Laura Montes confirmó el envío a la Legislatura de un proyecto para reformar de raíz la histórica Ley 19. Sin financiamiento nacional, con cuotas desactualizadas y obras ralentizadas, el organismo intenta dejar atrás el paradigma de la vivienda social para pasar a un esquema de hábitat integral, gestión de activos y asociaciones público-privadas. La funcionaria marcó que “las viviendas viejas tienen una cuota promedio de entre 10 y 50 mil pesos, ese es el gran problema de poder autosustentarnos”, advirtió Montes y agregó que recién a partir de “2023 se comenzó a actualizar el esquema, con cuotas que rondan los 350 mil pesos, aún por debajo de un alquiler promedio”. Asimismo, señaló que el organismo proyecta entregar unas “450 viviendas entre fines de este año y principios del próximo”. También, sostuvo que actualmente, la demanda activa en la provincia ronda las “4.000 personas, es decir, aquellas que mantienen actualizada su inscripción y documentación ante el organismo”.
Río Grande.- En un contexto de fuerte restricción económica y con la obra pública prácticamente paralizada a nivel nacional, la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), Laura Montes, anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que busca reformar integralmente la normativa que rige al organismo desde 1992.
La iniciativa apunta a actualizar la Ley Provincial N° 19, sancionada en los inicios de la provincialización, y reconfigurar el rol del IPV frente a una realidad que, según reconoció la propia funcionaria, “ya no permite sostener el modelo histórico”.
“Han pasado muchos años desde esa ley, y con todo lo que está pasando en la macroeconomía sentimos que había que darle un aggiornamiento”, explicó Montes en diálogo con FM Espectáculos.
En ese sentido, confirmó que “el proyecto ya fue elevado a Legal y Técnica y posteriormente girado a la Legislatura”.
Del ladrillo al hábitat: un cambio de paradigma
La reforma no se limita a una actualización técnica, sino que apunta a redefinir el enfoque del organismo.
Durante décadas, el IPV se centró casi exclusivamente en la construcción de viviendas y su adjudicación directa, hoy, ese esquema resulta insuficiente.
“El enfoque institucional del IPV siempre estuvo centrado en la construcción de la vivienda, hoy también somos agentes del hábitat en general, de desarrollos urbanos”, señaló Montes.
Ese cambio conceptual se traduce en la incorporación de herramientas que hasta ahora no estaban contempladas en la ley, como la gestión de activos, el uso estratégico de la tierra pública y la posibilidad de implementar mecanismos financieros alternativos.
“Nosotros tenemos tierra, entonces esa tierra también tenerla como una herramienta financiera que está fuera del marco tradicional”, sostuvo, al tiempo que detalló que el “proyecto habilita operatorias como leasing, fideicomisos, asociaciones público-privadas y esquemas mixtos”.
La funcionaria fue clara al explicar las limitaciones actuales al sostener que “para poder generarlos teníamos muchas trabas en el marco normativo, con el Tribunal de Cuentas y con nuestros propios auditores”.
Tierra ociosa y falta de recursos
“Uno de los ejes centrales de la reforma es poner en valor el principal activo del organismo como la tierra, hoy, gran parte de esos terrenos no pueden ser urbanizados por falta de financiamiento”, explicó.
“Tenemos tierra, esa tierra no la podemos urbanizar por falta de recurso económico, pero sí la podemos utilizar como activo de cambio para generar otras soluciones habitacionales”, explicó.
Este punto está directamente vinculado con la retirada del Estado nacional del financiamiento de la vivienda.
“La falta de financiamiento”, admitió, obligó a “repensar completamente la estructura del IPV”.
En ese marco, Montes planteó la “necesidad de abandonar el modelo de loteo extensivo y avanzar hacia esquemas de mayor densidad urbana, donde yo entrego 300 lotes puedo hacer 900 viviendas, el poder densificar es la clave en este momento”.
Nueva demanda, nuevas reglas
El escenario actual también modificó el “perfil de la demanda, ya no se trata únicamente de sectores vulnerables”, dijo, al tiempo que agregó que “hoy, aparte de la muy vulnerable, está la clase social que tiene otro poder adquisitivo pero aún no tiene acceso a la vivienda por falta de crédito hipotecario”, indicó.
En ese sentido, la titular del IPV remarcó que “el organismo debe adaptarse a esa nueva realidad, incorporando esquemas segmentados y sostenibles”.
“Antes teníamos un esquema homogéneo de adjudicación y hoy creemos que la segmentación es importantísima, pero también regirnos por un principio de sustentabilidad para poder reinvertir”, afirmó.
Actualmente, la demanda activa en la provincia ronda las “4.000 personas, es decir, aquellas que mantienen actualizada su inscripción y documentación ante el organismo”.
El problema estructural del recupero
Uno de los puntos más críticos del sistema es el recupero de las viviendas ya adjudicadas. Durante años, las cuotas se mantuvieron en valores mínimos, bajo el supuesto de un financiamiento nacional constante.
“Las viviendas viejas tienen una cuota promedio de entre 10 y 50 mil pesos, ese es el gran problema de poder autosustentarnos”, advirtió Montes.
Recién a partir de “2023 se comenzó a actualizar el esquema, con cuotas que rondan los 350 mil pesos, aún por debajo de un alquiler promedio”.
“Como se pensó que siempre iba a estar el sustento de Nación, se propiciaba que la gente pagara menos, hoy esa situación no puede darse”, remarcó.
Incluso las políticas de cancelación anticipada, aunque “tuvieron buena recepción, no lograron generar un impacto significativo en términos de recursos”.
“Para una vivienda entregada hace diez años, las personas cancelan con tres millones o tres millones y medio. El impacto económico no es mucho”, explicó.
Obras lentas y financiamiento insuficiente
El freno en la obra pública también impactó de lleno en la ejecución de viviendas. Actualmente, el IPV mantiene 12 obras en marcha, pero con ritmos muy por debajo de los históricos.
“Donde antes había 50 u 80 personas en una obra, hoy hay 20. Acordamos con las contratistas no parar, pero bajar el ritmo”, detalló.
Esto implicó “duplicar los tiempos de ejecución, antes una obra tardaba un año y medio o dos, hoy estamos en cuatro años”.
Aun así, el organismo proyecta entregar unas “450 viviendas entre fines de este año y principios del próximo”.
El problema de fondo sigue siendo el financiamiento, dado que “pagamos certificaciones de 100 o 120 millones por mes, cuando deberíamos estar pagando más de 400 millones por obra”, señaló.
A esto se suma el incremento del costo de construcción, que “hoy el metro cuadrado de vivienda está en dos millones de pesos”.
Un sistema recortado
El escenario actual contrasta fuertemente con el de años anteriores y al respecto recordó que “en 2023, el IPV había licitado más de 2.300 viviendas con financiamiento nacional que finalmente fue interrumpido”.
“Esa continuidad en la ejecución es la que se ha cortado”, lamentó Montes.
Si bien los “fondos del Fonavi continúan llegando, lo hacen en niveles insuficientes, se reciben, pero con un monto que no alcanza para el normal desenvolvimiento”.
En paralelo, el organismo avanzó en una “reducción de su planta de personal superior al 10%, en busca de mayor eficiencia, y proyecta incorporar criterios de profesionalización en los cargos”.
Más agilidad, menos burocracia
Otro de los objetivos del proyecto es agilizar la operatoria del IPV, hoy condicionada por marcos normativos rígidos.
“Lo que ralentiza al Estado son todos los entes de control, que están bien, pero nos quitan agilidad”, explicó.
Montes ejemplificó con una limitación concreta al sostener que “si hoy quisiera pagar una obra con tierra, no puedo, cuando mi activo es la tierra”.
La reforma busca precisamente “habilitar ese tipo de herramientas, incluyendo permutas y acuerdos con empresas para desarrollar infraestructura a cambio de activos”.
“Hay empresas que quieren tierra y pueden hacer obra, hoy no lo podemos hacer”, resumió.
Entre la nostalgia y la supervivencia
Más allá de los números, el diagnóstico de Montes tiene una carga simbólica.
El IPV, que supo ser uno de los organismos más dinámicos del Estado, atraviesa hoy un proceso de redefinición forzada.
“Me encantaría que vuelva a ser lo que era, pero intentamos readecuarnos para ver si tiene sentido que instituciones como esta sigan adelante”, expresó.
En esa línea, defendió el rol del Estado en la política habitacional al sostener que “siempre tiene que estar la pata del Estado en estas situaciones”.
Y cerró con una advertencia que sintetiza el momento actual, señalando que “existe la demanda, lo que no hay es una respuesta”.
El proyecto ya está en manos de la Legislatura. Su tratamiento marcará no solo el futuro del IPV, sino también el rumbo de la política habitacional en la provincia en un escenario donde, como admiten desde el propio organismo, construir como antes ya no es una opción.
