La legisladora de La Libertad Avanza reveló que hace 11 meses no cobran 540 policías territoriales jubilados. Denunció una decisión “absolutamente arbitraria” de la Caja, advirtió que el Gobierno no tiene capacidad de financiamiento y cuestionó que el Ejecutivo traslade sus problemas a la Legislatura.
Río Grande.- En una extensa entrevista brindada a FM Espectáculo 93.1, la legisladora provincial Natalia Gracianía dio precisiones sobre la crítica situación que atraviesan los policías territoriales jubilados, tras la reunión de la Comisión N.º 6 de la Legislatura, donde finalmente lograron sentar en la misma mesa a autoridades de la Caja de Previsión Policial, funcionarios del Ejecutivo y representantes de los damnificados.
El diagnóstico fue contundente, con una deuda millonaria, falta total de previsibilidad y un sistema previsional al borde del colapso.
“Fue la tercera vez que nosotros realizamos esta reunión. En dos oportunidades anteriores habíamos citado a los responsables de la Caja Policial y al Ministerio de Jefatura de Gabinete y no vinieron. Esta fue la tercera y logramos que vengan todas las partes”, explicó.
Según detalló, el eje central del encuentro fue conocer el monto real de la deuda y las perspectivas de pago. La respuesta oficial encendió todas las alarmas.
“El monto que informaron los directivos de la Caja Policial asciende a 6.600 millones de pesos a la fecha”, indicó, al tiempo que remarcó que esa cifra surge de “11 meses de no pagarle los haberes de retiro a 540 policías territoriales”.
Una decisión “arbitraria” que dejó a 540 jubilados sin ingresos
Gracianía apuntó directamente contra la resolución interna de la Caja Policial que originó el conflicto.
“La Caja tomó una determinación a partir de la resolución 148/25, donde decidieron a quiénes le iban a pagar y a quiénes no”, sostuvo, calificando la medida como “absolutamente arbitraria”.
En ese marco, explicó que “se excluyó del cronograma de pagos a cientos de jubilados que prestaron servicio durante la etapa territorial de la provincia”.
“Decidieron dejar afuera a 540 policías territoriales, adultos mayores, que prestaron sus servicios en épocas muy duras del exterritorio, con total compromiso y responsabilidad”, subrayó.
La legisladora remarcó que “hasta junio del año pasado la situación era normal, esto se pagaba porque es un derecho adquirido instaurado por ley en Tierra del Fuego”.
Sin embargo, ante la falta de recursos, la Caja optó por “recortar unilateralmente, como no les alcanzaba el dinero para pagarle a todos, decidieron dejar afuera a los policías territoriales”, afirmó.
Jubilaciones recortadas de un día para el otro
Gracianía también aclaró cómo se compone el haber de estos jubilados, desmintiendo argumentos oficiales.
“El haber se compone del pago de la caja federal y del porcentaje que paga la caja provincial por zona fría”, explicó.
Y agregó que “de un día para el otro te encontrás con que cobrás un 20, 30 o 40 por ciento menos de tu sueldo, sin aviso previo y sin previsión”.
Si bien reconoció que “los retirados perciben una parte desde Nación, insistió en que eso no justifica la quita, ellos cuentan con todo su haber jubilatorio, que se compone de ambas cajas”.
“La caja policial está quebrada”
Uno de los momentos más críticos de la reunión fue la exposición del jefe de Gabinete, según relató la legisladora.
“El ministro utilizó estas palabras concretas, la caja policial está quebrada”, aseguró.
El panorama es aún más complejo porque, según dijo, “no existe ninguna alternativa concreta de financiamiento”.
“No dieron ninguna posibilidad de poder cancelar la deuda. Desde la Caja manifestaron que no tienen acceso a financiamiento ni ingresos externos, y que lo único que tienen son gastos”, detalló.
Incluso cuestionó el manejo patrimonial del organismo al sostener que “tienen propiedades que lo único que generan son gastos y no utilidad”.
Sin solución a la vista y con consecuencias graves
Gracianía fue enfática al describir el impacto social de la situación.
“No hay una fecha de pago, no hay una previsión de cómo van a afrontar esta deuda que crece mes a mes”, advirtió.
Y agregó que “esto ha dejado en la ruina a las familias, endeudadas, enfermas, con situaciones muy duras, y con la pérdida de dos policías territoriales que fallecieron sin haber podido cobrar lo que les corresponde”.
Un paliativo insuficiente y promesas a futuro
Como única salida, el Ejecutivo planteó medidas preliminares.
“En 10 días van a presentar un proyecto para la sostenibilidad de la caja policial y están evaluando un paliativo por 5 o 6 meses”, indicó.
No obstante, marcó límites claros “no se comprometieron a cancelar la deuda”.
Un sistema sostenido artificialmente
La legisladora también encendió otra alarma sobre el funcionamiento actual de la Caja.
“Hoy la caja está pagando a los jubilados provinciales porque el Gobierno le adelanta aportes mes a mes. Si no existiera ese adelanto, tampoco podrían pagarles”, explicó.
Y remarcó que “la sostenibilidad de la caja realmente está en riesgo”.
Reclamos, desesperación y un alivio parcial
Respecto al clima social, Gracianía describió una combinación de angustia y bronca entre los afectados.
“Pudieron expresar la frustración, la desesperación, la angustia y el enojo por todo lo que ha venido pasando”, relató.
Si bien valoró que finalmente fueran escuchados, el saldo fue negativo.
“Se fueron preocupados porque no ven ninguna posibilidad de solución a corto plazo”, señaló.
Incluso mencionó pedidos extremos por parte de los jubilados, “solicitan denuncias penales, juicio político e intervención”.
Sin embargo, la legisladora fue cauta al manifestar que “entendemos la desesperación, pero esas no son soluciones que les den certeza de cobrar”.
Críticas al manejo político del conflicto
Gracianía también cuestionó la falta de previsión institucional.
“La Caja debería haber solicitado a la Legislatura una declaración de emergencia o discutir esto en el ámbito judicial. Sabían que el colapso era inminente y no tomaron decisiones para evitarlo”, sostuvo.
Y dejó una definición política de fondo: “Los problemas que no resuelve el Ejecutivo los traslada al Legislativo”.
RIGI, inversiones y la necesidad de ampliar la matriz productiva
En otro tramo de la entrevista, defendió la adhesión de Tierra del Fuego al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
“Necesitamos adherir para ponernos en el mismo punto de partida que las demás provincias”, afirmó.
Criticó el estancamiento del modelo actual, “hace más de 20 años que no se instala una nueva empresa bajo el subrégimen industrial”.
Y fue directa al manifestar que “si fuéramos tan atractivos, ya tendríamos inversiones y no las tenemos”.
Financiamiento educativo: críticas al Ejecutivo
Finalmente, cuestionó los proyectos del Gobierno sobre financiamiento educativo.
“Hablan del hidrógeno verde como fuente de financiamiento, pero no hay ningún proyecto en marcha. No podemos financiar nada con algo que no existe”, advirtió.
Además, apuntó contra la gestión provincial al señalar que “es responsabilidad del Gobierno garantizar salud, seguridad y educación. Si no administró bien los recursos, es su responsabilidad”.
Y cerró con una crítica estructural, diciendo que “hace seis años gobiernan y todos los años se repite el mismo problema, os estudiantes terminan siendo rehenes del conflicto”.
Un escenario abierto y sin certezas
La reunión dejó más interrogantes que respuestas. Con una deuda multimillonaria, un sistema previsional en crisis y sin horizonte de pago, el conflicto de los policías territoriales expone una de las situaciones más delicadas del sistema público fueguino.
“Quedamos en un punto donde conocimos los números, pero no hay soluciones a la vista”, sintetizó Gracianía.
La expectativa ahora está puesta en el proyecto que el Ejecutivo prometió presentar en los próximos días, aunque, por el momento, la única certeza es la incertidumbre.
