El intendente de Río Grande anticipó que espera “más ajuste” del Presupuesto Nacional y advirtió que la caída de los ingresos, el endeudamiento de las familias y la paralización de la obra pública condicionan cada vez más a los municipios. Frente a ese escenario, aseguró que el presupuesto local estará atravesado por la austeridad, pero priorizará la salud, la demanda social, los servicios esenciales y la continuidad de obras estratégicas. Pérez también se metió en la crisis provincial y el prolongado conflicto docente, donde reconoció que existe “un reclamo legítimo” por los salarios, pero sostuvo que para dar respuestas hacen falta diálogo, recursos, planificación del gasto y una administración eficiente. “No puede ser el culpable ni el papá, ni el chico, ni el docente; las responsabilidades pasan por otro lado”, sentenció. Por otro lado, confirmó que el Municipio se presentó como parte de la demanda contra las petroleras que operan ilegalmente en Malvinas y advirtió que una eventual explotación offshore podría provocar graves consecuencias ambientales en el Mar Argentino y la costa patagónica. Reclamó vincular la defensa de la soberanía con industria, trabajo, arraigo e infraestructura, cuestionó el giro de Javier Milei sobre Malvinas y pidió certezas sobre la Base Naval Integrada y la presencia de fuerzas extranjeras.
Río Grande.- El intendente de Río Grande, Martín Pérez, confirmó la decisión del Municipio de incorporarse a la causa judicial iniciada contra las empresas petroleras que operan en el área de las Islas Malvinas y planteó que la defensa de la soberanía argentina debe estar necesariamente acompañada por políticas de protección ambiental, desarrollo industrial, generación de empleo, arraigo e infraestructura para Tierra del Fuego.
En diálogo con el programa Buscando el Equilibrio, por Radio Provincia, Pérez abordó además la situación económica nacional, cuestionó con dureza el ajuste del Gobierno de Javier Milei y anticipó los principales lineamientos del Presupuesto municipal. También reclamó claridad respecto del futuro de la Base Naval Integrada, insistió en la necesidad estratégica de un puerto para la zona norte y fijó posición frente al prolongado conflicto docente.
Río Grande se presentó en la causa por la explotación petrolera en Malvinas
Pérez explicó que “el Municipio busca incorporarse como tercero en la causa originada por la demanda promovida por el CECIM La Plata junto con la organización de abogados ambientalistas, ante el posible daño ambiental derivado de las operaciones petroleras que se desarrollan ilegalmente en el área de Malvinas”.
El intendente sostuvo que “la decisión municipal encuentra respaldo en la propia Carta Orgánica de Río Grande, que establece responsabilidades vinculadas tanto con la defensa de la soberanía como con la protección del ambiente, no solo tenemos el deber de defender nuestra soberanía, sino también de proteger el ambiente”, remarcó.
Pérez advirtió particularmente sobre las consecuencias que podría generar un accidente durante las tareas de perforación y explotación offshore y señaló que “un eventual derrame se produciría en una zona de enorme complejidad operativa, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de las islas”.
Según sostuvo, un incidente de esas características podría “generar un daño ambiental muy complejo” que no quedaría limitado al área de explotación, sino que podría alcanzar “todo el Mar Argentino, nuestra costa y la costa patagónica en general”.
“Por eso vimos con mucha preocupación esto y por eso tomamos la decisión de presentar a nuestro Municipio como parte, como tercera parte de esta demanda”, explicó Pérez. También destacó la decisión de la jueza federal Mariel Borruto de declararse competente en la causa y mencionó las actuaciones que podrían impulsarse posteriormente a través de la Cancillería argentina.
Busca sumar municipios patagónicos al reclamo
La intención de Río Grande es que el planteo trascienda las fronteras provinciales, donde Pérez confirmó que “ya inició conversaciones con autoridades de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia” y anticipó que “buscará avanzar con otras ciudades ubicadas sobre la costa atlántica patagónica, la idea es poder sumar la mayor cantidad de municipios posibles a este reclamo”, señaló.
Además, informó que “están articulando una expresión conjunta a través de la Federación Argentina de Municipios para otorgarle mayor peso político e institucional a la presentación”.
Pérez remarcó que su posición no responde a la coyuntura actual y recordó que “durante su paso por el Congreso Nacional, entre 2016 y 2017, ya advertía sobre el avance de las empresas interesadas en explotar los recursos naturales en el área de Malvinas”.
“Para algunos puede llegar a ser una novedad o un giro de volante muy rápido desde el punto de vista más electoral que otra cosa, pero para nosotros, que somos defensores de la causa Malvinas, es algo que venimos sosteniendo”, afirmó.
“No hay defensa de la soberanía posible sin arraigo”
El intendente vinculó la disputa por los recursos naturales con la situación económica y productiva de Tierra del Fuego.
Para Pérez, no alcanza con “reivindicar diplomáticamente la soberanía argentina si al mismo tiempo se debilita la estructura productiva y laboral de la provincia, teniendo en cuenta que no hay defensa de la soberanía posible con desindustrialización. No hay defensa de la soberanía posible sin arraigo. No hay defensa de la soberanía nacional sin pensar el desarrollo de Tierra del Fuego sobre la base del trabajo”, sentenció.
Desde esa perspectiva, cuestionó el reciente giro discursivo del presidente Javier Milei sobre la Cuestión Malvinas y consideró que “podría responder a una conveniencia electoral”.
Según Pérez, el Gobierno modificó su posición después de que “la causa recuperara centralidad en la opinión pública nacional, después de mirar algunas encuestas, evidentemente le dijeron: ‘Mirá, estás errando el camino, tenés que pararte en este lugar porque te va a servir electoralmente el año que viene’”, sostuvo, aclarando que se trataba de su interpretación política.
No obstante, planteó que “si el Gobierno nacional decidió asumir ahora una postura más firme, debe traducirla en acciones concretas contra las compañías involucradas”.
“Espero que, a partir de estas presentaciones que estamos haciendo, junto seguramente con otras más, se lleven adelante todas las acciones que correspondan” para impedir que las empresas continúen operando ilegalmente en territorio argentino, reclamó.
“Le está yendo mal a millones de argentinos”
Al analizar el escenario económico, Pérez rechazó que la discusión pueda reducirse a si al Presidente le está yendo bien o mal políticamente y al respecto dijo que “le está yendo mal en la economía, pero no a él, le está yendo mal a millones de argentinos que la están pasando muy mal”, afirmó.
El intendente trasladó ese diagnóstico a Tierra del Fuego y aseguró que “miles de familias están endeudadas con bancos, fintech, prestamistas, comercios e incluso familiares y amigos”.
“Le está yendo mal al carnicero, al verdulero, al comerciante, al industrial, a la pyme, al trabajador rural. A todos les está yendo mal con este modelo”, sostuvo.
Para Pérez, la principal consecuencia de la política económica es el “deterioro de la industria, a la que definió como la columna vertebral” del desarrollo argentino.
Por eso cuestionó que, en lugar de priorizar el aparato productivo y recuperar el consumo, el Gobierno nacional busque “atajos” políticos.
Dudas sobre la Base Naval Integrada
Otro de los puntos sobre los que reclamó definiciones fue el futuro de la Base Naval Integrada.
Pérez consideró necesario avanzar con infraestructura estratégica en Tierra del Fuego, pero advirtió que “debe quedar absolutamente claro que será administrada por las Fuerzas Armadas argentinas”.
“¿Está claro que va a ser una base militar que va a ser operada exclusivamente por nuestras Fuerzas Armadas o están buscando, de alguna manera, que alguna potencia extranjera se instale en esa base?”, preguntó.
En ese sentido, consideró que “el Congreso Nacional debería intervenir para brindar certezas”.
También expresó preocupación por la presencia de tropas extranjeras y sostuvo que “los ejercicios combinados requieren la correspondiente autorización del Congreso”.
Respecto de la Base Naval, recordó que “su construcción había comenzado años atrás y cuestionó la falta de inversión nacional durante la actual gestión”.
Aun así, afirmó que considera positivo avanzar con el proyecto “siempre y cuando sea una base integrada, una base militar, una base logística que operen nuestras Fuerzas Armadas”.
“Para el norte de la provincia, nada”
Pérez vinculó nuevamente la infraestructura estratégica con la situación particular de Río Grande y cuestionó que la política nacional hacia Tierra del Fuego esté concentrada fundamentalmente en el sur y al respecto dijo que “hoy el Gobierno nacional y sus referentes tienen una mirada puesta solamente en el sur de Tierra del Fuego, y para el norte de la provincia nada”, criticó.
Aseguró que “Río Grande está padeciendo las consecuencias de esa política y sostuvo que cualquier planificación estratégica de largo plazo debe comenzar por fortalecer el aparato productivo industrial”.
Pero también reclamó infraestructura para la zona norte y en ese contexto volvió a poner sobre la mesa “la prioridad estratégica de contar con un puerto” que permita tener “una presencia formal, real en el Atlántico Sur”, con una mirada hacia la Antártida, Malvinas y el estrecho de Magallanes.
“El Atlántico Sur tiene que seguir siendo zona de paz”
Pérez también analizó el escenario geopolítico y sostuvo que “Argentina debe preservar los apoyos internacionales construidos históricamente alrededor de su reclamo de soberanía”.
Mencionó los respaldos de países como China y Rusia y del G77, y advirtió que “una política exterior errática puede perjudicar esos consensos, esos acompañamientos hay que sostenerlos, hay que preservarlos”, manifestó.
Además, se mostró escéptico respecto de la posibilidad de que una eventual intervención de Estados Unidos termine inclinando la disputa en favor de Argentina y recordó los antecedentes históricos de la relación entre Washington y Londres al señalar que “a mi entender, una herramienta efectiva sería incrementar la presión económica sobre las compañías privadas involucradas en la explotación de recursos”.
“Aplicar sanciones al sector privado, a las empresas, desincentivar la posibilidad de que se radiquen en esta zona del mundo a querer hacer negocios multimillonarios, golpearlos desde lo económico”, enumeró.
Al mismo tiempo, dejó una definición terminante frente al incremento de las tensiones geopolíticas al sostener que “el Atlántico Sur tiene que seguir siendo zona de paz, no queremos la militarización del Atlántico Sur”.
Presupuesto Nacional: “Espero más ajuste”
Al pasar al plano económico, Pérez fue igualmente crítico con las perspectivas para el próximo Presupuesto Nacional.
Recordando que Río Grande debe presentar su proyecto presupuestario antes del 30 de septiembre, el intendente explicó que “las estimaciones municipales están siendo elaboradas sobre la base de las proyecciones provinciales”, aunque admitió que “los números son difíciles de determinar mientras no estén definidas las variables nacionales, las proyecciones son, de alguna manera, agarradas con alfileres”, reconoció.
Consultado directamente sobre qué espera del Presupuesto Nacional, respondió que “más ajuste, no me hago ilusión de nada con el Presupuesto Nacional”, agregó.
Pérez sostuvo que “desearía encontrarse con una pauta nacional cargada de obras que permitiera dinamizar la economía y fortalecer a las pymes, pero aseguró que no observa señales de un cambio de rumbo”.
Por el contrario, anticipó que espera un presupuesto “concentrado en el ajuste” y en una lógica de grandes inversiones que, según cuestionó, “no derraman lo más mínimo”.
Austeridad para sostener salud, servicios y obras
En el plano municipal, Pérez aseguró que “el proyecto presupuestario está elaborándose” y reconoció que “estará marcado por la austeridad, un presupuesto administrando en gran medida la austeridad que se requiere para transitar estos tiempos”, definió.
Explicó que “el Municipio enfrenta simultáneamente una caída de ingresos y una mayor dificultad económica de las familias, mientras intenta preservar prestaciones que considera esenciales”.
Entre las prioridades colocó especialmente la “salud municipal” y aseguró que “el objetivo es que el sistema continúe funcionando con calidad y que Río Grande pueda mantener obra pública pese a la ausencia de inversiones nacionales y provinciales”.
Mencionó entre las obras el natatorio, la Carpa de la Dignidad, la pavimentación prevista para el verano y distintas intervenciones en los barrios.
“Nuestro presupuesto va a estar concentrado en atender la demanda social, en sostener los servicios, principalmente la salud, en poder seguir haciendo obra pública”, explicó.
Admitió que “el nivel de inversión será inferior al de otros períodos”, pero garantizó la continuidad de los servicios básicos, entre ellos “transporte público, recolección de residuos, agua potable y cloacas”.
También confirmó que “los fondos destinados al nuevo natatorio y a la Carpa de la Dignidad están garantizados y que las obras finalizarán entre fines de este año y principios del próximo”.
“Le cerraron la persiana a la obra pública nacional”
El intendente fue especialmente crítico respecto de la relación con Nación para gestionar infraestructura.
Según afirmó, el “problema ya no pasa siquiera por conseguir una reunión o insistir ante los funcionarios, las oficinas directamente han desaparecido”, señaló.
Pérez aseguró que la situación se repite en otras provincias y sostuvo que “directamente le cerraron la persiana a la obra pública nacional”.
Consideró equivocada esa decisión porque “un país no se desarrolla sin infraestructura” y acusó al Gobierno de realizar el ajuste sobre los sectores más vulnerables.
“Es fácil cortar la obra pública y no darle nada a la gente que necesita, es fácil cortar los subsidios y dejar que la gente se muera de frío en el invierno, es fácil bajar las jubilaciones, sacarles los medicamentos a los viejos”, cuestionó.
En contraposición, sostuvo que “existen ganadores del modelo económico y mencionó entre ellos a grandes compañías y bancos”.
Inflación, caída de recursos y familias endeudadas
Pérez también se refirió a las proyecciones inflacionarias para 2027 y mencionó una pauta nacional estimada en torno al “20 o 21%”.
Advirtió, sin embargo, que “habitualmente las previsiones oficiales se realizan a la baja y habrá que esperar para conocer el comportamiento real de los precios”.
Para el intendente, una “desaceleración inflacionaria sería positiva solamente si tiene correlato en una mejora de la capacidad económica de las familias”.
“Cuando vos hacés un ajuste brutal y endeudás a una gran porción de la ciudadanía y, por otro lado, seguís manteniendo niveles del 2% de inflación mensual, la verdad que es una carga tremenda en la espalda de las familias”, afirmó.
También señaló que la combinación de inflación y caída de recursos municipales dificulta “poder avanzar, poder sostener lo que tenemos y poder crecer”.
Conflicto docente: “Hay un reclamo legítimo”
Finalmente, Pérez se pronunció sobre el prolongado conflicto docente y reconoció que “la pérdida de días de clase constituye un problema grave para las familias fueguinas”.
“La situación de la familia y de los chicos sin poder ir a clases es un gran problema, porque nos golpea en lo más sensible, que es la educación de nuestros hijos”, sostuvo.
Advirtió que “la interrupción de las clases afecta la formación de los estudiantes, pero inmediatamente reconoció las dificultades económicas de los docentes”.
“Entiendo la situación de la docencia, entiendo porque hay un reclamo legítimo, porque hay docentes que no están ganando bien, porque hay docentes a los que les está costando mucho, muchísimo llegar a fin de mes”, expresó.
Al preguntársele cómo debería resolverse el conflicto, Pérez fue concreto al sostener el “diálogo y luego la necesidad de contar con recursos”.
Pero agregó un tercer componente que es la “administración eficiente del Estado”.
“Para poder contar con los recursos también pienso que hay que administrar bien. Si uno administra bien, si uno no malgasta, si uno planifica la ejecución del gasto, si no agiganta el Estado de una manera que luego es incontrolable, se hace muy difícil”, planteó.
Según el intendente, no puede ampliarse indefinidamente la estructura estatal sin que exista capacidad para sostener los salarios y responder a las recomposiciones reclamadas por los trabajadores.
Por eso sintetizó su posición en “una buena administración eficiente, una planificación del gasto y, por otro lado, también una política salarial que acompañe”.
Y rechazó colocar la responsabilidad sobre quienes padecen directamente el conflicto al considerar que “no puede ser el culpable ni el papá, ni el chico, ni el docente; las responsabilidades pasan por otro lado”.
