El presidente de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) confirmó que se intensificaron las auditorías en internaciones domiciliarias y advirtió que podrían rescindir convenios con prestadores que no cumplan con los servicios contratados. Además, informó que la obra social destina entre $800 y $900 millones mensuales a estas prestaciones, reconoció deudas con organismos públicos y anunció cambios administrativos para agilizar reintegros y ayudas económicas.
Río Grande. -El presidente de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Gustavo García, explicó los motivos por los que el organismo reforzó los controles sobre las prestaciones de internación domiciliaria y aseguró que las auditorías permitieron detectar irregularidades en los servicios que reciben algunos afiliados. Según indicó, durante las visitas realizadas en Ushuaia y Río Grande encontraron casos en los que las prestaciones facturadas no coincidían con las que efectivamente se brindaban.
En diálogo con Radio Provincia, García sostuvo que las inspecciones comenzaron a partir de los reclamos de los afiliados y de las diferencias entre las versiones de las empresas prestadoras y las personas que reciben la atención.
“Cuando iniciamos la gestión teníamos muchos focos que atender y empezamos a trabajar en lo que era discapacidad como una primera etapa, que entendíamos que era lo más urgente. Tal es así que resolvimos cuestiones de medicamentos, pero también teníamos muchos reclamos de los afiliados respecto a las prestaciones que se estaban brindando en los domicilios”, explicó.
El funcionario relató que “en la conversación diaria entre el afiliado y la empresa, la empresa decía que estaba todo bien y los afiliados decían que estaba todo mal. La obra social tiene muy poco recurso humano para hacer esta tarea de terreno, entonces tomamos la decisión con Jorge y después lo sumamos a los directores, a Adriana y a Horacio, y empezamos a visitar las casas de nuestros afiliados”.
García aseguró que las auditorías se extendieron durante más de un mes y medio entre ambas ciudades y permitieron identificar prestaciones que no se estaban cumpliendo. Como ejemplo, mencionó el caso de afiliados que tenían contratados cinco días de enfermería, con una hora diaria, pero recibían visitas solamente una vez por semana.
“Cuando empezamos con estas auditorías, realmente encontramos falencias en los servicios, detectamos cuestiones que no se estaban brindando y se hicieron actas. Junto con nosotros fue un equipo técnico, ya sea el director general médico o parte de su equipo técnico, porque necesitábamos mirar también”, detalló.
A partir de esos resultados, la conducción de OSEF convocó a los prestadores a una reunión virtual para comunicarles las irregularidades detectadas y exigir la regularización de los servicios.
“Nosotros mismos lo habíamos detectado, no es que fue alguien en lugar nuestro, nosotros mismos lo vimos con nuestros propios ojos. Entonces, los convocamos, hicimos una reunión, una charla donde únicamente habló la obra social, se planteó lo que habíamos visto y la necesidad urgente que teníamos de que se resolviera. Se trabajó sobre ello, se los intimó a que regularicen la situación”, afirmó.
El presidente de la obra social advirtió “entendemos que los prestadores privados o los proveedores son socios de la obra social, pero hay algo que siempre debemos sostener: el límite está en el afiliado de la obra social. Entonces, cuando hay una prestación que no se está brindando a un afiliado nuestro, ese es el límite que no se puede pasar, y sobre ese límite nosotros tenemos que actuar”.
Un gasto mensual de hasta $900 millones
García precisó que la internación domiciliaria representa uno de los rubros de mayor impacto dentro de las prestaciones médicas de OSEF. Según informó, alrededor de 100 personas reciben este tipo de atención en toda la provincia, con un financiamiento mensual que oscila entre los $800 y los $900 millones.
“Hoy en internación domiciliaria tenemos un gasto promedio mensual entre Ushuaia y Río Grande de arriba de los 900 millones de pesos, únicamente por prestaciones médicas. Obviamente es un número importante. La obra social financia a varias empresas con esos montos, pero financiar es una cosa y extralimitarse es otra. Y es lo que nosotros no vamos a permitir”, sostuvo.
Consultado sobre los argumentos de algunos prestadores respecto de los valores que paga la obra social, García afirmó que “hay un nomenclador a nivel nacional, estamos ni mal ni bien, estamos casi empatados con el nomenclador, inclusive en algunas cuestiones estamos un poquito más arriba, y de hecho hemos actualizado los nomencladores en septiembre, casi un 20%, un 16,18%”.
Sin embargo, señaló que “hemos visto empleados o afiliados que venden medicamentos de la obra social, pero también hemos visto que hay acuerdos entre los afiliados en internación domiciliaria con los cuidadores o con los prestadores, que dicen: ‘Vos tenés seis horas, bueno, vení cuatro, y las otras dos, vamos y vamos’. Cuestiones que son serias y problemáticas”.
En ese contexto, García insistió en que “yo entiendo que la necesidad económica que tenemos todos nos atraviesa, pero nosotros estamos acá para cuidar los intereses de la obra social, y es lo que vamos a hacer, les guste o no les guste”.
“Todos controlamos. Clínicas, sanatorios, al hospital público, a todos los prestadores de la obra social, los estamos controlando uno por uno. Y cuando encontramos un desvío, lo avisamos en una primera instancia, y en la segunda instancia serán las actuaciones que haya que hacer”, explicó.
Sobre la continuidad de las inspecciones, fue categórico: “A todos controlamos, porque después he visto comentarios que dicen: ‘Pero las clínicas no lo controlan’. Sí, a todos controlamos”.
Pagos a prestadores y cambios administrativos
Durante la entrevista, García también reconoció que OSEF mantiene demoras en algunos pagos, aunque aseguró que la situación de los prestadores de internación domiciliaria mejoró respecto de períodos anteriores.
Según indicó, la obra social registra atrasos cercanos a los 60 días con las empresas del sector, mientras que anteriormente las demoras podían alcanzar los 90 o 120 días.
“La obra social está más o menos al día con todas las empresas de internación domiciliaria. Más o menos al día, te diré en un atraso de 60 días, que es lo normal en todo el sistema de salud. Hay prestaciones que sí están más atrasadas, pero la internación domiciliaria, desde que asumimos esta gestión, no se ha dejado de pagar un solo mes”, afirmó.
En respuesta a los reclamos por supuestas deudas de un año, el titular de OSEF rechazó esa versión y aseguró que los pagos se mantienen dentro de los plazos que maneja actualmente el organismo.
“Hoy he recibido un mensaje de una afiliada de Río Grande que me decía: ‘La obra social a la empresa no le paga hace un año’. Es mentira eso. Que las empresas no les mientan a los afiliados, porque los afiliados encima ya tienen un problema. La obra social está casi al día”, manifestó.
No obstante, reconoció que hay demoras en otras prestaciones, entre ellas el acompañamiento terapéutico, los comedores terapéuticos, las ayudas económicas y los reintegros.
En el caso de las ayudas económicas, explicó que “hay un déficit que tiene la obra social. No está al día, vamos a tratarlo. Pero hay una cuestión que se dio a principio de año, cuando no estábamos nosotros, de que no se crearon fondos permanentes. Los fondos permanentes dan la posibilidad de pagar de manera mucho más rápida las ayudas económicas. Hoy se paga todo por expediente, entonces es todo un trámite administrativo innecesario”.
Y agregó: “A partir del año que viene ya hemos impartido órdenes para que los fondos se aperturen, para que las ayudas económicas se paguen por fondos permanentes, como se hacía históricamente”.
Respecto de los reintegros, García reconoció que también existen atrasos y explicó que recientemente se aprobó una resolución para ordenar el circuito administrativo. Hasta ese momento, los trámites ingresaban por diferentes sectores, lo que generaba demoras y dificultades para su seguimiento.
“El mes pasado, la Dirección General Administrativa hizo un proyecto que firmé, donde se establece cómo es el mecanismo de reintegros para ser mucho más ágiles, porque había un reintegro de farmacia que se tramitaba por un lado, uno de prestaciones médicas que iba para otro lado y uno de odontología que iba para otro lado”, detalló.
“Lo que se hizo fue reglamentar todo el circuito administrativo para que no haya 80 bocas de ingreso de reintegros y que se canalicen por un solo sector”, agregó.
Además, adelantó que la nueva resolución sobre reintegros se publicará en la página web de OSEF, donde también se incorporaron herramientas para que los afiliados puedan consultar el detalle de sus consumos y las prestaciones financiadas por la obra social.
Deudas del Gobierno y de otros organismos
Otro de los temas abordados fue la situación financiera de OSEF y las deudas que mantienen distintos organismos en concepto de aportes y contribuciones. García confirmó que “hay deudas del Gobierno, lo estamos trabajando. De hecho, hace un ratito le mandé un mensaje a la tesorera y al ministro. Todos los días hablamos básicamente una vez por día con el gobernador, le comentamos la situación de la obra social. Hay atrasos con las transferencias del Gobierno”.
El titular del organismo explicó que tenía previsto mantener una reunión en Tolhuin para avanzar en la regularización de los aportes y contribuciones pendientes de la Municipalidad y el Concejo Deliberante. En ese marco, indicó que también se analiza un mecanismo para compensar parte de la deuda mediante la construcción de un edificio para OSEF en esa ciudad.
“En esa reunión lo que estamos trabajando es el canje de deuda por construcción para el edificio en Tolhuin, algo tan necesario para nuestros afiliados allá, que cada vez son más y cada vez son más los problemas de salud que hay. Vamos por una farmacia; también están previstas oficinas para la obra social”, explicó.
La propuesta, según detalló, contempla cuestiones técnicas que se encuentran bajo análisis y que fueron remitidas al Tribunal de Cuentas para su evaluación.
García cifró en alrededor de $10.000 millones la deuda del Gobierno provincial con OSEF. A su vez, indicó que la obra social mantiene obligaciones con los hospitales públicos y deudas vinculadas con las prestaciones correspondientes a la RUPE.
“Nosotros también le debemos a los hospitales, por más de $5.000 millones, con cierre al 31 de diciembre de 2025. Todo lo que es diciembre de 2025 para atrás, al hospital se va a compensar con RUPE, con prestaciones de RUPE que a veces ya están en Economía, en Gobierno o en otra dependencia del Estado”, señaló.
En cuanto a las prestaciones de la RUPE, García informó que OSEF reclama una deuda adicional de aproximadamente $6.000 millones y que mantiene reuniones con el área provincial correspondiente para regularizar la situación administrativa y establecer cómo se recuperarán esos recursos.
“La idea es también ver cómo van a pagar. Primero, regular la parte administrativa, que es donde está hoy el conflicto. Y después, cómo vamos a hacer para recuperar ese dinero, porque ya no hay más compensación, ya es deuda”, explicó.
El funcionario agregó que el equipo técnico de la obra social analiza una actualización de los adelantos que realiza el Gobierno provincial para cubrir estas prestaciones, debido a que los montos actuales quedaron por debajo del gasto mensual.
“Tenemos que ver cómo lo vamos a equilibrar, porque claramente eso impacta sobre todo en las prestaciones”, advirtió.
El sistema solidario y el costo de la salud
García también defendió el funcionamiento solidario de OSEF y sostuvo que los aportes individuales deben analizarse en relación con el costo total de las prestaciones que recibe cada afiliado y su grupo familiar.
En ese sentido, destacó que “si uno hoy entra a la página de OSEF, va a haber muchas novedades, entre ellas un cuadrito especial que dice ‘Afiliados’, que está en color naranja. Si quieren probar ahora, pueden entrar, se tienen que loguear, a cada uno le llega a su mail una clave de activación, activan e ingresan a ese sistema, y van a ver todo lo que consumieron como afiliados”.
“Cuando uno dice: ‘Yo pago $30.000 o $40.000 de aporte’, y en contrapartida lo compara contra lo que gasta como afiliado, va a haber una gran diferencia. Lo que hoy salen los medicamentos, lo que hoy salen las prestaciones médicas, lo que hoy gasta la obra social para cubrir la necesidad de los afiliados, claramente es mucho”, sostuvo.
Como ejemplo, señaló que “un sueldo promedio de la administración pública es de $1.200.000, creo que es ahora. Si lo multiplicás por el 3%, son $36.000 de aporte. Hablando de aporte, $36.000 no sale hoy una consulta médica. Una sola consulta médica sale $35.500 o $37.500, creo que es, con la última actualización. Ya ahí se consumió el crédito del aporte”.
El presidente de OSEF aclaró que “un sistema solidario, dentro del sistema solidario, uno aporta para los que más necesitan. Por eso es solidario. Si no queremos ser solidarios, nos vamos a una privada, a una prepaga, con mucha gente que a veces opina, pero paga $500.000 para hablar. O sea, no son más $36.000 en una privada, vos vas a pagar casi $500.000 o $600.000, según el grupo familiar”.
En esa línea, consideró que “la expectativa de vida en los últimos años ha aumentado notablemente. Creo que estamos hablando de 80, 84 años más o menos como promedio de la expectativa de vida. Y esa expectativa de vida genera un gasto al sistema también. No quiero que se malinterprete, al contrario: quiere decir que se ha invertido en tecnología, en medicina, y todo eso lleva a un gasto para la obra social”.
También advirtió que “hoy hay medicamentos para el cáncer o para algunas cuestiones que alargan la vida. Está buenísimo y ojalá que mañana se pueda mejorar aún más. Pero también hay tecnología abocada a eso. Máquinas, instrumental, la capacidad instalada en los hospitales, los reservorios que acá son más específicos. Todo eso tiene un costo. El costo en salud es muy caro”.
Como ejemplo, mencionó el tratamiento de la diabetes y los gastos que puede generar cuando la enfermedad requiere tecnologías e insumos específicos.
“Hoy una de las principales patologías dentro de la provincia es la diabetes, tipo 1 o tipo 2. Y ahora ya tenemos diabéticos que usan bomba de infusión. Hoy una bomba de infusión le cuesta a la obra social, más o menos en promedio de gasto por afiliado, $10 millones. Una insulina, tal vez un millón de pesos, y pastillas, tal vez $300.000”, detalló.
Por eso, destacó la importancia de los controles preventivos para detectar enfermedades y evitar complicaciones que deterioren la calidad de vida de los pacientes.
“Si lo agarramos al diabético en una primera instancia y lo controlamos, o el mismo afiliado toma conciencia de lo que significa llegar a una insulina, se da cuenta del deterioro que le hace al cuerpo. Y no hablemos de la calidad de vida, ni siquiera en términos de gastos en salud”, sostuvo.
Finalmente, García insistió en que el objetivo de su gestión es mejorar el funcionamiento de OSEF, ordenar sus procedimientos administrativos y garantizar que los recursos destinados a la salud lleguen efectivamente a los afiliados.
En ese marco, la conducción del organismo busca sostener los controles sobre los prestadores, regularizar las deudas pendientes y agilizar los trámites de reintegros y ayudas económicas, en un escenario marcado por el incremento de los costos sanitarios y las dificultades de financiamiento.
