El representante de los abogados de Ushuaia analizó el acercamiento con el Superior Tribunal de Justicia tras el severo conflicto por la designación de la Dra. Guerrero. Defendió la legalidad de lo actuado, admitió que la mayoría de los consejeros actuales no evaluaron en persona a la candidata y evitó polemizar sobre el millonario sueldo de $25 millones de la jueza María del Cármen Battaini.
Ushuaia. -La tempestad institucional que sacudió al Poder Judicial de Tierra del Fuego parece haber ingresado en una etapa de calma. Tras semanas de cruces de alto calibre, el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) sellaron una tregua temporal en sus reuniones bilaterales. Así lo confirmó el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, representante del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, quien caracterizó este acercamiento de urgencia como «una forma elegante de resolver este conflicto».
En una extensa entrevista brindada al programa PERIODISMO que se emite por Radio Provincia, el consejero desmenuzó los alcances del diálogo institucional, ensayó una autocrítica sobre la falta de comunicación previa y tomó distancia de la fuerte polémica social en torno a los ingresos salariales de la cúpula judicial de la provincia.
Diálogo, reforma reglamentaria y la trastienda del «Caso Guerrero»
El origen de la disputa radicó en el enérgico rechazo del STJ a la designación de la Dra. María Elena Guerrero como jueza de Familia y Minoridad Nº 1 de Ushuaia. El máximo tribunal provincial argumentaba una supuesta carencia de antecedentes frente a otras concursantes, lo que originó una severa pulseada con el Consejo. La designación estuvo rodeada de atención política debido a los vínculos familiares de la postulante dentro de la estructura estatal provincial.
La réplica inicial del Consejo se amparó en que las objeciones ministeriales avasallaban las facultades exclusivas conferidas por el convencional constituyente y la Ley Provincial Nº 8.
«Se ha llegado a este nivel de conflicto pura y exclusivamente porque no hubo diálogo previo», reconoció Pagano Zavalía en su análisis. El abogado admitió que la acordada del Superior Tribunal fue redactada en «términos muy fuertes» y que la posterior réplica del Consejo resultó igualmente «intransigente en lo oscuro, en el temperamento que se dejó expresado».
El quiebre de la parálisis y la ampliación de fundamentos
El punto de inflexión se dio en el encuentro institucional que amplió los alcances del acta 647. Allí, los siete consejeros redactaron la ampliación de los fundamentos requeridos. Al ser consultado sobre el fondo del cuestionamiento, Pagano Zavalía aclaró que la discusión no pasaba por el examen técnico —el cual calificó de «muy parejo»— sino por el peso de los antecedentes.
En defensa del nombramiento, argumentó textualmente: «Esos fundamentos son básicamente en la experiencia que tiene la doctora Guerrero como abogada litigante en sector privado, las habilidades blandas que demostró durante la entrevista, la propuesta que tenía en su momento para el juzgado. Se consideró que podía ser un gran aporte».
La paradoja del recambio de consejeros
La entrevista ventiló una particularidad del sistema del Consejo: cuatro de los siete miembros actuales que avalaron e insistieron en el nombramiento no formaron parte del concurso original ni evaluaron presencialmente a Guerrero.
«Bueno, eso fue uno de los grandes problemas que tuvimos varios, los que tuvimos que sacar esta acordada y participar de todo este conflicto institucional, porque no hemos participado algunos de esa designación», reveló el abogado.
Detalló que tanto él como sus pares Marcelo Castelli y Jorge Canals (quien sucedió a Augustín Tita) debieron reconstruir el proceso mediante los videos colgados en el sitio web del Poder Judicial y las actas de la Secretaría.
A pesar de esta suerte de distorsión temporal, el letrado defendió rigurosamente la legalidad del acto:»Nosotros avalamos una designación que fue para nosotros constitucional, que fue legal, que fue hecha de acuerdo a los procedimientos que se utilizaron siempre y aparte es una facultad que para nosotros es privativa del Consejo de la Magistratura en base a un procedimiento que puede ser bueno o malo, pero que es el vigente».
Hacia un nuevo reglamento de selección y remoción de jueces
Este escenario sirvió de catalizador para un viejo anhelo del estamento de los abogados: reformar integralmente el reglamento de concursos. Pagano Zavalía explicó que busca fijar «pautas objetivas, pautas para la selección, distintas etapas, cada etapa con su puntaje, con un método de calificación objetivo, en lo posible por personas ajenas a la jurisdicción». Confirmó que ya se tendió un puente de trabajo conjunto entre el STJ y el Consejo, donde él y Marcelo Castelli unificarán las propuestas antes de fin de año.
A nivel legislativo general, el consejero anticipó que tiene en carpeta un plan de reforma normativa para modificar las leyes provinciales 8 y 525, lamentando que la reforma de la Constitución fue fallida. «Los mandatos no pueden durar un año, pues si no pasan estas cosas», concluyó respecto a la inestabilidad de los miembros del órgano electoral.
Equilibrio de poder y el esquive al debate por los $25 millones
Al abordar la agenda salarial del Poder Judicial de la provincia, teniendo en cuenta que pocas horas antes, y en medio de un fuerte descontento y reclamos de recomposición por parte de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini, había confirmado públicamente que los haberes netos en la cúpula judicial rondaban los $25 millones mensuales. Battaini justificó dicha cifra caracterizándola como el «premio a una carrera y responsabilidad grande». Frente a la consulta directa sobre el impacto social de este monto, Pagano Zavalía optó por una estricta prudencia corporativa y evitó emitir juicios de valor negativos sobre la jueza: «Yo en realidad no soy nadie para opinar lo que cobra, nadie. Yo creo que si ella tiene la antigüedad que tiene, tiene la preparación que tiene y esos son los sueldos que han establecido, no está ni bien, ni más, ni mal».
El argumento de la alta responsabilidad
El representante técnico ligó los altos ingresos a las presiones inherentes de la magistratura: «Yo sí creo firmemente que a mayor responsabilidad mayor debe ser la remuneración porque son muchos los riesgos y las cuestiones que uno afronta cuando ejerce su función». Señaló desconocer el detalle fino del escalafón por categorías, pero equiparó su reserva con la que tendría ante cualquier otra rama del empleo estatal, manifestando que «tampoco podría opinar lo que cobra un policía». Consciente de la enorme brecha salarial que estos números exponen frente a los ingresantes del sistema judicial (cuyos salarios iniciales promedian entre $1,7 y $1,8 millones brutos) y frente al resto de la administración pública provincial, el abogado intentó matizar el impacto político de su declaración: «Y aclaro una cosa, esa responsabilidad también debe aplicarse a otras responsabilidades que son enormes, como por ejemplo los docentes, los miembros de seguridad, los de los hospitales, los médicos, todos tienen que cobrar buenos sueldos».
Con el conflicto de las designaciones momentáneamente encapsulado en mesas de trabajo y una rendición de cuentas pública convocada para su gestión, Pagano Zavalía mide su perfil político: se muestra como un reformador metodológico puertas adentro del Consejo de la Magistratura, pero actúa como un celoso custodio de las formas y las jerarquías institucionales hacia el exterior de la corporación judicial.
