El trabajador de la Dirección Provincial de Puertos cuestionó con dureza los resultados de la intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia y aseguró que, después de más de ocho meses, las obras y mejoras que habían sido planteadas como urgentes no se concretaron. Advirtió que la DPP sostiene salarios utilizando recursos que originalmente tenían otros destinos y afirmó que, con las devoluciones de préstamos y los fondos disponibles, existe respaldo financiero solamente hasta abril de 2027. También denunció que las autoridades y organismos provinciales son marginados del puerto, cuestionó el uso de maquinaria perteneciente a la Provincia por parte de personal contratado y alertó que, si la intervención continúa y los trabajadores no recuperan sus puestos, el conflicto podría extenderse durante toda la temporada de cruceros.
Río Grande.- Gastón Castillo, trabajador de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), trazó un duro balance de la intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia y aseguró que, transcurridos más de ocho meses, no se concretaron las transformaciones que habían sido presentadas como necesarias para justificar la medida. Además, encendió una alarma sobre la situación financiera del organismo provincial: sostuvo que los recursos actualmente disponibles permitirían afrontar los salarios solamente hasta abril y advirtió sobre las consecuencias que tendría una prolongación de la intervención.
En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’, por Radio Provincia, Castillo cuestionó además la falta de comunicación de las autoridades nacionales con organismos fueguinos, el impedimento para realizar controles provinciales dentro del predio portuario y el funcionamiento de una terminal que, según remarcó, continúa utilizando infraestructura, maquinaria y bienes pertenecientes a la Dirección Provincial de Puertos.
“Cambios no hubo en absoluto. Los cambios que decían traer ellos no hubo”, afirmó Castillo al evaluar lo sucedido desde el comienzo de la intervención.
Recordó que “uno de los argumentos esgrimidos había sido la necesidad de realizar obras urgentes por supuestos inconvenientes de infraestructura, seguridad y ambiente”.
“La urgencia que nos trataron de vender era que era necesario hacer grandes obras porque el puerto se venía abajo, porque tenía problemas de seguridad, problemas ambientales. Bueno, eso no pasó”, cuestionó.
Para Castillo, el dato central es que “finalizó una temporada y comenzó otra sin modificaciones estructurales significativas, terminó la temporada y empieza otra con el mismo muelle, con el mismo puerto, en ese sentido, no cambió absolutamente nada”, sentenció.
“No respetan las leyes provinciales”
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la relación entre la intervención y las autoridades fueguinas. Castillo sostuvo que “el puerto funciona prácticamente como un territorio apartado de las competencias provinciales y mencionó, como ejemplo, las dificultades que encontró el área ambiental de Tierra del Fuego para ingresar a realizar controles”.
“Estamos hablando de que es un territorio aislado del resto de la provincia, que se quieren manejar de forma arbitraria a nuestras leyes locales”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que “las competencias ambientales provinciales no terminan en el ingreso al puerto, no dejaron entrar a Ambiente, que tiene competencia sobre el ambiente en general, no solamente de la barrera para afuera, es para la provincia en todo su conjunto”, planteó.
Y sintetizó su cuestionamiento de manera terminante al sostener que “no respetan, digamos, las leyes provinciales”.
La alarma financiera: “Nos queda hasta el mes de abril”
Uno de los puntos más delicados de la entrevista estuvo relacionado con las finanzas de la Dirección Provincial de Puertos. Consultado sobre cuánto tiempo podría mantenerse el pago de salarios con los recursos que todavía conserva el organismo, Castillo aseguró que “existe una fecha límite, ya tenemos nosotros la fecha, la fecha límite ya la tenemos”, afirmó.
Según explicó, considerando los fondos que permanecían en poder de la DPP y las devoluciones de recursos que había prestado anteriormente, el “organismo podría sostener los salarios hasta abril”.
“Con las devoluciones que nos están haciendo, más lo que ya tenía recaudado el puerto, nos queda hasta el mes de abril. El mes de abril es la fecha límite que tiene, en cuanto a los fondos, la Dirección Provincial de Puertos para sostener el salario de los trabajadores”, aseguró.
Castillo hizo especial hincapié en que “parte de esos recursos no habían sido previstos originalmente para afrontar gastos salariales, esa plata no estaba destinada a pagar salarios, estaba destinada a inversión en la actividad portuaria”, remarcó.
Durante la entrevista se recordó que “la DPP había otorgado préstamos con intereses y que esas devoluciones representan actualmente una fuente de recursos para el organismo”. Castillo confirmó que “los reintegros mensuales están contribuyendo a mantener su funcionamiento, Puerto hizo una inversión, entre comillas, con el tema del préstamo, porque fue con intereses, y se lo está devolviendo la Provincia mensualmente”, explicó.
“Gracias a eso, la Dirección Provincial de Puertos está sobreviviendo hoy en día”, agregó.
También defendió aquella operación frente a los cuestionamientos que recibió en su momento y señaló que había contado con la intervención de los organismos correspondientes.
“Muchas veces se cuestionó el tema de este préstamo. Primero, este préstamo fue con el aval de los organismos de control correspondientes, porque era una inversión para la Dirección Provincial de Puertos, teniendo en cuenta que ese dinero no estaba comprometido aún en las obras”, explicó.
Sin embargo, aclaró que “existen otros recursos que sí estaban vinculados a obras y que actualmente también estarían siendo utilizados para afrontar salarios, tenemos otro dinero, que es el que se está usando también para pagar sueldo, que era para las obras”.
Una recaudación que quedó fuera del manejo provincial
Castillo también puso el foco sobre los ingresos que históricamente generaba el organismo portuario. Al referirse a la recaudación de la zona norte aclaró que “no contaba con el número preciso y recomendó consultar al responsable de esa área, aunque estimó que representaba alrededor del 5% de lo que recaudaba el puerto”.
Como referencia sobre la magnitud de los recursos, señaló que “durante el año anterior la recaudación total de la actividad había rondado los $22.000 millones”, indicó, aclarando que ese período comprendía partes de dos temporadas consecutivas.
Personal desplazado y maquinaria de la Provincia
Castillo describió además cómo funciona actualmente la terminal y aseguró que “parte del personal de la Dirección Provincial de Puertos quedó desplazado mientras se incorporaron trabajadores contratados y personal proveniente de otros puntos del país”.
Según su relato, hay “18 trabajadores de la DPP prestando servicios bajo una modalidad particular, mientras también se incorporó personal contratado en Tierra del Fuego y trabajadores provenientes de Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia”.
El trabajador hizo especial referencia a los maquinistas y sostuvo que “la DPP contaba con aproximadamente doce trabajadores capacitados para esa tarea, pero que varios fueron apartados y reemplazados por personal contratado”.
“Nosotros tenemos el staff más grande de maquinistas de acá, estamos hablando de doce maquinistas, más o menos, los cuales desplazaron, los dejaron afuera, y de acá están contratando ocho maquinistas”, sostuvo.
La particularidad, según remarcó, es que “esos trabajadores operarían maquinaria perteneciente a la propia Dirección Provincial de Puerto, las containeras son de la Dirección Provincial de Puertos. Las están usando”, señaló.
Castillo insistió en que “prácticamente la totalidad de los bienes utilizados dentro del predio pertenecen al organismo provincial, todo lo que está de la barrera para adentro es de la Dirección Provincial de Puertos. No hay nada que sea de ANPyN. Nada, ni una computadora”, afirmó.
Y agregó que “todo es de la Dirección Provincial de Puertos, los edificios, el muelle, todo es propiedad, y sobre eso hay títulos de propiedad. Los títulos de la maquinaria son todos de la Dirección Provincial de Puertos”.
Cuestionamientos sobre la tercerización
Otro de los puntos sensibles planteados durante la entrevista estuvo relacionado con la contratación de personal privado para operar maquinaria perteneciente a la Dirección Provincial de Puertos.
En ese marco, Castillo mencionó expresamente al legislador Lechman y sostuvo que “trabajadores dependientes de una empresa vinculada al parlamentario estarían prestando servicios dentro de la terminal intervenida”.
El trabajador fue cuidadoso al aclarar que no cuenta con documentación oficial que permita corroborar esa situación y que la información proviene de lo que pudieron conocer desde afuera de la administración del puerto.
“Todo lo que tenemos entendido, lo que nos ha llegado, la información que nos ha llegado, por supuesto, no tenemos información oficial”, aclaró Castillo antes de referirse concretamente a la empresa.
Según afirmó, se trataría de trabajadores “dependientes de la empresa del legislador Lechman que actualmente estarían brindando servicios dentro del puerto y en principio, serían ocho maquinistas de él”, sostuvo.
Castillo aseguró que “esos operarios se rotarían para manejar equipos pertenecientes al organismo provincial, usan las máquinas de la Dirección Provincial de Puertos intervenida por ANPyN”.
Durante la entrevista se le preguntó si la empresa contaba con maquinaria propia para desarrollar esas tareas, para lo cual, Castillo respondió que “sí tendría equipos propios”, pero sostuvo que “no los ingresaría al predio porque utiliza los disponibles en la terminal, no ingresan las de ellos, porque las tiene Puerto”.
Además, indicó que “Puerto tiene faltante de maquinistas”, explicó, diferenciando claramente la disponibilidad de equipos de la disponibilidad del personal que los opera.
Un organismo “cerrado” y sin respuestas
Castillo también manifestó incertidumbre respecto de lo que ocurrirá cuando se cumpla el plazo originalmente establecido para la intervención. Según señaló, desconoce si existen conversaciones específicas entre las autoridades provinciales y la ANPyN para definir la devolución del puerto.
“Las autoridades de la Provincia, si no me equivoco, están teniendo charlas con el círculo político nacional, pero no sé si específicamente con la gente de ANPyN y sobre este tema en particular”, afirmó.
Su crítica apuntó especialmente contra el hermetismo que atribuyó a los responsables de la intervención y al respecto dijo que “son funcionarios que tendrían que dar respuesta, de un círculo cerrado que no habla con nadie. Nadie se comunica salvo por gacetilla. Es la única manera que tienen de comunicarse”, cuestionó.
Incluso mencionó pedidos de acceso a la información pública que, según dijo, no habrían obtenido respuesta. “Si uno le pide acceso a la información pública, como ya le pasó al diario El Fin del Mundo, no te dan información de ningún tipo”, afirmó.
A esto sumó las restricciones que, según su denuncia, afectan particularmente a organismos y funcionarios provinciales al sostener que “nadie ingresa de los que ellos no quieran. Y, sobre todo, si es alguna autoridad provincial, menos, o algún organismo provincial, menos. No sé a qué le temen”, expresó.
Abril como límite y la incertidumbre salarial
El escenario financiero vuelve a aparecer como uno de los principales motivos de preocupación para los trabajadores. Castillo advirtió que, agotados los recursos disponibles, no existe claridad sobre quién asumirá el pago de salarios”.
“Llegado abril, o mayo, mejor dicho, hasta abril tenemos; no sabemos qué pasará con nuestro sueldo, no sé cómo se arreglará ese asunto”, manifestó.
Aunque consideró que “eventualmente debería intervenir el Gobierno provincial”, aclaró que “no existe certeza sobre esa posibilidad”.
“Solidariamente, creo que corresponde a la Provincia, pero no lo sé. La realidad es esa. Por eso nuestro apuro también, porque nadie nos da respuestas”, explicó.
Y agregó que “la Provincia tendría que, de alguna manera, ver dónde saca la plata para cubrir ese gasto”.
“Creo que ANPyN nunca tuvo pensado irse”
De cara al vencimiento del plazo inicialmente establecido para la intervención, Castillo manifestó una fuerte desconfianza respecto de una eventual restitución del puerto a la Provincia al manifestar que “en principio, creo que ANPyN no tiene pensado, nunca tuvo pensado irse”, afirmó.
Como argumento mencionó la “existencia de procedimientos y licitaciones cuyos plazos, según explicó, excederían el período original de intervención, todo lo que escribieron ellos con respecto a esto de un año prorrogable, todo es mentira porque, de hecho, han sacado licitaciones que van más allá del año, van al año y medio, dos años”, sostuvo.
Mencionó concretamente trabajos vinculados a las defensas portuarias que “ni siquiera empezó y son 270 días, o sea, estaríamos pasando el tiempo”.
La temporada de cruceros y una advertencia de conflicto
La proximidad de la temporada de cruceros aumenta la tensión. Castillo aseguró que los trabajadores buscaron involucrar a las cámaras empresariales y turísticas para conformar un posicionamiento común contra la intervención, aunque cuestionó que hasta el momento no hayan encontrado el acompañamiento esperado.
“Nosotros hoy en día convocamos a las cámaras para que, de alguna manera, nos juntemos y nos pronunciemos en contra de toda la intervención”, explicó.
Castillo rechazó además que “los trabajadores aparezcan como responsables de los eventuales problemas que podrían generarse en los accesos al puerto, pareciera que los culpables de la intervención somos nosotros los trabajadores, cuando me parece que todo estaba bien hasta que llegó la intervención”, cuestionó.
Según afirmó, algunos sectores se pronunciaron fundamentalmente por la posibilidad de protestas durante la temporada y frente a ello, respondió que “yo les recuerdo algo que es que a nosotros nos corre el tiempo y nos quedamos sin trabajo”.
También recordó que, al comienzo del conflicto, hubo sectores que “relativizaron quién administraba la terminal, lo primero que dijeron fue: ‘No nos importa quién maneja el puerto’. Bueno, me parece que hoy les debería importar quién maneja el puerto”, enfatizó.
“Si esto no se normaliza, tendremos conflicto toda la temporada”
El tramo final de la entrevista dejó la advertencia más contundente. Castillo aseguró que, si la situación no se regulariza, el puerto no retorna al ámbito provincial y los trabajadores desplazados no recuperan sus puestos, podrían producirse medidas durante toda la temporada turística.
“Si esto no se regulariza, se normaliza, que el puerto vuelva a la Provincia y los trabajadores, sobre todo, volvamos a nuestro lugar de trabajo, tendremos conflicto toda la temporada”, advirtió.
Inmediatamente reconoció las consecuencias que un escenario semejante tendría para una actividad estratégica de Ushuaia y Tierra del Fuego al señalar que “lo lamentamos porque sabemos lo que le significa al turismo”, sostuvo, y coincidió en que el impacto alcanzaría al conjunto de la Provincia.
Finalmente, Castillo volvió a cuestionar que las decisiones sobre la principal terminal portuaria fueguina se adopten fuera de Tierra del Fuego y reclamó mayor involucramiento de los sectores económicos vinculados con la actividad.
“Ahí nos damos cuenta de que el puerto está manejado desde Buenos Aires”, afirmó y cuestionó que, según su mirada, la intervención “nunca se sentó con las cámaras”.
Por eso reclamó una “posición conjunta, no puedo creer que las cámaras no quieran sentarse ni con los trabajadores para, de alguna manera, luchar contra esta intervención”.
Para Castillo, después de más de ocho meses el balance está lejos de las mejoras que se anunciaron al comienzo: las obras estructurales que justificaron la urgencia no se concretaron, los trabajadores continúan desplazados, bienes y maquinaria provinciales siguen siendo utilizados dentro del puerto y la DPP consume recursos que tenían otros destinos para sostener salarios.
Ahora, con la temporada de cruceros en marcha y abril señalado como límite financiero, la discusión dejó de concentrarse únicamente en quién administra el Puerto de Ushuaia. Para los trabajadores, el interrogante pasa también por cuánto tiempo podrá sostenerse esta situación y qué ocurrirá si la intervención continúa sin una salida acordada.
