A través de un decreto, el Ejecutivo nacional habilitó a nueve provincias a otorgar concesiones para la administración y mantenimiento de rutas nacionales en sus territorios. La medida abre la puerta a esquemas con participación privada, aunque aclara que no se transfiere el dominio ni la jurisdicción federal.
Río Grande.- En una decisión que reconfigura el esquema de gestión de la infraestructura vial en la Argentina, el Gobierno nacional dispuso la delegación de competencias a un conjunto de provincias para que puedan otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales ubicados en sus territorios.
La medida, formalizada mediante un decreto presidencial, alcanza a las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. A partir de ahora, estos distritos estarán facultados para intervenir en la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores viales nacionales, habilitando la participación de sociedades privadas, mixtas o incluso entes públicos.
El texto oficial establece que esta delegación se enmarca en lo dispuesto por la Ley N° 17.520 y sus modificatorias, normativa que regula el régimen de concesión de obra pública en el país. En ese sentido, el decreto no solo amplía las herramientas de gestión para las provincias, sino que también consolida un modelo en el que el financiamiento mediante peajes vuelve a ocupar un rol central en el sostenimiento de la infraestructura.
Sin embargo, la norma introduce una aclaración clave para evitar interpretaciones sobre una eventual “provincialización” de las rutas nacionales. La delegación tendrá carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, y en ningún caso implicará la transferencia del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados. Es decir, el Estado nacional conserva la titularidad y el control último sobre esas rutas.
En términos operativos, las provincias deberán suscribir convenios específicos con la Nación para poder avanzar con estas concesiones. Una vez aprobados esos acuerdos, quedarán habilitadas para desarrollar procesos licitatorios, lo que incluye la aprobación de la documentación correspondiente y la definición de condiciones contractuales.
El decreto también deja en claro que el ejercicio de estas facultades estará sujeto a los términos, condiciones y procedimientos que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los convenios particulares que se firmen en cada caso. Esto introduce un esquema de coordinación interjurisdiccional que, en la práctica, requerirá acuerdos políticos y técnicos entre los distintos niveles del Estado.
La decisión se inscribe en un contexto de fuerte reconfiguración del rol del Estado nacional en la obra pública, con una marcada tendencia hacia la descentralización y la búsqueda de esquemas alternativos de financiamiento. En este marco, la posibilidad de concesionar rutas mediante peajes aparece como una herramienta para sostener inversiones en infraestructura sin recurrir directamente a recursos del Tesoro.
No obstante, la medida también abre interrogantes sobre su implementación concreta. Por un lado, la capacidad de las provincias para asumir estas nuevas responsabilidades en términos técnicos, administrativos y financieros. Por otro, el impacto que podrían tener los esquemas de peaje sobre los usuarios y las economías regionales.
En definitiva, el decreto establece un nuevo marco de acción para las provincias en materia vial, con mayor protagonismo en la gestión pero bajo la órbita normativa y jurisdiccional de la Nación. El alcance real de esta política dependerá, en gran medida, de cómo se estructuren los convenios y de la respuesta del sector privado ante las oportunidades de inversión que puedan surgir.
