Padres que reclaman por los procesos de revinculación presentaron una denuncia penal contra dos funcionarios provinciales. Piden que la Justicia investigue presuntas derivaciones de niños hacia un gabinete privado y el supuesto vínculo de una de las denunciadas con ese espacio.
Una denuncia penal fue presentada contra dos funcionarios provinciales en el marco del reclamo que vienen sosteniendo padres y familiares por las demoras en los procesos de revinculación con sus hijos y nietos en Río Grande.
Silvana Napoleonne, abuela de una niña cuya familia reclama avanzar con la revinculación, confirmó en diálogo con Aire Libre FM que la presentación alcanza a Verónica Facio, funcionaria de la Subsecretaría de Niñez, y a Luis Rocha, de Abordajes Territoriales.
El planteo apunta a que la Justicia investigue un supuesto vínculo entre Facio y Sentirnos, un gabinete privado al que, según Napoleonne, habrían sido derivadas familias para que niños involucrados en procesos de revinculación recibieran atención psicológica.
“Nos informamos de que esta señora Verónica Facio tiene un vínculo, o sea, es la fundadora de Sentirnos, donde nos mandaban a nosotros”, afirmó Napoleonne.
Precisamente, la existencia y las características de ese presunto vínculo constituyen uno de los puntos que pretenden que sean determinados en el marco de la investigación judicial.
Napoleonne aseguró que su hijo habría llegado al gabinete privado por sugerencia de Abordajes Territoriales, ante la necesidad de que su nieta recibiera atención psicológica dentro del proceso de revinculación.
“¿Por qué tenemos que llevar a la nena, a mi nieta, a una consulta psicológica particular?”, cuestionó. Según relató, posteriormente comenzaron las dificultades para conseguir un turno y la familia considera que esas demoras habrían terminado afectando los tiempos de la revinculación.
Las sospechas aumentaron cuando distintas familias que participaron del acampe frente a dependencias provinciales comenzaron a comparar las situaciones que atravesaban.
Napoleonne sostuvo que varios padres habrían sido orientados hacia el mismo gabinete y que, al intercambiar información, advirtieron diferencias en la asignación de turnos.
Según explicó, mientras su hijo habría esperado entre dos y tres meses sin conseguir atención para la niña, otras familias habrían tenido disponibilidad para seleccionar días y horarios.
“Ella nos mostró los chats todos que le mandaban: ‘Decime vos el día, la hora que vos quieras’, y a mi hijo esa misma semana le mandaron que todavía no tenían lugar para mi nieta”, relató.
A partir de esas situaciones, la denunciante sospecha que podría haber existido un manejo discrecional de los turnos y considera que, en el caso de su familia, las demoras perjudicaron directamente el proceso.
“Nos demoraron la revinculación”, aseguró Napoleonne, quien sostuvo además que cuentan con audios, mensajes y documentación que serían aportados para respaldar los planteos realizados.
Otro de los puntos que buscan esclarecer es por qué familias cuyos casos son abordados por organismos provinciales serían orientadas hacia profesionales particulares para realizar las evaluaciones o tratamientos psicológicos requeridos.
“Si Abordajes Territoriales es del Estado, el Estado creo que provee psicólogos para los niños en este lugar, y ellos dicen que no, que no tienen psicólogos. Entonces los mandan a psicólogos particulares, y justamente Sentirnos es uno de los más elegidos para mandar a los niños a hacer las terapias”, expresó.
En ese contexto, la denuncia pretende establecer si podría existir algún tipo de relación entre funcionarios que intervienen desde organismos públicos y prestadores privados hacia los cuales serían orientadas las familias, y si eventualmente podría haberse generado algún beneficio económico.
Napoleonne expresó cuál es la sospecha que motiva la presentación: “Para nosotros es un negocio, es un negocio que ellos tienen y, lamentablemente, es un negocio con los niños”.
La acusación corresponde a la denunciante y deberá ser investigada. Con la información disponible hasta el momento, no existe una determinación judicial que establezca un direccionamiento de pacientes, un beneficio económico o la comisión de alguna irregularidad por parte de los funcionarios denunciados.
La presentación penal se produce en medio del reclamo que desde hace meses mantienen padres, abuelos y otros familiares por las dificultades y demoras que aseguran enfrentar para concretar las revinculaciones.
Ahora será la Justicia la que deberá analizar la denuncia y la documentación que sea incorporada para determinar si existen elementos que permitan avanzar en la investigación de los hechos planteados.
