La norma fue registrada como Ley Provincial N° 1626 y deroga la Ley 1529 que había declarado la necesidad de la reforma parcial de la Constitución fueguina. Tras el veto del Ejecutivo y la posterior insistencia de la Legislatura, el propio gobernador Gustavo Melella terminó promulgando la norma que cierra, al menos en el plano legislativo, uno de los debates políticos más intensos del último tiempo.
Ushuaia.- El gobernador Gustavo Melella promulgó finalmente la ley que deja sin efecto el proceso de reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego, luego de que la Legislatura provincial insistiera con la derogación tras el veto aplicado por el Poder Ejecutivo.
La norma, registrada como Ley Provincial N° 1626 y publicada en el Boletín Oficial el pasado 10 de junio, abroga formalmente la Ley Provincial N° 1529, que había declarado la necesidad de avanzar con una reforma parcial de la Constitución de la Provincia.
La promulgación se concretó luego de que la Legislatura insistiera con la derogación de la norma original tras el veto dispuesto por el gobernador Gustavo Melella. De acuerdo con el procedimiento constitucional vigente, la insistencia parlamentaria determinó al Poder Ejecutivo a promulgar la ley sancionada.
La norma fue registrada como Ley Provincial N° 1626 y quedó publicada en el Boletín Oficial el 10 de junio, estableciendo la derogación de la Ley Provincial N° 1529, mediante la cual se había declarado oportunamente la necesidad de avanzar con una reforma parcial de la Carta Magna fueguina.
El camino institucional tuvo varios capítulos. La Legislatura aprobó la derogación de la Ley 1529 el pasado 30 de abril, en una sesión que marcó un fuerte quiebre político respecto del proceso de reforma impulsado originalmente desde el Gobierno provincial.
Posteriormente, el Ejecutivo resolvió vetar la norma, al considerar que existían cuestionamientos sobre la validez del procedimiento y defender la continuidad del proceso reformador. Sin embargo, el Parlamento provincial volvió a tratar la iniciativa y el 22 de mayo insistió con la derogación, haciendo uso de las facultades previstas constitucionalmente.
Con esa insistencia legislativa, el Ejecutivo quedó obligado a avanzar con la promulgación de la ley, que finalmente fue formalizada con la firma del propio gobernador.
La publicación de la Ley 1626 representa un nuevo capítulo dentro de la disputa institucional que atravesó durante meses a Tierra del Fuego en torno a la reforma constitucional. El proyecto había generado fuertes debates políticos, judiciales y sociales respecto de la oportunidad de modificar la Constitución provincial, la cantidad de artículos incluidos y los alcances de la convocatoria.
La promulgación deja sin efecto la herramienta legislativa que habilitaba la reforma, aunque resta observar si continuarán abiertos otros planteos vinculados al recorrido judicial que tuvo el proceso.
«La promulgación demuestra la madurez institucional y el respeto al principio republicano de gobierno»
En ese contexto, el Secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, explicó que la decisión responde al cumplimiento de los mecanismos institucionales previstos por la Constitución.
«La promulgación responde al cumplimiento de los mecanismos que prevé la Constitución para la formación y sanción de las leyes», sostuvo el funcionario.
Fossatto consideró además que la actuación del Ejecutivo refleja «la madurez institucional del Gobierno y su respeto por la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones republicanas».
No obstante, el titular de la Secretaría Legal aclaró que la promulgación de la ley no implica un abandono de la postura que el Ejecutivo viene sosteniendo en defensa de la reforma constitucional.
«La promulgación no significa que el proceso haya terminado. El Gobierno seguirá ejerciendo todas las acciones legales que correspondan para sostener la validez del proceso de reforma constitucional», afirmó.
En ese sentido, confirmó que el Gobierno continuará impulsando las vías judiciales actualmente en trámite.
«Con la apelación presentada en el expediente del Juzgado Electoral y con las demás acciones que se encuentran en curso, se continuará defendiendo la validez del proceso iniciado por la Ley Provincial Nº 1529», indicó.
Finalmente, señaló que el cumplimiento del procedimiento constitucional por parte del Poder Ejecutivo y la continuidad de las acciones judiciales no son situaciones contradictorias, sino complementarias.
«El Gobierno cumplió con la obligación constitucional de promulgar la ley insistida por la Legislatura, pero ello no modifica la posición que viene sosteniendo respecto de la validez del proceso de reforma constitucional. Las acciones judiciales ya iniciadas continuarán su curso y se adoptarán las medidas necesarias para resguardar los intereses institucionales comprometidos», concluyó.
