El presidente de la Asociación de Colegios Privados aseguró que la Provincia continúa sin pagar un ítem salarial reconocido por la Justicia para los docentes de gestión privada. Advirtió que denunciarán el incumplimiento de las sentencias y solicitarán multas personales para los funcionarios responsables. Además, cuestionó las demoras en las transferencias del aporte estatal a los establecimientos educativos.
Río Grande. -Alberto Cabral cuestionó con dureza al Gobierno de Tierra del Fuego por el incumplimiento de la normativa que regula el financiamiento de las instituciones educativas de gestión privada y advirtió que el conflicto podría derivar en nuevas consecuencias judiciales.
En diálogo con el programa Buscando el Equilibrio, sostuvo que la Provincia continúa sin abonar un ítem salarial que ya fue reconocido por la Justicia y denunció demoras en las transferencias del aporte estatal destinado a los establecimientos.
El representante del sector señaló que “la situación afecta a una estructura educativa que comprende aproximadamente 11.000 alumnos, 2.000 docentes y 300 trabajadores no docentes en toda la provincia”. Según explicó, existen 18 instituciones titulares que reúnen 42 unidades educativas de los niveles inicial, primario y secundario.
“Los funcionarios del Gobierno provincial están en una actitud bastante cínica e hipócrita respecto de que hablan de defender la educación pública, hablan de igualdad, de equidad, pero son quienes incumplen de forma deliberada la Ley 749, que es la que rige para el sector de educación privada, público de gestión privada, que es parte del sistema educativo provincial”, afirmó.
Cabral remarcó que “las instituciones no reclaman una medida discrecional, sino el cumplimiento de una obligación legal. El sector representa alrededor del 25% de la matrícula de los niveles inicial, primario y secundario de Tierra del Fuego y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo generan una situación de desigualdad entre los trabajadores de la educación”.
Sentencias judiciales y nuevos reclamos
El conflicto se originó cuando una resolución del Ministerio de Educación excluyó a los docentes de gestión privada del pago de un ítem salarial acordado en paritarias en noviembre de 2025, según explicó Cabral. Frente a esa decisión, distintas instituciones recurrieron a la Justicia para reclamar su aplicación.
El representante indicó que “desde junio hay dos instituciones de la ciudad de Río Grande que tienen sentencia firme y que están en ejecución. Eso llevó a que esas instituciones comenzaran a pagarles a sus docentes ese ítem con el retroactivo de noviembre de 2025 a julio de 2026. Pero la sentencia establece claramente que es inconstitucional esa resolución del Ministerio de Educación y, por lo tanto, deben cumplir con la ley hacia adelante, mientras continúe ese ítem”.
“Por lo tanto al hoy están incumpliendo con la sentencia porque agosto y septiembre del 2026 ya lo tendrían que haber pagado, tampoco lo ha hecho”, comentó.
Ante la continuidad del incumplimiento, Cabral anticipó que “me informa el doctor Mandolini, que es apoderado de las instituciones que presentaron esos amparos, que mañana presentará ante el Poder Judicial una denuncia de incumplimiento de la sentencia y el pedido de que les apliquen las multas a los funcionarios, que en este caso son los del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, por incumplir esa resolución judicial. También va a presentar la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
Cabral explicó que la sentencia ordena al Gobierno provincial garantizar el pago de los incrementos salariales reclamados de manera regular, íntegra y oportuna, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias. Según indicó, el abogado solicitará que esas sanciones alcancen personalmente a los funcionarios responsables del incumplimiento.
Si bien reconoció que las sentencias corresponden a dos instituciones y no tienen alcance colectivo y manifestó que “no es colectivo, pero se suponía que el Gobierno iba a aplicar eso para todas las instituciones como debía ser, algo que tendría que haber ocurrido desde el primer momento. Sin embargo, parece ser que la decisión política de hoy es otra”.
Críticas al Ministerio de Educación
El representante del sector también cuestionó al ministro de Educación, Pablo López Silva, por la posición que habría expresado en distintas reuniones con los representantes legales de las instituciones.
Cabral recordó que “en el mes de julio, el ministro de Educación manifestó a todos los representantes legales de las instituciones públicas de gestión privada de la provincia que consideraba injusto e inequitativo que no se les estuviera pagando eso a los docentes de los colegios privados. Dijo que estaba viendo el tema con el ministro de Economía y con el gobernador, y que en pocos días iba a estar la solución. Nada de eso ocurrió”.
Además, afirmó que “si un acta acuerdo paritaria fue firmada por ambos sectores, con la representación gremial y el Gobierno provincial, luego homologada por la Secretaría de Trabajo y ratificada por un decreto provincial, y después una resolución del Ministerio de Educación genera que no se pague al sector docente de los colegios privados, hay una decisión política indudable. Existe una obligación legal que debe cumplirse; no queda librada al criterio o a las ganas de los funcionarios”.
Cabral sostuvo que “es una ley que fue votada por la Legislatura y que establece cómo debe funcionar el sistema. Si el Gobierno actual considera que el esquema debería ser otro, tendrá que discutirlo en el ámbito legislativo. En todo caso, que transparenten qué es lo que quieren, para que la comunidad sepa qué idea tienen sobre el sector de educación pública de gestión privada”.
Por su parte, también cuestionó la postura que habría adoptado el ministro de Educación, Pablo López Silva, frente a las instituciones que todavía no cuentan con sentencias judiciales firmes. En este sentido, relató que “el mismo ministro de Educación hace una semana atrás dijo: ‘Bueno, señores, algunos, los que no tienen sentencia judicial firme, no vamos a pagar a menos que haya una acción judicial firme; por lo tanto, vayan e inicien juicios. Sabemos que los perderemos como Estado, que habrá honorarios a los abogados para pagarles y también que le pagarán en cuotas en otro momento, en otra gestión’”, expresó.
Demoras en el aporte estatal y reclamos docentes
Cabral advirtió que el conflicto no se limita al ítem salarial, sino que también alcanza al mecanismo de transferencias del aporte financiero estatal que reciben los establecimientos educativos.
Según explicó, desde hace cuatro meses la Provincia demora los depósitos y deja de cumplir con el plazo previsto por la normativa, que establece que el aporte debe transferirse el mismo día en que se abonan los salarios de los docentes provinciales.
“Hace cuatro meses comenzaron a incumplir también con el pago del aporte financiero estatal. Lo hacen después de haberles pagado a los docentes provinciales, cuando la ley dice que el mismo día que les pagan a los docentes provinciales deben transferirles el aporte a las escuelas privadas”, señaló.
El representante indicó que esas demoras afectan la organización financiera de las instituciones y provocan que algunos establecimientos no puedan cumplir en término con el pago de sus propios trabajadores. Según afirmó, ya hubo reclamos docentes e incluso medidas de retención de servicios vinculadas con esta situación.
“Los colegios entran en un pago fuera del término legal a sus docentes y los trabajadores comienzan a reclamarles. De hecho, ya se ha dado que algunas instituciones tuvieron reclamos mediante retención de servicios por este motivo”, explicó.
En ese marco, Cabral insistió en que las instituciones terminan afrontando el malestar de los trabajadores por decisiones que atribuye exclusivamente al Gobierno provincial.
“Las acciones de discriminar al sector lo dañan, porque son los representantes de las instituciones y los equipos de gestión los que después tienen que darles una respuesta a los docentes. No son las instituciones las que generan esa discriminación, sino el Gobierno provincial. Sin embargo, el malestar y los reclamos terminan recayendo sobre los establecimientos”, sostuvo.
La deuda salarial y el financiamiento de las escuelas
Consultado sobre el monto involucrado en el reclamo, Cabral estimó que “hoy serán 140 o 150 millones de pesos. Por supuesto que, si lo vemos de manera aislada, es un monto importante. No digo que sea poco ni mucho, pero dentro del presupuesto provincial probablemente sea poco. Sin embargo, esto no es una cuestión de entrar en términos económicos, sino de legalidad. Los funcionarios deben cumplir con la ley”.
No obstante, aclaró que, a su entender, el eje del conflicto no debe centrarse exclusivamente en la dimensión económica, sino en la obligación del Estado de cumplir con la ley y las sentencias judiciales.
Por otra parte, detalló que “los establecimientos educativos reciben actualmente alrededor de $3.000 millones mensuales en concepto de aporte estatal. Esos fondos están destinados exclusivamente al pago de las plantas orgánicas funcionales, es decir, cargos y horas docentes, y que no necesariamente cubren la totalidad de esos costos”.
“Mientras algunas instituciones reciben el 100% del financiamiento correspondiente a determinados cargos u horas, otras perciben porcentajes del 90%, 80%, 70% o 60%”, dijo. Esa diferencia, sumada a factores como la duración de la jornada escolar, incide en el valor de las cuotas que deben abonar las familias
“Las instituciones perciben una cuota mensual de las familias, con la que integran los presupuestos para poder afrontar el costo de brindar el servicio educativo. Por eso las cuotas son diferentes: dependen del aporte que recibe cada colegio y de si tiene jornada simple o doble”, explicó.
Reunión en la Legislatura
Finalmente, Cabral confirmó que los representantes de las instituciones educativas de gestión privada fueron invitados a participar de una reunión legislativa vinculada con el tratamiento del presupuesto provincial. Según indicó, recibieron una nota de invitación del presidente de la Comisión N.º 2, el legislador Matías Lapadula, y el presidente de la Comisión de Educación, por Luciano Selzer, concurrirán el martes 13 de octubre a las 12 horas.
“Valoramos la invitación porque la Legislatura siempre nos recibe y nos permite estar presentes para escuchar y expresar lo que consideramos necesario cuando se trata el presupuesto provincial. Todos los años nos dan esa posibilidad, así que vamos a estar el martes 13 a las 12 horas”, concluyó.
