Personas que se encuentran privadas de su libertad, en la Unidad de Detención Uno de Río Grande y la Alcaidía de Ushuaia, difundieron una carta donde exponen una serie de críticas por la situación en la cual se encuentran. También le apuntan a “los integrantes del Comité de Prevención Contra la Tortura, los abogados de derechos humanos, los magistrados del Poder Judicial, los legisladores y los funcionarios del ejecutivo”. Dicen que “Es hora de que se escuche nuestra voz y se tomen acciones concretas para rectificar esta situación”.
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