El secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez, avizoró un fin de año convulsionado, con trabajadores en la calle, ante la falta de puestos de trabajo. En el gremio solamente tienen prevista la ocupación de unos cien obreros para el yacimiento de Total, que son menos del 10% de los anotados en la bolsa de trabajo. Las obras provinciales siguen paradas y no se han saldado las deudas con las empresas; y las obras municipales emplean pequeñas empresas que no toman a los trabajadores de la UOCRA. “Hubo anuncios porque hacían falta algunos votos para aprobar algunas leyes de Milei pero sigue todo igual”, afirmó.

En asamblea, a los trabajadores de Barpla les informaron que la decisión de la empresa es cerrar sus puertas. Se respetaría el periodo de suspensión firmado, pero luego llegarían las desvinculaciones. Los trabajadores advirtieron que “vienen por todos, directamente quieren sacar a las cuatro fábricas más fuertes y competitivas del mercado y eliminarlas, esa es la decisión final”. Dijeron que se trata de “otro golpe más de este modelo y de esta política que viene aplicando el Gobierno nacional, destruyendo todas las industrias del país”.

El abogado Miguel Febré, representante de la empresa Roanmat SRL, reclamó públicamente la intervención de la justicia fueguina, tras el fallo que ordena el desalojo de Las Termas del Río Valdez. Sostuvo que la provincia de Tierra del Fuego “es un feudo”, “peor que Cuba y los regímenes socialistas, donde las propiedades son siempre del Estado”. Para el letrado “esto es una dictadura lista y llana, que es violatoria de todo tipo de derecho y eso es lo que está sucediendo en Tierra del Fuego”. Aunque el fallo es irrecurrible, dijo que irá a la Corte Suprema y que, “con toda esta avalancha de apropiaciones de bienes de los particulares, lo que corresponde directamente es ir a una instancia superior