El Tribunal de Juicio de Ushuaia condenó al secretario general de ATE, Carlos Córdoba, y a Miguel Arana a cinco años de prisión por 22 hechos de estafa vinculados a la venta de lugares en el listado de beneficiarios de viviendas del IPV en Barrancas del Río Pipo. Tras el veredicto, ambos fueron alojados en la alcaidía central del Servicio Penitenciario de Ushuaia: Córdoba en el pabellón 2 y Arana en el pabellón 3. Por su parte, previo al traslado de Córdoba, hizo declaraciones a la prensa: “Sí estuvimos, sí buscamos, sí somos superiores a muchos políticos” expresó el dirigente condenado. Por su parte, la Comisión Directiva de ATE expresó su “acompañamiento, solidaridad y respaldo” al dirigente pese a la
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