Natalia Dafonseca cuestionó con dureza el proceso de selección del próximo titular de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Tierra del Fuego y denunció graves irregularidades durante el concurso público. La abogada aseguró que presentó toda la documentación exigida en tiempo y forma, pero fue excluida sin fundamentos válidos. Además, sostuvo que la comisión ignoró parte de los antecedentes, negó el acceso al expediente, permitió que algunos postulantes completaran documentación fuera de plazo y reclamó que la política y la Justicia intervengan para esclarecer lo que calificó como un «fraude» en el proceso.
Río Grande.- La polémica por el concurso destinado a designar al próximo Defensor Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Tierra del Fuego sumó una nueva y fuerte denuncia pública.
En diálogo con Radio Provincia, la abogada Natalia Dafonseca expuso una serie de presuntas irregularidades que, según afirmó, atravesaron todo el procedimiento de selección y que derivaron en su exclusión pese a haber cumplido, asegura, con todos los requisitos legales establecidos.
Lejos de limitarse a cuestionar únicamente su situación personal, la postulante planteó que existió un manejo arbitrario del concurso y sostuvo que nunca hubo una evaluación real de los antecedentes presentados por los aspirantes.
“Creo que es importante que, más allá de lo que comentan los legisladores y los políticos, también se les dé voz a los postulantes, a las personas que no tienen nada que ver con la política. Por eso quiero empezar contando los hechos”, expresó al inicio de la entrevista.
Una exclusión que asegura no tiene fundamentos
Dafonseca explicó que decidió presentarse al concurso convocado para cubrir la Defensoría Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes convencida de reunir todos los requisitos previstos por la Ley Provincial 1466 y por el reglamento aprobado mediante la Resolución 194/24.
“Cumplí con todos los requisitos previstos por la Ley 1466 y presenté toda la documentación exigida tanto en soporte papel como por correo electrónico, tal como establecía el reglamento. Lo hice en tiempo y forma, el 2 de junio”, relató.
Sin embargo, el 16 de junio tomó conocimiento, no por una comunicación oficial sino a través de las redes sociales, del listado de postulantes admitidos y no admitidos.
“Veo una planilla donde figuraban nombres, DNI y al lado del mío aparecía una frase que decía que no cumplía con los incisos A y C del artículo 5 de la Ley 1466. Ninguna otra explicación, me llamó muchísimo la atención porque yo sí había cumplido con esos requisitos”, señaló.
La abogada explicó que “los requisitos cuestionados eran acreditar residencia en Tierra del Fuego y demostrar título profesional o experiencia en la temática vinculada a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
“Me decían que no cumplía con la residencia y que tampoco acreditaba ningún título ni experiencia, eso era completamente falso”, afirmó.
“Soy fueguina y soy abogada”
Dafonseca remarcó que “los argumentos utilizados para excluirla carecen de sustento, toda mi vida viví en la isla, en Río Grande particularmente, recién este año estoy viviendo en Ushuaia”, indicó.
Asimismo, recordó que “es abogada recibida recientemente, estudié la carrera presencial en Río Grande, en la UCES, durante cinco años”, explicó, al tiempo que agregó que “mi título
fue emitido en formato digital, tiene firma digital, código QR y puede corroborarse en el Registro Público de Graduados, una página oficial de Nación, es perfectamente verificable”, sostuvo.
“Nadie evaluó absolutamente nada”
Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando fue consultada acerca de quién había analizado los antecedentes de los 63 postulantes.
“Nadie, nadie evaluó ninguna documentación, nadie miró nada ni evaluó nada, lo digo porque después de todo lo que ocurrió llegué a esa conclusión”, aseguró.
Según explicó, “al principio pensé que estaba mal manejado o que había una mala comunicación, pero después pasaron otras cosas que me hicieron cambiar completamente de opinión”, manifestó.
El recurso presentado y la falta de respuestas
Tras conocer su exclusión, la postulante decidió acercarse personalmente a la Legislatura Provincial para pedir explicaciones.
“Lo único que pedía era que revisaran la documentación porque yo había cumplido con todo, no quería impugnar a nadie”, recordó.
Según relató, un empleado legislativo le indicó que ya no podía cuestionar el listado y le sugirió presentar una nota y en esa presentación solicité tres cuestiones concretas, donde
“pedí tener vista del expediente, conocer cuál era el acto administrativo que respaldaba el listado de admitidos y no admitidos, que se me explicaran de manera fundada los motivos de mi exclusión y que revisaran nuevamente mi situación”, detalló.
Una respuesta “genérica” y documentación ignorada
El único contacto recibido fue un correo electrónico acompañado por el Acta Nº 5, donde
“allí daban explicaciones genéricas respecto de todos los postulantes rechazados, en mi caso decían que no había acreditado residencia ni condición de profesional universitario, eso es falso”, afirmó.
Pero además denunció una irregularidad que considera central, al marcar que “la comisión omitió pronunciarse sobre toda la documentación que remití por correo electrónico, cuando justamente el reglamento exigía presentar la documentación tanto en papel como por mail, es decir, ignoraron parte de toda la documentación presentada”, denunció.
La negativa a acceder al expediente
Lejos de conformarse con aquella respuesta, el 22 de junio volvió a concurrir personalmente a la Legislatura para ejercer otro derecho que había solicitado previamente: acceder al expediente completo.
Según contó, ese pedido también fue rechazado y al respecto dijo que “me dijeron que ya me habían respondido por mail, yo aclaré que no estaba pidiendo una respuesta por correo sino ver el expediente porque se trata de un concurso público de antecedentes y oposición”, relató.
Después de una espera de aproximadamente quince minutos, únicamente le entregaron cinco actas.
“Se me negó la posibilidad de ver el expediente completo, me dijeron que no podía acceder a todas las actuaciones ni tampoco a la documentación presentada por otros postulantes, a pesar de tratarse de un concurso público”, sostuvo.
Incluso denunció que tampoco le permitieron dejar una constancia formal de esa negativa, para lo cual, dijo que “quise dejar asentado lo ocurrido en un libro de actas y tampoco me dejaron escribir nada, entonces tuve que hacerlo en una hoja en blanco, la firmé, la sellaron y me quedé con una copia», relató.
“Ahí entendí que esto era otra cosa”
Fue precisamente luego de analizar las cinco actas entregadas cuando, asegura, terminó de convencerse de que el procedimiento había sido irregular y al respecto dijo que “ahí ya estaba segura de que esto era evidentemente otra cosa”, afirmó.
“Encontré elementos que refuerzan las sospechas que ya tenía. Para mí esto es un fraude. Nunca existió realmente el concurso. Fue un fraude y nos tomaron a todos de tontos”, disparó.
El punto que considera más grave
Según Dafonseca, el Acta Nº 3, fechada el 5 de junio, evidencia inconsistencias que ponen en duda la transparencia del proceso y en este marco manifestó que “en esa misma acta se habla de un plazo de subsanación. Allí se deja constancia de instrucciones para que empleados de la Legislatura llamaran a determinados postulantes y les permitieran completar documentación respaldatoria de sus antecedentes durante cuatro días”, explicó.
La abogada aseguró que “ella jamás fue notificada de esa posibilidad, a mí nadie me llamó, tampoco llamaron a ninguno de los postulantes no admitidos”, sostuvo.
Y agregó que “quienes sí recibieron ese beneficio finalmente integran el listado definitivo de postulantes admitidos, esas personas hoy aparecen como admitidas”, afirmó.
“Se violó el principio de igualdad”
Para Dafonseca existe una contradicción evidente entre las decisiones adoptadas por la comisión.
Recordó que “cuando intentó cuestionar administrativamente su exclusión le respondieron que admitir recursos afectaría el principio de igualdad entre postulantes”.
Sin embargo, sostiene que “ese mismo principio fue vulnerado cuando se permitió que algunos candidatos completaran documentación fuera del plazo original, a todos los no admitidos nos negaron la posibilidad de presentar recursos argumentando que se violaría el principio de igualdad. Pero con ese mismo argumento les dieron cuatro días adicionales a otros postulantes para completar documentación. Eso demuestra claramente la arbitrariedad del procedimiento”, remarcó.
Un pedido directo a la política y a la Justicia
Sobre el final de la entrevista, Natalia Dafonseca formuló un fuerte llamado a las instituciones provinciales para que investiguen lo ocurrido y al respecto dijo que “le pido a la política y a la Justicia que, por respeto a la sociedad y a todos los postulantes, se hagan cargo de lo que estoy diciendo”, concluyó.
