María Pérez, esposa de un policía territorial retirado, relató el calvario que viven las familias de la fuerza tras casi dos años sin percibir los haberes correspondientes. La falta de respuestas institucionales y el contraste con los privilegios de los directivos de la caja previsional colmaron la paciencia de las mujeres, quienes decidieron ponerse al frente de la lucha. Entre deudas acumuladas, tarjetas al límite y complicaciones de salud crónicas, los afectados recurren ahora a la vía judicial ante la imposibilidad legal de los uniformados de agremiarse o realizar manifestaciones públicas. Concretaron una denuncia en sede policial, por “violencia económica”. Río Grande – En la Comisaría de Familia y Género se percibe la tensión de quienes ya tienen poco que
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