El legislador Pablo Villegas instó al gobierno a honrar las deudas con la obra social estatal, y en particular se refirió a los 1.885 millones de pesos que debe en concepto de prestaciones a beneficiarios de pensiones RUPE. La deuda fue certificada por la institución e informada por el Tribunal de Cuentas en diciembre pasado. Además, dio a conocer que el 29 de enero la tesorería general dictó una resolución por la cual se desafectan recursos por la suma de 6.242 millones de pesos, que pasan a ser de libre disponibilidad. Esta medida del gobierno se suma a otra vinculada con la afectación específica de la recaudación del IPRA para el programa médico asistencial de los pensionados RUPE, que fue modificada y pasó en un 90% a ser de libre disponibilidad también. Villegas cuestionó que, teniendo dinero, no se destine a cancelar las deudas. “La propaganda política institucional del gobierno dice que es prioridad la salud y ante ese relato los hechos demuestran todo lo contrario”, manifestó, y reclamó un plan concreto para resolver el problema de fondo de la obra social.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas difundió esta semana un comunicado en el que cuestiona el incumplimiento de pago por parte del gobierno de las prestaciones que brinda la OSEF a los beneficiarios de pensiones RUPE, y por Radio Provincia desarrolló este reclamo e hizo referencia a las complicaciones de la obra social estatal para brindar las prestaciones. “Nosotros venimos planteando la necesidad de un debate serio desde hace tiempo y estamos haciendo un seguimiento de la situación financiera de la OSEF y de las decisiones políticas que adopta el gobierno de la provincia”, dijo, y precisó que “en el mes de diciembre de 2024 nos encontramos con que la OSEF certificó una deuda del gobierno por las prestaciones a los pensionados RUPE por 1.885 millones de pesos, de los cuales el 98% corresponde a los años 2020, 2021, 2022 y 2023, es decir que corresponden a esta gestión de gobierno”.
Aseguró que esta deuda es exigible y ya no puede ponerse en duda, pese a que “algunos funcionarios de la provincia han dicho que tienen que verificar si las prestaciones se dieron en tiempo y forma y también el monto. Esa discusión ha sido saldada por una nota que envió el 19 de diciembre el Tribunal de Cuentas al Ministro de Economía, donde se lo notifica de que la deuda certificada por OSEF tiene el carácter de título ejecutivo y que no puede utilizarse como excusa el querer debatir si son ajustados o no los montos que se reclaman”.
“A esa nota del Tribunal de Cuentas yo sumo una cuestión de sentido común. Mal pueden los propios funcionarios del Ejecutivo municipal poner en tela de juicio lo que certifican otros funcionarios que son designados por el propio gobernador, como la presidente y el vicepresidente de la OSEF. El 29 de enero de este año nos encontramos con el dictado de una resolución de la tesorera general de gobierno, seguramente a resultas de alguna orden del Ministro de Economía, que desafecta recursos por la suma de 6.242 millones de pesos. Es decir que el 29 de enero de este año el gobierno de la provincia, en función de la resolución 59 del 2025, contó con la libre disponibilidad de 6.242 millones de pesos, porque no fueron gastados durante el ejercicio 2024 y tenían determinadas afectaciones específicas”, explicó.
“Esto pone de relieve que el gobierno de la provincia, teniendo conocimiento formal de que tiene deuda con la OSEF por 1.885 millones y que esa deuda tiene carácter de título ejecutivo, con 6.242 millones de libre disponibilidad para afrontar esa deuda, no honra la misma y agrava aún más la crisis financiera que tiene la obra social”, cuestionó el mopofista.
“Esto marca a las claras cuál es el posicionamiento político del gobierno de la provincia, que por un lado nos dice que prioriza la salud, pero por otro lado no toma las decisiones que tiene que tomar ante la deuda por prestaciones RUPE, aun teniendo los recursos económicos”, expresó.
Como ejemplo del impacto del incumplimiento, mencionó que “esto genera que la Clínica San Jorge suspenda los servicios, que a la gente que se ha tenido que operar en estos últimos días le digan que tienen que posponer las operaciones, genera problemas con los medicamentos, además de los problemas de gestión que tiene la OSEF, que uno no desconoce”.
“Es un perjuicio a la vida diaria de los afiliados no honrar estas deudas cuando se tienen recursos para hacerlo. El no pago de esa deuda resiente la posibilidad de que la OSEF pueda afrontar la deuda que tiene con los hospitales públicos, porque los hospitales de Río Grande y Ushuaia también le brindan servicios a los afiliados de la OSEF, que les debe más de 1.500 millones de pesos. La OSEF no va a honrar esa deuda si el gobierno deja de pagarle lo que le tiene que pagar”, sentenció.
El “relato” del gobierno
El legislador además aludió a “la propaganda política institucional del gobierno”, que calificó como un relato, porque “dice que es prioridad la salud y ante ese relato los hechos demuestran todo lo contrario. Es más, hay un dato que pone al descubierto la falta de voluntad política que tiene este gobierno para financiar debidamente las prestaciones de la OSEF para las RUPE. La ley 1269 establece una especie de impuesto a los premios por la quiniela que paga el IPRA, del 2.5%, y afecta esos recursos, que el año pasado ascendieron a 48 millones de pesos, a un programa médico asistencial para cubrir las prestaciones de las RUPE. En el primer punto de la resolución de la tesorera general, el gobierno desafectó el 90% de esos recursos y quedaron de libre disponibilidad, es decir que solamente aplicó 5 millones de pesos a ese programa especial de la ley 1269”, afirmó.
“Al relato se lo contrasta con estos hechos concretos que tenemos debidamente acreditados, y que exponen una voluntad del gobierno que nosotros no compartimos. No creemos que este sea el camino y además del debate que se tiene que dar en el ámbito parlamentario, el gobierno tiene que honrar las deudas y afectar los recursos que por ley están destinados al programa médico asistencial. Esa resolución de la tesorera general de gobierno permite afectar fondos a pagos que no estaban previstos por ley”, señaló.
“A uno le preocupa que esta situación se vaya agravando y que los afiliados se vean perjudicados por la falta de prestaciones en tiempo y forma, y también preocupa que los directores de los hospitales no puedan contar con recursos financieros por prestaciones a la OSEF”, planteó Villegas.
Herramientas legislativas
Asimismo, dio cuenta de las herramientas legislativas que se aprobaron, y de otras propuestas por el bloque que no fueron tenidas en consideración. “Cuando se sancionó el año pasado la prórroga a la ley 1540, ya sabíamos de la deuda que tenía la OSEF con los hospitales públicos y lo planteamos en sesión. Esa ley fue la que destinó el 75% de un recurso previsto por la tarifaria que iba a la caja de jubilaciones. Planteamos que se hiciera cargo el tesoro provincial de la deuda con los hospitales y no nos dieron lugar. Presentamos un proyecto de ley por iniciativa del legislador Löffler, para que se destinen los recursos que se obtienen por la ley 907, que son más de 100 mil millones de pesos, para financiar la OSEF, y tampoco se nos hizo lugar”, dijo.
“Algunos se hacen los distraídos, no honran las deudas y no toman las decisiones que se tienen que tomar, y otros proponemos debates, con conocimiento cierto de cuál es la situación. Yo considero que de manera urgente hay que abrir el debate en la Legislatura, sentar a todos los actores institucionales que tengan voz autorizada, como las autoridades de la OSEF, los representantes de los trabajadores afiliados, los funcionarios del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud, representantes de las farmacias convenidas y de la Clínica San Jorge, entre otros tantos que prestan servicios a la obra social”, propuso.
“Debe haber un análisis objetivo de la situación y de las posibilidades de salir de este cuello de botella que tiene la obra social, porque se va a profundizar y vamos a quedar todos metidos en la misma bolsa, cuando no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad. Esto no es querer salvar el pellejo propio, sino debatir esto como lo venimos proponiendo desde hace años. En la pandemia ya planteábamos la necesidad de discutir estas cuestiones y el gobierno de la provincia no propone ningún plan alternativo. El gobierno tiene que presentar un programa concreto y definir qué quiere hacer. No puede decir el gobierno en la propaganda que prioriza la salud pública cuando en los hechos no es esa la voluntad política”, fustigó.
“Hay que garantizar la salud de nuestra gente y pagar las deudas que se tienen que pagar. Tenemos legítimos reclamos de los afiliados y de la gente que ve resentida la prestación de los servicios en los hospitales, pero un legislador no puede tomar las definiciones concretas que se tienen que tomar en el ámbito de la administración de los recursos de la provincia”, expuso.
Advirtió que “no es responsabilidad exclusiva de los legisladores resolver el problema de la OSEF. Tiene que haber un plan estratégico de refuerzo financiero de carácter extraordinario para salir de este cuello de botella, y a la vez un plan de gestión en el que participen los actores que tienen voz autorizada. El gobierno no puede seguir pateando para adelante este tema, sin una propuesta concreta”, concluyó.
