El intendente de Río Grande valoró la decisión de la Justicia Federal de suspender los actos materiales vinculados al proyecto petrolero “León Marino” y reivindicó la participación del Municipio en la causa. “Malvinas no es solamente memoria. Es presente, ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro”, afirmó.
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La magistrada Mariel Borruto hizo lugar a una cautelar contra las empresas para suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación. En Comodoro Py, la Justicia impulsó la causa contra Desire Petroleum y ordenó medidas de prueba. La resolución, dictada desde Tierra del Fuego, alcanza perforaciones, infraestructura submarina y el inicio de la explotación comercial. El fallo vincula la protección ambiental con la defensa de la soberanía nacional y obliga a las compañías a informar en diez días el estado del proyecto, su financiamiento y las empresas involucradas.
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El abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Jerónimo Iraola, destacó el alcance de la medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Río Grande contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que ordenó detener las actividades vinculadas con el proyecto hidrocarburífero León Marino, al norte de las Islas Malvinas. Consideró que la resolución constituye “un enorme hito jurídico” porque reafirma la aplicación de la legislación argentina, incorpora la dimensión ambiental y envía una advertencia a empresas, accionistas e inversores. Ahora, la causa avanzará sobre la estructura financiera del emprendimiento y requerirá la intervención de Cancillería para concretar notificaciones en el exterior.
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En el marco de las acciones orientadas a optimizar la atención de los sectores más vulnerables de la población afiliada, autoridades del Directorio de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) mantuvieron una reunión de trabajo para abordar la situación de los Acompañantes Terapéuticos de la ciudad de Río Grande.
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El legislador Luciano Selzer cuestionó la falta de acuerdo entre el Ejecutivo provincial y el SUTEF y advirtió que el conflicto educativo dejó a estudiantes durante semanas sin clases, con contenidos que considera prácticamente imposibles de recuperar. Apuntó especialmente contra el Gobierno por no recurrir a herramientas que permitan encauzar la disputa y sostuvo que “no vemos una voluntad política de resolver el problema”. Además, puso en duda que la emergencia salarial docente anunciada por Gustavo Melella sea suficiente, reclamó auditar el Ministerio de Educación y anticipó un pedido de informes por el uso de las horas cátedra, al considerar que existe “un uso bastante liberal y poco responsable”. También defendió avanzar en consensos para declarar a la educación como
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Un tribunal ordenó la creación de una administración colegiada a nivel nacional y avanzar con una nueva convocatoria a elecciones. Además, el tribunal dio traslado a los fueros penales ordinario y federal de las actuaciones remitidas por la administración previa, las cuales exponen presuntas irregularidades económicas ligadas a la gestión del desplazado Abel Furlan.
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