Pilar Reyes marchó, junto a familiares y amigos, este 1 de noviembre en Río Grande para exigir que se fije fecha de juicio al único imputado por el crimen de su hijo, que recuperó la libertad al cumplirse un año sin debate oral. «Debe ser porque no tengo abogado, no tengo plata, ¿qué puedo hacer? Pero voy a seguir luchando», dijo a los medios presentes.
Río Grande. – Familiares y amigos de Julián Rodríguez se manifestaron este domingo 1 de noviembre en Río Grande, en inmediaciones de la delegación de Gobierno sobre calle San Martín, para reclamar que la Justicia fije una fecha de juicio por el homicidio del joven de 25 años. Al frente del reclamo estuvo su mamá, Pilar Reyes, quien aseguró que ya están reunidas todas las pruebas y pidió que el acusado no goce de libertad mientras la causa sigue sin fecha.
En diálogo con la prensa durante la marcha, Pilar contó cómo se enteró de que el imputado, Ever Lionel Vargas, había quedado en libertad: «Un año hace poco y me avisan que él quedó en libertad. Me vino el mundo abajo a mí, esperando un año que él cumpla mayoría de edad para que se vaya adentro y quedó libre». Explicó que desde la Justicia no le dieron precisiones sobre por qué no se realiza el juicio. «Me llamaron el otro día para explicarme los derechos de él, que el juicio va a ser a puerta cerrada, un montón de cosas que me dijeron y que siga esperando nomás. ¿Qué voy a hacer?», relató.
La mujer reconoció que había depositado esperanzas en la reforma del régimen penal juvenil, con la expectativa de que el acusado quedara detenido, pero le explicaron que la nueva ley no lo alcanza. «No somos escuchados», afirmó, y recordó que hace tiempo viene difundiendo su reclamo en redes sociales sin obtener respuesta. Consultada sobre los motivos, planteó: «Debe ser porque no tengo abogado, no tengo plata». Y ante la pregunta de si pedir justicia terminó siendo un privilegio para quien no puede pagar un abogado, respondió: «Para mí que sí, porque yo sé cuánto estoy esperando. Esto no es vida, en serio. Yo solamente quiero que él pague».
Pilar rechazó que la muerte de su hijo quede en vano y anticipó que no será la última movilización: «No va a ser la primera marcha, así que voy a seguir hasta donde tengo que seguir». Con la voz quebrada, cerró su testimonio con un pedido a las autoridades: «Ya mi hijo no lo voy a tener más. Único que pido, por favor, una fecha para el juicio».
La convocatoria a la marcha había sido anunciada por la propia Pilar en distintas entrevistas con medios locales en las semanas previas, donde también habló del dolor que le generaba la cercanía del Día de la Madre, de la fuerza que encuentra en su hija menor y de su deseo de que el juicio se realice antes de que termine el año.
Los hechos previos
Julián Rodríguez murió en la madrugada del 24 de septiembre de 2025, en una vivienda de las chacras de la margen sur de Río Grande. Según la versión oficial publicada por medios locales, había regresado en vehículo a su casa acompañado por Vargas y una discusión por la velocidad a la que conducía derivó en una pelea, en la que fue herido con un arma blanca y murió a causa de una lesión en un pulmón. Horas después, el joven señalado como autor fue detenido en la zona céntrica cuando huía en moto. También había sido arrestado un vecino mayor de edad, que luego fue sobreseído.
Vargas tenía 17 años al momento del hecho. El Juzgado de Instrucción N.º 3 lo procesó por homicidio simple y, en octubre de 2025, la causa pasó al Juzgado de Familia N.º 1. Desde entonces permaneció alojado en un hogar dependiente de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
La causa llegó luego a la Cámara de Apelaciones, constituida como Tribunal de Menores, donde según se informó no se fijaba fecha de juicio por el faltante de algunos elementos.
A fines de septiembre de 2026, al cumplirse un año sin debate oral, la defensora oficial Rita Marchi invocó el artículo 285 del Código Procesal Penal, que impide mantener detenida a una persona sin juicio, y los camaristas Jorge Jofré, Julián De Martino y el subrogante Osvaldo Satini concedieron la excarcelación. Según trascendió, el joven, que ya cumplió los 18 años, continuará el proceso en libertad con tobillera electrónica, pautas de conducta y prohibición de acercamiento a los padres de la víctima.
Aunque ya es mayor de edad, Vargas será juzgado como menor por la edad que tenía al momento del hecho. El homicidio simple prevé de 8 a 25 años de prisión, pero para menores la pena no puede superar la prevista para el homicidio en grado de tentativa, que va de 4 a 17 años. Además, se informó que la defensa podría pedir la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que fija un máximo de 15 años de prisión.
La responsabilidad penal del imputado deberá ser determinada en el juicio, cuya fecha es precisamente lo que la familia reclama.
