El secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) cuestionó la política del Gobierno nacional en torno a la cuestión Malvinas, apuntó contra los acuerdos con el Reino Unido y advirtió sobre el avance de empresas hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. También se refirió a la causa iniciada en la Justicia Federal de Río Grande y al riesgo ambiental que implicaría la explotación offshore.
Río Grande. -Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, analizó el escenario actual en torno a la soberanía sobre las Islas Malvinas y cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.
En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, sostuvo que “nosotros la caracterización que hacemos desde el comienzo del gobierno de Javier Milei es que lamentablemente todo demuestra que están llevando adelante un plan sistemático de entrega, entrega de la soberanía”.
Alonso recordó el restablecimiento del acuerdo conocido como Foradori-Duncan y sostuvo que “dejar de lado todos los obstáculos para el mejoramiento económico en las áreas de pesca y de petróleo en las Islas Malvinas. Eso fue derogado en los últimos momentos del gobierno de Alberto Fernández y este gobierno lo volvió a instalar, como el acuerdo Mondino-Lamy, Lamy su contraparte británico”.
En ese marco, cuestionó que “el presidente de la nación está dándole la posibilidad a quienes hoy ocupan las Islas Malvinas de esa población insertada, después de la ocupación de 1833, donde desalojan a los argentinos, la posibilidad del principio de la autodeterminación, que no les corresponde, porque el principio de autodeterminación solo le corresponde a los pueblos”.
Alonso, señaló que “los que viven allí no es un pueblo originario, insisto, es una población insertada por algo, Naciones Unidas, la resolución 20-65, que insta a las partes a sentarse a negociar, y las distintas resoluciones que también indican que ninguna de las partes puede avanzar en forma propia”.
La conexión logística con Punta Arenas
Otro de los puntos planteados por Alonso fue el establecimiento de una nueva conexión logística desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas. Según explicó, la decisión fue comunicada mientras el presidente Milei se encontraba en Chile.
“El mismo día que el presidente Milei estaba reunido con el presidente Kast en Chile, que después fue el anuncio de la cadena nacional, ese mismo día se anunciaba desde Punta Arenas que la empresa AIL, que es una naviera que hace la comunicación logística con la isla de Pascua, iba a realizar a partir de noviembre una comunicación logística vía un barco, una vez por mes saliendo del puerto de Punta Arenas”, relató.
Alonso afirmó que “y el gobierno no dijo absolutamente nada. Nosotros hace ya dos semanas enviamos una carta de documento al canciller Quirno para que se expida al respecto, porque entendemos que están violando la Constitución Nacional, la cláusula transitoria primera, y nuevamente le están dejando hacer para mejorar la logística de la usurpación a los británicos”.
En paralelo, recordó que “es totalmente contradictorio, nosotros el primero de este mes de septiembre, esto es un tema que ya lo veníamos trabajando hace varios meses, conjuntamente con la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, nos presentamos en la Justicia Federal de Río Grande, presentando un recurso para que la justicia se expida al respecto, porque están violando la ley de Hidrocarburo, distintas normas que hacen a la defensa de nuestro territorio usurpado”.
“Hay que tocar el costo-beneficio de la usurpación”
Respecto de la causa judicial, Alonso señaló que “la causa recién está arrancando, la jueza se declaró competente y ha pedido una serie de requisitos y yo creo que esto, lo que hay que tocar acá es el costo-beneficio de la usurpación”.
En ese sentido, afirmó que “me parece que hay muchísimos factores porque además se están observando que muchas de las empresas que operan de forma ilegal e ilegítima en estas áreas de concesión que están en la plataforma continental argentina están operando en nuestro territorio. Y están operando en lo que es hoy la crema de una de las mayores reservas de petróleo no convencional que es Vaca Muerta”.
Para Alonso, las organizaciones civiles y las instituciones de la sociedad deben tener un rol activo en el seguimiento del conflicto. “Me parece que ahí tenemos tela para cortar porque tenemos que fortalecernos dentro de la comunidad internacional y también dentro de lo que es las organizaciones civiles de la sociedad, porque no podemos confiar en el gobierno de Javier Milei, no le va a poner un parate ni al gobierno de los Estados Unidos ni a Gran Bretaña”, expresó.
“Entonces tenemos que confiar que de acuerdo a cómo vaya avanzando la investigación y haciendo valer la justicia argentina, hacerle la mayor cantidad de intervenciones que modifiquen más que nada el esquema de inversiones que tiene esta jugada. Insisto con esto, hay que tocarle el costo-beneficio de la usurpación”, agregó.
Críticas al vínculo con Estados Unidos
Alonso también vinculó el escenario actual con la política exterior estadounidense y el posicionamiento del Gobierno argentino frente a la administración de Donald Trump. “Me parece que el problema es el siguiente, lo que estamos observando es que hay un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de argentinos afuera con la ñata contra el vidrio, y para transformarnos en proveedores de materias primas que necesitan estas potencias, digamos como en el caso de Estados Unidos”, afirmó.
En esa línea, cuestionó la participación estadounidense en la cuestión Malvinas y sostuvo que “lo peor que pudo hacer Milei es meter en este tema a los Estados Unidos y más en mano de lo que hoy es la política de Donald Trump que está planteando”.
“El 60% del sostenimiento del enclave neocolonial militar que está hoy en Malvinas, esos recursos provienen de las licencias que en forma ilegal y legítima vende Gran Bretaña. ¿Y saben quién pesca ahí? Los españoles, no pescan los chinos”, sostuvo.
Cuestionamientos a la nueva legislación de defensa
Alonso cuestionó también aspectos de la nueva legislación vinculada con la defensa y la seguridad nacional impulsada por el Gobierno. “A partir del capítulo segundo es aplicar nuevamente la doctrina Monroe y la doctrina del control estratégico de nuestro país. Lamentablemente, lo que están planteando a partir del capítulo dos para abajo es muy preocupante porque además es un condicionamiento directo a la democracia, no tiene nada que ver. La ley de defensa nacional existe, está vigente, hay que aferrarse a eso”, afirmó.
“Y esta ley no tiene nada que ver con ese sentido de la defensa nacional. Es una ley planteada para el escenario que está viendo el gobierno nacional que va a estar muy complicado para poder reelegir y para empezar a perseguir opositores. No tenemos ninguna duda respecto a esto”, continuó.
Finalmente, volvió sobre la causa que tramita en Río Grande y destacó que “estamos expectantes como se va también desarrollando la causa que está radicada en el juzgado federal de Río Grande. La jueza Borruto ha tomado muy rápidamente cartas en el asunto, se declaró competente y ahora estamos tratando de llevar algunas diligencias que ha pedido el juzgado, pero creo que esto nos va a permitir ventilar toda la cadena de lo que es el financiamiento de estos proyectos que además hay un alto riesgo, por eso se planteó un alto riesgo de cuestión ambiental y soberana”.
En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que podría tener un eventual incidente durante una explotación offshore: “Entonces son empresas que son pequeñas pymes y que no tienen la capacidad de asumir cualquier situación que en general existe en la explotación offshore de algún derrame de petróleo que puede contaminar todas las costas de la Patagonia de la República Argentina, de eso estamos hablando”.
