El Juzgado de Instrucción Nº2 de Río Grande investigaba la muerte de Pablo Orellano en un contexto de violencia doméstica. La autopsia determinó que el deceso se produjo por un paro cardíaco derivado de una patología previa no tratada. La Fiscalía pidió la suspensión de la indagatoria y la liberación definitiva de Jonás Villalobos, de 19 años, quien había intervenido en defensa de su madre.
Río Grande. – La investigación por la muerte de Pablo Orellano, de 46 años, ocurrida en un departamento de calle Forgacs al 1600, dio un giro decisivo tras conocerse el resultado de la autopsia forense. El informe determinó que el fallecimiento se produjo por un paro cardíaco derivado de una enfermedad previa del corazón, no tratada, descartando que la acción del joven imputado haya tenido relación con el deceso.
El caso se originó en un episodio de violencia doméstica. La mujer, pareja de Orellano, declaró que mantenían una relación marcada por el consumo de estupefacientes y la violencia. Según su testimonio, esa madrugada el hombre había fumado crack y, tras una discusión, comenzó a agredirla. Luego de ser expulsado de la vivienda, volvió a ingresar por una ventana rota e intentó atacarla con un vaso de vidrio quebrado.
En ese momento intervino su hijo, Jonás Villalobos, de 19 años, quien lo tomó por detrás en defensa de su madre. Ambos cayeron al suelo y Orellano sufrió una lesión en el brazo, que la mujer describió como accidental. La llegada de la Policía evitó que la agresión continuara, logrando reducirlo. Minutos después, ya esposado, Orellano se descompensó y murió.
La Fiscalía, en base al resultado de la autopsia, solicitó la suspensión de la indagatoria prevista y el rechazo del requerimiento de imputación, con la consecuente liberación definitiva de Villalobos, quien permanecía detenido e incomunicado.
Este desenlace judicial pone en relieve dos aspectos centrales: La violencia de género que sufrió la mujer, víctima de reiterados episodios de agresión y consumo problemático en su entorno y la necesidad de que la Justicia contemple la legítima defensa ejercida por su hijo, en un contexto de protección frente a un ataque que ponía en riesgo su vida.
El caso expone la urgencia de fortalecer las políticas de acompañamiento y protección a mujeres víctimas de violencia en Tierra del Fuego, y de reconocer el impacto que estas situaciones tienen en sus familias.
