El asalto administrativo del Gobierno nacional sobre el Puerto de Ushuaia sumó un capítulo de peso técnico que deja al desnudo la fragilidad legal del movimiento. El reconocido constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que la medida no solo carece de sustento, sino que representa una “desnaturalización” de la intervención federal, utilizada aquí como un garrote administrativo sin pasar por el Congreso. Ushuaia.- La trama real indica que Nación intentó disfrazar de “resolución” lo que en la práctica es una ocupación territorial. Sabsay fue tajante al explicar que para intervenir una provincia se requiere una ley aprobada por dos tercios de ambas cámaras, y no un simple reglamento de oficina que pretenda confiscar competencias de Tierra del Fuego. Lo cierto es que
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