La secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Lisi Cristofano, confirmó que personal provincial intentó ingresar en tres oportunidades al puerto de Ushuaia para fiscalizar la certificación ambiental, la gestión de residuos peligrosos y los recursos hídricos, pero la intervención nacional rechazó los controles bajo el argumento de que la Provincia no tendría competencia. Advirtió que impedir la fiscalización ambiental está contemplado en la legislación y sostuvo que el Gobierno fueguino está cerrando la instancia administrativa y reuniendo antecedentes para definir los próximos pasos, incluida una eventual acción judicial. “No permitirnos ingresar es algo que excede el marco de la intervención que ellos pretenden sostener acá en el puerto”, cuestionó.
Ushuaia.- La disputa entre el Gobierno de Tierra del Fuego y la intervención nacional del puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo, esta vez directamente relacionado con el ejercicio del poder de policía ambiental de la Provincia. La secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, Lisi Cristofano, reveló que funcionarios provinciales intentaron realizar inspecciones en tres oportunidades, pero en todas ellas se les impidió ingresar.
En diálogo con FM del Pueblo, Cristofano explicó que “los controles que pretendía desarrollar la Secretaría de Ambiente responden a tres cuestiones específicas: la tramitación de la certificación ambiental del puerto, la fiscalización de los residuos peligrosos y el control de los recursos hídricos vinculados a la actividad portuaria”.
“El hecho por el cual nosotros nos acercamos desde la Secretaría de Ambiente perteneciente al Ministerio de Producción es principalmente para tramitar el certificado ambiental, que es sobre el puerto, y después para tomar intervención respecto a residuos peligrosos, que es otro de los elementos que controla la Secretaría de Ambiente, y para analizar todo lo que conlleva o puede estar vinculado con los recursos hídricos”, explicó.
Según precisó, a partir de esos tres ejes el personal provincial debía desarrollar controles rutinarios, pero el acceso fue rechazado reiteradamente. Consultada sobre cuántas veces ocurrió, fue contundente al señalar que “tres veces”.
La Provincia reivindica su poder de policía ambiental
Cristofano sostuvo que la posición provincial parte de considerar que Tierra del Fuego conserva las facultades de fiscalización ambiental y que, aun en una eventual interpretación de competencias concurrentes con Nación, ello debería derivar en controles coordinados y no en la exclusión de la autoridad fueguina.
“En materia ambiental lo que sucede es que el organismo de control es provincial, ya dicho por la Constitución y demás”, señaló.
Además, agregó que, aun suponiendo facultades nacionales sobre determinados aspectos, “en el mejor de los casos” deberían ser concurrentes, es decir, ejercidas conjuntamente.
“En el caso de Tierra del Fuego, nosotros tenemos facultades en materia ambiental de control, de policía, del poder de policía ambiental”, remarcó.
La funcionaria explicó que “inicialmente se solicitó autorización a las autoridades portuarias provinciales, a las que el Gobierno considera competentes”.
La respuesta fue favorable, sin embargo, cuando los inspectores intentaron ingresar, los “representantes de la intervención nacional bloquearon el acceso”.
“Las autoridades provinciales nos dijeron que sí claramente, pero cuando intentamos ingresar, Nación nos dijo que no”, relató.
Ante esa situación, la Provincia decidió dirigirse formalmente a las “autoridades nacionales, aunque dejando expresamente asentado que hacerlo no implicaba reconocerles competencia sobre la fiscalización ambiental”.
Cristofano explicó que “esa decisión se tomó priorizando la necesidad de concretar los controles, entendiendo que el bien jurídico protegido es el ambiente y teniendo que ingresar, se solicitó a Nación”.
La contestación profundizó el conflicto. De acuerdo con la funcionaria, Nación respondió por nota que “la Provincia no sería la autoridad competente y que esa potestad correspondería al organismo nacional por encontrarse interviniendo el puerto”.
La administración fueguina rechazó esa interpretación y volvió a responder reivindicando sus facultades legales. Sin embargo, la postura nacional no cambió.
“Respondimos de vuelta, manifestando que nosotros somos competentes en virtud de las leyes, y nos volvieron a decir que no”, afirmó Cristofano. Mientras se producía ese intercambio, agregó, los inspectores provinciales concurrieron en “cada una de las fechas programadas y nuevamente encontraron impedido el acceso”.
Respuestas a último momento y una discusión administrativa
La secretaria Legal también cuestionó la manera en que se desarrolló el intercambio formal con el organismo nacional. Como ejemplo, indicó que para una inspección programada para el 17 de septiembre la respuesta llegó el día anterior, cerca de las 23 horas.
Pero además planteó una objeción jurídica sobre la forma elegida para contestar.
“El problema que también tenemos es que nos contestan por nota”, señaló, y explicó que “dentro de un procedimiento administrativo, la Provincia entiende que una decisión de esas características debería materializarse mediante un acto administrativo formal que explicite sus fundamentos”.
“Si nosotros estamos en el marco de un procedimiento administrativo, debieran contestarnos por resolución, por algún acto administrativo, nos den el porqué, junto con un dictamen jurídico, de por qué se consideran competentes ellos y no nosotros”, planteó.
Para Cristofano, se generó de esa manera “una instancia muy desprolija” que el Gobierno provincial intenta encauzar formalmente.
“Nosotros tratamos de emprolijarla y llevarlo al área formal para que el procedimiento esté bien logrado, pero está costando”, reconoció.
La vía judicial aparece como una posibilidad
Después de tres intentos frustrados, el Gobierno provincial comenzó a evaluar cómo continuar el reclamo. Cristofano confirmó que “ya existe un expediente y que se están recopilando los antecedentes para determinar la estrategia”.
“Tenemos dos vías, la vía administrativa y la vía judicial, así que estamos juntando todos los antecedentes correspondientes para ver cuál va a ser la estrategia a seguir”, anticipó.
La funcionaria aclaró que “todavía no está definido cuál sería el fuero en caso de judicializar el conflicto. Si la controversia termina concentrándose específicamente en las competencias para ejercer el poder de policía ambiental, señaló que incluso podría discutirse en sede local”.
Antes de avanzar por ese camino, sin embargo, la intención es “cerrar la instancia administrativa y determinar si Nación finalmente habilita una nueva fecha para que los inspectores puedan ingresar”.
“Primero tendríamos que terminar de cerrar la etapa administrativa de estos intercambios que nosotros tenemos por nota con Nación, o en el eventual caso de que nos pongan una nueva fecha para nosotros poder acceder a hacer los controles”, explicó.
Residuos peligrosos: la Provincia advierte sobre la trazabilidad
Uno de los puntos centrales de la fiscalización es conocer qué ocurre con los residuos que desembarcan de los buques y poder seguir su recorrido hasta el destino final.
Cristofano diferenció dos grandes categorías, por un lado, existen residuos que “pueden ser enviados al relleno sanitario de Ushuaia”, pero, por otro, están aquellos catalogados como “peligrosos, que necesitan un tratamiento especial mediante operadores habilitados”.
“Nosotros, para controlar la trazabilidad de ese residuo peligroso que ingresa, necesitamos controlar el desembarco para después analizar cómo lo trató el operador del residuo peligroso”, explicó.
La imposibilidad de presenciar esa primera etapa afecta, según sostuvo, la capacidad provincial de reconstruir la cadena completa de tratamiento.
A ello se suma el control de los recursos hídricos para determinar si las operaciones portuarias pueden generar alguna afectación, además de las verificaciones ordinarias necesarias para la certificación ambiental. “Esos son los tres aspectos por los cuales nosotros vamos al puerto”, sintetizó.
La funcionaria aclaró que, mientras no se adopte algún mecanismo alternativo, las “operaciones continúan normalmente”.
La intención de la Provincia, dijo, es “evitar perjudicar a los privados que trabajan en el sector, pero sin resignar el control ambiental”.
“Lo que nosotros tratamos es de no alterar la situación ni del privado. Eso es lo que tratamos de resguardar. El hecho está en que nuestra protección máxima es el ambiente”, afirmó.
En ese punto lanzó una advertencia sobre la responsabilidad que les corresponde a los propios funcionarios provinciales al señalar que “si perdemos la trazabilidad entre el residuo que baja del buque y el que ingresa al que trata el residuo peligroso, también nosotros estamos incumpliendo como funcionarios públicos”.
Por eso, sostuvo, la Provincia enfrenta la necesidad de encontrar una “salida que permita restablecer la fiscalización, estamos en esta disyuntiva de tratar de lograr acceder, tener el debido control, pero, bueno, si se nos sigue impidiendo, tenemos que ver de qué forma logramos tener esta trazabilidad del residuo”.
Qué se considera un residuo peligroso
Cristofano aclaró además que “hablar de residuos peligrosos no significa que se haya detectado recientemente algún elemento extraordinario o una situación ambiental excepcional en el puerto”.
La categoría forma parte de la operatoria habitual y explicó que “los residuos ordinarios pueden ser derivados al relleno sanitario municipal, mientras que aquellos que hayan tenido contacto, por ejemplo, con hidrocarburos o combustibles necesitan otro tratamiento”.
El residuo peligroso, detalló, puede ser aquel que “haya tenido contacto con algún hidrocarburo, con un combustible, con algo que lo haya contaminado”, circunstancia que impide su disposición junto con los residuos comunes y obliga a derivarlo a operadores especializados.
Por esa razón, remarcó posteriormente que “la existencia de esa clase de materiales no constituye una novedad, la categoría de residuos peligrosos es una categoría habitual”.
“Existen aquellos que son más del tipo domiciliario y existen otros que son de categoría peligroso, que tienen un tratamiento diferencial. En vez de ir a un relleno sanitario, van a hornos donde se queman, otras medidas”, explicó.
El conflicto, insistió, no surgió por la aparición de nuevos residuos sino porque la autoridad ambiental provincial no puede ingresar a verificar el procedimiento.
“No es que es porque ahora vienen residuos, no, es habitual que suceda. Todo esto sucede porque nos impiden el ingreso, porque la realidad es que la operación es la normalidad habitual”, diferenció.
“El impedimento del control está sancionado por la ley”
Cristofano puso especial énfasis en que una situación de estas características no forma parte de la dinámica habitual de las inspecciones ambientales.
“El impedimento del control está sancionado por la ley”, afirmó, y señaló que “las propias normas vinculadas con la protección ambiental, los residuos peligrosos y los recursos hídricos contemplan específicamente la obstaculización de las tareas de fiscalización”.
Según explicó, normalmente los operadores permiten el ingreso de los inspectores. Si durante una fiscalización se detectan cuestiones que deben corregirse, se labran las correspondientes actas y se establecen plazos para subsanarlas.
“Los operadores o aquellas personas que reciben residuos peligrosos nunca nos impiden el ingreso, no es algo habitual que suceda”, contrastó.
“Lo que habitualmente sucede es que uno ingresa, controla, se labran actas si hay algo que mejorar y luego se pone un plazo para que mejoren o para diversas medidas que tengan que tomar”, detalló.
Por eso, para la funcionaria, el núcleo del “problema no está en la operatoria habitual de residuos sino en la decisión de impedir que la Provincia pueda fiscalizarla, trasciende porque nos impiden el ingreso a controlar en materia ambiental”, resumió, antes de remarcar que “creo que ahí es lo grave, que en materia ambiental nos están impidiendo el ingreso”.
Nación volvió a negar la competencia provincial
Cristofano indicó que la última negativa ocurrió hacia fines de la semana pasada. Nuevamente, la respuesta nacional sostuvo que “Tierra del Fuego carece de competencia en la materia y, además, pidió a la Provincia que detalle las normas en las que sustenta sus facultades”.
La secretaria Legal cuestionó ese requerimiento porque, según explicó, las “leyes correspondientes ya fueron consignadas en las intimaciones provinciales, es un poco el huevo y la gallina”, graficó.
“Nosotros cuando hacemos las intimaciones mencionamos las leyes, y las leyes están publicadas, no es que son leyes reservadas”.
Frente a este escenario, el área jurídica del Ministerio de Producción y Ambiente comenzó a trabajar conjuntamente con el servicio jurídico del Gobierno provincial para determinar cómo avanzar.
“Estamos analizando qué estrategia continuar con el servicio jurídico del gobernador, la Secretaría Legal de Gobierno”, confirmó.
“Excede el marco de la intervención”
Sobre el final, Cristofano cuestionó el alcance que “Nación pretende otorgarle a la intervención administrativa del puerto de Ushuaia”.
Según explicó, la interpretación nacional parece apoyarse precisamente en esa “intervención para atribuirse facultades que la Provincia considera propias, ellos lo que hacen es una interpretación, en vez de meterse con los recursos naturales, hacen una interpretación respecto de la intervención administrativa que tiene sobre el puerto”, señaló.
Sin embargo, dejó claro que esa posición es “sumamente debatida” por el Gobierno fueguino.
Recordó que, después de obtener inicialmente la autorización de las autoridades portuarias provinciales, la “Provincia se dirigió a Nación únicamente para conseguir materialmente el acceso, pero dejó asentado que eso se hacía “sin reconocerles la competencia”.
Para Cristofano, impedir directamente el ingreso de los inspectores ambientales provinciales va todavía más allá de la controversia existente sobre la administración portuaria.
“No permitirnos a nosotros ingresar es algo que excede el marco de la intervención que ellos pretenden sostener acá en el puerto”, sentenció.
Incluso comparó lo ocurrido con las inspecciones que la Provincia desarrolla habitualmente en otros ámbitos al sostener que “ni siquiera establecimientos nacionales nos impiden el ingreso, es rara la situación”.
Con tres inspecciones frustradas y posiciones contrapuestas respecto de quién posee las facultades de fiscalización, la disputa abre ahora una nueva instancia. Mientras el Gobierno provincial busca cerrar formalmente el intercambio administrativo, acumula antecedentes para determinar si el conflicto debe trasladarse a los tribunales. En el centro de la discusión, Cristofano ubicó una cuestión que considera irrenunciable: garantizar el control ambiental, reconstruir la trazabilidad de los residuos peligrosos y ejercer las facultades de fiscalización que Tierra del Fuego reivindica como propias.
