La directora por los pasivos de la caja de previsión aseguró que el aumento otorgado por la Municipalidad de Ushuaia ya debe trasladarse al sector pasivo, y no será posible en tanto no se concluya con la reglamentación. Cargó contra la decisión de Rubén Bahntje de enviar “en forma unilateral” un proyecto de reglamentación sin previa aprobación del directorio, y contra la falta de convocatoria a reunión para resolver este tema.
Río Grande.- La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich expuso las dificultades para dar cumplimiento a la movilidad automática, por falta de reglamentación. Sostuvo que “es uno de los temas más preocupantes”, porque no se sabe “cuál va a ser el mecanismo que la caja le va a proponer al Poder Ejecutivo y esto viene muy demorado. Hubo una reunión convocada por el presidente que no se pudo realizar por cuestiones de salud de la vocal por los activos y yo consulto todos los días con el presidente cuándo va a ser la convocatoria a una nueva reunión. En principio se iba a realizar el martes de la semana pasada y, por problemas personales de la vicepresidente, no se pudo concretar. Hasta ahora todavía no pude hablar con el presidente y no hay notificada fecha de una nueva reunión de directorio”, expuso por Radio Provincia.
“Considero que es urgente tratar este tema, entre otros que han quedado pendientes estos días. Habitualmente la reglamentación la hacía el Poder Ejecutivo en forma inconsulta con la caja. Haciendo uso de las facultades reservadas en la ley al Directorio, yo propuse al presidente un proyecto de reglamentación para la ley, y que esa propuesta se tratara en Directorio. En lugar de esto, el presidente creó una comisión de trabajo y, vencido los plazos, presentó un proyecto de reglamentación absolutamente contrario a los lineamientos de mi proyecto. Hasta este momento no pudo ser tratado en Directorio, pero por comentarios del presidente, remitió ese proyecto a conocimiento de las áreas jurídicas del Ejecutivo, sin que se haya tratado como corresponde dentro del Directorio, de acuerdo a la normativa”, cuestionó.
Consultada acerca de si cree que esta ley se va a reglamentar ahora o habrá que esperar a la próxima gestión, reiteró que “la reglamentación es urgente, porque la ley ya fue modificada y se han producido incrementos salariales en el sector activo, como es el caso de la Municipalidad de Ushuaia, por lo tanto hay que trasladar esa movilidad a los beneficiarios del sistema y debe haber un procedimiento para hacerlo. Yo sostengo en mi proyecto que de ninguna manera puede continuar el criterio de promedio de escala, porque el promedio del escalafón previsto en el artículo 6 de la ley 1210 fue derogado por la nueva ley”, dijo.
“Yo trabajé contrarreloj en función de los tiempos, porque entiendo que es prioritario debatir este tema y hacer valer la facultad que reserva la ley al Directorio para proponer la reglamentación, y evitar que luego por una interpretación errónea se produzcan nuevamente demandas en contra de la caja, por el criterio aplicado”, subrayó.
“Lamentablemente ese debate no se pudo habilitar y hoy tenemos dos proyectos antagónicos, el que presenté yo y el que elaboró la comisión de trabajo que, sin haber sido tratado por el Directorio, fue girado por el presidente al Ejecutivo en forma unilateral e inconsulta. Esto se debió resolver primero en Directorio”, reiteró.
Denuncia por malversación de fondos
Por otra parte, se refirió a la denuncia que radicó hace tiempo por presunta malversación de fondos y fue crítica de la indefinición de Tribunal de Cuentas ante las consultas realizadas. “En función de las leyes de emergencia y los acuerdos que se fueron firmando en el marco del fortalecimiento del sistema, se han generado recursos de carácter extraordinario o especiales, de los cuales se ha valido el Poder Ejecutivo para financiarse. A la fecha ha ido cubriendo los montos necesarios para pagar los beneficios previsionales sin sobresaltos, pero no quiere decir que esos recursos hayan sido para fortalecer el sistema. Desde que asumí en 2017 vengo consultando al Tribunal de Cuentas, porque la caja no tiene forma de saber si los montos que manda el Ejecutivo corresponden a pagos corrientes o a fondos de carácter extraordinario, porque no los informa”, explicó.
“De hecho tuve que presentar una denuncia penal por 160 millones de pesos y en la actualidad sigo esperando que el Tribunal de Cuentas responda. La semana pasada me respondió que necesita seguir pensando para ver qué me contesta, respecto de si es lícito que el Ejecutivo pueda sustituir con los 160 millones de pesos de la devolución de ANSES los aportes personales retenidos a los trabajadores de la administración pública. Eso es lo que informa el Ejecutivo y lo que toma como válido el Tribunal de Cuentas. A mí me parece que es absolutamente ilegítimo, porque los aportes personales de los trabajadores no pueden ser sustituidos por ningún otro recurso, sino que deben ser inmediatamente depositados en la caja y de ninguna manera el Poder Ejecutivo puede quedarse con esos aportes retenidos y justificar que rindió los 160 millones que les envió ANSES para pagar aportes y contribuciones”, dijo.
“Tal vez para las contribuciones podría analizarse desde otro lugar, pero los aportes personales retenidos de los haberes no pueden ser sustituidos por este recurso de ninguna manera. Esto lo vengo consultando a través de varias notas y el Tribunal dice que excede el marco de investigación que realizaron y aconseja al auditor que se haga otra investigación. Veremos si en algún momento el Tribunal se digna a responder a esta pregunta porque, luego de tres meses de analizarlo, no sabe qué responder”, fustigó.
“Yo pedí al Tribunal que determine el monto retenido en su momento y el Ejecutivo ha informado que los 160 millones de pesos que obtuvo por el convenio con ANSES fueron afectados durante 2016 y febrero de 2017 a la sustitución de las obligaciones corrientes tanto del Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y entes descentralizados, para pagar los aportes y contribuciones de estos organismos. Yo entiendo que es absolutamente ilegítimo, al sustituir aportes y contribuciones de otros poderes, porque cada uno tiene sus presupuestos aprobados y los recursos asignados al pago de aportes y contribuciones”, manifestó.
“Yo he pedido opinión sobre esto al Tribunal de Cuentas pero no responde, y también pido que emita un dictamen legal respecto de si es lícito o no que el Ejecutivo pueda quedarse con la plata que retuvo a los trabajadores de los tres poderes del Estado y sustituirlo con los 160 millones de ANSES a los efectos de rendirlos. A mi juicio eso es malversación de fondos”, calificó.
Malestar de empleados
Finalmente dio a conocer el malestar de los empleados de la caja por la decisión de no recomponer salarios, en particular del personal jerárquico, que tuvo un aumento en otras áreas del gobierno, al punto de correr el riesgo de que cambien de dependencia y se pierdan profesionales.
“Hay un gran descontento de parte del personal y ha quedado como todo el resto de la administración pública muy relegado con sus haberes, por decisión exclusiva del presidente. En toda la administración pública se otorgó un incremento por responsabilidad jerárquica, pero Bahntje decidió no adherir a eso y hay muchos profesionales dentro de la caja que han quedado muy relegados. Están analizando seriamente cambiar de organismo, porque su poder adquisitivo se ha deteriorado enormemente y no se justifica seguir trabajando en un organismo que no reconoce la labor profesional de sus agentes. En otros lugares podrían cobrar haberes superiores”, expresó.
Dijo que este “es un reclamo que vienen realizando los trabajadores, que han tenido reuniones a través de paritarias y asambleas con los agentes. Se han planteado cambios de estructura y algún tipo de mejora salarial, pero hasta la fecha no han tenido respuesta favorable”, concluyó.
