El ingeniero lanzó durísimas críticas contra el proyecto de la nueva central termoeléctrica impulsado por el Gobierno provincial junto a la empresa china y Terra Ignis. Aseguró que la iniciativa fue diseñada sin planificación integral, advirtió que terminará costándole millones de dólares a los fueguinos, cuestionó la legalidad del esquema de concesión, denunció la falta de controles estatales, alertó sobre los riesgos ambientales y de infraestructura que presenta el emplazamiento elegido y sostuvo que la Dirección Provincial de Energía está siendo desmantelada para ceder la generación eléctrica a un operador privado. «Todo esto se dijo hace siete años y no escucharon absolutamente nada», afirmó.
Río Grande.- Con un tono marcadamente crítico, el ingeniero Reymundo volvió a poner en duda el proyecto de construcción de la nueva central termoeléctrica que impulsa el Gobierno de Tierra del Fuego junto con Terra Ignis y una empresa de origen chino. Durante una extensa entrevista concedida a Radio Provincia, el especialista sostuvo que las decisiones adoptadas en materia energética responden más a intereses políticos que técnicos y advirtió que la provincia avanza hacia un esquema monopólico incompatible —según su interpretación— con la Constitución Provincial y la legislación nacional.
Lejos de comenzar con un análisis técnico, Reymundo apeló a la ironía para resumir su visión sobre los reiterados anuncios oficiales y al respecto dijo que “yo creo que ya tenemos el nombre para la nueva central termoeléctrica de origen chino. Yo le pondría ’18 meses’. Un cartel grande. Hace rato que venimos diciendo ‘en 18 meses tenemos la central, en 18 meses tenemos esto’. Yo creo que es una joda esto, pero bueno, es lo que hay”.
Para el ingeniero, el problema no radica solamente en las demoras del proyecto sino en la forma en que, según afirmó, fue “estructurado política e institucionalmente”, dado que, a su entender, la Legislatura provincial acompañó un “esquema que nunca fue debatido en profundidad y permitió ampliar las facultades de Terra Ignis mediante reglamentaciones posteriores”.
“La ley que habilitó Terra Ignis no preveía este tipo de negocio. Eso lo pusieron después en la reglamentación del directorio. Eso nunca fue debatido en la Legislatura”.
En ese sentido, sostuvo que “existe un fuerte respaldo político al funcionamiento de la empresa estatal, prácticamente cada bloque de la Legislatura tiene un integrante en el directorio de Terra Ignis. Así que creo que está todo dicho. Hay un acompañamiento explícito de la Legislatura, fuera de las normas constitucionales y de las normas nacionales a las cuales la provincia está adherida”.
El ingeniero fue aún más allá al advertir que, en algún momento, las “decisiones adoptadas deberán ser revisadas judicial o administrativamente, algún día alguien va a tener que revisar todo eso cuando surjan los problemas, porque claramente van a surgir”.
Críticas al contrato con la empresa china
Uno de los ejes centrales de la entrevista estuvo vinculado al convenio firmado con la empresa china encargada del proyecto.
Aunque reconoció que la inversión inicial será afrontada por la compañía, Reymundo remarcó que finalmente será la sociedad fueguina la que terminará pagando toda la obra mediante las tarifas del servicio eléctrico.
“Ellos ponen toda la plata. Ochenta, noventa, setenta millones de dólares, lo que sea. Pero después lo vamos a tener que pagar todos nosotros”.
Según explicó, ese esquema terminaría consolidando un “monopolio privado sobre la generación eléctrica, lo vamos a pagar bajo el monopolio que ellos van a tener, cosa que está prohibida por las normas a las cuales está adherida la provincia”.
Incluso cuestionó el propio funcionamiento de Terra Ignis como empresa estatal al sostener que “es una pseudoempresa del Estado, digo pseudo porque se maneja como privado, no da respuesta a nadie, ellos son soberanos”.
Para Reymundo, el verdadero problema no era que exista una empresa estatal dedicada al sector energético sino que, en lugar de fortalecer la “Dirección Provincial de Energía, se haya optado por desplazarla, lo que había que hacer era eficientizar la Dirección Provincial de Energía, no suprimirla”.
Recordó que, desde hace años, la DPE viene sufriendo un “progresivo deterioro como consecuencia de malas decisiones vinculadas tanto a la generación como a la distribución eléctrica, las obras de distribución de Ushuaia están todas paradas. Ahora se le ha dado carta libre a una empresa monopólica y eso está expresamente prohibido por la Ley Nacional 24.065 y también por la Constitución Provincial”.
Un proyecto que, según afirma, nació con “errores de planificación”
Otro de los aspectos sobre los cuales hizo especial hincapié fue la ubicación elegida para construir la nueva central, para lo cual, Reymundo recordó que “hace aproximadamente tres años había advertido públicamente sobre las dificultades logísticas que implicaría trasladar equipamiento de gran porte hasta el predio previsto”.
Según explicó, el puente ubicado sobre el “río Olivia presenta limitaciones estructurales y también existen inconvenientes en los accesos y radios de giro para maquinaria pesada, yo conocí la construcción de ese puente. No debe poder soportar todo eso, más allá de las vías de acceso que también son limitadas. Todo es solucionable, pero todo eso cuesta plata”.
El problema, insistió, no será solamente técnico sino “económico, todo eso lo vamos a pagar nosotros porque así está establecido en el contrato”.
Además, manifestó su preocupación por las consecuencias que podrían generarse durante las obras sobre servicios esenciales de la ciudad.
“Si ese puente colapsa o incluso si no colapsa, todas las obras nos van a dejar sin entrada para los camiones que van al relleno sanitario. Habrá que acumular nuestros residuos urbanos en otro lugar”.
También cuestionó la falta de información pública respecto de cómo se movilizarán equipos que, según indicó, podrían superar ampliamente las cien toneladas de peso y requerir grúas de gran capacidad y al respecto sostuvo que “las obras se pueden hacer. El problema es cuánto cuestan, cuánto tardan y quién las paga, y las vamos a pagar nosotros”.
“Traen trabajadores chinos mientras nuestros hijos tienen que irse de la provincia”
Otro de los cuestionamientos más severos formulados por Reymundo estuvo dirigido a la forma en que se está ejecutando la obra y, particularmente, a la incorporación de personal extranjero para desarrollar tareas que, según afirmó, podrían realizar trabajadores fueguinos.
El ingeniero aclaró que “no mantiene ningún tipo de rechazo hacia los ciudadanos chinos, pero sostuvo que la política implementada implica resignar puestos laborales locales en un contexto económico complejo, no tengo nada contra los chinos, pero le están sacando trabajo a nuestra gente, así de concreto”.
Como ejemplo, recordó la construcción de las centrales anteriores desarrolladas en la provincia y al respecto manifestó que “nosotros, para hacer tres usinas en la provincia, venía uno o dos ingenieros de la empresa proveedora de las máquinas. Todo lo demás lo hacíamos nosotros. Desde levantar el galpón, hacer el relleno del suelo, montar toda la infraestructura, todo era con mano de obra local”.
En contraste, aseguró que “actualmente la participación de trabajadores extranjeros es mucho mayor, yo le puedo asegurar que por lo menos hay 26 trabajadores chinos a los cuales ya les habilitaron cuentas en los bancos locales. Esa es mano de obra que debería ser de nuestra gente”.
A su criterio, esta decisión representa una oportunidad laboral perdida para cientos de fueguinos porque “nuestros hijos tienen que salir, emigrar, irse a otro lugar del país o directamente irse del país”.
Incluso sostuvo que “resulta difícil comprender cuál es el criterio utilizado para llevar adelante este esquema, no entiendo las políticas que están desarrollando. No entiendo realmente cuál es la lógica”.
La Dirección Provincial de Energía, camino a quedar reducida a una función secundaria
Durante buena parte de la entrevista, Reymundo expresó su preocupación por el futuro de la Dirección Provincial de Energía (DPE), organismo que, según aseguró, está siendo desplazado progresivamente de sus funciones históricas.
Afirmó que “el propio Gobierno ya dejó entrever cuál será el nuevo rol del organismo, ellos ya lo han declarado. Cualquier ejercicio que uno haga con inteligencia artificial o cualquier buscador sencillo de internet le va a mostrar lo que va a pasar con la Dirección Provincial de Energía”.
Según explicó, la generación eléctrica quedaría en “manos de la nueva central, mientras la DPE conservaría únicamente una función de respaldo, la generación pasa a ser de reserva. Piensan que así van a bajar los costos. No muchachos, no van a bajar los costos”.
Lejos de coincidir con esa evaluación, sostuvo que “mantener la infraestructura existente seguirá demandando prácticamente los mismos recursos humanos y económicos, si la dejan como reserva fría, igual van a tener que mantener todo el plantel de maquinistas, el personal de mantenimiento, los proveedores, las máquinas funcionando periódicamente para que no se deterioren”.
El ingeniero explicó que “una central de respaldo no puede permanecer totalmente inactiva, las máquinas tienen que funcionar cada tanto porque si no se oxidan, se deterioran. Si hay una falla en la central principal tienen que entrar inmediatamente en servicio”.
Por ello, afirmó que “el ahorro prometido por las autoridades no sería tal”.
“Lo único que puede mejorar es el consumo de gas de la nueva turbina. Después, todos los demás costos van a seguir existiendo”.
La energía eléctrica también presionará sobre el sistema de gas
Otro de los aspectos técnicos que desarrolló fue la relación entre el crecimiento de la demanda eléctrica y el consumo de gas natural.
Reymundo explicó que “muchas construcciones nuevas ya no reciben autorización para contar con gas en todos sus departamentos y deben reemplazar parte de ese consumo mediante electricidad”.
Sin embargo, recordó que “esa electricidad también se genera utilizando gas, esa energía eléctrica sale del gas”.
Desde su punto de vista, el proceso implica una “pérdida de eficiencia energética, siempre va a ser mucho más eficiente quemar el gas directamente que transformarlo primero en electricidad”.
Como consecuencia, advirtió que la nueva usina incrementará la “presión sobre un gasoducto que, según afirmó, ya trabaja con limitaciones, el gasoducto es limitado”.
Por ello, sostuvo que “tarde o temprano deberán realizarse nuevas inversiones, lo único que va a quedar será hacer otro gasoducto, lo cual es muchísimo más caro que haber hecho la línea interconectada y construir la usina al lado del yacimiento, como estaba previsto originalmente”.
Incluso aseguró que “esa era la idea inicial de los técnicos chinos cuando comenzaron las conversaciones, cuando los chinos vinieron querían hacer las usinas allá. Esto únicamente se les ocurrió hacerlo acá”.
“La turbina de 40 megavatios ya nace chica”
Reymundo también puso en duda la capacidad de generación anunciada oficialmente.
Mientras desde el Gobierno se sostiene que la nueva central resolverá los problemas energéticos de Ushuaia, el ingeniero afirmó que “la demanda actual ya supera la capacidad de la primera etapa prevista, hay más consumo que esos 40 megavatios”.
Según explicó, la ciudad ya registra necesidades cercanas a los “46 megavatios en condiciones normales de abastecimiento, si hoy hubiera iluminación completa en toda la ciudad y no existieran restricciones, ya estaríamos por encima”.
Por ello, advirtió que “la nueva central nacería prácticamente al límite de su capacidad, no va a alcanzar”.
La reparación pendiente de la turbina Rolls Royce
Consultado sobre el destino de la histórica turbina Rolls Royce, Reymundo aseguró que la “unidad ni siquiera fue reparada cuando debía hacerse años atrás, primero la tienen que reparar”.
Según relató, la decisión política de no realizar esa “inversión agravó la situación energética provincial, esto lo tendrían que haber reparado hace seis años”.
Incluso apuntó contra la gestión económica de aquel momento y al respecto dijo que “había que transferir un millón y medio de dólares para comprar los equipos y no los compraron”.
El ingeniero recordó además que “la emergencia eléctrica provincial se mantiene desde hace varios años, la Dirección Provincial de Energía está intervenida hace seis o siete años y la primera emergencia eléctrica la declaró la gobernadora Bertone”.
También cuestionó que el organismo continúe sin un director designado mediante los mecanismos previstos.
“No hay un director provincial de Energía. Hay una persona a cargo. Es una irregularidad. Si no tienen uno, llamen a concurso”.
“Quisieron hacer un cambio radical en la DPE”
Reymundo reveló que, según le manifestó oportunamente el propio gobernador Gustavo Melella, existía la decisión política de “transformar completamente el funcionamiento de la Dirección Provincial de Energía, eso me lo dijo el mismo Melella: querían hacer un cambio radical en la DPE”.
A su juicio, ese cambio terminó debilitando al “organismo, le sacaron el manejo del Fondo Compensador de Tarifas, con el cual hoy se paga el combustible. También le quitaron el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior”.
En consecuencia, consideró que “las decisiones adoptadas fueron equivocadas, han hecho varias cosas, desde mi punto de vista, mal. Y las siguen haciendo”.
El ingeniero sostuvo además que “las obras eléctricas fundamentales permanecen paralizadas desde hace años, no puede ser que hace seis años no puedan terminar los centros de distribución. A uno le falta un cinco o un seis por ciento. No puede ser que no hayan empezado el de Andorra. No puede ser que las líneas que están colgadas en la avenida Héroes de Malvinas sigan exactamente igual”.
Finalmente, atribuyó esa situación a una “falta absoluta de gestión, hay una dejadez total en el sector producto de las políticas de este Gobierno. No tengo ninguna duda”.
“Eligieron el peor lugar para instalar una turbina de estas características”
En el tramo final de la entrevista, Reymundo volvió sobre uno de los aspectos que considera más preocupantes del proyecto: el sitio elegido para emplazar la nueva central termoeléctrica.
El ingeniero recordó que distintos especialistas vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre las características ambientales del sector ubicado en cercanías del río Olivia, donde convergen diversas actividades industriales y de servicios que, según explicó, podrían afectar el funcionamiento de una turbina de gran porte.
En ese sentido, hizo referencia a los cuestionamientos planteados por otros profesionales respecto de la falta de estudios integrales sobre el comportamiento de los vientos y el impacto ambiental acumulativo de las distintas instalaciones existentes en la zona.
A su entender, el problema no se limita únicamente al relleno sanitario.
“Incluso hay una cantera ahí que emite polvo de roca cuando prepara el material que explota”.
Aunque aclaró que “parte de esa información proviene de comentarios que ha recibido y no de documentación oficial” y sostuvo que “el conjunto de actividades presentes en el lugar configura un escenario complejo, todo eso son contaminantes”.
A continuación, enumeró distintas fuentes potenciales de emisión al sostener que “está el mismo relleno sanitario. Está la empresa Sanatorium. Reitero, seguramente estará dentro de las normas, pero emite humos. Será vapor de agua o será lo que sea, pero todo eso termina siendo perjudicial para la turbina”.
Una turbina que absorberá enormes volúmenes de aire
Desde un punto de vista estrictamente técnico, Reymundo explicó que “una máquina de cuarenta megavatios necesita captar grandes cantidades de aire para refrigerar y mantener su rendimiento operativo, la cantidad de aire que absorbe una máquina de ese tipo es enorme. Muchísimos metros cúbicos por segundo”.
Precisamente por esa razón sostuvo que cualquier partícula en suspensión o contaminante atmosférico termina teniendo incidencia directa sobre el funcionamiento del equipo.
Por eso lanzó una advertencia que consideró inevitable al sostener que “una vez que pongan en marcha la central van a tener que parar todo lo demás”.
Según su visión, para evitar inconvenientes en el funcionamiento de la turbina deberían “restringirse otras actividades cercanas, van a tener que parar la planta de asfalto, Sanatorium y todas las actividades que puedan afectar el funcionamiento de las turbinas”.
“Todo esto contradice la Constitución Provincial”
En los minutos finales, Reymundo volvió sobre uno de los conceptos que atravesó toda la entrevista: la presunta incompatibilidad jurídica del esquema elegido para desarrollar el proyecto energético.
Afirmó que, tarde o temprano, alguien “deberá analizar la legalidad de las decisiones adoptadas, yo creo que alguien va a tomar la iniciativa de verificar que todo esto va contra la Constitución Provincial”.
El ingeniero citó específicamente el artículo 78 de la Carta Magna fueguina y también recordó la vigencia de la Ley Nacional 24.065 —que regula el mercado eléctrico argentino— y de la Ley Provincial Nº 45, mediante la cual Tierra del Fuego adhirió a ese régimen.
Según explicó, la Constitución establece que “los servicios públicos deben prestarse bajo criterios de eficiencia, cobertura y permanente control estatal”.
Sin embargo, sostuvo que “actualmente esos mecanismos no existen, no hay nadie que controle”.
También remarcó que “la propia Constitución exige un marco regulatorio previo para cualquier concesión de servicios públicos, está prohibido otorgar concesiones si antes no existe una legislación adecuada que permita fiscalizar al prestador”.
Además, recordó que todo contrato de concesión debe contemplar cláusulas específicas relacionadas con la fijación transparente de tarifas, la incorporación de avances tecnológicos y la participación tanto del Estado como de los usuarios en el control permanente del servicio.
