La concejal mandato cumplido Miriam Mora presentó en la Legislatura un proyecto para crear el Programa Provincial de Equidad Energética (ProPEn), una iniciativa destinada a proteger a las familias fueguinas que no cuentan con acceso a la red de gas natural. La propuesta busca garantizar cargas de 450 kilos de GLP durante el invierno y 240 kilos en verano, retrotraer el impacto de los aumentos aplicados al gas envasado y asegurar la ejecución de obras complementarias que permitan soluciones definitivas para miles de hogares. La iniciativa surge en medio de fuertes críticas a las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional, los recortes provinciales en los subsidios y el crecimiento de la desigualdad energética en la provincia.
Río Grande.- La ex concejal de Río Grande Miriam Mora presentó ante la Legislatura provincial un proyecto de ley para la creación del Programa Provincial de Equidad Energética (ProPEn), una herramienta que busca garantizar el acceso al gas envasado a los sectores más vulnerables de Tierra del Fuego y avanzar en soluciones estructurales para quienes aún permanecen excluidos de la red de gas natural.
La iniciativa surge en un contexto marcado por el aumento sostenido de los costos energéticos, la reducción de subsidios y la profundización de las dificultades económicas que atraviesan miles de familias fueguinas.
En los fundamentos del proyecto, Mora sostiene que la provincia requiere un tratamiento diferencial debido a sus características geográficas, climáticas y logísticas. En ese sentido, remarca que “por su ubicación austral y aislamiento logístico requiere de un esquema de asistencia especial que garantice el derecho humano de acceso a la energía con el objetivo de lograr la justicia energética”.
La propuesta parte de una premisa central que es que en Tierra del Fuego el acceso a la energía no constituye un servicio más, sino una condición indispensable para garantizar condiciones mínimas de vida durante gran parte del año.
“Las condiciones climáticas de la zona austral hacen esencial e imprescindible el acceso a la energía como medio básico para una vida digna”, señala el texto.
El impacto de las medidas nacionales sobre el gas envasado
Uno de los ejes centrales de la iniciativa apunta a las consecuencias que tuvieron las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional sobre el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Según argumentó Mora, la eliminación de los controles de precios máximos obligatorios, la implementación de medidas de desregulación, la eliminación del Plan Hogar y la reducción de la participación del Estado nacional en los subsidios al gas envasado trasladaron la mayor parte de los costos a las provincias y a los usuarios.
Para la autora del proyecto, estas medidas colocaron en una situación de extrema vulnerabilidad a miles de vecinos que no cuentan con acceso a la red de gas natural.
“El proceso de desregulación ha puesto en situación de emergencia a los sectores que no cuentan con el servicio de red de gas natural en nuestra provincia, condicionando las posibilidades de acceso al consumo de servicios energéticos, sobre todo gas licuado, cuyo precio resulta comparativamente más elevado que el de gas de red”, advirtió.
En ese contexto, Mora sostuvo que “el Estado provincial tiene la obligación de intervenir para garantizar el acceso a un recurso esencial”.
“Es una obligación constitucional del Estado Provincial garantizar el derecho a la vida digna, a la salud y a las condiciones mínimas de vivienda”, afirma.
Críticas al actual sistema de subsidios
La iniciativa también cuestiona el mecanismo actual mediante el cual se otorgan subsidios al gas envasado.
Según plantea el proyecto, actualmente las ayudas económicas se financian mediante partidas discrecionales del Ministerio de Economía y se distribuyen a través de un sistema de bonos que considera insuficiente y vulnerable a irregularidades.
“Los subsidios al gas envasado para usuarios particulares son cubiertos mediante partidas discrecionales del Ministerio de Economía de la Provincia y son asignados mediante un sistema de bonos deficiente, que deja margen de probabilidad para especulaciones e irregularidades en la distribución”, manifestó.
Asimismo, cuestiona la Resolución 437/25 del Ministerio de Economía provincial, mediante la cual se duplicó el precio de referencia del gas envasado.
Para Mora, esa medida, sumada a la liberación de precios impulsada desde Nación, colocó a “miles de familias en una situación crítica, ha puesto a los vecinos que no tienen red de gas natural en una situación límite respecto de las posibilidades de consumo del insumo energético”, señaló.
A ello suma los efectos del Decreto Provincial 2112/25, que redujo en 50 kilos las cargas subsidiadas tanto en invierno como en verano.
El cuestionamiento al límite de ingresos
Otro de los puntos más críticos del proyecto está relacionado con el Decreto 505/2026, que estableció como parámetro para acceder al beneficio un ingreso familiar equivalente a 17 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
Para Mora, esa “segmentación no refleja la realidad económica de las familias fueguinas, la crisis económica, la desocupación, la falta de empleo genuino y la inflación constituyen una acumulación de factores negativos para quienes alcanzan dicho monto de ingresos, dado que aun con tal nivel de ingresos no les alcanza para cubrir sus necesidades”, sostiene.
En ese sentido, consideró que “limitar el acceso al subsidio únicamente a partir del nivel de ingresos simplifica una problemática mucho más compleja”.
“La segmentación pretendida por el Poder Ejecutivo Provincial choca con la correcta evaluación de la situación de hecho de los vecinos sin acceso a gas de red, simplificando vía piso de ingresos una compleja serie de factores con influencia en la calidad de vida”, argumentó.
La situación de los barrios sin servicios
El proyecto dedica un apartado especial a la situación de numerosos barrios de Ushuaia que aún no cuentan con acceso a la red de gas natural.
Según expuso Mora, muchas de “estas familias habitan en sectores altos de la ciudad donde la infraestructura nunca llegó o quedó inconclusa”.
La dirigente indicó que “existe una contradicción entre la exigencia estatal hacia los vecinos y las responsabilidades históricas incumplidas por el propio Estado”.
“Resulta paradójico que el Estado pretenda que los propios vecinos den solución a esta problemática”, señala.
Y agregó que “durante años se entregaron lotes sin planificación ni servicios básicos, el mismo Estado decidió otorgar lotes sin ningún servicio básico, sin mensuras, sin certificación de ocupación del lote, sin urbanización y obras básicas para el desarrollo y ordenamiento de los barrios, sin aperturas de calles, sin espacios verdes, sin lugares de esparcimiento, sin transporte público adaptado a la zona, sin infraestructuras ni establecimientos de salud ni educacionales”.
Asimismo, advirtió que “muchos de esos sectores presentan viviendas construidas con materiales livianos o reciclados, lo que incrementa aún más la necesidad de calefacción”.
“Estos barrios deben ser los más incluidos y no quitarles más derechos”, remarca.
Río Grande y las obras inconclusas
Aunque reconoce diferencias estructurales con Ushuaia, Mora también pone el foco en la situación de Río Grande.
Según explicó, en la “ciudad existen numerosos sectores donde la red principal ya fue ejecutada, pero la falta de finalización de obras complementarias impide que las familias accedan efectivamente al servicio”.
“Gran cantidad de vecinos y vecinas cuentan con la red de gas cerca de su domicilio, pero por la falta de finalización de las obras y el incumplimiento del Programa Llegó el Gas, varios sectores no han podido acceder a conectarse al servicio de red de gas natural”, describió.
Cómo funcionaría el Programa ProPEn
El proyecto establece la creación formal del Programa Provincial de Equidad Energética con vigencia hasta diciembre de 2027 y posibilidad de prórroga por un año adicional.
La iniciativa garantiza a los hogares alcanzados por el programa el acceso a cargas subsidiadas de 450 kilogramos de GLP durante el invierno y 240 kilogramos de GLP durante el verano.
Además, dispone que el Estado provincial compense las tarifas para que los beneficiarios paguen valores equivalentes a los vigentes antes de la Resolución 437/25.
El programa estará destinado a familias sin acceso a gas de red cuya demanda energética no pueda ser satisfecha por sus propios medios y que cuenten con vivienda única.
Para ello, el Ejecutivo deberá realizar un relevamiento integral y confeccionar una base de datos consolidada de hogares en situación de riesgo.
Financiamiento y control
La propuesta también establece una fuente específica de financiamiento.
Entre otras alternativas, plantea utilizar recursos provenientes del recupero de fondos otorgados mediante los programas PROGRESO, rendimientos financieros de activos provinciales y fondos provenientes de herramientas vinculadas al desarrollo económico.
Asimismo, autoriza al Ejecutivo a solicitar recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) para concluir obras esenciales destinadas a garantizar el acceso al gas natural.
Como mecanismo de transparencia, el proyecto propone que la comisión creada por la Ley 1312 supervise la ejecución de los fondos, controle la distribución de la asistencia y fiscalice el avance de las obras necesarias.
“Garantizar el acceso equitativo a la energía”
En la parte final de los fundamentos, Mora manifestó que “tanto el Estado nacional como los gobiernos provinciales tienen obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos”.
Por ello considera indispensable implementar medidas urgentes para evitar que miles de familias queden excluidas del acceso a un recurso básico para la vida cotidiana.
“Resulta preciso poner en marcha mecanismos gubernamentales destinados a garantizar el acceso equitativo a la energía, protegiendo a los hogares en riesgo ante la suba del GLP, aliviar el esfuerzo económico de las familias disminuyendo la carga tarifaria, asegurando el abastecimiento energético y haciendo efectivo el derecho de acceso a la energía”, concluyó.
Con esta iniciativa, Miriam Mora busca abrir el debate sobre una problemática que afecta a miles de familias fueguinas y que, según sostiene, requiere respuestas urgentes, permanentes y estructurales para terminar con una de las mayores desigualdades que persisten en la provincia: el acceso a la energía para calefaccionar los hogares en uno de los territorios más fríos del país.
