El contador Ramón Gallardo sostuvo que el desequilibrio de las cuentas públicas fueguinas dejó de ser un problema coyuntural para convertirse en una crisis estructural que condiciona tanto al actual Gobierno como a las futuras administraciones. Advirtió que la provincia registró déficit en 15 de los últimos 20 años y planteó la necesidad de reformar la Constitución para establecer la obligatoriedad del equilibrio fiscal, limitar los presupuestos de los poderes del Estado y hacer cumplir el tope salarial del gobernador. Rechazó nuevos aumentos impositivos y despidos masivos, cuestionó la superposición de estructuras públicas y reclamó atraer inversiones mediante el RIGI, desarrollar infraestructura, reducir impuestos distorsivos y revisar la coparticipación federal. “Somos una provincia rica, no una provincia caída”, afirmó.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo realizó un diagnóstico de la situación económica y financiera de Tierra del Fuego y advirtió que el principal desafío de la provincia no pasa exclusivamente por resolver el déficit del próximo presupuesto, sino por modificar un esquema de funcionamiento del Estado que, según sostuvo, lleva más de una década acumulando desequilibrios fiscales.
En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’, por Radio Provincia, el profesional aseguró que “la situación requiere decisiones estructurales que trasciendan a la actual administración provincial y permitan establecer reglas permanentes para el manejo de los recursos públicos”.
“Hoy el principal problema es el equilibrio fiscal. Es el principal condicionante, no solamente para la gestión actual, sino para quien quiera gobernar los destinos de Tierra del Fuego en el próximo período”, manifestó.
En ese sentido, señaló que “el haber tenido déficit en 15 de los últimos 20 años demuestra que nuestro problema es estructural”, al considerar que los resultados negativos se repitieron independientemente de los ciclos de crecimiento o recesión de la economía nacional.
Gallardo sostuvo que “el déficit contemplado en el proyecto de Presupuesto 2027 no representa una situación extraordinaria, sino la continuidad de una dinámica en la que el Estado provincial mantiene compromisos de gasto superiores a sus ingresos”.
Frente a este escenario, descartó que “las soluciones puedan limitarse al congelamiento de vacantes, los regímenes de jubilación anticipada o nuevas cargas tributarias”.
Consideró que esas herramientas resultan “insuficientes” y advirtió que “una reducción abrupta de personal tampoco constituye una alternativa viable, debido a las dificultades que enfrenta el sector privado para absorber trabajadores”.
“Tampoco podemos salir a echar empleados, porque hoy el mercado privado no los puede absorber, ni tampoco subiendo impuestos, que lo único que hace es empujar a que los comercios caigan en la clandestinidad”, explicó.
Reforma constitucional: equilibrio fiscal obligatorio y límites al gasto público
Gallardo planteó que la salida requiere avanzar simultáneamente sobre dos grandes ejes, como lo son “ordenar de manera permanente el funcionamiento del Estado y generar nuevas fuentes de ingresos mediante inversiones productivas”.
Para el primero de esos objetivos propuso reformar la Constitución provincial, incorporando mecanismos estrictos de control presupuestario y estableciendo la obligación de mantener equilibradas las cuentas públicas.
“Hay que reformar la Constitución provincial, establecer límites estrictos y mecanismos de control del gasto público para ordenarlo de una vez por todas, y que sea en forma permanente”, afirmó.
Según explicó, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, como Mendoza o Córdoba, la “Constitución fueguina no establece una prohibición expresa de aprobar presupuestos deficitarios”.
A su entender, esa ausencia permite sostener una dinámica de “desequilibrio que termina condicionando las decisiones de cada administración y reduce los recursos disponibles para atender otras necesidades de la población”.
Por ese motivo, consideró indispensable que cualquier proceso de reforma constitucional contemple la “obligatoriedad del equilibrio fiscal, con disposiciones que impidan comprometer gastos sin el correspondiente respaldo financiero”.
Poder Judicial y Legislatura: propone limitar la autonomía presupuestaria
Otro de los aspectos centrales de su propuesta apunta a revisar el funcionamiento presupuestario de los distintos poderes del Estado, particularmente del Poder Judicial y la Legislatura.
Gallardo reconoció que “ambos cuentan con autonomía financiera, pero sostuvo que esa independencia debe compatibilizarse con la capacidad real de recaudación de la provincia”.
Explicó que “aunque el gobernador dispone de facultades constitucionales para vetar total o parcialmente determinadas decisiones presupuestarias, en la práctica esas herramientas difícilmente se utilizan por los conflictos institucionales que podrían provocar”.
Como alternativa, mencionó el modelo de otras provincias, entre ellas “San Juan, donde existen mecanismos de asignación de recursos vinculados a porcentajes de la recaudación”.
Su propuesta consiste en establecer límites que garanticen un financiamiento mínimo para el funcionamiento institucional, pero que también obliguen a ajustar las erogaciones cuando disminuyan los ingresos.
“Si la provincia recauda menos, ellos tendrán que gastar menos”, sintetizó.
De esta manera, consideró que “el equilibrio fiscal no debería depender exclusivamente del Poder Ejecutivo, sino convertirse en una responsabilidad compartida por toda la estructura estatal”.
Sueldos públicos: exige hacer cumplir el límite salarial del gobernador
El contador también puso el foco en las diferencias salariales existentes dentro del Estado fueguino y reclamó medidas para garantizar el cumplimiento de la disposición constitucional que establece que ningún funcionario puede percibir una remuneración superior a la del gobernador.
“Hay que desactivar las trampas legales y corporativas que hoy violan esta norma”, sostuvo.
En ese marco, propuso avanzar con una ley de tope salarial similar a la aplicada en Mendoza, que, según explicó, fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo sería establecer que “ningún empleado, funcionario o contratado de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial pueda percibir una remuneración bruta superior a la correspondiente al mandatario provincial”.
Gallardo insistió en que “la reforma debe establecer reglas que permitan evitar diferencias salariales incompatibles con el ordenamiento constitucional y con la situación financiera de la provincia”.
Advirtió que “el problema no afecta únicamente al gobernador de turno, sino a toda la sociedad fueguina, porque los compromisos presupuestarios terminan condicionando la capacidad del Estado para prestar servicios y promover el desarrollo”.
Salud pública: cuestionó la superposición de estructuras provinciales y municipales
Dentro de las medidas destinadas a mejorar la eficiencia del gasto, Gallardo también propuso revisar la organización del sistema público de salud.
Señaló que “actualmente existen funciones que se superponen entre los centros de atención primaria administrados por los municipios y los servicios dependientes del Gobierno provincial”.
A su criterio, esa duplicación provoca una dispersión de recursos y dificulta establecer responsabilidades claras sobre la prestación de los servicios.
“Esta duplicación no solamente atomiza los fondos, sino que diluye la responsabilidad y no resuelve el problema que tiene la gente”, advirtió.
Por ese motivo, sostuvo que “resulta necesario definir criterios de coordinación y distribución de funciones que permitan aprovechar mejor los recursos disponibles, sin afectar la atención sanitaria”.
El planteo forma parte de una visión más amplia sobre el funcionamiento estatal, basada en mejorar la eficiencia antes que trasladar los desequilibrios presupuestarios a los contribuyentes.
Inversiones y RIGI: “No impulsar la adhesión es pegarse un tiro en el pie”
Gallardo remarcó que el ordenamiento de las cuentas públicas, aunque indispensable, no será suficiente si Tierra del Fuego no consigue ampliar su actividad económica y generar ingresos genuinos.
En ese sentido, planteó que ¡la provincia necesita inversiones privadas, infraestructura y proyectos capaces de diversificar su matriz productiva”.
Mencionó entre las actividades con mayor potencial a la acuicultura, los hidrocarburos, el turismo, la energía, el hidrógeno verde y la economía del conocimiento.
Sin embargo, sostuvo que “esos sectores requieren condiciones de previsibilidad y herramientas que faciliten la llegada de capitales”.
Por ese motivo, defendió la adhesión provincial al “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)” y advirtió sobre la importancia de aprovechar su plazo de vigencia.
“Yo particularmente creo firmemente que quienes aspiren a gobernar el próximo período tienen necesariamente que lograr inversiones en Tierra del Fuego”, expresó.
Y agregó que no impulsar la adhesión al régimen, cuyo vencimiento situó en julio de 2027, sería “pegarse un tiro en el pie”.
Según explicó, atraer inversiones permitiría no solamente mejorar las perspectivas financieras de las futuras administraciones, sino también generar nuevas oportunidades laborales para los fueguinos.
Asimismo, manifestó sus expectativas respecto de una ampliación del régimen, a la que denominó “super RIGI”, por la posibilidad de incorporar proyectos vinculados con la industrialización de la pesca.
Antártida, Malvinas y recursos naturales: el potencial estratégico de Tierra del Fuego
Para fundamentar la necesidad de atraer inversiones, Gallardo destacó las ventajas geográficas y los recursos naturales de la provincia y señaló que “Ushuaia ocupa una posición privilegiada como puerta de acceso a la Antártida y que el territorio fueguino se encuentra vinculado a corredores marítimos estratégicos entre los océanos Atlántico y Pacífico, como el pasaje de Drake, el canal Beagle y el estrecho de Magallanes”.
También subrayó el papel de Río Grande por su ubicación y su potencial como base operativa vinculada con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Desde su perspectiva, estas condiciones deberían traducirse en proyectos de infraestructura, desarrollo logístico, aprovechamiento energético y generación de empleo.
El contador consideró que “Tierra del Fuego dispone de recursos estratégicos de creciente importancia internacional, pero necesita políticas que permitan transformarlos en actividad económica”.
“Somos una provincia rica. No somos una provincia caída”, afirmó, al rechazar la idea de que la jurisdicción carezca de alternativas para superar sus dificultades fiscales.
Presión tributaria: advirtió que los empresarios están asfixiados por los impuestos
Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con la presión tributaria que enfrentan las actividades productivas y comerciales.
Gallardo consideró que “Tierra del Fuego no está en condiciones de soportar nuevos aumentos de impuestos y sostuvo que, por el contrario, necesita avanzar hacia una reducción de las cargas que afectan la competitividad”.
En ese contexto, hizo referencia al 62° Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata, y destacó tres cuestiones que vinculó con las propuestas que viene impulsando como lo son el equilibrio fiscal, reducción de la presión tributaria y revisión del régimen de coparticipación federal.
Según explicó, las demandas del sector empresario coinciden con la “necesidad de ordenar las cuentas públicas sin recurrir permanentemente a mayores impuestos”.
El contador también respondió a los cuestionamientos sobre la política tributaria nacional. Señaló que “se produjeron modificaciones, como la reducción de Bienes Personales, la finalización del impuesto PAIS, cambios en las retenciones y la eliminación del gravamen interno del 9,5% que afectaba a determinados productos fueguinos”.
No obstante, aclaró que esas medidas no alcanzan para resolver los problemas de competitividad de las empresas.
“Se hicieron muchas cosas, pero eso no alcanza”, manifestó, al advertir que “los sectores productivos continúan enfrentando una carga tributaria elevada”.
Impuestos distorsivos: cuestionó Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales
Gallardo hizo especial hincapié en los impuestos que considera distorsivos por su acumulación a lo largo de las distintas etapas de producción y comercialización.
Entre ellos identificó al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, las retenciones, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales de seguridad e higiene.
Explicó que estos tributos incrementan progresivamente el costo final de los bienes y afectan particularmente a las industrias que deben competir con productos importados.
Como ejemplo, mencionó la fabricación de teléfonos celulares en Tierra del Fuego, donde a los costos industriales se agregan distintas tasas, gastos financieros y logísticos hasta que el producto llega a los principales centros de consumo del país.
En ese escenario, consideró que las empresas locales enfrentan desventajas frente a competidores internacionales que no soportan la misma estructura tributaria.
También citó un estudio de una entidad empresaria que compara la carga impositiva de 30 países, los cuales, según los datos que expuso, representan el 86% del producto bruto mundial y el 63% de la población.
De acuerdo con las cifras mencionadas por Gallardo, la incidencia tributaria analizada alcanza el “50,6% en Argentina, mientras que la mayoría de las economías incluidas en la comparación no aplica determinados gravámenes acumulativos”.
El contador sostuvo que esta situación afecta las posibilidades de competir tanto con países asiáticos como con economías regionales, entre ellas Brasil y Paraguay.
En consecuencia, planteó que “mientras no se reduzcan los impuestos distorsivos resulta necesario mantener mecanismos de protección arancelaria para determinadas actividades productivas”.
Coparticipación federal: reclamó revisar la distribución de recursos
Gallardo también abordó la discusión sobre una eventual modificación del sistema de coparticipación federal y sus posibles consecuencias para Tierra del Fuego.
Ante la preocupación por una reducción de las transferencias nacionales, señaló que cualquier reforma debe contemplar las particularidades geográficas, económicas y estratégicas de las provincias.
En ese sentido, recordó que “la Constitución Nacional permite establecer condiciones especiales para determinadas regiones y mencionó como antecedente la Ley 19.640, creada para promover el desarrollo y poblamiento de Tierra del Fuego”.
Consideró que “esa condición diferencial debe formar parte de cualquier discusión sobre la distribución de los recursos fiscales”.
Asimismo, advirtió sobre las dificultades políticas e institucionales que supone modificar el régimen vigente, debido a la necesidad de alcanzar acuerdos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Frente a esas dificultades, propuso avanzar en acuerdos fiscales que permitan ordenar las obligaciones tributarias mientras se discute una reforma más profunda.
Recordó como antecedente el consenso fiscal de 2017 y sostuvo que “sus compromisos se mantuvieron parcialmente hasta 2019, cuando el contexto inflacionario y las necesidades financieras de las jurisdicciones alteraron su aplicación”.
Gallardo cuestionó especialmente la proliferación de tasas municipales, algunas de las cuales consideró desproporcionadas respecto de las actividades alcanzadas.
Mencionó ejemplos de gravámenes aplicados sobre elementos comerciales, como metegoles o estructuras inflables instaladas en la vía pública, para ilustrar lo que considera una expansión excesiva de la presión tributaria local.
La caída del consumo también golpea la recaudación provincial
El profesional vinculó además la situación de las finanzas públicas con el retroceso del consumo y su impacto sobre los recursos coparticipables.
Explicó que el Impuesto al Valor Agregado constituye una de las principales fuentes de recaudación nacional y que su rendimiento está directamente relacionado con el nivel de actividad comercial.
Por lo tanto, cuando disminuyen las ventas también se reduce la recaudación y, en consecuencia, pueden verse afectadas las transferencias que reciben las provincias.
Gallardo reconoció que “esta situación genera dificultades adicionales para reducir impuestos, debido a que muchas jurisdicciones dependen de esos ingresos para sostener su funcionamiento”.
Sin embargo, insistió en que “el problema debe abordarse mediante una combinación de disciplina fiscal, mayor eficiencia estatal y crecimiento de la actividad económica”.
También expresó preocupación por las dificultades que enfrentan las empresas industriales para planificar inversiones y sostener su producción en un contexto de incertidumbre y elevados costos.
En ese sentido, señaló que “la previsibilidad económica constituye una condición necesaria para evitar la pérdida de proyectos productivos y puestos de trabajo”.
“El próximo gobernador no puede estar condicionado porque las cuentas no le cierran”
Hacia el cierre de la entrevista, Gallardo volvió sobre la necesidad de adoptar decisiones que permitan modificar el funcionamiento financiero de Tierra del Fuego más allá de los resultados de una gestión determinada.
Reiteró que “el déficit acumulado durante buena parte de las últimas dos décadas demuestra que el problema no puede atribuirse exclusivamente a las condiciones económicas nacionales”.
Desde su perspectiva, la provincia necesita “establecer reglas permanentes que impidan repetir desequilibrios” y, al mismo tiempo, “desarrollar actividades capaces de incrementar los recursos propios”.
Advirtió que “de no avanzar en esas transformaciones, cualquier futura administración encontrará limitaciones para llevar adelante sus políticas públicas, el déficit acá es estructural, no cíclico”, insistió.
Para Gallardo, la salida no consiste en despedir empleados públicos ni en incrementar la presión tributaria sobre un sector privado que atraviesa dificultades, sino en ordenar el gasto, evitar superposiciones, fijar límites presupuestarios y crear condiciones para atraer inversiones.
