La legisladora de FORJA, Myriam Martínez, confirmó el dictamen favorable para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un sector de tierras productivas de la Margen Sur de Río Grande, aunque aclaró que la regularización definitiva dependerá del financiamiento que consiga el Ejecutivo provincial. En paralelo, defendió la administración del gobernador Gustavo Melella frente a los cuestionamientos por la deuda de coparticipación reclamada por el Municipio de Río Grande, advirtió sobre el deterioro financiero de la provincia y responsabilizó a las políticas nacionales por la caída de recursos. También cuestionó la falta de acuerdos para financiar la educación, pidió revisar la distribución de responsabilidades entre Provincia y municipios y sostuvo que la crisis obliga a abandonar las disputas políticas. “Faltan recursos para todo”, aseguró, y lanzó una fuerte advertencia al sostener que “Ya no es más la isla de la fantasía”.
Río Grande.- La legisladora provincial de FORJA, Myriam Martínez, abordó la situación económica, financiera y política que atraviesa Tierra del Fuego, además de confirmar avances legislativos para regularizar la situación dominial de tierras productivas ubicadas en la Margen Sur de Río Grande.
En diálogo con FM Aire Libre, destacó el acompañamiento al proyecto de expropiación impulsado por el Ejecutivo, pero advirtió que su concreción requerirá recursos económicos y un proceso administrativo que no será inmediato.
Durante la entrevista, también se refirió al reclamo del Municipio de Río Grande por fondos de coparticipación, la discusión sobre el financiamiento educativo, la creciente demanda sobre los servicios públicos y las dificultades para sostener las obligaciones del Estado provincial.
En ese contexto, Martínez consideró que “la falta de recursos obliga a revisar prioridades y alcanzar consensos políticos”, al tiempo que “cuestionó los enfrentamientos entre administraciones y las discusiones que terminan trasladándose a la Justicia”.
Dictamen favorable para regularizar las tierras productivas de la Margen Sur
La parlamentaria confirmó que las comisiones de Recursos Naturales Nº 5 y de Economía y Presupuesto Nº 2, esta última presidida por Matías Lapadula, se reunieron de manera conjunta para analizar el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial que propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el macizo 67, parcelas 1, 2 y 3, de Río Grande.
“Hoy constituimos la comisión número 5 y la comisión número 2, que preside Lapadula. Hicimos una comisión conjunta para tratar el proyecto del Ejecutivo, donde solicita declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el macizo 67, parcelas 1, 2 y 3, de la ciudad de Río Grande, donde están los chacareros”, explicó.
Martínez destacó que se trata de un reclamo histórico de los productores, quienes durante años aguardaron una solución que les permitiera avanzar hacia la titularidad de sus tierras.
“Hace muchísimos años ellos están esperando que la Legislatura pueda declarar de utilidad pública y que el Ejecutivo mande este proyecto de ley”, recordó.
En ese sentido, confirmó que “la iniciativa obtuvo dictamen favorable y que se prevé su tratamiento en la próxima sesión legislativa, cuya fecha estimó para el 28 de octubre”.
Sin embargo, aclaró que “la eventual aprobación de la norma no significará la regularización inmediata de los terrenos, dado que a partir de que se vote y se convierta en ley, hay que comenzar un camino más que importante, que no es corto y que ellos lo saben porque se lo dijimos. Nuestra responsabilidad era acompañarlos en el dictamen, pero luego le corresponde al Ejecutivo provincial”, puntualizó.
La expropiación necesitará financiamiento y una actualización de las tasaciones
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa será determinar los recursos necesarios para concretar las expropiaciones.
Martínez explicó que “la Provincia viene contemplando partidas vinculadas con una ley anterior de expropiación de macizos y parcelas, identificada en la entrevista como Ley 1287, con el objetivo de avanzar en la titularización de tierras”.
Según detalló, existe una “tasación de 124 millones de pesos correspondiente a ese proceso, aunque aclaró que el macizo 67 presenta una situación diferente, debido a que permaneció judicializado durante varios años y su valoración no fue incorporada a los presupuestos anuales”.
“Va a haber que actualizar estos recursos, estos valores. Esto lo actualiza el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Le corresponde actualizar estos montos y, obviamente, tienen que estar incluidos en el presupuesto, y después tenemos que ver de dónde sale la plata”, explicó.
La legisladora señaló que durante la reunión se consultó al ministro de Producción, Francisco Devita, acerca de las posibilidades de financiamiento y en ese marco, mencionó que “una de las alternativas evaluadas por el Gobierno sería recurrir al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), mediante la presentación de un proyecto relacionado con el desarrollo de un polo productivo de mediana escala”.
De todos modos, aclaró que “no existe todavía una definición sobre el origen de los fondos, eEsto es todo un trabajo que le corresponde al Ejecutivo. Nosotros confiamos y esperamos que así sea. Hemos trabajado para contar con esta iniciativa legislativa. Hace mucho tiempo venimos trabajándolo con el Ejecutivo y con los chacareros”, sostuvo.
Más de 300 chacras y el riesgo de usurpaciones y ventas ilegales
Martínez estimó que “en Río Grande existen más de 300 chacras vinculadas con diferentes actividades productivas, por lo que consideró fundamental avanzar en herramientas que permitan dar seguridad jurídica a sus ocupantes”.
“Yo creo que son más de 300 chacras alrededor, en la ciudad de Río Grande, obviamente con diferentes tipos de producción. Estoy muy contenta, ellos se lo merecen”, manifestó.
La legisladora remarcó que “la falta de regularización dominial no solamente afecta las posibilidades de desarrollo productivo, sino que también expone a los chacareros a conflictos judiciales y situaciones de inseguridad sobre la propiedad”.
“Estaban muy angustiados porque tienen embates judiciales. Y también no te olvides que, al no tener regularizada la tierra, esto propicia la usurpación, la venta ilegal”, advirtió.
Por ese motivo, consideró que “el dictamen favorable representa un paso importante para atender una problemática histórica, aunque insistió en que la solución definitiva dependerá de las gestiones posteriores del Gobierno provincial”.
Coparticipación: Martínez pidió diálogo entre Provincia y Municipio y rechazó judicializar la política
En otro tramo de la entrevista, Martínez se refirió al conflicto entre el Gobierno provincial y el Municipio de Río Grande por los fondos de coparticipación que reclama la administración del intendente Martín Pérez.
La legisladora evitó pronunciarse sobre la exactitud del monto reclamado y centró su análisis en la delicada situación financiera que atraviesan las administraciones públicas.
“Vemos la situación angustiante, preocupante, que está viviendo la provincia de Tierra del Fuego en materia económica y financiera, producto de una política nacional que no nos acompaña”, sostuvo.
En ese sentido, defendió al gobernador Gustavo Melella frente a los cuestionamientos sobre la administración de los recursos provinciales al señalar que “faltan recursos para todo. Faltan recursos para la provincia y para los municipios y no es producto de una mala administración del gobernador”, afirmó.
Según explicó, el principal problema radica en que “determinados ingresos previstos para sostener las obligaciones provinciales dejaron de percibirse, generando dificultades para financiar servicios esenciales”.
“Si el recurso que tiene que ingresar a la provincia, que vos lo tenías planificado, presupuestado para llevar adelante, no te está ingresando, y no solamente no te está ingresando, sino que te dicen que no van a llegar esos recursos definitivamente, detrás de esos recursos están los vecinos de Río Grande”, señaló.
Martínez reconoció que “la discusión por los plazos de transferencia de la coparticipación municipal lleva varios años” y recordó que “incluso existieron presentaciones judiciales y debates legislativos sobre esa cuestión”.
Sin embargo, consideró que “la resolución del conflicto actual debe buscarse mediante conversaciones entre las áreas económicas de ambas administraciones, las conversaciones se llevan adelante, hay un diálogo de las áreas de finanzas, y la verdad que es la vía que tienen que llevar adelante”, indicó.
Asimismo, sostuvo que “no corresponde trasladar permanentemente estas controversias a la Legislatura, es un tema que, si vos me preguntás, no tiene por qué venir a la Legislatura”, expresó.
Y cuestionó la creciente judicialización de las diferencias políticas al sostener que “todo lo que muchas veces no se consigue mediante el voto democrático, o después se cuestiona, terminamos en la Justicia. La política termina en la Justicia, y eso tampoco está bueno”.
Para Martínez, la salida requiere “voluntad de negociación” y una “comprensión compartida de las limitaciones presupuestarias, esto tiene que ser un diálogo político, un diálogo con altura y con los pies en la tierra”, reclamó.
La ley de goteo y las dificultades para sostener las obligaciones provinciales
Consultada sobre la posibilidad de restablecer un sistema automático de transferencia de fondos a los municipios, Martínez recordó que “durante su primera gestión como legisladora presentó una iniciativa vinculada con la denominada ley de goteo”.
No obstante, explicó que “posteriormente desistió de insistir con el proyecto ante las advertencias sobre sus consecuencias financieras, donde me dijeron: ‘¿Sabés qué, Miriam? Si aprobamos este proyecto, prácticamente no se van a pagar los salarios, no hay manera de que se pueda administrar’”, recordó.
La parlamentaria señaló que “la situación económica provincial fue expuesta en diferentes oportunidades ante los legisladores por las autoridades del Ministerio de Economía y aseguró que la información presupuestaria se encuentra disponible públicamente”.
“Todos los números de la provincia están colgados en la página. No hay manera de que un espacio político no tenga conocimiento de la economía financiera de la provincia. No es verdad”, cuestionó.
En ese contexto, Martínez recordó que “estos temas también formaban parte de las discusiones vinculadas con una eventual reforma constitucional”.
“La distribución del ingreso, los roles que tiene que cumplir la municipalidad, los roles que tiene el Gobierno de la provincia. Es fundamental poder hablar de esto, pero nadie quiere hablar”, lamentó.
“La provincia está pagando salarios con adelantos de coparticipación”
Al describir las dificultades financieras del Gobierno, Martínez aseguró que “la Provincia está recurriendo a adelantos de fondos provenientes de Nación para afrontar sus obligaciones salariales, por lo tanto, la provincia está administrando sus finanzas y está pagando los salarios de los empleados públicos con adelantos de la coparticipación que está mandando el Gobierno nacional”, afirmó.
También señaló que “el Ejecutivo provincial mantiene negociaciones para obtener financiamiento destinado a obras públicas y proyectos de infraestructura, incluyendo recursos del FAMP”.
“Está claro que los recursos que están en el FAMP son de todos los fueguinos, pero ¿los pudimos utilizar? No, no los pudimos utilizar”, expresó.
Respecto de los cuestionamientos sobre una presunta distribución desigual de inversiones entre Ushuaia y Río Grande, defendió la “necesidad de mantener un equilibrio territorial, no podemos estar discutiendo todo el tiempo por qué esto para Ushuaia o por qué esto para Río Grande”, planteó.
Consultada específicamente sobre cuántos proyectos del FAMP se concretarán en Río Grande, reconoció que “no contaba con esa información y se comprometió a averiguarla”.
De todos modos, aseguró que “existen numerosos proyectos en evaluación y que, según su conocimiento, se trabaja con un criterio de equidad para toda la provincia”.
Financiamiento educativo: dos años de discusión sin acuerdos sobre los recursos
Martínez recordó que “hace dos años nosotros estamos tratando de generar una herramienta para garantizar el financiamiento educativo a la provincia y no se puede. ¿Por qué? Porque tampoco nos ponemos de acuerdo de dónde salen los recursos”, sostuvo.
En ese marco, cuestionó que “diferentes sectores políticos rechacen alternativas de financiamiento sin presentar acuerdos que permitan garantizar los recursos necesarios”.
También planteó que “los municipios deben formar parte de una discusión integral sobre las responsabilidades del Estado.
“Tenemos un problema en la salud pública, tenemos un problema con el gas, vamos a pedirle colaboración. No, con las municipalidades no. Las municipalidades no pueden aportar nada”, ejemplificó al describir las resistencias que, según su visión, aparecen cuando se intenta discutir la distribución de los esfuerzos económicos.
La legisladora consideró que “ninguna administración puede mantenerse al margen de la situación provincial, es como si fueran un espacio estanco dentro de la provincia donde nadie lo puede mirar, nadie lo puede tocar”, cuestionó.
“Tenemos que ver de qué manera, con las herramientas que tenemos, con los recursos que tenemos, alcanza para todos. Pero no se quiere discutir”, lamentó.
Salud pública bajo presión: más pacientes, menos cobertura y tratamientos millonarios
La parlamentaria advirtió que uno de los principales efectos de la crisis económica es el incremento de la demanda sobre el sistema público de salud.
Según señaló, alrededor de “55.000 fueguinos recurren a la atención sanitaria estatal, mientras que numerosas familias dejaron de afrontar el costo de la medicina prepaga o perdieron su cobertura como consecuencia de la situación laboral”.
Cuestionó los cambios en el programa nacional Remediar
“No es que lo han sacado. Lo que han hecho es acortar la cantidad de medicamentos que cubría el programa Remediar”, explicó.
Martínez señaló que “frente a esas restricciones, la Provincia debe sostener la entrega gratuita de medicamentos y absorber prestaciones que anteriormente eran financiadas por otros sistemas de cobertura”.
A esto se suma, según detalló, la “pérdida de puestos de trabajo, la reducción de jornadas laborales y las dificultades económicas de numerosas familias”.
“Tenemos otros tantos que han perdido su trabajo, es impresionante la cantidad de fueguinos que han perdido su trabajo, que no pueden conseguir trabajo”, manifestó.
También cuestionó a determinadas obras sociales por incumplimientos en las prestaciones a sus afiliados y al respecto dijo que “hay otras tantas obras sociales que se hacen las desentendidas, que no están cubriéndole a sus afiliados y terminan abandonándolos para que la salud pública pueda afrontar estos gastos”, denunció.
La legisladora advirtió que “algunas de esas prestaciones incluyen tratamientos oncológicos y enfermedades crónicas cuyos costos pueden alcanzar cifras millonarias, aumentando considerablemente las obligaciones presupuestarias del Estado provincial”.
La crisis también golpea a la educación privada y aumenta la demanda estatal
Martínez sostuvo que “las dificultades económicas de las familias también se reflejan en el sistema educativo, donde estudiantes que durante años asistieron a instituciones privadas deben trasladarse a establecimientos públicos porque sus padres ya no pueden afrontar las cuotas”.
“Hay un montón de chicos que han dejado su escuela, que han ido todos los años y durante años, o que están finalizando su ciclo escolar, ya sea primario o secundario, y tienen que irse al público porque los papás no pueden pagar la cuota”, explicó.
Además, recordó que “la Provincia también destina recursos para sostener el funcionamiento de establecimientos educativos de gestión privada”.
“Las escuelas privadas están recibiendo un subsidio del Gobierno de la provincia. También estamos colaborando con recursos para que puedan funcionar”, señaló.
En ese sentido, defendió el papel del Estado provincial durante las diferentes crisis económicas y sanitarias y recordó especialmente los “esfuerzos realizados durante la pandemia y la pospandemia, cuando numerosos recursos presupuestarios debieron redireccionarse hacia la salud, la asistencia a las familias y el acompañamiento al sector privado, el Estado siempre ha estado presente en todos los momentos y en todas las dificultades que hemos atravesado”, afirmó.
Presupuesto 2027: anticipó un debate complejo por la falta de recursos
Respecto del tratamiento del Presupuesto provincial 2027, Martínez anticipó que la discusión legislativa comenzaría durante noviembre y que estará atravesada por las dificultades económicas que enfrenta Tierra del Fuego.
“Seguramente vamos a comenzar ahora en noviembre a trabajar el presupuesto”, indicó.
La parlamentaria consideró que “el debate deberá contemplar no solamente las obligaciones salariales y administrativas del Estado, sino también el crecimiento de las necesidades sociales, sanitarias y educativas, estos son los temas que vamos a discutir, esto y tantos otros más, porque no están los recursos. Esta es la realidad, no están los recursos”, enfatizó.
En ese marco, insistió en que el “deterioro de los ingresos provinciales está relacionado con las decisiones económicas del Gobierno nacional, al que cuestionó por impulsar un modelo que, según su interpretación, reduce la intervención estatal y profundiza las dificultades de los sectores más vulnerables”.
“Acá hay un cambio de paradigma de la política nacional. Acá hay alguien que defiende un capitalismo individualista y que sálvese el que puede”, sostuvo.
Frente a ese escenario, remarcó que “la respuesta debe surgir de acuerdos políticos y responsabilidades compartidas”.
“Solamente el diálogo y la coherencia política vamos a poder arribar a propuestas, a soluciones, a acompañamientos. No hay otra manera, porque el enfrentamiento no nos va a traer a nada”, expresó.
“Se terminó el cuentito”: fuertes críticas a las decisiones políticas del pasado
Martínez endureció su discurso y cuestionó las decisiones políticas que, a su entender, contribuyeron a profundizar los desequilibrios estructurales de Tierra del Fuego.
La legisladora sostuvo que “durante años se aprobaron herramientas legislativas sin considerar suficientemente sus consecuencias financieras”.
“La provincia también está como está porque hace muchísimos años ha habido una Legislatura que ha acompañado herramientas legislativas pensando que éramos la isla de la fantasía. Y se terminó, el cuentito se terminó. Llegó a su fin”, lanzó.
En esa línea, afirmó que “el escenario actual obliga a abandonar las discusiones alejadas de las posibilidades económicas reales de la provincia, ya no es más la isla de la fantasía, y eso obviamente tiene una consecuencia”, insistió.
Martínez también repasó distintas etapas de la historia política provincial y cuestionó a quienes atribuyen las dificultades económicas exclusivamente a determinadas administraciones
En particular, mencionó la salida del gobierno de José Estabillo, el crecimiento de la planta de empleados públicos y las dificultades financieras registradas durante la gestión de Fabiana Ríos.
“Me acuerdo cuando Estabillo entregó la Casa de Gobierno con un candado puesto y vino el gobierno peronista. O cuando se fue el gobierno peronista y dejó 7.800 personas en el Estado y después terminamos siendo 20.000”, recordó.
Asimismo, hizo referencia a períodos en los que, según su descripción, existieron dificultades para afrontar salarios, prestaciones de obra social y jubilaciones.
“¿Qué pasó con los que fundieron, los que reventaron la provincia?”, se preguntó.
La parlamentaria rechazó las acusaciones políticas que desconocen, según su criterio, las responsabilidades de las distintas gestiones y defendió las decisiones adoptadas durante su trayectoria legislativa.
“No es que ellos son mejores que nosotros, ni que yo soy mejor que ellos. Pero sí sé lo que hice y por qué lo hice. Soy totalmente responsable de cada cosa que he hecho en mi vida política”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que “la situación actual exige reconocer las limitaciones presupuestarias, abandonar los enfrentamientos y discutir soluciones concretas para sostener los servicios esenciales”.
“La realidad mata los relatos, lo importante es la coherencia política que uno ha tenido y el porqué, tal vez, en algún momento de la historia política uno ha tenido que tomar una decisión. Pero acá hay responsabilidades”, expresó.
Y concluyó con una definición que sintetizó su diagnóstico sobre el presente económico de Tierra del Fuego: “Hoy, ¿qué pasó? No están los recursos. Esto es lo que pasa hoy, los recursos no están, se terminaron”.
