La ministra de Energía de la provincia, Gabriela Castillo, salió con dureza a justificar la decisión del gobernador Gustavo Melella de vetar la ley aprobada por la Legislatura que impedía el corte de servicios esenciales durante el invierno. En este marco, cuestionó la constitucionalidad de la norma, aseguró que “expone financieramente” a la provincia, defendió la segmentación de subsidios al gas envasado y deslizó críticas hacia sectores políticos y beneficiarios que, según afirmó, recibían asistencia estatal pese a contar con altos ingresos o vivir en barrios privados. También reveló niveles de morosidad alarmantes, habló de emergencia energética y admitió las dificultades financieras que atraviesan tanto la DPE como la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.
Río Grande.- La ministra de Energía de la provincia, Gabriela Castillo, defendió enfáticamente la decisión del Ejecutivo fueguino de vetar la ley sancionada por la Legislatura que buscaba impedir el corte de servicios esenciales como energía eléctrica, gas natural y agua potable durante el invierno para usuarios residenciales. Lo hizo en una extensa entrevista radial en FM Origen, donde sostuvo que la normativa avanzaba sobre competencias federales, generaba obligaciones económicas imposibles de afrontar y contenía, según sus palabras, “una clara malintención en la comunicación”.
“El titular es poco feliz y claramente hay una malintención en la comunicación, porque se dice ‘se veta la posibilidad del no corte’”, afirmó la funcionaria al inicio de la entrevista, al tiempo que planteó que “la discusión debe centrarse primero en quién tiene las facultades para regular las tarifas energéticas”.
“¿Quién autoriza la tarifa del gas? El Gobierno nacional. Va a audiencia pública, lo pide la Secretaría de Energía de la Nación y lo controla Enargas. Entonces, ¿dónde apareció el Gobierno de Tierra del Fuego o la Legislatura en esa historia? Nunca”, remarcó Castillo.
En ese sentido, sostuvo que “la provincia no tiene potestad legal sobre el valor del gas natural y recordó que, cuando el Ejecutivo provincial cuestionó aumentos tarifarios en el pasado, recurrió a la Justicia justamente porque carecía de herramientas regulatorias”.
“Si esto hubiera sido así, ¿por qué fuimos a reclamar a la Justicia cuando entendíamos que la tarifa no era justa? Porque no teníamos la potestad de hacerlo”, enfatizó.
La ministra aseguró que la ley vetada generaba un “conflicto de poderes” y “avanzaba sobre decisiones federales”.
“¿Por qué la Legislatura expondría al Gobierno de la provincia a validar una ley que claramente iba a ser vetada? Porque hay un conflicto de poderes. Es una cuestión federal”, insistió.
“No hay vecinos a los que se les corte el agua”
Durante la entrevista, Castillo intentó desmontar el argumento central de la ley sancionada por el Parlamento fueguino y aseguró que, en la práctica, los “mecanismos de contención ya existen”.
En el caso del agua potable, sostuvo que “el servicio prácticamente no se interrumpe por mora”.
Además, agregó “¿Vos conocés a alguien que le hayan cortado el agua en la provincia por falta de pago? No, entonces no le diste ningún beneficio adicional”, disparó.
Sobre el servicio eléctrico administrado por la Dirección Provincial de Energía (DPE), reconoció que “existe posibilidad de corte luego de tres facturas impagas, aunque aclaró que el organismo contempla esquemas de regularización y asistencia social”.
“Siempre hay planes de pago para que el vecino se acerque y diga: ‘te debo diez pesos, mi forma de pagártelo es esta’, y pueda llevar adelante un proceso de regularización”, explicó.
Además, indicó que existen herramientas específicas como tarifa social y moratorias y al respecto dijo que “la DPE contempla la situación de los casos sociales. La DIPO abrió una moratoria, condona intereses y permite acceder a planes de pago. Hay sectores de la población ya contemplados”, detalló.
Castillo remarcó que “estos mecanismos funcionan durante todo el año y no únicamente en invierno, esto no es un problema del invierno, lo podés hacer en invierno, verano, otoño o primavera”, afirmó.
Morosidad creciente y crisis financiera
Consultada sobre el estado actual del sistema energético provincial, la ministra reveló cifras preocupantes sobre mora en el pago de tarifas.
“La morosidad está más o menos en el 20% en Ushuaia, mientras que en Tolhuin es cerca del 50%”, reconoció.
Sin embargo, aclaró que “en Tolhuin existe además una limitación operativa vinculada a la falta de personal, como es un equipo multifunción, muchas veces las cuadrillas están afectadas a mejorar redes o sostener generación, entonces quedan relegados los cortes”, explicó.
Castillo también defendió el veto desde una perspectiva económica y advirtió que “la ley ponía en riesgo las finanzas energéticas provinciales”.
“El 60% de la tarifa eléctrica lo establece CAMMESA, eso no tiene injerencia la provincia, CAMMESA lo va a seguir aumentando y alguien tiene que pagar esa diferencia”, sostuvo.
En ese marco, cuestionó que la ley pretendiera retrotraer tarifas sin contemplar el financiamiento del sistema. “¿De dónde va a salir esa plata? ¿Vamos a exponer a la DPE y a la Cooperativa a endeudarse con CAMMESA cuando hoy no lo están?”, preguntó.
También recordó que “el valor de distribución, el único componente provincial, no se actualiza desde 2024”.
“Hace casi dos años que no se actualiza el valor de distribución, cuando aumenta la boleta no es porque aumentó la provincia, sino porque trasladó lo que aumentó Nación”, explicó.
“Estamos en emergencia energética”
La ministra describió además un panorama crítico en materia energética en toda la provincia y aseguró que “el contexto obliga al Estado a sostener inversiones millonarias”.
“Ushuaia, Tolhuin, Almanza y San Sebastián están en emergencia energética, es cuando más plata debemos poner en el sistema”, señaló.
En ese sentido, indicó que “el Ministerio continúa alquilando equipos de generación para atravesar el invierno y que la DPE compró dos millones de litros de gasoil para sostenerlos operativos durante junio y julio”.
“¿Y de dónde creen que sale esa plata? De la recaudación y de la proyección de recaudación a futuro”, sostuvo.
La funcionaria reconoció además que tanto la DPE como la Cooperativa Eléctrica de Río Grande atraviesan fuertes tensiones financieras producto de la caída de la actividad industrial.
“La Cooperativa tenía una estructura pensada para generar 60 megas y hoy genera 40 porque cayó la industria y cerraron líneas de producción”, afirmó.
Según explicó, la reducción de demanda dejó costos fijos imposibles de absorber. “Los transformadores, el aceite, las redes, las oficinas, todo eso sigue costando lo mismo”, remarcó.
Incluso justificó el cierre de la oficina de Chacra XIII de la Cooperativa. “¿Por qué te creés que cerraron? ¿Porque son dañinos? No. Porque tienen que ajustar costos para sostener el sistema”, expresó.
Salarios, convenios y críticas al sistema político
En otro tramo de la entrevista, Castillo fue consultada por los salarios y premios que perciben trabajadores de la DPE, históricamente cuestionados por distintos sectores políticos.
La ministra evitó confrontar directamente con el régimen salarial, aunque reconoció que “el contexto económico obliga a revisar estructuras”.
“Hay un convenio colectivo homologado por el Ministerio de Trabajo. No es que azarosamente decidimos pagar tres o cinco pesos”, sostuvo.
También indicó que “el Gobierno redujo incorporaciones y no reemplazó jubilaciones, eso nos trae dificultades operativas, pero es parte del ajuste que podemos hacer”, afirmó.
Sin embargo, relativizó el peso de los salarios dentro del costo energético general y al respecto expuso que “la incidencia del costo de personal en relación con el costo de generación es muy pequeño”, explicó.
“La verdad, no me molestan los premios adicionales siempre y cuando el servicio sea eficiente”, agregó.
Subsidios al gas: “No podemos subsidiar barrios privados”
Uno de los tramos más duros de la entrevista estuvo vinculado a la reformulación del subsidio al gas envasado, donde Castillo defendió la decisión del Gobierno provincial de segmentar beneficiarios y excluir a sectores de mayores ingresos.
“No podemos mantener subsidios para estancias o barrios privados”, resumió, en línea con declaraciones previas del gobernador Melella.
La ministra mencionó específicamente sectores como “Mutillar, San Justo, Las Bandurrias” y distintos barrios de Tolhuin donde, según sostuvo, existían beneficiarios que “no residían de forma permanente o contaban con capacidad económica suficiente para afrontar el costo del servicio”.
“Si elegiste vivir en el Mutillar, tener un vehículo y mirar al mar, fantástico, pero el Zeppelin lo tendrás que cargar vos”, lanzó.
También denunció irregularidades en el uso del beneficio y al respecto explicó que “el peón de estancia sigue calefaccionándose a leña y el dueño de la estancia se lleva la tarjeta del peón”, afirmó.
Castillo aseguró que el nuevo esquema busca “redistribuir la asistencia estatal y priorizar familias vulnerables y viviendas permanentes”.
“Hay 5.800 familias que quedaron dentro del programa, el 72% recibe el máximo de asistencia, 400 kilos”, explicó.
La funcionaria detalló además el enorme costo fiscal del programa al sostener que “son 902 mil pesos por familia que pone el Estado provincial”, afirmó.
Incluso señaló que las familias con red de gas también reciben acompañamiento estatal mediante créditos subsidiados y tasas bonificadas.
“Con 850 mil pesos de sueldo podés acceder al préstamo, con seis meses de gracia y tasa subsidiada”, sostuvo.
“No hay un gobernador insensible”
En el cierre, Castillo rechazó las críticas que señalan un ajuste indiscriminado y defendió la política oficial como una decisión de “equidad”.
“Se intenta teñir esto de que hay un gobernador insensible que se olvidó de la gente. No. Es un concepto de justicia”, afirmó.
Incluso dejó entrever que algunos dirigentes políticos también se beneficiaban del esquema anterior de subsidios.
“Hubo legisladores que hasta hace poco también recibían el subsidio del gas”, reveló.
La ministra insistió en que la “reestructuración busca corregir desigualdades históricas y optimizar recursos en un contexto económico extremadamente delicado”.
Por último, dijo que “no se hace de dañinos, se hace para ser más equitativos”, concluyó.
