del Estado, en el marco de la creación de Terra Ignis. Ahora será decisión de la legisladora Laura Colazo como presidente de la comisión 3 citar a las autoridades de Terra Ignis para que vengan a explicar este tema”, dijo.
“Nosotros tenemos pensado requerir por nota la intervención del Fiscal de Estado, porque no tenemos la presidencia de las comisiones. Si no, ya hubieran sido citados para dar explicaciones sobre un sinnúmero de situaciones sobre Terra Ignis. Había dado vueltas un pedido de informes del legislador Lapadula que tiene que ver con el alquiler de las famosas turbinas para Ushuaia”, comentó Villegas.
Por otro lado, consultado sobre los anuncios que había hecho Gustavo Melella sobre que la empresa Terra ignis iba a unirse con una empresa de capitales extranjeros para hacerse cargo de las áreas que deja YPF y la absorción con de los 500 empleados de YPF, remarcó que “la presidente de la comisión 3 debería convocar a las autoridades para trabajar este y otros temas en el ámbito legislativo. Tenemos la denuncia concreta de la síndica elegida por la Legislatura, a la que le impiden trabajar, tenemos la situación de YPF y todos saben cómo es el juego de las mayorías y las minorías en el ámbito legislativo y cómo se fija el temario en las condiciones. No depende de un solo legislador que integra la comisión. Las autoridades de Terra Ignis tienen que venir a dar explicaciones y tienen que respetar la designación de la síndica por un poder del Estado”, concluyó.
Con respecto a la posibilidad de que la síndica renuncie o haga la denuncia, Villegas indicó: “Hizo la denuncia ante la Legislatura que creo que es el ámbito que corresponde. No me parece que tendría que renunciar, me parece que se debe sanear la situación. Tienen que dar explicaciones, esto no es una cuestión de que sí gusta o no las actuaciones institucionales. Quienes son directivos de Terras Ignis tienen que respetar la designación del Poder Legislativo”.
Consultado por la inacción de la síndica, precisó: “Por lo que tengo entendido, la síndica no está firmando nada porque no le permiten acceder a la información de Terra Ignis. Por eso pone la situación en conocimiento de la Legislatura. Es sumamente importante que se pueda trabajar este tema, porque está en juego el destino de 500 familias”, remarcó.
Sobre el pago de los dos millones doscientos mil dólares por las turbinas, el legislador comentó que “quiero ser muy claro respecto a esta situación: no es tan fácil acceder a la totalidad de la información pública, aun cuando tengamos la voluntad política de hacerlo desde los distintos órganos del Estado. Tampoco es sencillo lograr que los funcionarios vengan a rendir cuentas ante la Legislatura. Ahora el tema está en agenda, y celebro la decisión del Intendente de Tolhuin de impulsar una comisión de seguimiento para desmantelar el radar instalado en la ciudad. Cuando pasamos dos años y medio reclamando y exigiendo que los funcionarios del Ejecutivo responsables de facilitar la instalación y puesta en funcionamiento del radar den explicaciones, pero eso no fue posible. La información que enviaron fueron solo copias de algunos expedientes y cuando uno intenta profundizar en ciertos temas, se encuentra con el juego de las mayorías y minorías, que impide citar a ministros u otros funcionarios para hacerles preguntas. Esa es la realidad con la que nos enfrentamos como legisladores”.
En este sentido, siguió: “Si hay un área que está en crisis, es la educativa. El legislador Lapadula presentó un pedido de informe sobre la Ley de Emergencia de Infraestructura Escolar y no fue respondido en tiempo y forma. Yo lo volví a presentar, pero en labor parlamentaria, por este juego de mayorías y minorías, hubo legisladores que votaron en contra de su tratamiento en sesión. Cuando le solicitó al titular de la Comisión de Educación que cite al ministro del área, asistimos a la reunión pactada, pero luego alegan falta de quórum y la suspenden, por lo que no se le pueden hacer preguntas al ministro. Sin embargo, el reglamento interno de la Cámara establece que, pasada la media hora, la comisión debe funcionar con los legisladores presentes. Estas son las realidades con las que uno se enfrenta todos los días”.
Finalmente, consultado por el gasto de 40 millones de pesos mensuales en concepto de alquiler por parte de la Legislatura, señaló: “Es una decisión que corresponde a quienes conducen las cámaras legislativas, no es una determinación exclusiva de los legisladores. Este es un problema de larga data, porque nunca se contó con un edificio propio, ni para los legisladores ni para los bloques. El principal inconveniente es no tener una casa propia. Lo cierto es que nunca hubo una definición política clara al respecto, y esa es una deuda histórica que tenemos como cuerpo legislativo”.
