Un grupo de personas mantiene desde hace una semana un acampe en las inmediaciones de las oficinas de Desarrollo Social, sobre calle Estrada casi Perito Moreno. Se trata de algunas, mamá, papás y una abuela que ya se manifestaron previamente en Tribunales en el marco de causas de familia, en las que tuvieron restringido el acceso a menores por diversas razones.
Río Grande. – El reclamo apunta al área de Corresponsabilidad, a la que exigen mayor celeridad en la elaboración de los informes que le competen. Ante la falta de respuestas, el grupo decidió instalarse frente a la dependencia, una medida que con el correr de los días comenzó a generar tensiones en la convivencia del lugar.
En ese marco, empleados del área denunciaron haber sido blanco de insultos, gritos y amenazas por parte de algunos de los referentes del reclamo, varios de los cuales registran antecedentes. A raíz de estos episodios se radicó una denuncia penal por intimidación pública, además de un delito de mayor gravedad vinculado a un presunto intento de condicionar decisiones de un funcionario público.
Con esos elementos, el Juzgado de Instrucción N°1 ordenó ayer notificar de sus derechos y garantías a las personas que permanecen en la carpa. Además, dispuso recorridas periódicas de personal policial por la zona y una consigna fija durante el horario habitual de atención de las oficinas.
La situación continúa abierta, en un cruce que combina un reclamo social con una causa judicial en desarrollo.
