El legislador del MPF Pablo Villegas explicó los alcances del proyecto presentado por su bloque, que pone en cabeza de la OSEF el manejo de recursos destinados a financiar el programa médico asistencial de las pensiones RUPE. El gobierno adeuda 1.880 millones por estas prestaciones que cubre la obra social, pero en 2024 no se ejecutaron fondos que dependen de la Jefatura de Gabinete con destino a este programa médico asistencial y fueron declarados de libre disponibilidad. De prosperar el proyecto, la obra social estatal tendrá a cargo la administración de los fondos.
Río Grande. – El legislador del MPF, Pablo Villegas, dio detalles del proyecto ingresado por el bloque, que propone una modificación a la Ley 1269, para que la OSEF maneje fondos específicos del programa asistencial para las pensiones RUPE.
Por Radio Provincia, explicó que la ley “establece un programa médico asistencial para los
pensionados RUPE. El financiamiento surge de una deducción del 2.5% que se aplica a los premios que paga la quiniela del IPRA a los jugadores. En enero se ha dictado una resolución de la contaduría general, por la cual se desafecta el 90% de esos recursos que están bajo el manejo de la Jefatura de Gabinete. Como no se utilizaron en 2024, la contadora general desafectó el 90% de los recursos y los declaró de libre disponibilidad, para que se aplique a cualquier gasto del Ejecutivo provincial”.
“Desde el bloque estamos planteando que la voluntad del Legislador no fue esa, sino que esos recursos tienen que estar destinados al programa médico asistencial de las RUPE. Ante la evidencia de que no se han utilizado para los fines que prevé la ley, apuntamos a mejorar la situación legislativamente”, sostuvo.
El monto no ejecutado ronda los 45 millones y se propone “otorgar a la OSEF el manejo de esos recursos, porque tiene a cargo la prestación a las RUPE. Ya dejarían de estar en manos de la Jefatura de Gabinete”, indicó.
Recordó que “en 2018 se sancionó la ley y se generaron nuevos recursos a partir de la deducción de los premios de la quiniela, y se creó una cuenta con afectación específica, pero en los hechos el 90% los destinan para otra cosa. Sabemos que la OSEF es la que cumple con las prestaciones médicas y debe administrar y ejecutar estos recursos, que son fundamentales para que no se suspendan las prestaciones médicas. El proyecto es una propuesta más de financiamiento a la OSEF”, resumió.
Aclaró que la resolución que declara esos recursos de libre disponibilidad no es ilegal, porque la tesorera está facultada por ley a hacerlo cuando no se usan fondos en un ejercicio, pero cuestionó la decisión política del ministro Tita de no enviar los fondos a la obra social. “En la realidad, no han usado esos recursos durante el ejercicio 2024 y, llegado enero, la tesorera general los declaró de libre disponibilidad. Esa no fue la voluntad del legislador cuando se sancionó la Ley 1269. Con mi equipo de trabajo estamos siguiendo de cerca algunas decisiones gubernamentales para ver si los recursos van destinados a lo que dicen las leyes. Este año nos hemos anoticiado de que más de 6.200 millones de pesos del ejercicio 2024 no fueron utilizados, y tratamos de corregir esta situación”, subrayó.
“Desde mi perspectiva la tesorera general no hizo nada ilegal, pero el ministro Tita no tomó la decisión política de utilizar esos recursos en su totalidad para garantizar el programa médico asistencial de las RUPE. Esto hubiera pagado en parte una deuda de más de 1.800 millones de pesos con la OSEF por las prestaciones RUPE”, planteó.
Aseguró que “no es solamente este recurso el que no se usó. Hay tasas que la policía de la
provincia cobra por distintos trámites y tomamos conocimiento de que más de 400 millones que estaban destinados al área de Seguridad, generados por la policía, tampoco fueron utilizados”.
“Si bien la resolución de la tesorera general es legal, en términos políticos deja mucho que desear, porque hay recursos generados por leyes específicas para determinadas áreas del gobierno y se tienen que afectar a esas áreas. Nadie puede decir que en el área de Seguridad no hay necesidades ni cosas para mejorar. De hecho, tuvimos que sancionar una ley de emergencia en Seguridad en el ejercicio pasado. Resulta que no solamente no utilizaron los recursos del programa médico asistencial de las RUPE, sino que tampoco utilizaron recursos de las tasas que cobra la policía por distintos trámites, que deberían ser afectados al área de Seguridad”, cuestionó.
Agregó que “hay otra ley sancionada que genera recursos para afrontar los costos que genera tratar de disminuir la cantidad de perros asilvestrados y la resolución 59 del 2025 desafecta cerca de mil millones de pesos de esa ley específica, porque no fueron utilizados, y no es que la necesidad no existe”.
Consideró que estos son temas que ameritan pedir “explicaciones a los ministros de las áreas correspondientes, porque son recursos que no se usaron en 2024. Espero que en 2025 se aperturen estos debates en la Legislatura y se pueda citar a los funcionarios del Ejecutivo, para preguntarles por qué no se utilizan estos recursos de afectación específica, cuando existen necesidades en distintas áreas del gobierno”.
“Lo más importante es tomar un atajo desde el punto de vista legislativo para tratar de evitar que esta situación se vuelva a repetir. Los fondos se deben destinar adonde marca la ley. Hacia el futuro hay que tratar de evitar que se desvíen esos recursos, y por eso presentamos el proyecto de ley”, señaló.
“Yo no trato de buscar culpables, lo que trato es de buscar soluciones, pero estas decisiones no se terminan de entender. Es una decisión política en este caso del Jefe de Gabinete no utilizar esos recursos y yo no voy a perder el tiempo analizando por qué el ministro tomó esa decisión. Yo trato del punto de vista legislativo de generar una solución ante un problema concreto. La deuda del gobierno por las RUPE ronda los 1.880 millones de pesos y ya fue certificada, y de esta gestión de gobierno son 1.850 millones. Esto demuestra que el tesoro provincial se financia a través de la OSEF. Si pisan el pago desde el Ministerio de Economía y obligan a la OSEF a cumplir con las prestaciones RUPE, lo que hacen es usar la plata de la obra social para financiar el tesoro provincial. Espero que el gobernador el 1° de marzo dé a conocer a los fueguinos cuál es el programa de gobierno para sacar a la OSEF de esta crisis financiera y económica, que se proyecta sobre la vida de miles de personas”, concluyó.
