El oficialismo junto al PJ y otros bloques lograron la continuidad del trámite de urgencia del proyecto enviado por Gustavo Melella para crear el Fondo de Financiamiento Educativo. La iniciativa contempla nuevas cargas tributarias y establece que al menos el 50% de lo recaudado deberá destinarse al fortalecimiento salarial docente. Si el proyecto no es expresamente rechazado dentro del plazo previsto por la Constitución, se tendrá por aprobado.
Río Grande.- En la sesión que se llevó adelante este jueves en la Legislatura, el Gobierno provincial consiguió mantener una herramienta decisiva para avanzar con su proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, En este marco, la Legislatura rechazó el intento de quitarle el trámite de urgencia y dejó corriendo el plazo constitucional que puede terminar convirtiendo la iniciativa en ley incluso sin una votación afirmativa sobre el proyecto, aunque el mismo no llegue a una futura sesión.
El resultado fue ajustado, donde 8 legisladores votaron por mantener la urgencia y 7 intentaron dejarla sin efecto.
Entre quienes permitieron al Ejecutivo conservar esa ventaja estuvieron los representantes del PJ vinculados políticamente al espacio de Walter Vuoto como son Juan Carlos Pino, María Victoria Vuoto y Tomás García y junto a ellos votaron Federico Greve, Myriam Martínez, Federico Sciurano, Raúl Von der Thusen y Gisela Dos Santos.
Del otro lado, votaron para retirar el trámite de urgencia Luciano Selzer, Natalia Gracianía, Jorge Lechman, Pablo Villegas, Damián Löffler, María Laura Colazo y Juan Matías Lapadula.
Cabe remarcar que la votación de este jueves no significó la aprobación del proyecto de Financiamiento Educativo sino lo que se hizo fue impedir que se eliminara el mecanismo de urgencia solicitado por el gobernador Gustavo Melella.
El Ejecutivo había remitió el Asunto 519/26 invocando el artículo 111 de la Constitución provincial, que establece un tratamiento especial para los proyectos enviados con urgencia. Si dentro del plazo correspondiente la Legislatura no los rechaza expresamente, se tienen por aprobados. La Cámara tenía la posibilidad de retirar esa urgencia y devolver la iniciativa al procedimiento ordinario, pero los ocho votos de este jueves impidieron hacerlo y darle oxígeno a Gustavo Melella y Horacio Catena.
De esta manera, el reloj continúa corriendo a favor de la estrategia elegida por el Gobierno provincial junto a SUTEF.
El punto más controvertido no está en la necesidad de financiar la educación, sino en de dónde pretende obtener el Gobierno los recursos.
El artículo 6 del proyecto establece, entre otras fuentes, una alícuota adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego y una alícuota específica sobre la distribución de gas natural, una actividad que actualmente se encuentra alcanzada por una tasa del 0% y que el proyecto pretende gravar.
También contempla destinar al nuevo fondo el 0,5% del total recaudado por la Provincia en concepto de Ingresos Brutos, recursos que quedarían exceptuados de la distribución general a los municipios. Además, prevé incorporar porcentajes provenientes de eventuales modificaciones tributarias sobre actividades económicas estratégicas y del Impuesto Inmobiliario.
Por eso, la discusión no pasa únicamente por financiar Educación, sino también por si corresponde hacerlo mediante nuevas cargas tributarias y recursos que dejarían de ingresar al esquema general de coparticipación municipal.
El proyecto forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno provincial en el acuerdo alcanzado con el sector docente después del prolongado conflicto que atravesó buena parte de 2026.
La iniciativa establece que no menos del 50% de los recursos del nuevo Fondo deberá destinarse al fortalecimiento del salario docente.
Otro 25%, como mínimo, deberá utilizarse para mantenimiento, servicios y mejora de la infraestructura escolar; mientras que al menos un 15% estará destinado a equipamiento tecnológico y herramientas didácticas.
Es decir, el proyecto enviado por Melella busca crear nuevos recursos para sostener el sistema educativo y cumplir parte del acuerdo salarial, pero para hacerlo incorpora mecanismos tributarios que tendrán impacto sobre distintos sectores de la economía provincial.
