El intendente de Río Grande, Martín Pérez, lanzó una fuerte advertencia por el crecimiento de la deuda de coparticipación que mantiene el Gobierno provincial con el Municipio, que pasó de 16.000 a 17.000 millones de pesos, y alertó que la demora, cercana a los 40 días, amenaza la continuidad de los servicios públicos. Sin descartar acciones administrativas y judiciales, reclamó que se regularicen las transferencias y advirtió que no permitirá que eventuales diferencias políticas perjudiquen a los vecinos. También cuestionó el ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades públicas y la industria fueguina, denunció la pérdida de casi 6.000 empleos manufactureros y defendió la educación, la producción y la soberanía como pilares del desarrollo provincial. Además, planteó la necesidad de construir una alternativa política amplia, con participación ciudadana y sin imposiciones dirigenciales, al sostener que “en la política no va más el dedo” y que el futuro de Tierra del Fuego debe construirse escuchando a quienes piensan diferente.
Río Grande.– El intendente de Río Grande, Martín Pérez, participó de la marcha que se llevó adelante en la ciudad para que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y en dialogo con Provincia 23 expresó su preocupación por el deterioro de la situación económica y social de Tierra del Fuego, cuestionó las políticas nacionales que afectan a la educación pública y a la industria fueguina, y formuló un contundente reclamo al Gobierno provincial por la deuda de coparticipación que mantiene con el Municipio, cuyo monto ya alcanza los 17.000 millones de pesos.
En este marco, el jefe comunal advirtió que “el atraso en las transferencias provinciales comienza a comprometer seriamente la capacidad financiera municipal” y aseguró que “avanzará con todas las herramientas institucionales necesarias para garantizar los recursos que corresponden a los vecinos de Río Grande”.
Al mismo tiempo, planteó la necesidad de impulsar una construcción política provincial basada en el diálogo, la participación ciudadana y la defensa de los sectores productivos, en un escenario que describió como especialmente complejo por la pérdida de empleo, el endeudamiento de las familias y el crecimiento de la demanda de asistencia social.
Coparticipación: “La deuda pasó de 16.000 a 17.000 millones y la situación es alarmante”
Uno de los planteos más contundentes de Pérez estuvo dirigido al Gobierno provincial por la falta de regularización de los fondos de coparticipación que corresponden al Municipio.
El intendente confirmó que, lejos de encontrar una solución, el monto adeudado continúa aumentando y ya representa una suma equivalente a casi la totalidad del presupuesto anual de obras públicas de Río Grande.
“Nosotros no tuvimos respuesta, sino que se ha acrecentado. De 16.000 millones que se nos debía cuando estuve en el Concejo Deliberante presentando el presupuesto, hemos pasado a 17.000 millones de deuda. Entonces, la verdad que es preocupante la situación. Preocupante, es alarmante”, manifestó.
Pérez explicó que “la demora en las transferencias se aproxima a los 40 días”, cuando, según indicó, el “plazo legal debería ubicarse alrededor de los 24 días”.
Consideró que semejante atraso genera un desequilibrio financiero que dificulta la planificación y el sostenimiento de los servicios municipales.
“Se hace realmente insostenible poder sostener los servicios de nuestra ciudad con semejante nivel de deuda. Insisto, 17.000 millones de pesos de deuda. Es mucho dinero, casi la totalidad del plan de obras anual que tiene el Municipio”, remarcó.
Ante esta situación, adelantó que “el Ejecutivo municipal responderá un pedido de informes del Concejo Deliberante y notificará formalmente a la Legislatura provincial sobre el estado de la deuda”.
También confirmó que se evaluarán las herramientas administrativas y jurídicas disponibles para reclamar los recursos, aunque aclaró que “su intención es resolver el conflicto sin necesidad de recurrir a la Justicia”.
“Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista jurídico, para defender lo que les corresponde a los vecinos de Río Grande”, aseguró.
“Si están buscando aleccionar desde los recursos, se equivocan”
El intendente fue especialmente crítico al referirse a la posibilidad de que los atrasos en la coparticipación respondan a diferencias políticas con el Gobierno provincial.
Aunque aclaró que espera que se trate exclusivamente de un problema financiero, dejó planteada su preocupación ante una eventual utilización de los recursos públicos como mecanismo de presión política.
“Yo quiero creer que es un problema exclusivamente del orden financiero. No quiero pensar que sea algún problema que tenga que ver con alguna cuestión política, de disciplinamiento. Espero que no sea por ese lado”, expresó.
En ese contexto, advirtió que “no aceptará que una disputa institucional termine afectando a los habitantes de Río Grande, conmigo no van a tener suerte. Si están buscando aleccionar, de alguna manera, desde el punto de vista de los recursos, me parece que se equivocan porque no le van a hacer un daño al intendente, le van a hacer un daño a todos los vecinos de la ciudad, le van a hacer un daño a Río Grande”, sostuvo.
Pérez insistió en que “el cumplimiento de las transferencias constituye una obligación institucional y no puede quedar condicionado por eventuales diferencias entre administraciones”.
“Eso es lo que no vamos a permitir, de ninguna manera, que el daño se lo hagan a los vecinos, que tengamos que complejizar la prestación de nuestros servicios públicos por un capricho o por una inquietud del orden político”, afirmó.
Finalmente, reiteró que “buscará una solución mediante el diálogo”, aunque dejó en claro que “el Municipio no renunciará a las instancias legales que correspondan si la deuda continúa creciendo”.
Universidad pública: “Sin financiamiento no hay desarrollo tecnológico ni futuro para Tierra del Fuego”
En otro tramo de la entrevista, Pérez defendió el sistema universitario público y cuestionó el ajuste presupuestario implementado por el Gobierno nacional, al considerar que “afecta directamente las posibilidades de desarrollo de Tierra del Fuego”.
El intendente participó de una movilización en Río Grande en respaldo a los docentes y estudiantes universitarios, donde reivindicó su condición de graduado de Ciencia Política de una universidad pública.
“Como exalumno universitario, graduado universitario de una carrera como Ciencia Política de una universidad pública, tengo el deber de estar acá como graduado, pero también con la responsabilidad de que se comprenda la importancia que tiene la universidad pública para el desarrollo, para el futuro de nuestra provincia”, manifestó.
Pérez cuestionó el recorte de más del 45% de los fondos destinados a la educación pública, según la cifra que mencionó durante la entrevista, y advirtió sobre las consecuencias de la falta de recursos para sostener salarios, infraestructura y funcionamiento académico, al sostener que “desfinancien a nuestras universidades públicas en Tierra del Fuego también es una pérdida de soberanía. Son muchos los pibes, las pibas que están estudiando, que necesitan que la universidad funcione, que se paguen salarios dignos para los docentes universitarios, que se sostenga la infraestructura”, sostuvo.
También cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo nacional frente a los reclamos del sector y señaló que “incluso el Poder Judicial debió intervenir en el conflicto”.
Para el intendente, las movilizaciones registradas en Río Grande y en otras ciudades del país representan un “mensaje de rechazo al ajuste educativo”.
“Fíjense acá en Río Grande, que es una ciudad que no suele tener movilizaciones tan masivas como esta, salvo en algunos casos puntuales, pero en todo el país hay movilizaciones. Entonces, esto es un llamado de atención claramente”, expresó.
Pérez vinculó directamente la defensa universitaria con la necesidad de recuperar el “perfil productivo de Río Grande, no hay posibilidad de desarrollo tecnológico, de desarrollo con conocimiento en una provincia como la nuestra, si no existe el financiamiento adecuado para la universidad pública”, afirmó.
Industria fueguina: denunció casi 6.000 empleos perdidos y cuestionó la apertura de importaciones
El jefe comunal también formuló fuertes críticas a la política económica nacional, particularmente por su impacto sobre la industria manufacturera de Tierra del Fuego.
Sostuvo que “las consecuencias del modelo económico se reflejan en la caída de la actividad productiva, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades para generar alternativas laborales”.
“Lo venimos señalando hace ya tres años. Lamentablemente, estamos viviendo hoy las consecuencias trágicas de la implementación de un modelo que abre las importaciones indiscriminadamente”, expresó.
Pérez apuntó especialmente contra el Decreto 333 del Gobierno nacional, al que “vinculó con el deterioro de la actividad industrial fueguina”.
Según manifestó, la Provincia perdió casi “6.000 puestos de trabajo manufactureros, una situación que consideró particularmente grave por la falta de otras actividades capaces de absorber esa mano de obra”.
“Ha implicado que para Tierra del Fuego haya caído la actividad productiva de manera considerable, que se hayan perdido casi 6.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera de nuestra provincia, que no haya otras alternativas”, señaló.
El intendente sostuvo que “la industria representa mucho más que una fuente de empleo, porque constituye una herramienta estratégica para el desarrollo y la soberanía argentina en el extremo sur del país”.
“Queremos recuperar esa Río Grande pujante que supo ser, y la educación pública, la universidad, forma parte de eso”, afirmó.
En esa línea, cuestionó la orientación del Gobierno nacional y consideró que “sus decisiones favorecen intereses económicos ajenos a la producción nacional, no hay posibilidad de desarrollo en una provincia como la nuestra si no se protege la industria”, remarcó.
Malvinas y soberanía: cuestionó el giro del Gobierno nacional y denunció la depredación pesquera
Pérez también se refirió a la política nacional sobre las Islas Malvinas y cuestionó lo que interpretó como un cambio de discurso del presidente Javier Milei, la manifestar que “el Gobierno nacional modificó su posicionamiento después de distintas manifestaciones populares en defensa de la soberanía argentina”.
“El Gobierno de Milei pegó un volantazo electoral”, afirmó, al recordar anteriores
declaraciones presidenciales sobre Margaret Thatcher y el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas.
“Ojalá esto tenga algún resultado. Yo, la verdad, lo veo muy difícil, pero creo que si hay un lugar donde hay una conciencia respecto a la cuestión de la soberanía es Tierra del Fuego y, sobre todo, Río Grande”, sostuvo.
En ese marco, mencionó un encuentro con el especialista en pesca César Lerena, durante el cual abordamos la “explotación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur”.
Según relató, el especialista advirtió sobre la extracción de aproximadamente 250 mil toneladas de pescado en aguas argentinas, una actividad que Pérez calificó como una grave depredación.
Para el intendente, la defensa de Malvinas debe estar acompañada por “políticas concretas de fortalecimiento industrial, desarrollo tecnológico y protección de los recursos naturales, no hay posibilidad de llevar un ejercicio soberano pleno sin una industria fuerte en nuestra provincia”, afirmó.
Reclamo a Chile por Malvinas: defendió el diálogo y rechazó cualquier escalada militar
En relación con los vínculos comerciales entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, Pérez confirmó que “presentó una nota de reclamo ante la representación diplomática chilena”.
Aclaró que “la iniciativa se realizó desde el respeto institucional y sin desconocer los históricos vínculos de amistad entre ambos pueblos, uno tiene un lazo de hermandad con Chile. Son años de amistad, de hermandad, pueblos que se conocen, que se unen”, expresó.
Sin embargo, cuestionó que “determinados sectores económicos busquen obtener beneficios mediante relaciones comerciales con las islas que considera contrarias a los intereses soberanos argentinos”.
También manifestó su preocupación por discursos que podrían favorecer un aumento de las tensiones militares en la región, para lo cual, dijo que “no puede ser que se desarrolle un vínculo comercial entre las Islas Malvinas y Punta Arenas de esta manera, que algunos quieran incrementar una escalada de violencia, una escalada militar en el estrecho de Magallanes”, señaló.
Pérez rechazó cualquier posibilidad de militarización del conflicto y reivindicó la “necesidad de preservar la paz regional, de ninguna manera nosotros podemos propiciar que esta zona del Atlántico Sur sea una zona de guerra. Queremos que siga siendo una zona de paz”, remarcó.
Asimismo, sostuvo que “existen sectores de la sociedad chilena que mantienen posiciones favorables al reclamo argentino, lo que consideró una señal positiva para continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales”.
Construcción política provincial: “En la política no va más el dedo”
En el plano político, el intendente planteó la necesidad de construir una alternativa para Tierra del Fuego que supere las disputas dirigenciales y coloque en el centro las necesidades de la población.
Explicó que “Provincia Grande continuará impulsando espacios de participación en Río Grande y Ushuaia, mediante encuentros destinados a escuchar propuestas y debatir los principales problemas provinciales”.
“Queremos convocar a todos nuestros vecinos, a las vecinas de toda la provincia, a que puedan venir a aportar sus ideas, que puedan expresar lo que sienten, cuál es el deseo, la esperanza para el futuro de nuestra provincia”, manifestó.
Pérez sostuvo que “el contexto económico exige modificar las formas tradicionales de construcción política, particularmente frente al crecimiento del endeudamiento familiar, el trabajo por cuenta propia y las dificultades para acceder a alimentos”.
“Uno lo ve todos los días, cómo el cuentapropismo se ha expandido, la gente a la que le cuesta llegar a fin de mes, que está endeudada, la gente que nos viene a ver a la Municipalidad porque tiene una dificultad para poder proveerse de alimentos, de lo más esencial”, describió.
Frente a ese escenario, consideró que “los dirigentes deben abandonar las imposiciones y escuchar a la sociedad, no es un momento para que los dirigentes estemos bajando línea y diciendo lo que hay que hacer, es un momento para escuchar a la gente, para reflexionar, para comprender también que hay que cambiar metodologías, que el Estado tiene que funcionar mejor, que hay cosas para corregir”, sostuvo.
En ese sentido, dejó una definición política contundente sobre la forma en que entiende que debe construirse el futuro provincial al sostener que “el dedo acá se terminó. En la política no va más el dedo. Lo que se construya para adelante tiene que ser de abajo para arriba, tiene que ser con todos y tiene que ser con el que piensa distinto también”, afirmó.
Pérez aseguró que “está dispuesto a participar de ese proceso sin condicionar su aporte a una candidatura o posición determinada, voy a aportar desde el lugar que sea, desde el lugar que me toque, a que Tierra del Fuego esté mejor en el futuro”, expresó.
Apertura al peronismo y otros sectores: “Hay cosas más profundas que discutir antes que candidaturas”
Consultado sobre la posibilidad de acercamientos entre los distintos sectores del peronismo fueguino, Pérez sostuvo que “siempre mantuvo una posición abierta al diálogo”.
No obstante, aclaró que “su propuesta de construcción política no se limita al justicialismo, sino que también contempla a dirigentes de otros partidos y ciudadanos independientes”.
“Siempre hemos sido gente con las puertas abiertas para dialogar, pero no solamente con sectores del peronismo con los que uno entiende debería encontrarse más fácilmente. También lo hacemos con dirigentes, con militantes, con personas que piensan diferente a nosotros”, explicó.
Recordó que “su espacio político comenzó a plantear el año pasado la necesidad de construir una alternativa provincial, pero sostuvo que cualquier acuerdo debe partir de coincidencias concretas sobre los problemas que afectan a Tierra del Fuego”.
Como ejemplo, mencionó la falta de votos suficientes en el Congreso nacional para derogar el DNU 70, al que responsabilizó por parte de las dificultades económicas actuales.
“Me hubiese gustado encontrar una posición con el número completo para poder sostener la derogación de ese decreto que tanto daño nos hace”, señaló.
En consecuencia, consideró que “las discusiones sobre candidaturas deben quedar subordinadas a los acuerdos programáticos, hay cosas más profundas para discutir antes que candidaturas o cosas por el estilo que a nadie le importan en este contexto”, afirmó.
Respecto de las actividades de Provincia Grande en Ushuaia, explicó que “la intención es consolidar un espacio de participación y debate ciudadano, me parece que es construcción. Abrimos las puertas de un espacio en Ushuaia para que la gente pueda venir a expresarse”, sostuvo.
Adelantó que allí se desarrollarán mesas de trabajo vinculadas con la salud, mientras que en Río Grande se abordarán temas relacionados con la construcción comunitaria.
Salud municipal: 15 dispositivos en funcionamiento y $18.000 millones de inversión presupuestada
Al referirse a la situación sanitaria provincial, Pérez destacó las políticas que lleva adelante el Municipio de Río Grande y defendió la continuidad de los servicios de atención primaria.
Precisó que actualmente “tenemos 15 dispositivos de salud abiertos, los hemos sostenido, son espacios de calidad, pagamos en tiempo y en forma los salarios a los profesionales médicos, a los administrativos, al personal sanitario”, señaló.
También mencionó el otorgamiento de un bono y aumentos salariales para los trabajadores del sector, en el marco de una política que busca acompañar la evolución de los precios al señalar que “estamos sosteniendo una pauta salarial por encima de la inflación o peleándole a la inflación”, manifestó.
El intendente destacó que el presupuesto municipal contempla una inversión de “18.000 millones de pesos en salud, lo que consideró una demostración de la prioridad que su gestión asigna al área”.
Un reclamo institucional que amenaza con profundizar la tensión política
En el cierre de sus declaraciones, el intendente volvió a insistir en la necesidad de que el Gobierno provincial regularice las transferencias de coparticipación, al considerar que la situación financiera municipal se vuelve cada vez más difícil de sostener.
Aseguró que “continuará privilegiando el diálogo institucional”, pero advirtió que “los recursos que corresponden a Río Grande deben ser transferidos independientemente de las diferencias políticas”.
“Siempre quiero resolver el problema antes de la instancia judicial. Por eso lo venimos planteando sostenidamente y he sido siempre respetuoso, pero la verdad es que a esta altura ya se hace muy difícil convivir con un endeudamiento de estas características”, afirmó.
El jefe comunal remarcó que “la Provincia cuenta con un marco constitucional e institucional que debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con los municipios”.
En ese sentido, dejó en claro que “el reclamo no responde solamente a una discusión entre administraciones, sino a la necesidad de proteger los servicios públicos que utilizan diariamente los vecinos”, concluyó.
