El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat confirmó que patrocina una demanda colectiva por 26.000 millones de dólares contra empresas pesqueras que operan en el Atlántico Sur con permisos otorgados por las autoridades británicas, sin autorización argentina. La presentación, impulsada por una investigación del especialista César Lerena, busca recuperar recursos económicos mediante un fideicomiso destinado al pueblo argentino. Cuestionó que los gobiernos nacional y fueguino no hayan impulsado el reclamo, pese a que la propuesta les fue presentada hace al menos cuatro o cinco años. También destacó la actuación de la Justicia Federal de Río Grande, reclamó revisar los acuerdos con el Reino Unido y advirtió que la defensa de la soberanía exige acciones concretas y el cumplimiento de la Constitución Nacional.
Río Grande.- El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat confirmó que patrocina una demanda colectiva por 26.000 millones de dólares contra empresas pesqueras que explotan recursos del Atlántico Sur mediante permisos otorgados por las autoridades británicas. La acción judicial busca obtener una compensación económica por la explotación de recursos naturales argentinos sin las autorizaciones correspondientes y destinar los fondos que eventualmente se recuperen al conjunto de la población.
En diálogo con FM La Isla, Barcesat explicó que “la presentación fue elaborada por el doctor César Lerena, presidente de la Fundación Lerena y especialista en recursos pesqueros, mientras que su intervención está centrada en aportar los fundamentos constitucionales y jurídicos del reclamo”.
“Es una presentación que ha venido elaborando el presidente de la Fundación Lerena, el doctor César Lerena, que es un gran experto en temas pesqueros, en riqueza ictícola y en defensa del mar territorial”, señaló.
El constitucionalista sostuvo que las empresas denunciadas operaron mediante autorizaciones concedidas por una autoridad que la Argentina no reconoce como legítima.
“Han recibido permisos de pesca de una autoridad usurpante, sin consulta con las autoridades ni de la Nación ni de la provincia de Tierra del Fuego”, cuestionó.
Asimismo, explicó que “la competencia judicial corresponde, según su interpretación, a Tierra del Fuego, donde se habría producido la mayor afectación de los recursos pesqueros, aunque el reclamo comprende también el litoral de la zona económica exclusiva argentina y alcanza a las provincias costeras desde Buenos Aires hasta Santa Cruz”.
“Se lo propusimos a las autoridades provinciales y nunca tuvimos una respuesta”
Uno de los cuestionamientos más fuertes de Barcesat estuvo dirigido a los gobiernos nacional y provincial por no haber impulsado oportunamente una acción judicial de estas características.
“Quiero aclarar que esto, oportunamente, se lo hemos propuesto a las autoridades provinciales. Nunca hemos tenido una respuesta concreta en el sentido de decir que la provincia va a hacer esta reclamación”, afirmó.
El abogado aseguró que la iniciativa también fue ofrecida a las “autoridades nacionales, pero tampoco encontró acompañamiento, pusimos el ofrecimiento a autoridades provinciales y también de la Nación, no hubo eco, no hubo eco”, remarcó.
Según explicó, la propuesta fue presentada a las “autoridades fueguinas hace al menos cuatro o cinco años, pero ante la falta de respuestas, finalmente resolvieron avanzar mediante la fundación, dedicada a la defensa de los recursos pesqueros, la preservación ambiental y el patrimonio marítimo argentino”.
Barcesat consideró que “tanto Nación como Provincia deberían haber asumido originalmente el reclamo y sostuvo que ahora corresponde convocarlas para que intervengan en el proceso judicial”.
Una demanda de US$ 26.000 millones que busca beneficiar al pueblo argentino
Respecto de la magnitud económica de la presentación, Barcesat aclaró que “los fondos reclamados no están destinados a la fundación impulsora de la demanda”.
Por el contrario, explicó que el objetivo es “constituir un fideicomiso con los fondos que se logren colectar en beneficio del conjunto del pueblo argentino”.
El constitucionalista señaló que la presentación cuenta con diez anexos documentales que reúnen antecedentes y publicaciones sobre años de actividad pesquera en los espacios marítimos comprendidos en el reclamo.
“Hay diez anexos con todas las publicaciones que tienen las constancias de los años en que han estado, diría, depredando el mar austral, la zona económica exclusiva”, sostuvo.
También cuestionó que las empresas hayan desarrollado esas actividades sin solicitar autorización argentina ni efectuar los pagos correspondientes.
En ese sentido, afirmó que la Argentina es “la única con legitimidad histórica, geográfica y jurídica para percibir esos pagos”.
Barcesat destacó la importancia de la documentación reunida y expresó su expectativa de que los fundamentos jurídicos permitan avanzar con una demanda que calificó como compleja y de enorme cuantía.
La demanda alcanza a empresas extranjeras sin distinción de banderas
Consultado sobre la presencia de flotas españolas, chinas, noruegas y de otras nacionalidades que operan en el Atlántico Sur, Barcesat aclaró que el reclamo no establece diferencias según el país de origen de las empresas.
“Nadie está excluido del reclamo”, aseguró.
Y agregó que “no hemos hecho distinción de banderas, de pertenencias, sino señalar que todos ellos han operado bajo, entre comillas, permisos de pesca del usurpante del territorio argentino”.
Respecto de la eventual participación de empresas argentinas asociadas con firmas extranjeras, evitó precisar casos particulares y explicó que esas cuestiones corresponden a César Lerena, responsable de la investigación.
Aclaró que su participación consiste en garantizar la fundamentación jurídica del reclamo y promover la incorporación de las autoridades que tienen legitimidad para exigir una compensación económica.
El expediente ya está en la Justicia y los municipios fueguinos expresaron su respaldo
Barcesat confirmó que la presentación judicial ya fue formalmente ingresada y cuenta con número de expediente y autoridad judicial interviniente.
“Aclaro que el expediente ya tiene número, entrada, autoridad judicial interviniente”, señaló.
Explicó que se solicitó convocar como terceros interesados a las autoridades nacionales y provinciales para que puedan sumarse al reclamo.
Sin embargo, indicó que, hasta el momento de la entrevista, no había recibido respuestas del Gobierno nacional, aunque aclaró que apenas habían transcurrido dos días desde la presentación.
Respecto de Tierra del Fuego, destacó que los municipios habían manifestado su acompañamiento, mientras que el Ejecutivo provincial todavía no había establecido contacto con los impulsores de la demanda.
“Hasta acá son los municipios los que han apoyado vivamente esta presentación, en tanto que el gobierno provincial no ha hecho ningún contacto con los presentantes para interiorizarse, sumarse o lo que fuere”, cuestionó.
De todos modos, señaló que las autoridades deberían recibir la notificación judicial correspondiente y contar con la posibilidad de incorporarse al expediente.
Elogios a la Justicia Federal de Río Grande: “Saben derecho, lo aplican y no admiten presiones políticas”
Barcesat también destacó la actuación de la Justicia Federal de Río Grande en causas relacionadas con la soberanía argentina y la explotación de recursos naturales en Malvinas.
Consultado sobre las actuaciones del juzgado a cargo de la jueza Mariel Borruto, que ha recibido presentaciones de organizaciones de excombatientes y del Municipio de Río Grande, valoró la disposición judicial para abordar reclamos de esta naturaleza.
“Yo hago una apreciación, por supuesto, soy externo al juzgado y a la fiscalía interviniente, pero lo que aprecio es que, primero, saben derecho; segundo, lo aplican; tercero, no admiten presiones políticas ni buscan negociados económicos”, expresó.
El constitucionalista consideró fundamental que estos planteos sean analizados jurídicamente y sin condicionamientos políticos o económicos.
Duras críticas al Gobierno nacional por su política sobre Malvinas
Barcesat también cuestionó la posición del Gobierno nacional respecto de la defensa de la soberanía argentina, al considerar que existe una distancia entre las declaraciones públicas y las medidas concretas.
“El gobierno nacional tiene una pose de reclamar soberanía, pero en lugar de tener una conducta activa para reclamar esa soberanía, se limita a la preocupación por los recursos hidrocarburíferos”, sostuvo.
Si bien reconoció la importancia de impedir la explotación de hidrocarburos y minerales bajo la ocupación británica, advirtió que la defensa de los intereses argentinos debe abarcar también la pesca y el conjunto de los recursos marítimos.
En ese contexto, cuestionó que “empresas e intereses vinculados con la explotación de recursos en Malvinas también tengan presencia en Vaca Muerta, sin que, según su apreciación, exista un reproche suficientemente claro de las autoridades nacionales”.
Asimismo, mencionó las informaciones sobre una presentación ante el tribunal vinculado con la Convención del Mar para reclamar por la explotación de recursos hidrocarburíferos y minerales.
Barcesat consideró que “la defensa de Malvinas debe integrarse en una estrategia más amplia que contemple las islas del Atlántico Sur, el sector antártico y los pasos bioceánicos”.
“Nos dieron diplomas de visitantes ilustres, pero las propuestas no avanzaron”
El constitucionalista recordó que “durante años acercó iniciativas relacionadas con la soberanía territorial y marítima a las autoridades de Tierra del Fuego, incluso con propuestas legislativas para la provincia y su posterior tratamiento en el Congreso Nacional”.
Sin embargo, lamentó que esos planteos no se tradujeran en acciones concretas.
“Créame que hemos empleado mucho tiempo en aportar iniciativas reivindicativas de soberanía territorial y marítima a la provincia”, manifestó.
Y cuestionó: “Nos dieron diplomas de ciudadano ilustre, visitante ilustre, todo esto es eso, pero de las acciones y de las propuestas que hicimos, incluso para una legislación de la provincia de Tierra del Fuego, y también para su proyección hacia el Congreso de la Nación”.
Para Barcesat, los reconocimientos institucionales resultan insuficientes cuando no están acompañados por decisiones que permitan avanzar efectivamente en la defensa de los derechos argentinos.
Los acuerdos con el Reino Unido y el incumplimiento de la Constitución
Otro de los ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con los acuerdos celebrados entre la Argentina y el Reino Unido.
Barcesat cuestionó la continuidad de los acuerdos de Madrid I y II, Foradori-Duncan y Mondino-Lammy, y sostuvo que “deben ser sometidos al procedimiento constitucional correspondiente”.
“¿Cuánto tiempo vamos a esperar para denunciar por su falta de aprobación en el Congreso de la Nación los tratados Madrid I, Madrid II, Foradori-Duncan y Mondino-Lammy?”, planteó.
El abogado fundamentó su posición en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, que establece la competencia del Congreso para aprobar o desechar tratados internacionales.
En ese sentido, reclamó una “revisión de los compromisos asumidos con el Reino Unido y cuestionó que las autoridades invoquen la soberanía mientras, según su interpretación, mantienen vigentes acuerdos que no fueron debidamente tratados por el Poder Legislativo”.
“La Constitución está en una caja fuerte bajo 70 candados”
Las críticas de Barcesat alcanzaron tanto al Gobierno nacional como al provincial, a los que reprochó la “falta de aplicación efectiva de las disposiciones constitucionales”.
“A mí me da la sensación que, en esta, como en otros temas sobre los cuales también he escrito, la Constitución no existe para el gobierno, en este caso nacional, y también agrego, lamentablemente, provincial”, afirmó.
Y profundizó que “pareciera que el texto es para tenerlo en una vitrina institucional, y para lo que es el gobierno nacional, creo que está en una caja fuerte, bajo 70 candados, el texto de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos”.
El constitucionalista sostuvo que “los compromisos internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino deben traducirse en políticas concretas de protección de los recursos naturales”.
En ese marco, recordó que los pactos internacionales de Naciones Unidas reconocen que “son los pueblos los titulares de sus riquezas y recursos naturales”.
También cuestionó el tratamiento de los bienes estatales en el Código Civil y Comercial, al considerar que la legislación interna no refleja adecuadamente el alcance de esos principios internacionales, que poseen jerarquía constitucional.
Para Barcesat, existe una contradicción entre el reconocimiento formal de esos derechos y su aplicación cotidiana.
La soberanía debe traducirse en decisiones concretas
Finalmente, Barcesat dejó planteado que la demanda por 26.000 millones de dólares no representa únicamente un reclamo económico, sino también una herramienta jurídica para exigir una defensa efectiva de los recursos naturales argentinos.
La iniciativa busca establecer responsabilidades por la explotación pesquera mediante permisos británicos, obtener una compensación económica para el pueblo argentino y promover la participación de las autoridades nacionales y provinciales.
Al mismo tiempo, expone los cuestionamientos del constitucionalista por la falta de respuestas institucionales durante los últimos años y su reclamo de revisar los acuerdos internacionales vinculados con Malvinas.
El planteo central de Barcesat es que la defensa de la soberanía no puede agotarse en discursos, reconocimientos protocolares o declaraciones políticas: requiere decisiones judiciales, acciones de gobierno y el cumplimiento efectivo de la Constitución Nacional para proteger las riquezas naturales que pertenecen al pueblo argentino.
