El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis “Gigi” Iglesias, reclamó a la Legislatura suspender durante un año el aporte adicional del 1,5% que paga el sector para financiar salud y educación, ante una caída del consumo de entre el 20% y el 30% que compromete la continuidad de los negocios. Respaldó el proyecto de financiamiento educativo que propone reasignar recursos existentes, rechazó nuevas cargas tributarias sobre el gas y los bancos porque terminarán trasladándose a los usuarios y exigió igualdad de condiciones frente a las plataformas de venta que operan desde otras jurisdicciones. Además, pidió herramientas para regularizar deudas y advirtió que no se puede exigir mayor esfuerzo fiscal a un sector que enfrenta dificultades para pagar salarios, proveedores e impuestos.
Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, reclamó que la Legislatura provincial contemple la emergencia económica que atraviesa el sector comercial antes de avanzar con nuevas medidas tributarias destinadas al financiamiento educativo.
En un escenario marcado por la caída de las ventas, el incremento de las obligaciones fiscales y las dificultades para sostener los establecimientos, pidió suspender durante un año el aporte adicional del 1,5% que afrontan los comerciantes y establecer condiciones de competencia equitativas frente a las plataformas de comercialización digital.
En declaraciones a FM del Pueblo, Iglesias analizó el debate desarrollado en la Comisión de Economía de la Legislatura, donde se discutieron distintas alternativas para garantizar recursos al sistema educativo provincial.
Explicó que la Cámara participó para conocer los proyectos, escuchar las exposiciones y contrastar las cifras oficiales con la realidad económica que atraviesan los negocios fueguinos.
El dirigente reconoció la legitimidad del reclamo salarial docente, aunque advirtió que la “falta de recursos del Estado también tiene su correlato en el sector privado, donde los comerciantes enfrentan crecientes dificultades para cumplir sus compromisos”.
“Si estamos en emergencia, estamos en emergencia todos”, sostuvo, al reclamar que cualquier decisión sobre el financiamiento provincial contemple la situación de quienes sostienen la actividad económica y el empleo.
Un año de alivio fiscal para un comercio que no logra recuperarse
Uno de los principales planteos de Iglesias fue la suspensión temporal del aporte adicional de un punto y medio que, según explicó, paga el sector comercial para fondos vinculados con la salud y el mantenimiento de establecimientos educativos.
El presidente de la Cámara consideró que “mantener esa obligación en el actual contexto profundiza las dificultades de los negocios, que deben afrontar salarios, proveedores, impuestos y otros gastos operativos con ingresos cada vez más reducidos”.
“Vamos a decir que por un año nos saquen ese punto y medio, porque ahora no lo tenemos para pagar”, manifestó.
Explicó que “la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales genera intereses y multas que incrementan el endeudamiento, agravando una situación que ya resulta compleja para numerosos establecimientos”.
En ese marco, describió una caída del consumo de entre el 20% y el 30%, con consecuencias directas sobre la facturación, la capacidad de pago y la recaudación provincial.
“Si yo vendiera más, podría pagar más, podría cumplir con mis compromisos, pero la realidad es que no vendo más”, expresó.
Asimismo, advirtió que “la menor actividad comercial también repercute sobre los ingresos del Estado, por lo que consideró contradictorio pretender aumentar la recaudación mediante mayores exigencias a sectores que están perdiendo capacidad económica, si yo no vendo más, no aporto más”, sintetizó.
Respaldo al proyecto 283 y rechazo a nuevas cargas tributarias
En relación con las iniciativas legislativas destinadas al financiamiento educativo, Iglesias expresó el acompañamiento de la Cámara de Comercio al proyecto identificado como asunto 283, presentado por distintos bloques políticos.
Según explicó, la entidad considera más razonable una “propuesta que contemple la reasignación de recursos existentes y mecanismos de seguimiento de su utilización, antes que alternativas que impliquen incrementar directamente la presión tributaria sobre la actividad privada”.
El dirigente sostuvo que “el Estado debe administrar sus recursos y asumir compromisos acordes con sus posibilidades reales, sin desconocer las necesidades salariales de los trabajadores de la educación”.
En ese sentido, planteó que “la discusión no debe enfrentar las demandas docentes con la situación del comercio, sino encontrar mecanismos de financiamiento que contemplen las dificultades económicas generales de Tierra del Fuego”.
Para Iglesias, la búsqueda de recursos adicionales debe estar acompañada por una “evaluación de la capacidad contributiva de los distintos sectores, particularmente en un contexto de retracción del consumo y debilitamiento de la actividad económica”.
“Todos saben que lo van a pagar”: la advertencia por los impuestos al gas y los bancos
Otro de los cuestionamientos del titular de la Cámara estuvo dirigido a las propuestas que contemplan una mayor carga tributaria sobre la distribución de gas y la actividad bancaria.
Iglesias advirtió que “aunque formalmente los impuestos recaigan sobre empresas prestadoras de servicios o entidades financieras, sus consecuencias económicas terminarán afectando a los usuarios”.
“Todos saben que lo van a pagar”, sostuvo al referirse al eventual traslado de esos costos.
En el caso del gas, señaló que “el impacto sobre las facturas dependerá de cómo se incorpore el incremento y de su relación con los demás conceptos que integran el monto final”.
Respecto del sistema bancario, consideró que “una mayor presión fiscal también puede trasladarse a los costos de los servicios financieros que afrontan comerciantes y consumidores”.
El dirigente insistió en que el debate tributario no puede limitarse a identificar al “contribuyente formal, sino que debe contemplar quién termina soportando efectivamente el costo de las nuevas obligaciones”.
Desde esa perspectiva, cuestionó que “se busquen alternativas de financiamiento que puedan profundizar la presión económica sobre las familias fueguinas y los sectores productivos”.
Competencia desigual con las plataformas: “Si controlás, controlás a todos”
Iglesias también reclamó una revisión de las condiciones tributarias que enfrentan los comercios locales frente a las plataformas digitales que comercializan productos desde otras jurisdicciones.
Según explicó, existen diferencias entre las obligaciones que soportan los establecimientos radicados en Tierra del Fuego y las condiciones bajo las cuales se concretan determinadas operaciones de venta a través de plataformas.
El presidente de la Cámara remarcó que “los negocios locales deben sostener alquileres, personal, servicios y obligaciones impositivas dentro de la provincia, mientras compiten con modalidades comerciales que, según su planteo, no siempre enfrentan cargas equivalentes, no me pongas en desventaja”, reclamó.
En ese sentido, pidió que “los controles y las exigencias tributarias se apliquen de manera equitativa, independientemente de la modalidad de comercialización, si controlás, controlás a todos. Si obligás, obligás a todos”, enfatizó.
El dirigente consideró indispensable establecer reglas parejas para evitar que los comercios tradicionales continúen perdiendo competitividad frente a operadores que venden desde fuera de la provincia.
Deudas, embargos y restricciones bancarias: piden herramientas para regularizar la situación
Otro de los problemas planteados por Iglesias estuvo relacionado con el endeudamiento de los comerciantes y las dificultades que enfrentan quienes acumularon obligaciones fiscales impagas.
El titular de la Cámara mencionó conversaciones sobre la posibilidad de implementar un nuevo plan de pagos que permita regularizar deudas y facilitar la recuperación de contribuyentes afectados por embargos o restricciones crediticias.
Explicó que “estas situaciones limitan la capacidad operativa de los negocios, especialmente cuando necesitan acceder al sistema financiero para sostener su actividad”.
Si bien aclaró que “se trata de una alternativa en evaluación, consideró necesario avanzar en herramientas que permitan a los comerciantes ordenar sus compromisos y recuperar condiciones para continuar trabajando”.
El planteo se vincula con la necesidad de evitar que las dificultades temporales de pago se transformen en obstáculos permanentes para la continuidad de los establecimientos.
“La emergencia debe contemplar también al sector privado”
Pese a sus cuestionamientos, Iglesias valoró el ámbito de discusión generado en la comisión legislativa y la disposición de los representantes políticos para escuchar las distintas posiciones y consideró importante que “el debate sobre el financiamiento educativo permita alcanzar acuerdos que contemplen tanto las necesidades de los trabajadores como las posibilidades económicas de quienes deben contribuir con los recursos”.
En ese marco, insistió en que “la situación comercial de Río Grande requiere medidas concretas de alivio fiscal y condiciones más equitativas para sostener la actividad”.
El presidente de la Cámara sostuvo que “el deterioro de las ventas no solamente afecta la rentabilidad de los negocios, sino también su capacidad para mantener puestos de trabajo, cumplir con proveedores y afrontar obligaciones tributarias”.
Por eso, reclamó que “la Legislatura considere la suspensión del aporte adicional del 1,5% durante un año, evalúe alternativas de regularización de deudas y evite incorporar cargas que puedan trasladarse a los consumidores”, concluyó.
