El legislador provincial Pablo Villegas calificó como “gravísimos” los hechos ocurridos en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande, donde tres internos resultaron gravemente heridos. Además de exigir responsabilidades políticas, solicitó la renuncia del director provincial del Servicio Penitenciario y planteó la necesidad de que la Legislatura intervenga para acompañar la investigación judicial.
Río Grande. -En diálogo con FM del Pueblo, Pablo Villegas diferenció su rol como integrante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura de su función como legislador e integrante de la Comisión de Seguridad. Sobre el accionar del organismo, aseguró que se encuentra trabajando desde el primer momento junto a las autoridades judiciales y al Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
Sin embargo, al referirse a la situación desde su rol legislativo, fue contundente: “Estamos frente a un hecho gravísimo, inusitado, que requiere el acompañamiento institucional a las autoridades judiciales, que requiere que este tema se debata en la Comisión de Seguridad”.
En ese sentido, confirmó que solicitó a la presidenta de la comisión, la legisladora Natalia Gracianía, la convocatoria de una reunión para citar al ministro, Jorge Canals, y exigir explicaciones sobre lo sucedido.
Pedido de renuncia al director del Servicio Penitenciario
Villegas sostuvo que “entiendo que el director provincial es el máximo responsable y tiene que dar un paso al costado, que el ministro Canals ya le debió haber pedido la renuncia, porque es el máximo responsable institucional del Servicio Penitenciario y se tiene que hacer cargo de esta grave situación”.
Además, remarcó que “el director provincial es hoy el que, luego de haber fracasado en su deber de seguridad y custodia de las personas privadas de la libertad, particularmente de estos tres damnificados, les sigue brindando seguridad y custodia. Es un absurdo”.
Denuncias de amenazas y preocupación por el crimen organizado
Consultado sobre las denuncias realizadas por familiares de las víctimas respecto de amenazas y situaciones de intimidación, Villegas señaló que “la Legislatura le tiene que dar el respaldo institucional suficiente a quienes están investigando y en particular a los damnificados y a sus familiares para que no exista esta situación de miedo, de terror, de temor, de aprietes, de amenazas ligadas al crimen organizado”.
Asimismo, reiteró “la existencia de manifestaciones delictuales de organizaciones que responden al concepto de crimen organizado, particularmente en Río Grande, tiene que ser reconocida y abordada de manera contundente e inteligente por el Estado”.
“Hubo víctimas innecesarias”
Aunque aclaró que no forma parte de la causa judicial y que no puede pronunciarse sobre eventuales responsabilidades penales, el legislador manifestó que “te puedo asegurar que han existido hechos graves, que ha habido víctimas innecesarias como resultado de un actuar por lo menos ilegal de parte de las autoridades penitenciarias”.
“Acá existió un hecho gravísimo. Ese hecho gravísimo debió haber sido prevenido y evitado por la autoridad penitenciaria. Eso no sucedió. Hay responsabilidades políticas e institucionales y, a lo mejor, responsabilidades penales”, agregó.
Comisión investigadora por el radar de LeoLabs
Villegas también se refirió al inicio formal de la comisión legislativa que investigará la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin.
Explicó que durante la primera reunión asumirán los representantes de los centros de excombatientes como veedores, se aprobará el reglamento interno y comenzarán a impulsarse distintas medidas probatorias.
“Uno de los objetivos de la comisión es saber qué nos pasó, por qué nos pasó y quiénes intervinieron”, señaló.
Además, planteó que “tenemos que tratar de reconstruir la verdad histórica de lo que nos sucedió, cómo nos sucedió y quiénes participaron, para establecer un sistema de salvaguarda y un marco normativo que nos permita evitar en el futuro situaciones de estas características”.
Villegas recordó que el propio Ministerio de Defensa de la Nación calificó al radar como un instrumento militar vinculado al Reino Unido y consideró que la provincia debe aprender de lo ocurrido.
“Eso no nos tiene que volver a ocurrir. Tenemos que tratar de averiguar si hubo responsabilidades políticas, pero también construir un marco legal y de controles recíprocos entre los distintos poderes del Estado para que en el futuro no pasen cosas como esta”, indicó.
Finalmente, dijo que “la realidad de los hechos indica que, si no hubiera existido la intervención previa de algunos funcionarios provinciales, ese radar nunca hubiera estado en funcionamiento”.
