La socióloga, becaria doctoral del CONICET e integrante del Observatorio de Tierras analizó el proyecto impulsado por el oficialismo que propone modificar la legislación sobre propiedad privada, expropiaciones y dominio de la tierra. Sostuvo que los cambios previstos implican mucho más que una reforma legal y advirtió que podrían facilitar la profundización de la extranjerización en departamentos donde se concentran recursos estratégicos, cuestionó la eliminación de los límites territoriales vigentes, vinculó la iniciativa con el modelo económico del Gobierno nacional y afirmó que detrás de la discusión existe un proceso de larga data orientado a garantizar el acceso de grandes corporaciones internacionales a zonas clave del territorio argentino.
Ushuaia.- La socióloga, becaria doctoral del CONICET e integrante del Observatorio de Tierras, Julieta Caggiano, sostuvo que el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional representa un cambio profundo en la política sobre el dominio de la tierra y advirtió que, lejos de limitarse a una discusión jurídica sobre la propiedad privada, la iniciativa abre un debate sobre el control de los recursos estratégicos de la Argentina y el futuro de territorios considerados claves desde el punto de vista geopolítico.
Durante una entrevista concedida a FM CENTRO, la investigadora explicó que el Observatorio de Tierras viene siguiendo de cerca la evolución del proyecto y remarcó que el trabajo realizado por ese espacio permitió poner el foco en un aspecto que, según consideró, había quedado relegado en la discusión pública: las consecuencias que tendría la modificación de la normativa vigente sobre la extranjerización de tierras rurales.
En ese sentido, señaló que “el oficialismo introdujo sucesivas modificaciones al dictamen y sostuvo que el último borrador que circula contempla cambios importantes respecto de la legislación vigente, nosotros, como parte de la universidad pública argentina, creemos que es muy importante dar este debate y poner a circular información certera cuando se discuten cuestiones tan irreversibles como esta ley”, afirmó.
Caggiano explicó que el texto que actualmente analiza el oficialismo sería el dictamen “número 17, aunque aclaró que todavía existe incertidumbre respecto de cuál será finalmente el proyecto que llegue al recinto, claramente la discusión no la están pudiendo dar de frente porque no hay argumentos”, sostuvo.
El cambio que encendió las alarmas
Uno de los puntos centrales del proyecto, explicó la investigadora, consiste en modificar los límites actualmente establecidos para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y según detalló, el borrador propone elevar del “15 al 25 por ciento el límite nacional y provincial permitido para la titularidad extranjera, al mismo tiempo que elimina completamente el límite existente a nivel departamental”.
Para Caggiano, esa modificación constituye el núcleo del “problema”, dijo, al tiempo que “recordó que actualmente existen más de 13 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras, superficie que representa aproximadamente el cinco por ciento del total del territorio rural argentino, siendo que hoy no se llega al límite del 15 por ciento ni a nivel nacional ni en ninguna provincia, más allá de que el fenómeno de la extranjerización es muy grave”.
A partir de ese dato, planteó uno de los principales interrogantes que, según dijo, motivó el trabajo de investigación realizado por el Observatorio y al respecto explicó que “¿Cómo se entiende entonces que quieran derogar o modificar esta ley? Si no se llega al tope vigente, sin cambiar una sola coma de la legislación actual todavía podrían extranjerizarse alrededor de 28 millones de hectáreas más”.
Para Caggiano, la respuesta aparece cuando se deja de observar el fenómeno únicamente desde una escala nacional o provincial y se analiza lo que ocurre en cada departamento, para lo cual sostuvo que “nosotros propusimos mirar el mapa de la extranjerización haciendo doble clic sobre cada provincia. La discusión aparece cuando observamos qué sucede en cada departamento e incluso en cada municipio, es en esa escala donde realmente se aprecia el conflicto”.
El mapa que revela dónde está la verdadera disputa
La investigadora sostuvo que la distribución de las tierras en manos extranjeras no responde a un proceso uniforme, por el contrario, aseguró que “la presión se concentra sobre determinados sectores del país que poseen un enorme valor estratégico”.
“Hay determinadas zonas que contienen posiciones geopolíticas muy importantes: las tierras de frontera, las que tienen salida al mar, las que están sobre la vera del río Paraná”.
Pero, además, explicó, existen otros territorios donde la disputa se concentra debido a la presencia de recursos naturales considerados esenciales para las próximas décadas, donde “también están los bienes comunes estratégicos que no se fabrican dos veces, los acuíferos, el agua potable, los lagos, los ríos nacientes, la cordillera, los minerales, las tierras raras, los hidrocarburos y las tierras fértiles”, explicó.
Por esa razón, rechazó la idea de que la discusión pase únicamente por la “cantidad de hectáreas involucradas, no quieren tierra en cualquier lugar, quieren tierra justamente donde están esos recursos que van a posicionar a la Argentina de otra manera de cara a las próximas décadas”.
Desde esa perspectiva, sostuvo que “mantener un límite nacional elevado mientras se elimina el control departamental permitiría concentrar todavía más superficie extranjera precisamente en las zonas más codiciadas, si hoy ninguna provincia llega al 15 por ciento, pero eliminás los límites departamentales y además elevás el tope provincial al 25 por ciento, lo que hacés es profundizar la extranjerización exactamente donde existe el mayor interés”, sentenció.
“El objetivo sigue siendo el mismo, no quieren tierra en cualquier lugar, quieren tierra ahí, por eso decimos que se trata de una maniobra discursiva”.
Qué establece actualmente la legislación
La ley actual fija un límite máximo del 15 por ciento para la propiedad extranjera sobre tierras rurales a tres escalas diferentes, nacional, provincial y departamental.
Ese triple esquema de protección, explicó, permite impedir que “determinados departamentos estratégicos queden completamente concentrados en manos de capitales extranjeros aun cuando la provincia en su conjunto se encuentre lejos de alcanzar el límite permitido”.
Sin embargo, sostuvo que “el nuevo proyecto modifica precisamente ese punto, dado que el problema aparece cuando desaparece el límite departamental, ahí es donde está la verdadera trampa”.
Según explicó, numerosos departamentos ya registran “elevados niveles de extranjerización debido a procesos iniciados antes de la sanción de la ley de 2011, por eso, eliminar ahora esa restricción implicaría liberar nuevas operaciones justamente sobre los territorios donde la presión ya resulta mayor, siendo que en realidad lo que quieren son los recursos de determinados departamentos que ya están altamente extranjerizados.»
Una ley pensada para contener un proceso iniciado en los años noventa
Caggiano recordó que la Ley de Tierras sancionada en 2011 no inició el fenómeno sino que intentó ponerle un límite porque “la ley funcionó como un dique de contención para un proceso que venía profundizándose desde los años noventa”.
En ese sentido recordó que, según el primer informe elaborado por el Registro Nacional de Tierras Rurales, existían entonces casi 16 millones de hectáreas extranjerizadas y 49 departamentos superaban los límites que posteriormente fijaría la legislación.
Sin embargo, al comparar esos datos con la información obtenida por el Observatorio a través de pedidos de acceso a la información pública, detectaron diferencias importantes.
“Diez años después aparecen dos millones de hectáreas menos y solamente 36 departamentos excedidos”.
Para la investigadora, esa disminución no responde necesariamente a una reducción efectiva del fenómeno sino a un cambio metodológico.
“En 2016 hubo un decreto que modificó la forma de medir la extranjerización. Entonces vemos que a lo largo de los años también existieron maniobras para facilitar la puesta en venta de estas tierras tan valiosas”.
Incluso explicó que los departamentos que hoy superan los límites legales lo hacen porque “esas adquisiciones fueron realizadas antes de la sanción de la norma, la ley empezó a regir hacia adelante y congeló el proceso en muchos lugares. Si ahora eliminan el límite departamental, justamente buscan habilitar nuevas compras en esos territorios”.
Fronteras, cuerpos de agua y una mayor concentración en territorios estratégicos
Para Caggiano, la preocupación no se limita a la eliminación de los límites departamentales. Advirtió que el proyecto incorpora otras modificaciones que, en conjunto, profundizarían la vulnerabilidad de áreas consideradas estratégicas para la soberanía nacional.
Entre ellas mencionó la “eliminación de restricciones sobre tierras que contienen cuerpos de agua y la posibilidad de que las autorizaciones para operaciones en zonas de frontera queden sujetas a decisiones de los gobiernos provinciales”, dijo, al tiempo que agregó que “si eliminás los límites departamentales, quitás las protecciones sobre las tierras con cuerpos de agua y además las tierras de frontera pasan a depender de una decisión del gobernador, el escenario cambia completamente”, sostuvo.
Desde su perspectiva, ese esquema coloca a las provincias en una situación de “marcada desigualdad frente a grandes grupos económicos internacionales, frente a provincias desfinanciadas como las que tenemos hoy, imaginemos lo que significa que tengan que sentarse a negociar con BlackRock o con economías de ese tamaño, es claramente una situación de asimetría de poder que nos deja muy vulnerables”.
La investigadora relacionó esa situación con otros cambios institucionales ocurridos durante la década de 1990, cuando, según señaló, comenzaron a consolidarse las condiciones que “facilitaron el avance de grandes capitales extranjeros sobre extensas superficies del territorio nacional, por lo cual, la provincialización de los recursos naturales fue un mojón muy importante dentro del proceso de extranjerización. Pero también lo fue la modificación realizada en 1996 sobre las tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera”.
En ese contexto mencionó algunos de los casos más emblemáticos como fue que “ese año Benetton pasó las tierras a su nombre, Joe Lewis también. Ahí vemos que existen negocios muy fuertes detrás de estos procesos y que ahora buscan un marco legal que termine legitimándolos”.
“No es una conspiración, es el programa económico que necesitan las grandes corporaciones”
Consultada sobre si existe una continuidad entre las políticas impulsadas durante la década del noventa y las reformas que actualmente promueve el Gobierno nacional, Caggiano evitó interpretar el fenómeno como una teoría conspirativa o una estrategia coordinada por actores individuales y al respecto explicó que “no hay que verlo de manera maquiavélica, como si hubiera una persona digitando todo esto, lo que existe es un programa económico que necesitan las grandes corporaciones”.
A su entender, el lugar que esas empresas asignan a la Argentina responde a un “modelo internacional de especialización productiva, lo que el norte global espera de nosotros es que seamos proveedores de materias primas sin valor agregado, con un Estado raquítico que no ponga restricciones a este tipo de capitales”.
En ese sentido sostuvo que “el Gobierno de Javier Milei mantiene una interlocución directa con esos intereses económicos y cuestionó que el debate público no incorpore una mirada sobre las consecuencias concretas que esos procesos generan en cada región”.
“Nosotros somos investigadores e investigadoras de la universidad pública que ponemos nuestro conocimiento al servicio de un interés nacional. Entonces la pregunta que nos hacemos es qué ocurre cuando esas economías desembarcan en los territorios”.
Según explicó, el resultado suele ser la “concentración de la actividad económica y el desplazamiento de otras formas de producción, se instalan de manera monopólica y terminan corriendo la posibilidad de trabajo y de diversificación productiva de las distintas regiones”.
El caso Misiones: cuando la concentración de tierras desplaza a la producción regional
Para ilustrar las consecuencias que, según afirmó, produce la concentración territorial, Caggiano citó uno de los estudios realizados por el Observatorio de Tierras sobre la provincia de Misiones.
Explicó que “actualmente la provincia cuenta con unas 900.000 hectáreas productivas, de las cuales aproximadamente 500.000 están ocupadas por monocultivos de pino y eucalipto, además de destruir gran parte de la selva misionera, esa concentración termina desplazando a los productores de yerba, de té y de alimentos”.
La situación también repercute sobre las posibilidades de desarrollo industrial de las propias localidades.
Quiénes concentran la mayor cantidad de tierras rurales
Al analizar el mapa de la extranjerización, Caggiano precisó cuáles son las nacionalidades con mayor presencia en el territorio argentino.
“Hay algo que nosotros no medimos porque trabajamos sobre la superficie continental y no sobre la superficie marítima. Pero no hay que perder de vista la ocupación británica de una parte muy importante de nuestro territorio alrededor de las Islas Malvinas”.
En cuanto a la tierra continental, explicó que “los capitales estadounidenses encabezan el ranking, los estadounidenses poseen aproximadamente 2,7 millones de hectáreas”.
También hizo referencia a Tierra del Fuego y señaló que “los capitales estadounidenses son predominantes y Tolhuin aparece entre los departamentos con mayor nivel de extranjerización”.
Luego ubicó a Italia como el segundo origen con mayor superficie al especificar que “los italianos poseen cerca de dos millones de hectáreas y aproximadamente la mitad corresponde a Benetton”.
Finalmente mencionó la fuerte presencia de capitales españoles, especialmente en la región de Cuyo, pero “lo importante no es la banderita del país de origen sino que estamos hablando de grandes capitales monopólicos que responden a intereses económicos globales”.
Finalmente, remarcó que “el debate no involucra a inmigrantes que llegan al país para radicarse, esta ley no está pensada para quien viene a vivir a la Argentina. Estamos hablando de grandes corporaciones que ven al país como un espacio para extraer recursos sin pensar en la población, en las economías regionales, en el ambiente o en el agua.”
