Durante el nuevo encuentro entre el sindicato docente y las autoridades de Educación, encabezadas por la ministra Analía Cubino, el SUTEF exigió “el respeto del acuerdo homologado, el pago inmediato de la suma fija adeudada y tratar de forma urgente en el único ámbito válido de paritarias, el mecanismo de actos públicos virtuales, las cuestiones salariales y la vuelta a las clases presenciales”, destacaron desde el propio gremio.
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Así lo aseguró el Ministro de Trabajo y Empleo, Marcelo Romero quien destacó la importancia de sostener los puestos laborales de los fueguinos. También mantuvo que “somos la única provincia que asiste a los jardines maternales”.
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Así lo expresó la Ministra de obras públicas Gabriela Castillo, al hablar de la Unidad Primaria de Atención con Internación anunciada para la ciudad de Tolhuin. “Estamos pensando en la proyección de la ciudad”, dijo y detalló que la obra contempla “zona de consultorio, laboratorio, sala de esterilización, lavadero, sector de internación, quirófanos y sala de preparto y posparto entre otros servicios”.
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La titular de la cartera sanitaria, Judit Di Giglio, confirmó que “actualmente no hay pacientes infectados con COVID-19 en Tierra del Fuego” y precisó que “este miércoles se dio el alta al último paciente que adquirió el virus en nuestra provincia, al número 135.
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El fiscal Virgilio Martínez de Sucre realizó una presentación ante el plenario de comisiones con una reseña de las “frustraciones” en la historia de la provincia. Habló de la experiencia con este tipo de iniciativas y expuso una serie de delitos que se cometieron, si bien no hubo condenas en algunos casos por razones de prescripción. La información quedó a disposición de los legisladores.
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El Fiscal Virgilio Martínez de Sucre, luego de hacer un repaso por la historia de la provincia y la conformación de empresas de similar tenor, se centró en el análisis de varios aspectos del proyecto oficial. La intención de evitar controles, la falta de claridad sobre el plan estratégico, la exclusión de los directivos de su carácter de funcionario público fueron algunas de las objeciones. Además, planteó la improvisación de la redacción, dado que hasta falta un artículo del estatuto. También se suma el exiguo capital social, de 80 mil dólares, que no alcanza “ni para empezar”, dijo. “El juicio que tendríamos hoy no sería de 35 millones de dólares sino de 800 millones de la misma moneda, que es
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